Corporaciones y modelo K…
Los comienzos de año
suelen ser agitados en nuestro país. Hace un año se producía la pueblada de
Famatina, en La Rioja, la cual visibilizaba a nivel nacional las luchas contra
la megaminería que desde 2003 vienen disputando las poblaciones, de cara a las
grandes corporaciones, avaladas por los gobiernos provinciales. Poco después,
la presidenta Cristina Fernández dejaría en claro la posición del Gobierno
nacional sobre el tema: con argumentos muy débiles y denigratorios, fustigaría
al ambientalismo, evocaría una vacua idea de “sustentabilidad”, apoyaría a
rajatabla a los gobernadores promineros y reafirmaría su alianza estratégica
con las corporaciones mineras. Después de este claro alineamiento con las
empresas transnacionales, las luchas se tornaron aún más desiguales, pero el
Famatinazo tuvo un efecto político y simbólico mayor, pues desnudó uno de los
grandes puntos ciegos del discurso épico del oficialismo, a la hora de hablar
de las corporaciones.
Algo similar sucedió con
la tragedia ferroviaria de Once: el hecho, que costó la vida de 51 ciudadanos,
puso de manifiesto que la precariedad no es un tema del pasado neoliberal y que
los subsidios millonarios no hacen más que apuntalar las ganancias de los empresarios, con total desprecio por la
vida de los usuarios. Esta semana, al cumplirse once meses de la tragedia, los
familiares y amigos de las víctimas anunciaron una gran movilización hacia
Plaza de Mayo para el mes próximo. Los familiares leyeron un duro documento
donde expresaban su satisfacción por el avance de la causa penal, y subrayaban
“el silencio del Poder Ejecutivo”. Pocos días antes, el Gobierno había acordado
la compra directa de 409 vagones a la empresa china CRS y un programa de
mejoramiento de la infraestructura ferroviaria para municipios. El anuncio, que
no hizo alusión alguna a las víctimas de la tragedia de Once, vino a refrendar
también la convicción de que el Gobierno no está pensando el sistema
ferroviario en clave de reconstrucción de la industria nacional.
Otro punto de actualidad
donde naufraga el discurso oficial sobre las corporaciones aparece cuando
hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria. Este proceso ha
significado mayor acaparamiento de tierras en manos de agentes económicos
poderosos, más desforestación, más criminalización, más desalojos rurales y
asesinatos de campesinos e indígenas. Este verano, por ejemplo, los qom, que
mantienen un largo litigio por la titularidad de sus tierras en Chaco y
Formosa, volvieron a ser noticia fúnebre: entre diciembre de 2012 y enero de
2013, cuatro integrantes de esta comunidad fueron muertos en circunstancias más
que sospechosas, frente a la indiferencia del Gobierno nacional. A raíz de
ello, están circulando declaraciones de repudio y cartas abiertas a la
Presidenta, de parte de la comunidad académica, que demandan, además de la
implementación de medidas urgentes, que el Gobierno nacional condene moral y
públicamente estos hechos aberrantes.
Un último ejemplo del rol
cada vez mayor que asumen las corporaciones es la llegada del fracking, a
partir de la expansión de la frontera hidrocarburífera. Recordemos que la
estatización de YPF reverdeció el discurso épico del Gobierno, que venía en
baja, luego de lo sucedido con la megaminería y la tragedia de Once. Lo cierto
es que, más allá de los anuncios ditirámbicos, la YPF Modelo 2012 apuesta a la
asociación con grandes empresas extranjeras, como la americana Chevron (que, a
través de Texaco, fue condenada por graves delitos ambientales y violación de
derechos indígenas, en Ecuador).
YPF apunta a la
explotación del gas no convencional (shale gas), a través de una metodología
muy cuestionada en el mundo, la fractura hidráulica, más conocida como
fracking. Es una técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes
cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de
producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los
riesgos ambientales son muchos y de corto plazo: contaminación de aguas
subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que originan
movimientos sísmicos y utilización intensiva del territorio. Por ello, el
fracking ya fue prohibido en varios estados de Estados Unidos, en Francia,
Bulgaria e Irlanda del Norte.
La geógrafa Silvia
Leanza, de la Fundación Ecosur, habla de “geocoincidencias” entre cuencas
gasíferas y cuencas hídricas, “ya que los proyectos más avanzados coinciden con
importantes fuentes de agua potable (y el agua es el insumo de mayor
importancia para la “eficiencia” en la explotación de gas no convencional)”.
Argentina cuenta con varias geocoincidencias, entre ellas, la Cuenca Neuquina,
donde está Vaca Muerta (acuífero Zapala y cuencas de ríos norpatagónicos), la
del Chaco-Paraná (acuífero Guaraní y ríos de la Cuenca del Plata), el golfo San
Jorge (cuenca del río Senguer). Más claro, imposible…
Nada indica que el
Gobierno abrirá la discusión sobre el fracking; todo lo contrario, como ya
sucedió con la soja y la megaminería. Argentina se apresta así a sumar nuevos
conflictos socio-ambientales que preanuncian un enfrentamiento directo, ya no
sólo con las transnacionales, sino con una empresa nacional, YPF Modelo 2012.
Pero la acumulación de luchas en defensa del agua es tal que la población ya
comienza a movilizarse: esto sucede en Entre Ríos, provincia en la cual
distintas organizaciones promueven una ley que prohíba el fracking; en el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén, donde se han organizado en asambleas –siendo
Allen la localidad más amenazada–, y donde la ciudad de Cinco Saltos acaba de
convertirse en el primer municipio en el país
en prohibir el fracking; por último, están las luchas de las comunidades
mapuches en el norte neuquino, cerca de Zapala y en Loma de la Lata.
En fin, enero de 2013 nos
recibe con nuevas bofetadas de realidad que reafirman cuál es verdadero rol que
el modelo kirchnerista asigna a las corporaciones y a los grandes actores
económicos en el esquema del extractivismo dependiente.
© Escrito por Maristella
Svampa, socióloga y escritora, miembro de Plataforma 2012, publicado el sábado
26/01/2013 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
