De ayer a hoy...
Imagen: AFP
El gobierno no tuvo tiempo de
celebrar el reportaje en que el ex dictador Videla valoró su política contra
las violaciones a los derechos humanos de ayer, cuando debió ocuparse de los
derechos humanos de hoy a raíz de una grave denuncia. La auditoría sobre el
Proyecto X (iniciado en 2005 durante la gestión de Aníbal Fernández) permitirá
a Nilda Garré profundizar la política contra la criminalización de la protesta
social.
El extraordinario reportaje al ex
dictador Jorge Videla realizado por un periodista español respalda la posición
de los organismos defensores de los Derechos Humanos y su puesta en práctica
por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Videla aceptó hablar
con el periodista y sociólogo español Ricardo Angoso, porque está vinculado con
los microorganismos que definen como presos políticos a los detenidos por
crímenes de lesa humanidad. Más allá de la subjetividad de Angoso, debe
agradecérsele que permita a los más jóvenes conocer de primera mano el
pensamiento y la acción del ex jefe supremo, a quien no conocieron. El
reportaje tiene un enorme valor histórico porque define con exactitud la
abigarrada trama de complicidades que hizo posible la catástrofe. Por ejemplo,
Videla dice que:
- Las Fuerzas Armadas ofrecieron
cuatro cursos de acción y el gobierno justicialista eligió el más drástico y
rápido. El presidente interino Italo Luder les dio “licencia para matar”.
- Con tan amplios poderes “casi
no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado”, que se debió a “otras
razones”. Así alude al “peor crimen de la dictadura, la miseria planificada de
millones”, como escribió Walsh.
- El líder de la oposición,
Ricardo Balbín, le preguntó si estaban “dispuestos a dar el golpe”. Videla lo interpreta
como otra licencia. “Los radicales apoyaban el golpe, estaban con nosotros”.
“Los empresarios también
colaboraron”, por medio del ministro de Economía Martínez de la Hoz.
- “Mi relación con la Iglesia
Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”,
no le creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de
“otras iglesias del continente”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper
relaciones”. Con el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Raúl
Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que
Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”.
- Además “teníamos a los
capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración
y amistad”.
- Por primera vez, Videla admitió
el método del secuestro de personas y su posterior asesinato. El vocablo
desaparecido, que usaron por comodidad, para no dar explicaciones, fue
“encubridor de otras realidades”. Dijo que los asesinados así habían sido
7.000, el mismo número que reconoció Díaz Bessone. Añadió que “sabemos quiénes
murieron y en qué circunstancias”.
- Consideró “correcto” el enfoque
de los tres niveles de responsabilidad de Alfonsín, quien “se ciñó al derecho”,
actuó “con decoro” y en “forma prudente”. Además dictó las leyes de punto final
y obediencia debida. “Aunque cometió errores, la Justicia funcionaba”.
- Menem enmendó esos errores y
“cumplió a través de los indultos”.
- El peor momento para los
militares ocurre “con la llegada de los Kirchner al gobierno. Ha habido una
asimetría total en el tratamiento a las dos partes enfrentadas en el
conflicto”.
- Hoy “la República está
desaparecida”, porque no hay justicia sino venganza.
El Proyecto X.
El gobierno no tuvo tiempo de
celebrar esta inesperada reivindicación, cuando el canal de noticias del Grupo
Clarín concedió su espacio central a una grave denuncia, que llevaba tres meses
en la Justicia y de la que sólo este diario había dado cuenta. En noviembre del
año pasado, el delegado Javier Hermosilla sostuvo que Gendarmería realizaba
tareas ilegales de Inteligencia durante cortes y movilizaciones, lo cual dio
lugar a un expediente en el juzgado de Norberto Oyarbide. Según sus respectivos
buscadores electrónicos, ni Clarín ni La Nación habrían considerado digna de su
atención la denuncia cuando se presentó. En cambio, en enero, La Nación publicó
una entrevista apologética al jefe de personal de Kraft Foods, Sergio Prendoné
Pita. Cuando aún no había terminado el programa, la ministra de Seguridad Nilda
Garré envió a tres funcionarios a revisar los materiales acumulados en la sede
de Gendarmería y dejó bajo precinto los lugares donde se guardaban.
En su
página electrónica, Garré descalificó a los políticos que acusaron de “vulnerar
derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales” al gobierno que, como
reconoce Videla, terminó con la impunidad para los crímenes del terrorismo de
Estado y sostuvo “la no criminalización de la protesta social y los límites a
la acción policial en esas situaciones”. Agregó que no decidiría sin reflexión
pero que sería inflexible si se confirmara el espionaje. Para ello ordenó una
auditoría sobre el contenido del software denominado Proyecto X, cuyas
conclusiones se conocerán luego de Carnaval.
En su respuesta a Oyarbide, el
Director Nacional, Héctor Schenone, reveló que poseía tres bases de datos:
- SAG (Sistema de Antecedentes de
Gendarmería), que permite la consulta on line de “antecedentes de personas,
armas y vehículos” sobre los cuales la justicia haya dictado medidas
cautelares, y sus movimientos en las fronteras.
- SGO (Sistema de Gestión
Operativa), en el que se registran todos los procedimientos policiales y
judiciales realizados por la Gendarmería.
- Proyecto X, definido como
“herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo
informativo a Unidades Operativas de Investigaciones Judiciales e Inteligencia
criminal”. Incluye las propias actuaciones sobre lavado de activos de origen delictivo,
para responder a jueces y fiscales que piden identificar lugares, vehículos y
personas.
A su manera.
Ministra Nilda Garré y Héctor Schenone, Jefe de Gendarmería Nacional.
Schenone agrega que esas tareas
pueden realizarse ante la presunta comisión de un delito de acción pública de
acuerdo con el artículo 183 del Código Procesal, pero lo interpreta a su
manera. Dice que el personal podrá realizar la tarea en forma discreta o
encubierta (vistiendo de civil), con el fin de “impedir que los hechos
cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables
y reunir las pruebas para dar base a la acusación”. Pero sólo la parte
encomillada corresponde al código, que se refiere a delitos, no a
manifestaciones sociales, en las que de ninguna manera contempla la actuación
policial encubierta o de civil. Por el contrario, está prohibida por las normas
establecidas por el Ministerio de Seguridad. Schenone también menciona entre su
marco jurídico la ley 25.326 de protección de datos personales (de 2000), que
veda recoger datos “por medios desleales, fraudulentos” (artículo 4); almacenar
“datos sensibles” (artículo 7), definidos como aquellos que revelen “opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical”
(artículo 2).
El tratamiento de los datos personales (aunque no sean sensibles)
sólo se permite con el “consentimiento libre, expreso e informado”. Para
recabarlos, debe informarse con qué finalidad serán tratados y quienes pueden
ser sus destinatarios (artículo 6). En 2005, la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales calificó como infracción leve recoger datos sin
información ni consentimiento; como infracción grave utilizar ardid o engaño y
como infracción muy grave tratar esos datos “con menosprecio de los principios
y garantías” constitucionales, “cuando con ello se impida o atente contra el
ejercicio de los derechos fundamentales”.
El Protocolo sobre el
funcionamiento del “Proyect X” (sic) sostiene que se usa “para registrar las
relaciones asociadas con personas y organizaciones delictivas” y los ejemplos
suministrados se refieren a vehículos “utilizados para transportar
estupefacientes”, lo cual sugiere cuál es su origen, sobre todo cuando se
conoce el currículum de Schenone, uno de los hombres de la DEA en la Argentina.
En la definición de “Eventos”, el Protocolo menciona: “atentado explosivo,
movimiento de personas, de armas, de drogas, de químicos, de explosivos”. El
software es similar al Excalibur y al VAIC Telemétrico de la Policía
Bonaerense.
En la ficha que identifica a cada persona, un campo está reservado
a su personalidad y hábitos, si es reservada, tímida, introvertida,
extrovertida, si bebe, fuma o es mujeriego. Al instruir sobre la carga de datos
de organizaciones, el Protocolo ejemplifica con nombres significativos, como
“Los Maras” o “El King SRL”, y entre sus actividades posibles enumera
narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de dinero, adulteración de
documento, piratas del asfalto.
Teoría y práctica
Otra cosa es la aplicación
práctica. Schenone menciona la ley de Inteligencia Nacional, pero no parece
advertir que sólo permite a las fuerzas de seguridad realizar tareas dirigidas
a esclarecer ilícitos y es taxativa al prohibirles la búsqueda de información,
la producción de inteligencia o el almacenamiento de datos sobre personas por
su opinión política o por “su adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales,
culturales o laborales”, como es el caso. En todas las actas, labradas de 2007
en adelante, ante manifestaciones de obreros de Kraft Foods, Electroingeniería
o la línea de colectivos 60, los jueces de San Isidro, San Martín y Campana
(Sandra Arroyo Guzmán, Juan Manuel Yalj y Adrián González Charvay), solicitan
identificar a los dirigentes o representantes en la manifestación,
fotografiarlos, filmarlos y enviar el material al juzgado.
En una clara
demostración sobre la existencia de un banco de datos sobre militantes sociales
y políticos, cada vez que es nombrado el delegado Hermosilla, distintos
oficiales de la Gendarmería lo identifican con involuntario humor como
“alienado (sic) al Partido Obrero (PO)”. En la televisión, Hermosilla aclaró
que su alienación no era con el Partido Obrero sino con el PTS. En todos los
casos, los jueces se refieren a una “presunta infracción al artículo 194 del
Código Penal”, es decir aquel que reprime con prisión de tres meses a dos años
a quien, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o
entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes” e instruyen a los
gendarmes para notificarles que están cometiendo un delito. En un corte, los
manifestantes respondieron:
–No estamos cometiendo un delito
sino reclamando un derecho.
Los partes que los jefes de cada
operativo remiten a Sus Señorías, podrán servir para la defensa de aquellos a
quienes los celosos jueces intentan procesar: consignan que los manifestantes
reclaman “la reincorporación de los trabajadores despedidos y la mejora de las
condiciones sanitarias” y explican que son “trabajadores despedidos, familiares
y amigos”.
Los colectiveros de la línea 60 pedían acatamiento a un dictamen del
Ministerio de Trabajo sobre “la correcta liquidación de sus salarios”. Sólo en
un caso, el 10 de setiembre de 2009, la forma sorpresiva en que comenzó el
corte y el sembrado de cubiertas sobre la autopista produjo un choque. Pero los
propios gendarmes consignan que “sólo se produjeron daños materiales”. El parte
incluye fotos del auto estropeado y de los dirigentes Néstor Pitrola y Vilma
Ripol hablando con un megáfono. Otro informe del Centro de Reunión de
Información de Campo de Mayo, donde tiene asiento la Unidad Especial de
Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería, comienza
detallando que la multinacional estadounidense “despidió a 160 trabajadores,
incluidos tres miembros de la comisión directiva del gremio nacional”.
El autor
indica el 30 de setiembre de 2009, que el origen de la información son los
medios de comunicación locales. Señala con precisión que los trabajadores
reclamaban “medidas de salubridad por la Gripe H1N1, asueto para desinfectar la
planta, licencias para personas enfermas”. Agrega que la comisión interna, los
despedidos y sus familiares, contaron con el apoyo de militantes de
organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, de derechos
humanos, que realizaron paros, acampes en la planta y corte de la Panamericana
“para denunciar la situación por la que atravesaba la planta”.
Esos informes
son expresivos de la cuestión de fondo. No dejan dudas de que las movilizaciones
se realizan en pos de reivindicaciones laborales legítimas. Pero al mismo
tiempo el corte de la ruta esta tipificado como un delito en el Código Penal.
La resolución depende del valor que privilegien, en cada momento, el gobierno y
el juez. Se trata, en definitiva, de una cuestión política.
Cobertura y encubrimiento.
Protocolo del Proyecto X.
Uno de los informes menciona a
Hermosilla y al delegado Ramón Bogado como “responsables de las acciones
directas”, dice que también produjeron “intimidación del resto de los
empleados” (que no describe), “rotura de instalaciones, resistencia a la
autoridad”. Para derivar al terreno de la penalización un conflicto que
reconoce como laboral sostiene que, con los cortes, “los referentes que apoyan
al sector de despedidos” habrían “puesto en riesgo la integridad física tanto
de los manifestantes como de terceros”. También identifica a los centros de
estudiantes que cortaron la avenida Córdoba frente a la Facultad de Ciencias
Económicas porteña y prevé en qué lugares podrían realizarse nuevos cortes.
En
el terreno, casi sin excepciones, los responsables de Gendarmería negocian la
apertura de un carril para permitir el tránsito, o la extensión temporal de la
obstrucción, y todo termina sin golpes ni detenidos. Pero detrás vienen los
jueces. Una de las actas de procedimiento, manuscrita en Pablo Nogués en agosto
del año pasado, indica que 50 manifestantes cortaron la ruta 8, “en reclamo de
mejores condiciones laborales y salariales” y la reincorporación de 30
despedidos, de la fábrica Autobat. El delegado, a quien Gendarmería menciona
como “ciudadano Mendoza, José” informó que levantarían la medida “una vez que
realicen denuncia pública de la situación ante medios televisivos”, lo cual
delimita con precisión la pacífica lógica del método. Pero en noviembre, la
jueza Arroyo Salgado usó esa Acta para abrir una causa contra Mendoza y en
forma explícita requirió a Gendamería “la realización de tareas de Inteligencia
por el término de cinco días”, tendientes a identificar a otros participantes
en el corte, cuyos nombres y apodos presuntos menciona.
Lo que los dirigentes
gremiales y políticos denuncian es el uso posterior de los datos recogidos en
esos procedimientos para procesar a sus participantes, es decir, criminalizar
un reclamo legítimo. A partir de esa lista de nombres, Gendarmería los cruzó
con el padrón electoral y distintas bases de datos de acceso público, para
conocer sus domicilios y lugares de trabajo. Luego envió personal a realizar
entrevistas “en forma encubierta” o realizó constataciones telefónicas “bajo
técnicas de entrevistas encubiertas y una cobertura de información”. La defensa
de Schenone de que sólo actuaron por indicación judicial es menos sólida de lo
que parece. Por más que la firme un juez, la orden de hacer Inteligencia sobre
trabajadores en huelga o movilización es ilegal.
Protocolos.
Senador Anibal Fernández.
Mientras el ex ministro Aníbal
Fernández negaba la existencia del Protocolo X (que se puso en funcionamiento
durante su gestión, en 2005) Garré revisó con el secretario ejecutivo del
Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, el cumplimiento del
protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones
públicas. El ministerio estableció “Criterios Mínimos de Actuación”, a los
cuales adhirieron ya 19 de las 24 jurisdicciones del país (faltan la Ciudad
Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes). Del primer encuentro del
Consejo, en marzo de 2011, en el que se marcó “el respeto y la protección de
los derechos” de los manifestantes, participó la entonces presidente de la
Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata, de
la Coalición Cívica-ARI, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática.
El
Protocolo procura resolver los conflictos sin daños “para la integridad física
de las personas” ya estén involucradas o no en la manifestación. Con ese
objeto, prohíbe la portación de armas de fuego al personal que pudiera entrar
en contacto directo con los manifestantes. Las postas de goma sólo son
admitidas con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de
cualquiera de las partes presentes. Todo el personal de seguridad debe lucir
una identificación clara que se advierta a simple vista y respetar en cada
etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional. El Ministerio está impulsando
estos lineamientos en todo el país, con cursos de capacitación para los cuerpos
provinciales. Antes de que concluya la auditoría, parece evidente la
contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con
anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería.
Es tan desatinado
pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidente
CFK, como disimular su gravedad. Los pasos fundamentales dados desde 2003 para
controlar el uso de la fuerza y la actuación policial en manifestaciones
públicas deberían complementarse con una política explícita de no
criminalización por vía judicial de los activistas sociales y la misma voluntad
política que el gobierno ha mostrado para fijar pautas a las provincias
petroleras y mineras, puede aplicarse para impedir que las fuerzas provinciales
continúen respondiendo con violencia a reclamos por la tierra, la vivienda, los
derechos de comunidades nativas o las protestas ambientales. La auditoría del
Proyecto X puede ser un nuevo punto de partida.
© Escrito por Horacio
Verbitsky y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el domingo 19 de Diciembre de 2012.
