Reynaldo Bignone:
el último de los dictadores jamás confesó sus pecados…
Reynaldo Bignone (1928-2018) Foto:
AP/DPA/NA
Represor “apacible”, defendió hasta la muerte
las atrocidades de la última Dictadura militar y amnistió a sus camaradas. Su
historia.
Reynaldo Benito Bignone fue el último dictador de la historia argentina y
el heredero de una saga militar responsable de asesinatos, torturas y
desapariciones de unos 30.000 argentinos desaparecidos. El exgeneral del
Ejército gobernó el país durante al final de la dictadura, tras la Guerra de
Malvinas, y fue declarado culpable del secuestro de bebés y el asesinato de
docenas de opositores. Pero jamás confesó
sus crímenes.
© Publicado el miércoles 07/03/2018
por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nacido en Morón en 1928,
Bignone murió este 7 de marzo en el Hospital Militar de Buenos Aires a los 89 años. Al
momento de su muerte, cumplía múltiples cadenas perpetuas por abusos contra los
derechos humanos derivados de su participación en la "guerra sucia"
de 1973 a 1983. Falleció días después de otro general retirado, Luciano
Benjamín Menéndez, quien recibió 14 penas de prisión y 12 cadenas perpetuas,
más que cualquier otro líder militar de la dictadura.
En marzo de 1976, tras varios
años de agitación económica y violencia por parte de grupos izquierdistas, la
Junta militar se presentó como un gobierno que se encargaría de pacificar y
“reorganizar” el país. Los líderes militares prometieron acabar con los subversivos,
que desde principios de los ‘70 orquestaron cientos de secuestros y asesinatos
de líderes empresariales y funcionarios del gobierno, y devolver la normalidad
al país.
Pero la Junta Militar, dirigida
por Jorge Rafael Videla, no tardó mucho en convertirse en el último “reinado
del terror” de la Argentina. Los centros clandestinos de secuestro, tortura y
ejecución se convirtieron en horrores comunes, y las mujeres que daban a luz en
esas circunstancias a menudo eran asesinadas. Según los informes, cientos de sus hijos fueron robados y, bajo documentos
falsos, entregados a familias de militares sin hijos.
“Actos de servicio”
Reynaldo Bignone (1928-2018) Foto:
AP/DPA/NA
Videla presidió gran parte de
la dictadura hasta su renuncia en marzo de 1981. Bignone, retirado del
Ejército, se instaló como líder de facto en 1 de julio de 1982 y su ascenso
tuvo como principales oponentes a la Marina y la Fuerza Aérea. El nuevo
dictador se presentó como un liberal defensor de la economía de libre mercado y
los medios de comunicación, secuestrados por la Junta Militar, lo definieron
como un hombre “apacible”.
"Bignone
viene a reparar los platos rotos después de las Malvinas", dijo hoy Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur
para el Archivo de Seguridad Nacional, un centro de
investigación independiente en la Universidad George Washington (EE.UU.).
"En este momento, la represión ha disminuido sustancialmente, pero la
confianza en la sociedad se ha hecho añicos y tuvo que hacer la transición a un
gobierno civil".
A Bignone le correspondió la
tarea de dirigir
un gobierno agonizante, después de la humillante derrota de la
Guerra contra Gran Bretaña. A partir de entonces, la política se le fue de las
manos: la inflación y la deuda externa, además de los crecientes reclamos de
libertad de expresión por parte de organismos de derechos humanos y gobiernos
extranjeros, llevaron a dudar de su capacidad como gobernante de facto. Además,
por primera vez desde 1976, comenzaron a verse grandes manifestaciones públicas
callejeras y huelgas masivas.
Durante sus últimos meses en el
poder, Bignone se dedicó a preparar el retorno a la democracia, pero no sin
antes firmar un decreto por el cual había que hacer desaparecer millares de
documentos que podrían implicar a la Junta Militar en atrocidades y declarar
una amnistía general para los oficiales que habían participado. Además, impulsó
un acta por la cual se declaraba muertos a los desaparecidos y refería como
"actos de servicio" los crímenes cometidos por la dictadura.
En el denominado "Documento Final sobre
la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo", Bignone negó que hubiera personas desaparecidas en lugares secretos de
detención por lo que "debe quedar
definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no
se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y
administrativos se consideran muertos".
En su libro "El último de
facto", el exgeneral justifica la destrucción de la
documentación diciendo que "hubiera sido un error trágico publicar una
lista de muertos. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató, dónde
está el cadáver, por qué lo mataron?". Posteriormente, en los muchos
juicios celebrados en su contra, defendería la actuación de las Fuerzas
Armadas.
La última
guerra.
Reynaldo Bignone (1928-2018) Foto:
AP/DPA/NA
En 1983, el último dictador
acordó con los partidos políticos el llamado a elecciones libres y democráticas
para el 30 de octubre de 1983 y llevó adelante la transición. "Espero ser el
último presidente de facto", había dicho Bignone poco
antes de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín. Terminado el acto en
el Salón Blanco, Bignone se retiró pero la historia no se olvidó de él.
En 1990, Carlos Menem emitió
una amnistía general que protegía a la mayoría de los líderes militares y
exterroristas de la guerra sucia del enjuiciamiento por violaciones de los
derechos humanos. La Corte Suprema anuló ese decreto en 2005, ya que Néstor
Kirchner buscó un juicio sobre los casos de derechos humanos en la dictadura.
Dos años después, Bignone fue juzgado.
El anciano fue puesto bajo
arresto domiciliario y, en 2010, fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos.
Fue condenado a 25 años de prisión por su complicidad en el secuestro y
asesinato de 56 detenidos en la base militar Campo de Mayo, donde fue el
segundo al mando desde 1976 hasta 1978.
En los años siguientes, el
general recibió sentencias de prisión más largas: por la supervisión de un
centro secreto de tortura dentro de un hospital; por el secuestro y la tortura
de más de 30 trabajadores de fábricas, muchos de ellos activistas sindicales; y
por su papel en la incautación de 34 bebés de los que el régimen
encarceló (y en la mayoría de los casos, ejecutó) como subversivos.
Bignone recibió su última
condena en 2016, cuando un juez lo sentenció a 20 años de cárcel por su participación en el “Plan
Cóndor”, con el que las dictaduras de América del Sur
coordinaron su sistema represivo, y por participar en el plan sistemático de
apropiación ilegal de niños, entre otras causas.
Hasta el final de su vida,
Bignone defendió sus acciones como “necesarias” en una "batalla contra el
terrorismo". En su defensa, dijo que el número de asesinatos
de la Junta estaba muy por debajo lo que los grupos de derechos humanos
reclamaron –reconoció solo 8.000- y que los tiempos extremos exigían medidas
extremas. "En tiempos de paz, la desaparición de una sola persona
significa una cosa", dijo, "y en tiempos de guerra significa algo más".
