Bonadio es el segundo juez más denunciado después de Oyarbide…
Bonadio es el
segundo juez más denunciado después de Oyarbide. Fotografía: Cedoc
A lo largo de su
carrera acumuló 51 acusaciones en la Magistratura. “Se maneja como un
comisario”, dice un abogado que lo conoce.
© Publicado en
el lunes 01/12/2014 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El juez federal Claudio Bonadio es el segundo más denunciado después del
polémico Norberto Oyarbide. A lo largo de su carrera, acumuló más de 51
denuncias ante el Consejo de la Magistratura, que luego fueron desestimadas.
Algunas de ellas eran por delitos graves. Sin embargo, ocho causas siguen
activas y son las que utiliza el kirchnerismo para mantener viva la pelea con
el magistrado que allanó la empresa de la presidenta, Cristina Kirchner,
Hotesur. Oyarbide, a la cabeza del ranking, llegó a tener 63 causas.
Bonadio tuvo
como antecedente para llegar a la Justicia ser el subsecretario de Legal y
Técnica de Carlos Corach, durante el menemismo. Domingo Cavallo denunció que
Corach escribió en una servilleta los nombres de los magistrados que eran
afines al menemismo. Entre ellos, estaba el de Bonadio.
La dos salas de
la Cámara Federal lo sancionaron varias veces por arbitrariedad, dado que no
dejaba a las partes acceder a los expedientes en trámite. La instrucción es
secreta excepto para los involucrados, pero en el caso de Bonadio, no lo
entiende así, según confió a Perfil un abogado con larga trayectoria en
Comodoro Py. “Se maneja como un comisario. La instrucción es de él y de nadie
más”, dijo el letrado a este diario.
Las causas.
Entre las causas que mantiene vivas el kirchnerismo está la de la curtiembre
Yoma. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que
Bonadio tardó tanto que los delitos que se le imputaban a la empresa
prescribieron. La denuncia era por uso irregular de subsidios por parte de la
curtiembre. Emir Yoma, su dueño, había sido funcionario de Menem.
La ACIJ también
denunció al magistrado por su accionar en la causa Tandanor, donde se vendieron
ocho hectáreas para hacer edificios. La denuncia por defraudación al Estado y
administración infiel fue elevada a juicio oral por Bonadio una vez que la
causa prescribió.
Otra causa
emblemática que tiene Bonadio en la Magistratura es la de pacientes hemofílicos
contagiados con los virus del VIH, hepatitis B y C, por mala praxis médica. El
juez tardó tres años en llamar a indagatoria a los imputados. Algunos de los
pacientes murieron en el proceso.
En la mira.
Para
presionarlo, la presidenta Cristina Kirchner reveló en público que el juez era
propietario del 20% de las acciones de una estación de servicio en Villa Ballester
que adeudaba los balances de 2011 y 2012 ante la Inspección General de Justicia
(IGJ). La empresa Mansue SA es de su hermano, Carlos Alberto Bonadio, y de
otros dos accionistas. En teoría, ningún juez puede tener una empresa, pero el
magistrado la habría declarado ante la Corte Suprema como parte de una
herencia.
El senador
Marcelo Fuentes denunció en la Justicia a Bonadio por enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero, a partir de lo que dijo la Presidenta (ver recuadro).
Consignó que, además, el hermano de Bonadio tiene otra empresa, Lanús Gas SA,
que se dedica a la misma actividad. Pero el gran problema que tiene el
kirchnerismo es que no cuenta con los votos suficientes para removerlo del
cargo. Necesita dos tercios de los 13 consejeros: sólo cuenta con siete de
nueve. Apuntan a que se jubile, pero es algo que no parece estar en los planes
del magistrado.
Investigación
El juez federal
Julián Ercolini tiene a su cargo la denuncia de Fuentes por lavado de dinero y
enriquecimiento ilícito contra Bonadio. Ayer, el magistrado le dio traslado al
fiscal Eduardo Taiano para que decida si impulsa la investigación o no. Para
eso, Taiano pidió que se cite a Fuentes para que ratifique la denuncia y para
que amplíe datos en el caso de ser necesario. A partir de allí se podrá ver si
la pesquisa contra el juez sigue o queda en la nada. Ercolini deberá decidir si
cita a Fuentes.
¿Qué investiga
el magistrado?
Los balances de
Hotesur.
Es la empresa que administra el hotel Alto Calafate, adquirido en 2008
por la familia Kirchner. Está siendo investigada por el juez Bonadio porque no
presentó en los últimos tres años sus balances a la Inspección general de
Justicia (IGJ). Además, se detectó que la empresa había declarado un domicilio
ficticio, en Lavalle 975, 4º “A”, que hace cuatro años está ocupado por un
estudio de abogados, que nada tiene que ver con la empresa. El Gobierno dijo
que se trataba de una irregularidad usual y le impuso una multa de tres mil
pesos, que consideró la más severa.
Las
declaraciones juradas.
El juez Bonadio pondrá bajo la lupa los balances de
Hotesur SA y las declaraciones juradas de la familia presidencial, obtenidas
tras una presentación judicial ante la AFIP, con el objetivo de comparar la
facturación de la compañía con sus declaraciones fiscales. Se analizará si
existen otras faltas impositivas o incongruencias que podrían derivar en nuevas
imputaciones. El patrimonio presidencial siempre estuvo en la mira, aunque los
Kirchner fueron sobreseídos en tiempo exprés por presunto enriquecimiento
ilícito. La oposición pidió que se volviera a investigar.
Los nexos con
Lázaro Báez.
En el pedido a la AFIP también se incluyeron las declaraciones
juradas del empresario patagónico, por lo que se puede deducir que el
magistrado estudiará las relaciones comerciales con la familia presidencial y
el grupo empresario más favorecido por los contratos de obra pública en la
región. También está en la mira del juez la empresa Valle Mitre, la
gerenciadora de hoteles de Báez que, según reveló La Nación, mantuvo un
contrato de alquiler de habitaciones en los hoteles presidenciales por 14,5
millones de pesos entre 2010 y 2011, habitaciones que no se usaban.
Posible lavado
de dinero.
Aunque la investigación de Bonadio está, por el momento,
circunscripta a las faltas de Hotesur SA frente a la IGJ, podría avanzar sobre
las sospechas de lavado de dinero que fueron ventiladas por la denunciante, la
diputada Margarita Stolbizer. Quien sugirió que las irregularidades cometidas
podrían ser “para encubrir el dinero que proviene de otros delitos y eso es
lavado de dinero”. Por hacer esa denuncia, Stolbizer fue acusada ante la
Justicia de enriquecimiento ilícito. También fue denunciada la testigo Silvina
Martínez, ex empleada de la IGJ.
