Carta Abierta a Cristina
Fernández
Represión y muerte de
ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom
Sra. Presidente de la
Nación, Dra. Cristina Fernández
Sr. Ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak.
Sr. Presidente del INAI,
Dr. Daniel Fernández
Viernes 18 de enero de
2013
Como es de público
conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que
resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y
Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.
Entre ellos, pueden
citarse los casos de:
* Roberto López, muerto
en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae
Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.
* Mario López, dirigente
pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día
siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser
atropellado por un policía.
* Alberto Galván,
jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa
Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el
21 de enero de 2011.
* Mártires López,
dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en
circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo
mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín,
Pcia. del Chaco.
* Celestina Jara y su
nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna
Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un
gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes
golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que,
aun estando malherido, les prestara ayuda.
* Imer Flores, de 12
años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del
Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.
* Daniel Asijak, 16 años,
sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias
dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.
También resultaron
víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos,
el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4
propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a
quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; Samuel
Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de
Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión
del 23/11/2010; en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo
ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río
Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna
Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la
Pcia. de Formosa.
Todos los fallecidos eran
ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en
circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños:
Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.
A lo anterior deben
sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de
estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y
otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los
criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas
sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh.
En la mayoría de los
casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad
estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los
argentinos.
Todos estos casos han
sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los
organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos
estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando
lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia
respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos
territorios.
A pesar de que existe un
organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que
debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una
escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del
Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de
derechos que hoy sufren estos Pueblos.
Sabemos que la violencia
hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistas
militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias
de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los
cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, además, fueron
escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista”
sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas
entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos (por ejemplo, las
llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La
Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son
resguardadas en la historia oral de las comunidades).
Hoy los tiempos han
cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los
derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos
en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas),
como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin
embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son
constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que
fueron confinadas tras la conquista militar.
Y aquí es donde queremos
llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un
problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente
en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha
convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica
principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el
petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado
amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto
policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han
recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por
integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los
grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con
impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por
sus crímenes.
En todos estos casos,
además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de
las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una
constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un
elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte,
lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de
los crímenes como su impunidad.
La realidad de estas
provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común
con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que
estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el
territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban el país
originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con la
colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales.
Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y
fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la
mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios
azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia.
En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda
clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la
tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado
por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus
mediadores.
Aún desde esta realidad
estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los
argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970
surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de
ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales
de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales,
económicos y sociales como indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y
desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un
mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o
partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país,
reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque
los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos,
entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país,
el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y
a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que los
Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que
su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes
religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir
una sociedad mejor.
Sin embargo, en el norte
de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera
y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la
contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la
expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin
haber sido escuchadas. Más aún, sus reclamos son sistemáticamente
criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar
el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de
diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que
se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal
respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de
sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más
activas y organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus
derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.
Así, la comunidad de
Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso
asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente.
También aquellas
comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con
organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa
(MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la
propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; y en
Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de
marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio,
asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino
lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por
sicarios reconocidos).
Lamentablemente, como Ud.
sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se
agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y
parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como
los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo
el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y
políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos
provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el
que realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por
decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se
los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente
sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad,
queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de
la sociedad saluda, apoya y acompaña.
Por todo esto, si bien no
ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, reclamamos hoy al
gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y
decididas para:
- Utilizar todos los
elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos;
incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y que se
garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparación
debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los
Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.
- Intervenir en la
estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las
comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los
agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias
y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos
Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la
consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales,
toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus
territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del
Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación
adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y
social.
- Intervenir en el
contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente
en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en
las expresiones de los representantes políticos, pues es imperioso reemplazar
las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por
una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.
- Por último, es urgente
y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos
aberrantes, para que no se repitan NUNCA MÁS. Para comenzar a revertir la
violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una
política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas,
su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.
La saludamos
respetuosamente,
Diana Lenton, DNI
17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Buenos Aires.
Diego Escolar, DNI
18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Mendoza.
Gabriela Nacach, DNI
22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Buenos Aires.
Lorena Cardin, DNI 22.110.057, antropóloga, Universidad de
Buenos Aires. Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de
Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
Luciana Mignoli, DNI
27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Buenos Aires.
Marcelo Musante, DNI
23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Buenos Aires.
Mariana Gómez, DNI
28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires.
Ana Vivaldi, DNI
25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá.
Alexis Papazian, DNI
25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Buenos Aires.
Gerardo Raschcovsky, DNI
11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en Genocidio y
Política Indígena, Buenos Aires.
Darío Aranda, DNI
25905483, periodista, Buenos Aires.
Osvaldo Bayer, DNI
4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.
Ramón Navarro, DNI
12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.
Jorge Omar Steimbach, DNI
4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.
Luis Piaggi, DNI
13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
Claudia Salomón Tarquini,
DNI 22.676.405, historiadora, Red de Investigadores en Genocidio y Política
Indígena, La Pampa.
Luciano D’Addario, DNI
27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena,
Buenos Aires.
Nilo Cayuqueo, DNI 5516237,
consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.
Florencia Roulet, DNI
14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.
Ramón Minieri, DNI
5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río Negro.
Armando Aligia, DNI
11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro.
Carlos Paz, DNI 22985982,
historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.
José Luis Pope, DNI
13988121, periodista, Trelew, Chubut.
María de los Ángeles
Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Giraud, DNI
20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
Karen Avenburg, DNI
28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.
Mónica Padin, DNI
11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro. Marina Lenton, DNI 21480775,
ingeniera forestal y docente, Lago Puelo.
