El Fondo al Poder… @dealgunamanera...

El Fondo al Poder…

El Banco Central solo intervendrá cuando el dólar supere los 44 pesos o baje de los 34. Imagen: EFE

La propia Christine Lagarde anunció junto a Nicolás Dujovne el nuevo acuerdo con el FMI. A cambio de 7100 millones de dólares más y el adelantamiento de los desembolsos para alejar el fantasma del default, Argentina se compromete a un brutal ajuste fiscal y monetario.

© Escrito por Raúl Dellatorre el jueves 27/08/2018 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Argentina recibirá 36.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional entre lo que resta de este año y todo 2019, y eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del crédito Stand By otorgado al país. A cambio, el gobierno no sólo ratifica el plan presupuestario restrictivo para 2019, que elimina el déficit fiscal primario, sino que además asume una drástica política antiinflacionaria del Banco Central que reduce a cero la emisión monetaria desde ahora hasta junio de 2019, y pasa a un esquema de libre flotación cambiaria que limita las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado mayorista.

La escasez de dinero circulante debería actuar como freno a la inflación, pero al costo de una fortísima caída en la actividad económica. El nuevo acuerdo con el Fondo fue anunciado por la directora gerente del Fondo junto a Nicolás Dujovne desde Nueva York. La instrumentación de la estrategia monetaria fue explicada, minutos más tarde, por el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris, en Buenos Aires.   

Con la bandera argentina a su espalda, y el ministro de Hacienda a su izquierda, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, encabezó en el consulado argentino en Nueva York el anuncio del nuevo acuerdo con Argentina “para fortalecer el Programa Stand By de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado”.

Dueña absoluta de la situación, Lagarde asentía con leves movimientos de cabeza la lectura del comunicado que hizo Dujovne. “El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7100 millones con respecto al acuerdo previo”, indicó el ministro. “Además, bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por 36.200 millones de dólares; con respecto al acuerdo previo, se incrementa en 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019”, explicó. Desembolsados ya 15.000 millones en junio, quedarían, en consecuencia, unos 6000 millones de dólares pendientes para 2020. Como en anteriores ocasiones, Dujovne se centró en explicar la “consistencia del programa financiero” entre los compromisos y las fuentes de financiamiento, pero sin considerar su impacto nocivo sobre la economía real. 

Por el contrario, el ministro de Hacienda volvió a afirmar que el brutal ajuste y política de endeudamiento que presentó ayer forman parte de “un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía argentina”. Desde la mirada del actual equipo económico, Argentina padece dos problemas que están por encima de cualquier otro: déficit fiscal e inflación. En coincidencia plena con el FMI, las medidas anunciadas ayer buscan “resolver” de manera drástica ambos conflictos, sin detenerse en los costos sociales que traerán aparejados.

Lo fundamental para su sostenimiento está dado en “el apoyo de la comunidad internacional, que permitirá dejar atrás este camino de turbulencias”, y la decisión del FMI de “continuar respaldando la atención a los sectores más vulnerables”, señaló Dujovne, desviando la mirada hacia Lagarde en busca de aprobación. La recibió. 

Lagarde solo tuvo una breve intervención verbal en la conferencia en el Consulado. Tras ello, Dujovne la excusó “por compromisos de agenda” y continuó solo. Antes de irse, la titular del FMI anunció que el acuerdo había sido “aprobado por la Gerencia” del FMI, incluyendo los desembolsos anticipados. Indicó que el programa Stand By acordado estaba “respaldado por un presupuesto adecuado y sustentable”.

También se refirió al compromiso del Banco Central con una política de tipo de cambio flexible sin intervención e indicó, ante una pregunta, que “la clave del nuevo acuerdo está en las cifras 19 y 19: los 19.000 millones de dólares que Argentina recibirá por adelantado hasta 2019, con lo que conseguirá estabilizar su economía”.

“Hemos acordado avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal para 2019”, anunció Dujovne, como contrapartida del adelanto del cronograma de desembolsos para atender las urgencias financieras del gobierno a partir de la corrida iniciada en mayo y que no se frenó con el primer acuerdo.

“En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y un recrudecimiento de la inflación”, expresó luego el ministro. “En ese marco –anunció–, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”.

Más tarde, en conferencia de prensa en el Salón Bosch del BCRA (ver nota aparte), su nuevo titular explicaba la implementación de “una banda de no intervención” ajustable por una “tablita” de aquí a fin de año, y una participación limitada cuando el valor mayorista saliera fuera de las bandas. “Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad”, dijo confiado Dujovne.

El programa económico que surge del nuevo acuerdo con el FMI representa la renuncia del gobierno al “control de daños”. Asume todos los riesgos y sin red. Va hacia un recorte brutal en el gasto público en medio de un proceso recesivo. Se mete de cabeza en un proceso inflacionario, motorizado principalmente por la megadevaluación de los últimos cinco meses, soltando las amarras con las que pretendía controlar el dólar. Juega todas las fichas a la sequía monetaria, es decir congelar la emisión de dinero para que no haya dinero para convalidar nuevos aumentos de precios.

Pero el propio Sandleris reconoció que hay un rezago de la devaluación previa que impactará en el nivel de inflación de septiembre, octubre y, “en parte”, en noviembre. La secuencia es previsible: aumentarán los precios, seguirá subiendo el dólar, se atrasarán los salarios, se profundizará la caída de la actividad y se expandirá la recesión con mayores suspensiones y despidos. Ahí, recién ahí, con muchas víctimas del desempleo y de la pérdida de capacidad de consumo, la escasez del dinero circulante podrá traducirse en atenuación de la inflación. Los costos en materia social son imposibles de proyectar. En los cementerios, dicen, no hay inflación.

La investigación que pone nervioso a Prat-Gay... @dealgunamanera...

Se fue extraditado pero dice que volverán a verlo…

Extraditado por una causa por fraude que le inició JP Morgan, su ex empleador, Arbizu aceptó presentarse ante la Justicia de Nueva York a cambio de relatar mecanismos de fuga de divisas que involucran a bancos estadounidenses. El rol que le adjudicaría a Prat Gay.

© Escrito por Raúl Dellatorre el domingo 26/06/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informe: Leandro Renou.

Lo del jueves fue una simple presentación formal ante el juez. El viernes, en cambio, fueron cinco horas intensas de declaración del ex banquero argentino, extraditado a Estados Unidos, frente a un fiscal neoyorquino. Y ésta fue sólo la primera de varias jornadas en las que, se espera, se prolongará la exposición de Hernán Arbizu ante autoridades judiciales ávidas por conocer detalles de maniobras financieras que el interrogado conoce en profundidad. Las maniobras aludidas involucran a bancos estadounidenses pero, por sobre todo, ilustran sobre un circuito de dinero negro que triangula entre Buenos Aires, Suiza y Estados Unidos sin presentar pasaporte ni declarar procedencia. Son las mismas maniobras por las que Arbizu se autoinculpó, hace ocho años, ante la justicia argentina, sin lograr que en todo ese período el magistrado que recibió la causa, Sergio Torres, ni el fiscal en quien recaía la responsabilidad de investigar, Guillermo Marijuan, formularan ni la más mínima requisitoria.

Esta semana, Hernán Arbizu fue extraditado a Estados Unidos, donde recibirá una pena en una causa por “fraude y robo de identidad” en la que fue denunciado por JP Morgan. Pero se allanó a aceptar la extradición luego de acordar su colaboración en una investigación sobre ilícitos financieros entre ambos países que recién se inicia y podría involucrar a importantes personajes de la política y la economía argentina. “Muy pronto nos volveremos a ver”, le dijo Arbizu a Alfonso Prat Gay, en tono quizás premonitorio, el miércoles a la noche cuando ambos se cruzaron en la sala VIP de American Airlines en el Aeropuerto de Ezeiza. Casualmente, iban a compartir el vuelo a Nueva York. Uno, extraditado. El otro, para exponer ante el Council of Americas. El ministro bajó la cabeza y esquivó el “cara a cara” que le proponía el extraditado.

La larga audiencia del viernes ante la fiscalía de Nueva York no fue pública. Sin embargo, estaba claro de antemano cuáles serían los temas sobre los que iba a ser interrogado, que no son distintos a los que el ex banquero y financista quiere contar. Arbizu viajó dispuesto a relatar cómo fue la tarea que realizó en Argentina para el banco suizo UBS en Buenos Aires previo a 2006, cómo pasó luego al JP Morgan hasta 2008 para seguir haciendo, esencialmente, lo mismo: facilitar la fuga de grandes fortunas pertenecientes a familias poderosas o empresas de primerísima línea, que quisieran manejar esos fondos fuera del país sin ser declarados.

Su labor consistía en crear las cuentas en el exterior, transferir el dinero sin pasar por los carriles regulados y administrarlo vía triangulaciones entre paraísos fiscales, capitales europeas como Madrid o París, y centros financieros como Londres, Ginebra, Miami o Nueva York; hacer colocaciones financieras especulativas o disponer del dinero en el momento y lugar en el que se lo requirieran. Incluso, retornando al país. Todo bajo un estricto secreto o, mejor expresado, en absoluta clandestinidad.

No habrá sido la del viernes la primera oportunidad en la que Arbizu se refirió públicamente al tema. En Argentina, lo ha hecho en innumerables entrevistas que brindó desde la presentación de la denuncia ante Torres en 2008, y las que se le hicieron tras saltar el escándalo de las cuentas del HSBC en Ginebra, Suiza. En ocasión de este hecho, fue citado a declarar ante la Comisión Bicameral investigadora de la fuga de divisas que se formó en el Congreso en 2015, presidida por Roberto Feletti. 

Durante la audiencia del viernes en Nueva York, el ex ejecutivo de JP Morgan habría reiterado detalles de lo que expuso en Buenos Aires el 5 de mayo de 2015, y los habría ampliado. No sólo ratificando que JP Morgan facilitaba la fuga de capitales y su triangulación en forma ilegal por cuentas off shore y las principales capitales financieras del mundo, sino que habría dado detalles de cómo funciona la plataforma para ocultar capitales y moverlos internacionalmente de los denominados “bancos globales”.

“JP Morgan facilitó la evasión de impuestos en Argentina, pero no fue solo JP Morgan: todos los grandes bancos, los ocho o diez principales, lo hacían”, declaró varias veces Arbizu en Buenos Aires. Sobre este asunto iban a requerirle información los fiscales el viernes, pero haciendo hincapié en el rol de la banca ligada al mundo financiero norteamericano. 

Para ello, el ex banquero y financista viajó acompañado por más de 120 kilogramos de documentación vinculada a operaciones de desplazamiento irregular de activos en los que él mismo participó en la década pasada. “Es sólo una muestra de lo que, seguramente, se perdió en el incendio de Iron Mountain en el depósito de Barracas, en el que se quemaron entre 40 y 60 por ciento de los registros en papel que tenía allí guardados el JP Morgan”, recordó ayer, en Buenos Aires, un especialista con trato frecuente con Arbizu por sus investigaciones sobre fuga y lavado.

Arbizu está en condiciones de suministrar a las autoridades judiciales de Nueva York no sólo la lista de titulares de las cuentas creadas en paraísos fiscales para la fuga, sino además quienes actuaron como administradores o apoderados de las mismas. El interés que tendría la Justicia norteamericana en estos nombres está dada por la posibilidad de dilucidar, a través de los mismos, la trama de negocios financieros que también pasa, ilegalmente, por Estados Unidos o por filiales de sus empresas. 

“Es la misma génesis que el caso FIFA, la Justicia de Estados Unidos denuncia hechos que involucran a otros países, encarcela autoridades de entidades de otros países, para obtener luego información adicional a partir de sus declaraciones y develar una trama de negocios a la cual jamás llegaría por otra vía”, indicó un allegado a la investigación. Un ejemplo de ello es Alejandro Burzaco, ex titular de Torneos y Competencias vinculado a la negociación de la televisación del fútbol, detenido y extraditado a Estados Unidos en el marco del “Fifagate”, que se allanó a la condición de arrepentido para colaborar con la justicia estadounidense y reducir su pena.

Arbizu, en su declaración ante la comisión bicameral del año pasado, involucró a otros seis bancos “globales” que operan en Argentina, además de JP Morgan y HSBC, como facilitadores de la fuga y la evasión de impuestos. 

También mencionó a Alfonso Prat Gay, otro ex ejecutivo de JP Morgan, como uno de los profesionales que asistía a los grupos que intentaban fugar dinero del país. Cuando en aquel mayo de 2015, el entonces diputado radical y aliado al PRO Ricardo Buryaille intentó descalificar a viva voz las imputaciones de Arbizu a Prat Gay, el ahora extraditado le respondió, sin perder la calma, “puedo nombrarle al menos diez banqueros con los que trataba Prat Gay para sacar la plata del país”.

Lógicamente, esa información es parte de la versión de los hechos que llevó Hernán Arbizu a Estados Unidos para contar cómo es el funcionamiento de la fuga de divisas de nuestros países, su colocación y circulación por paraísos fiscales, todo bajo control de bancos estadounidenses. Versión que no sólo incluye el nombre del actual ministro de Hacienda y Finanzas, sino el de otras personas e incluso empresas que tendrán fuerte resonancia. 

Pero para conocer cuál es la recepción que dicha mención tiene en la justicia norteamericana y qué hará ésta una vez que cuente con los mismos, habrá que esperar algunas semanas, aseguran. De lo que no tienen dudas quienes elaboraron la nueva estrategia judicial del ex banquero de JP Morgan ahora extraditado, es que en la justicia de Nueva York se le abrió una puerta que, en Argentina, tenía totalmente vedada.

Cuando las pymes se expresan por sí mismas... @dealgunamanera...

Cuando las pymes se expresan por sí mismas...

Reunión del jueves en la Comisión Pyme de Diputados. Las pequeñas empresas se diferenciaron del Grupo de los Seis.

Cinco entidades pymes llevaron a la Cámara baja su posición con respecto a la Ley de Emergencia Ocupacional. Se diferenciaron de la posición de rechazo del Grupo de los Seis y reclamaron una ley de Emergencia Pyme.

© Escrito por Raúl Dellatorre y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presencia y el testimonio de las entidades que representan directamente a la pequeña y mediana empresa en el Congreso desarticularon la maniobra que las cámaras empresarias que representan a los núcleos más concentrados, reunidas en el Grupo de los Seis, habían armado junto al gobierno nacional para trabar el avance en Diputados del proyecto de ley de emergencia ocupacional y prohibición de despidos por seis meses. Durante la semana que pasó, se sucedieron por lo menos tres reuniones en Diputados, en las que dirigentes de cinco entidades que representan a sectores pyme manifestaron su repudio a quienes quieren oponer las urgencias de las pymes a las necesidades de los sectores laborales. 

El bloque del PRO se había montado en tal argumento para intentar frenar el proyecto contra los despidos en la Cámara baja, mientras que integrantes del sector Renovador (massismo) que reportan a organizaciones de la cúpula empresarial, operaban a favor de modificar la ley “en favor de las pymes”, con la implícita intención de demorar la sanción de la ley. Pero la postura de la dirigencia pyme desmontó la maniobra e inclinó la cancha: sin más excusas, el proyecto votado en el Senado avanza en Diputados para su sanción. Por separado, la Cámara baja tratará un proyecto de “ley de emergencia mipyme” (micro, pequeñas y medianas), con el compromiso de darle tratamiento inmediatamente después que se apruebe la emergencia ocupacional.

Con un argumento idéntico al expuesto por el presidente de la Nación y parte del gabinete económico, el denominado Grupo de los 6 (Unión Industrial, Adeba, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, Cámara de la Construcción y Cámara Argentina de Comercio) sostuvo, desde la última semana de abril (antes que el proyecto se votara en el Senado), que “la contracción de la actividad económica y la falta de crecimiento en el empleo privado comenzó a fines de 2011 y ha persistido a través de estos años”, pese a toda la evidencia estadística en contrario. La conclusión, por lo tanto, era que no había ninguna situación nueva que pudiera caracterizarse como “emergencia ocupacional”. 

Y que prohibir las cesantías o encarecer las indemnizaciones ahuyentaría las inversiones, provocaría retracción en la generación de empleo y perjudicaría principalmente a las pymes, que ante la imposibilidad de acomodarse a una baja en la demanda con recortes de empleo, se iban a ver condenadas al cierre.

“No es cierto que las pymes estemos en contra de una ley de emergencia ocupacional”, manifestaron, en cambio, representantes de cinco entidades que agrupan a pequeños y medianos empresarios, esta última semana en reuniones de comisión o con grupos multipartidarios de legisladores. De estos diferentes encuentros participaron Apyme (Asamblea de pequeños y Medianos Empresarios), CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales), Cgera (Confederación General Económica de la República Argentina), CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y Cadieel (industrias electrónicas y electromecánicas), que tuvieron como interlocutores a legisladores de prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria.

El CEEN manifestó explícitamente su apoyo al proyecto de emergencia ocupacional y criticó a las entidades empresariales “que rechazaron apresuradamente el proyecto anti despidos y aplaudieron una iniciativa regresiva como la propuesta Plan Primer Paso”. Apyme sostuvo que era comprensible la demanda del sector laboral de una ley que frenara los despidos, pero esto no podía ser considerado una medida contra las pymes. “Si no se atiende esta situación de emergencia económica con medidas urgentes, pequeños empresarios y trabajadores vamos a correr la misma suerte, vamos a bajar las persianas juntos. Ahí no hay indemnización doble ni simple”, expresó uno de sus representantes, dando pie al reclamo de una ley de emergencia para micro, pequeñas y medianas empresas.

CAME y Cgera habían manifestado, en principio, objeciones a la emergencia ocupacional. La última entidad había cuestionado el proyecto con media sanción del Senado porque “no se contempla que el empleo no es homogéneo, se estaría protegiendo a las empresas que tienen menos problemas y no a las que ya recibieron el impacto de la crisis”. Según la Cgera, “el proyecto primario debería estar abocado a las pymes, que son las dadoras de trabajo”, en un planteo similar al formulado por CAME. 

En cambio, no hubo diferencias entre la dirigencia pyme, ni siquiera de matices, en el diagnóstico de la crisis. La industria, el comercio, los servicios y la producción agraria afrontan “una situación de extrema fragilidad, con un alarmante y generalizado desmejoramiento de su situación económica y financiera que compromete seriamente su continuidad”, dice uno de los documentos presentados. Esta situación reconoce su origen en políticas puestas en marcha por la actual administración, y no se resuelve con despidos, se aclaró.

El debate en cada uno de estos encuentros fue acalorado e intenso.

Como resultado, se consensuó en dos aspectos centrales: las pymes no se oponen a una ley de emergencia ocupacional. El otro, la necesidad de una ley que declare la emergencia mipyme, dado el cuadro de situación presentado. Hasta los representantes del Frente Renovador acordaron, al punto tal que el propio José de Mendiguren propuso adoptar la consigna “ni un despido más, ni una pyme menos”. 

El proyecto, cuya formulación quedó en manos del Frente para la Victoria y las entidades que estuvieron presentes, se limitaría a los puntos más urgentes y de más rápida ejecución: financiamiento a tasa subsidiada, con requerimiento simple de acceso, para el pago de aumentos salariales y aguinaldos; subsidio a las tarifas en sectores seriamente afectados por los aumentos; limitar las importaciones en sectores sensibles; suspensión de los embargos de la AFIP por morosidad en el pago; y restablecimiento de los planes de facilidades de la AFIP con plazos más extendidos.

El proyecto de emergencia mipyme podría presentarse en el transcurso de esta misma semana para su tratamiento a partir de la siguiente. Estos acuerdos se harían públicos en el transcurso de los próximos días, con la participación de las entidades pymes. Entre los dirigentes del sector hay confianza en que el proyecto que las protege tendrá rápido tratamiento en la Cámara Baja y no creen que pueda haber resistencias en el Senado. 

La cuestión será qué posición asumirá el oficialismo, o más concretamente el PRO, ya que incluso, recibieron algún guiño de los radicales. Imaginan que el macrismo no podrá trabar el tratamiento y aprobación en el Parlamento, pero se preguntan, ¿podrá vetar el Ejecutivo ambos proyectos? El interrogante, por ahora, no tiene respuesta.

El país de la ciclovía financiera… @dealgunamanera...

El país de la ciclovía financiera…

El salto devaluatorio fue el gran protagonista de estas jornadas. Pero detrás de esa gran noticia que les va cambiar la vida a los argentinos –a una gran mayoría, negativamente– pasaron desapercibidos otros anuncios, que hubieran merecido otra trascendencia o debate de no haber sido eclipsados por la novedad mayor. Estos son: la puesta en marcha de los mecanismos para volver al endeudamiento financiero y de corto plazo, la liberación de las tasas de interés en pesos y la del movimiento de entrada y salida de capitales financieros.

© Escrito por Raúl Dellatorre el vienes 18/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los anuncios que vino a dar “con alegría” el ministro Prat-Gay el miércoles incluían, entre otros, la eliminación, para los capitales provenientes del exterior, de la obligación de constituir un depósito no remunerado por un año de plazo, por un monto equivalente al 30 por ciento de los fondos ingresados al país. Además, se comunicó que todo nuevo ingreso de fondos del exterior podría volver a salir libremente por un monto equivalente, con un requisito de permanencia de sólo 120 días.

Estas medidas fueron presentadas como un aliento a la inversión extranjera. En su enunciado, Prat-Gay se refirió a dicha facultad como una facilidad para “empresarios que adelantarían el ingreso de fondos previstos para inversiones”. Ese flujo que se espera está inserto en la estimación de ingresos de dólares por 15 mil a 25 mil millones de dólares “en las próximas cuatro semanas”.

Pero esas facilidades a la entrada y salida de capitales puede generar un atractivo distinto para los inversores especulativos. Ello puede ocurrir una vez que se entienda que el dólar “libre unificado” haya alcanzado un valor estable, quizás más cercano a los 15 pesos, que deje conformes a los exportadores cerealeros, que seguirán siendo los grandes proveedores de divisas del mercado. En ese horizonte, un ingreso de capitales del exterior que se convierta en pesos a esa paridad, se coloque –supongamos, por seis meses– en un activo financiero local (bonos públicos o bancarios a plazo fijo) a tasas que superen el 40 por ciento anual, podrían retirarse al vencimiento, cambiándose al dólar a una partida bastante similar a la vigente al ingreso. o levemente superior. Ello le permitiría, a quien ingresó y retiró los fondos, obtener un rendimiento en dólares que, seguramente, sería la mitad o más de la ofrecida en pesos (del 20 al 30 por ciento anual). Esta operación es la que, en diferentes ciclos económicos, se conoció como “la bicicleta financiera”.

Este mecanismo suele ser muy eficiente como “financiamiento de corto plazo”, constituido por capitales golondrina (denominados así por sus prácticas migratorias) que suelen entrar masivamente para aprovechar la oportunidad de ganancias en dólares difíciles de encontrar en el resto del mundo. Pero también es probable –en la historia argentina es recurrente– que estos capitales huyan tan masivamente como ingresaron, en bandada, al avizorar alguna dificultad. Por ejemplo, frente a la perspectiva de un alza del tipo de cambio que le reduzca el rendimiento esperado en divisas al salir.

El predominio del capital financiero especulativo en el mundo se alimenta de este tipo de políticas a favor de la libre movilidad de los capitales. También, de la acumulación de deuda por parte de los países dependientes. Otro de los mecanismos de “capitalización” de las reservas dispuesto en los anuncios es el acuerdo con un grupo de bancos extranjeros para obtener un préstamo de 5000 millones de dólares que pagará una tasa del 7 por ciento. Lo más llamativo es que el Banco Central se comprometió a dar, en garantía, letras del Tesoro Nacional. Es decir, deuda del Ejecutivo nacional con el BCRA, que hasta ahora era una deuda intra-Estado, no exigible sino negociable entre organismos públicos, pero que ahora podría pasar a ser parte de un reclamo privado extranjero.

Curiosamente, se trata de tres mecanismos de captación de recursos que, como admitió el propio Prat-Gay, fueron “condición necesaria” para poder ir hacia la unificación y liberación cambiaria. Pero que introducen dos factores que, inevitablemente, están destinados a generar inestabilidad financiera y cambiaria: la vuelta al endeudamiento externo de corto plazo y la recreación de la bicicleta financiera.

La dibujante... De Alguna Manera...

La dibujante...

 

El Presupuesto, la seguridad, los medios y la paranoia: vale todo. Hay cosas sobre las que hay que ponerse de acuerdo”, señaló Cristina Fernández de Kirchner en su “Aló Presidenta” del jueves en Misiones, al criticar a los diputados que no votaron afirmativamente el proyecto de Ley de Presupuesto 2014. Curiosa aspiración de imposible concreción para un gobierno que considera que la búsqueda de acuerdos con la oposición es la representación de una apostasía. Es que, por otra parte, y tal como ha ocurrido en años anteriores, el Presupuesto 2014 es un dibujo de tales dimensiones que la posibilidad de llegar a lograr la unanimidad requerida por la jefa de Estado tenía el valor de un esfuerzo vano.

Como tantas de las cosas que suceden con el kirchnerismo, hay afirmaciones hechas desde el oficialismo que son exactamente al revés de lo que exhiben las mismísimas planillas oficiales. Así, por ejemplo, donde se habla de superávit, lo que habrá es déficit; y donde se habla de desendeudamiento, lo que sucederá, en verdad, es un creciente endeudamiento.

Veamos, si no, unas pocas cifras: para 2013, el Presupuesto proyectaba un superávit de $ 1.085 millones. Ahora, en cambio, los números del Gobierno muestran que lo que hay es un déficit de $ 46 mil millones. A pesar de ello, la mayoría de los analistas económicos independientes reconoce que, a fin de año, esa cifra –la del déficit– trepará a los $ 60 mil millones. Por otra parte, en el Presupuesto de 2014, se estipula un superávit de $ 3.500 millones. Lo que nadie explica es cómo se hará para pasar de un déficit de 60 mil millones a un superávit de 3.500 millones. Esa es la “magia” del kirchnerismo.

El año que viene la Argentina tiene que hacer pagos de su deuda externa que ahondarán el rojo de las cuentas públicas. A ello hay que agregarle el monumental desembolso que habrá que hacer para seguir abasteciendo el requerimiento energético del país. Según los cálculos actuales, esa cifra oscilará entre los 15 mil y los 16 mil millones de dólares. Todos estos números representan no sólo desafíos para el actual gobierno, sino también para el que lo sobrevenga a partir de 2015. Estos datos, sobre el que quienquiera que aspire a suceder a Cristina Fernández de Kirchner deberá reflexionar muy bien, exigirán un arduo estudio para idear soluciones que la realidad le exigirá con premura.

El Gobierno ha puesto a trabajar a la maquinita de hacer billetes a toda velocidad. El clima interno que se respira allí es horrible. La semana estuvo tomada por los fuertes rumores sobre la posible renuncia de Guillermo Moreno. A ciencia cierta, nadie sabe con precisión qué es lo que va a pasar con él. El secretario de Comercio Interior es un campeón del fracaso. Nada de lo que ideó y puso en práctica funcionó. Sin embargo, la Presidenta, que lo defiende a capa y espada, le sigue otorgando un rol preponderante y un sitial privilegiado dentro del desbande que constituye el inarticulado rejunte de funcionarios que ocupan los diferentes cargos del área económica. Lo peor para Moreno es que ahora ya ni el florido repertorio de sus aprietes –bravuconadas, insultos, groserías y ofensas– surge ya efecto.

Todo es poco en esta carrera contra reloj orientada a tratar de revertir el resultado adverso de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la provincia de Buenos Aires, a cuyo gobernador acusaban de ser un pésimo administrador que no se hacía cargo de nada y al que le retaceaban fondos para pagar el aguinaldo de los docentes, ahora el dinero fluye en abundancia. La incógnita por develar es si esto continuará después del 27 de octubre. A Daniel Scioli, el kirchnerismo de paladar negro lo quiere cada vez menos.

Acorde con lo que es norma en el oficialismo, el manejo de la así llamada “nueva política” de seguridad en territorio bonaerense exhibe los mismos defectos de discrecionalidad, arbitrariedad y favoritismo político de los que el Gobierno hace gala todo el tiempo. Así, pues, el grueso de los efectivos de Gendarmería está siendo desplegado en los municipios kirchneristas. A los que no lo son les llegan menos –en algunos casos, con el desconocimiento absoluto del intendente del lugar– o, directamente, no les envían a nadie.

Envuelta en su tirria contra los medios, la Presidenta ha echado mano en estas últimas semanas a una nueva teoría conspirativa, según la cual los medios argentinos –sobre todo la televisión– no dan cuenta de las noticias internacionales con el objetivo de que los argentinos no se enteren de cuán mal le va al mundo y de cuánto mejor, en comparación, le va al país.

Al decir esto, Fernández de Kirchner demuestra un desconocimiento profundo de la realidad. Para mencionar tres ejemplos que la contradicen, ahí están Pedro Brieger, Telma Luzzani y Raúl Dellatorre, que conducen un muy buen programa sobre temas internacionales en Canal 7; Pepe Gil Vidal que, con igual calidad, hace lo mismo en TN, al margen de sus columnas en Telenoche; y Andrés Repetto con su labor en Telefe.

Al decir cosas como éstas, la Presidenta demuestra una vez más cuán profundamente la ha afectado el Síndrome de Hubris, un mal del poder.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 29/09/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Riesgo país y sus buitres... De Alguna Manera

El mayor riesgo país sería creerles…

Los bonos en dólares son la herramienta utilizada por quienes buscan fugar dinero en forma clandestina. Imagen: Guadalupe Lombardo

Tras la expropiación de YPF, las calificadoras llevaron el índice riego país a más de 1.000. Un viejo fantasma volvió a la city y al escenario político. Mientras los bonos en dólares se pagan hasta un 30 por ciento por encima de su valor de rescate, las calificadoras le suben el riesgo país como si sus títulos de deuda fueran bonos basura. ¿Por qué?

En las últimas semanas volvió a hablarse en los medios de un concepto que parece arrancado de la penosa historia política y económica de los ’90, “el riesgo país”. Y si reapareció, lógicamente, es porque se lo asoció a un alza que para algunos merecía convertirse en noticia: superó los 1000 puntos. Es decir que, a los ojos de “los inversores extranjeros”, el país vuelve a ser una plaza riesgosa, de improbable recuperación de la inversión, y más aún de los créditos que se le otorgaran. ¿Cuánto tiene que ver esa sensación transmitida por las calificadoras y los medios con la realidad económica del país? ¿Cuánto tiene que ver la intencionalidad de quienes buscan obstaculizar determinadas acciones del Gobierno para cambiar reglas de juego aún vigentes desde la época de la convertibilidad? En definitiva, volver a hablar del riesgo país elevado, ¿significa que el país volvió al pasado o que volvieron al escenario los actores que antes agitaban esos mismos fantasmas?

La reaparición de este viejo y conocido fantasma está rodeada, como no podía ser de otro modo, de misterios. El primero tiene que ver con su propia génesis. El nivel de “riesgo” que le corresponde a cada país tiene que ver con el diferencial de tasas entre un título de deuda pública de “riesgo cero” (de cobrabilidad absolutamente segura) y la tasa que se le asigna al país que se está buscando “medir”. El bono de riesgo cero está definido por convención: es el título de la deuda de largo plazo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es el organismo encargado de imprimir los dólares, por lo cual el incumplimiento de compromisos de pago en esa moneda resulta inverosímil, casi imposible. Casi, porque el año pasado Estados Unidos estuvo a punto de declararse en default porque el Congreso no le autorizaba a seguir endeudándose y la emisión de dólares (para capitalizar a bancos defondados durante la crisis) ya había llegado a un límite intolerable.

A pesar de las circunstancias, el bono de deuda de la Fed sigue siendo el considerado de riesgo cero. Como medida para contrarrestar la crisis, la tasa de ese bono está en uno de sus más bajos niveles históricos, en el 0,5 por ciento anual (medio punto de interés al año, 50 centavos de dólar por cada 100 dólares prestados). Es un dato cierto, exacto, público. En cambio, la tasa que se le asigna al país al que se le “mide” el riesgo es mucho menos preciso. Para eso están las grandes consultoras, como Standard and Poors y Moody’s, que dirán cuál es el riesgo de cada país en función del valor de mercado de sus bonos de deuda, pero también ponderando la “solvencia” macroeconómica y la de su gobierno, la “voluntad” de pago de su deuda y “la capacidad potencial de generar divisas”.

Entre los numerosos bonos de deuda soberana que emite Argentina, se toman los que pagan el vencimiento en valor dólar para compararlo internacionalmente. Cuando un país está en crisis y hay una fuerte presunción de que no va a pagar su deuda, estos bonos caen a un valor irrisorio porque es como una brasa caliente, que nadie quiere tener en sus manos cuando se declare el default. Un especulador lo podría tomar a la mitad de su valor sólo porque se arriesga a que, si se cobra, recibirá el doble de lo que invirtió (100 por ciento de ganancia). Ese diferencial entre la renta reclamada para aceptar el bono y la que paga un bono seguro (el de Estados Unidos) es lo que se denomina “riesgo país”.

Hasta aquí, todo bastante razonable y técnico. Cuando Argentina hacia fines de los ’90 era visto como país caminando por el desfiladero y con los ojos vendados, los bonos de deuda soberana se ofrecían por monedas, por al altísimo riesgo de default, y el “riesgo país” trepaba a 2000, 3000 o más puntos. Quienes preveían el default no se equivocaron: ocurrió en 2002. Pero hoy, sin la trampa de la convertibilidad, Argentina cumple sus compromisos y los bonos, curiosidad del destino, cotizan en el país con un “premio” del 20 o el 30 por ciento del valor nominal de rescate: entre 5,40 y 5,80 pesos por dólar nominal.

Si el riesgo país se tomara en función de este valor del mercado local (Buenos Aires), hoy resultaría negativo: el inversor está comprando a 5,40 lo que el Gobierno promete pagar 4,47 más un 7 por ciento anual. ¿Qué pasa con esos mismos títulos, por caso el Boden 2017, denominado en dólares, en el mercado de Nueva York? Hasta hace un mes, se llegó a pagar (en dólares) hasta un 8 o un 9 por ciento por encima de la par (por encima del valor de rescate que ofrecía el Gobierno). Conforme a ese parámetro, al menos, el bono argentino resultaba para el inversor más seguro o confiable que el bono estadounidense. Nadie habló entonces –las consultoras, menos– de un riesgo país cero o negativo para Argentina. ¿Cómo es posible que, en menos de un mes, el tema se convirtiera en noticia, pero justamente en el sentido contrario?

Es sabido que en Buenos Aires estos bonos denominados en dólares están siendo utilizados por quienes pretenden transferir dinero sin declararlo al exterior, mediante una operación que la jerga financiera llama “contado con liqui” (por “operación local al contado con liquidación en el exterior”): compra del título en pesos acá y venta del mismo título inmediata en el exterior para su cobro en dólares. Como esa fuga de divisas no se puede declarar, quien la hace no puede comprar los dólares en el mercado formal, y está dispuesto a pagar una diferencia porque seguramente será más lo que gane por sacar del país lo que obtuvo con malas artes. Eso justifica el alto precio local de los bonos en dólares.

Mientras tanto, lo que sucedió en el exterior (Nueva York) fue que los Boden 2017 empezaron a bajar de precio y en pocas semanas pasaron de cotizarse 8 por ciento sobre la par a un valor del 15 por ciento de descuento respecto de su valor nominal. La regla dice: baja el precio de mercado del bono, sube el riesgo país. El inversor extranjero reclama un precio mayor por “prestarle” al Gobierno (comprar un título de deuda). En este caso, paga 85 en vez de 100 (el mencionado 15 por ciento de descuento de la cotización) para obtener un interés del 7 por ciento. Es decir, está reclamando una tasa de retorno tres veces mayor. ¿Eso es equivalente a una suba del riesgo país a un índice 1000? Para nada, es una caída de la calificación totalmente desproporcionada respecto de lo que reflejan los mercados. Pero entre ambos “castigos”, el del mercado y el de las calificadoras, hay más de un punto de contacto.

Hay un dato objetivo: el valor de los bonos argentinos en Nueva York empezó a caer a partir de que se conoció la decisión del Gobierno de recuperar YPF, enviando al Congreso el proyecto de expropiaciones de acciones en propiedad de Repsol. Menos certero resulta indicar por qué cayeron los bonos, si fue por percepción de mayor riesgo de parte de los inversores, o por un manejo intencional de algún sector económico-financiero que tiró abajo el precio para sancionar la decisión del Gobierno. El mercado de bonos argentinos en Nueva York es muy reducido y todo es posible.

El otro dato objetivo es que las calificadoras reaccionaron inmediatamente a estos movimientos y comenzaron a subir el índice de riesgo país, pero de modo más acelerado o amplificado respecto de lo que se observaba en el mercado. Otra vez el mismo interrogante respecto de las motivaciones: ¿fue por percepción de que empeoraban las condiciones generales para la inversión en Argentina o fue una acción concertada con grupos económico-financieros con intenciones políticas? Con los antecedentes de estas consultoras internacionales, también todo es posible.

Estos son los sucesos que escoltan el reingreso del riesgo país en el escenario. Un escenario en el que predomina la disputa entre los grupos financieros aún dominantes en la economía mundial (pero en crisis) y gobiernos que buscan quitarse de encima las restricciones impuestas con el neoliberalismo. El riesgo país es una de las herramientas con las que se ejerció el dominio sobre las políticas económicas de los países dependientes, condicionando lo que podrían o no hacer en función del “humor de los mercados”. En la actualidad, por propia voluntad, el gobierno nacional no toma crédito en el mercado financiero mundial, por lo cual la suba del “riesgo país” no encarece, como en los ’80 y los ’90, el costo que paga por endeudarse. Es más una sanción política que económica, que tendrá mayor o menor peso en función de la legitimidad que se conceda a las calificadoras que determinan ese riesgo país.

© Escrito por Raúl Dellatorre y publicado en el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 20 de Mayo de 2012.