La
confesión...
Horacio
Verbitsky expuso en el Palazzo della Ragione de Padua sobre “La Argentina y su
tragedia”. El proceso de justicia, de Videla a los Kirchner. El estado de los
juicios y el significado de la confesión del ex dictador. Académicos italianos
destacaron el impacto global de la política de derechos humanos de Kirchner.
Por primera vez desde su fundación en 1222 la universidad donde enseñó Galileo
otorga una distinción a un político.
El
homenaje
El
reconocimiento otorgado a Néstor Kirchner es el primero que la Universidad de Padua
concede a un político desde su creación en 1222. Por pedido de la presidente
CFK, lo recibió en su nombre la madre de Plaza de Mayo Vera Vigevani de Jarach,
nacida en Milán y emigrada en 1939
a la
Argentina, para huir de las leyes raciales de Mussolini. Su
hija Franca fue secuestrada en 1976 y continúa desaparecida. Conmovida hasta
las lágrimas, Vera recibió el pergamino y la escultura de la distinción de
manos del vicerrector de la
Universidad, Francesco Gnesotto.
Esta
Universidad es la única de Italia que recibió la Medalla de Oro por su rol
en la resistencia al fascismo. Estaban presentes el canciller Héctor Timerman y
la directora del curso de Actualización Profesional en Estudios
Latinoamericanos, Antonella Cancellier, promotora del acontecimiento. Antonio
Varsori, director del Departamento de Ciencias Políticas, Jurídicas y Estudios
Internacionales expuso sobre la coincidencia entre los valores de la Universidad de Padua y
la defensa de los derechos humanos que Kirchner colocó en el centro de su
acción política, con la consigna Memoria, Verdad y Justicia.
Paolo
De Stefani, profesor de Protección Internacional de los derechos humanos,
reconoció el “papel de extraordinaria importancia en la globalización de los
derechos humanos” ejercido por la
Argentina, que goza hoy de credibilidad y respeto
internacional debido a la decisión de algunos de sus presidentes y en especial
Néstor Kirchner “de fundar la legitimidad democrática del Estado sobre los
derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
La Argentina “puede ser tomada como ejemplo
de cómo los procesos políticos y de producción jurídica interna pueden
influenciar la evolución del régimen internacional de los derechos humanos”,
que deben ser analizados en una perspectiva no eurocéntrica. La Argentina “asume un
valor paradigmático y tiene mucho que enseñar, en particular a las democracias
europeas y a la misma Unión Europea”. Stefani valoró la acción durante la
dictadura de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, del CELS de Emilio Mignone
y el SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel y el apoyo internacional que esa
resistencia democrática obtuvo con la visita y el informe de la Comisión Interamericana
de Derechos humanos. Se produjo a partir de entonces un “proceso de ósmosis entre
la Argentina
y el régimen internacional de los derechos humanos”.
La CONADEP fue la primera de las
Comisiones de la Verdad
que en todo el mundo se convirtieron en una valiosa innovación institucional y
la precisa voluntad de Kirchner de remover las leyes y decretos de impunidad,
que la justicia declaró incompatibles con la Constitución,
permitió reanudar los procesos interrumpidos. “La historia reciente de la Argentina –entre
momentos de aceleración y freno– es el ejemplo de una democracia que ha sabido
refundarse creando una síntesis original entre valores nacionales y
universales. En este sentido puede ser un modelo para muchos sistemas políticos
y para muchas sociedades.”
Enrico Calamai, quien como cónsul de Italia ayudó a
salvar la vida y salir del país a decenas de argentinos e italianos evocó su
llegada en la primera mitad de la década del ’70, donde conoció “una juventud
bellísima, entusiasta, preparada, convencida de que había llegado el momento de
liberar al país de un sistema oligárquico que bloqueaba toda instancia
progresista”. Para contener “esta marea creciente, los militares argentinos
declararon la guerra a su propio pueblo” y golpearon a los más jóvenes.
Cómplices de este crimen contra la humanidad fueron “las democracias
occidentales” que “colaboraron en el oscurecimiento de lo que estaban haciendo
los militares que, en cambio, abrieron el país a los espíritus animales de sus
multinacionales. Cuanto más prolongada la complicidad, mayor la recompensa”.
Luego
de encomiar el coraje de Kirchner al poner los derechos humanos en el centro de
la actividad política de una Argentina renovada, Calamai lamentó que mientras
los militares están cumpliendo sus condenas “poco se sabe todavía de las
complicidades con que contaron a nivel internacional”. El gobierno de Italia
antepuso “los intereses del propio sistema productivo a la tutela de los
derechos humanos no sólo del pueblo argentino sino incluso de una de las
colectividades italianas más numerosas del mundo”. Falta sacar estas
complicidades a luz ya que “estos comportamientos colusivos de parte de los
Estados son todavía una constante de la política exterior”.
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Escrito por Horacio Verbitsky y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el domingo 22 de Abril de 2012.
Desde Padua
Las sucesivas declaraciones del ex dictador
Jorge Videla a periodistas argentinos y extranjeros son una involuntaria
apología al modelo argentino de transición a la democracia. Videla eligió
interlocutores condescendientes que no le repreguntaron en forma detallada
sobre sus revelaciones más escandalosas. Pero aún así su testimonio tiene un
notable valor político, contradictorio con sus propósitos. Quienes prefieren el
modelo sudafricano, en el que se planteó el canje de información por impunidad,
sostienen que al abrirse la puerta de la persecución penal, se cierra la de la
información sobre los crímenes cometidos. La locuacidad de Videla lo
relativiza. No habló al comenzar el proceso, pero lo hizo al concluir, ya
condenado a prisión perpetua. En un viaje a Sudáfrica donde me reuní con
familiares de detenidos-desaparecidos y con organismos defensores de los
derechos humanos, encontré una queja generalizada: es insoportable escuchar en
los tribunales el relato minucioso de las torturas sufridas hasta morir por los
seres más queridos y después ver cómo los criminales permanecen en libertad. La
transición desde el régimen del apartheid a una democracia de un hombre un voto
fue exitosa. Pero de poco le sirve a quien ha perdido un hijo, conocer qué dedo
le cortaron primero si el que lo deshizo en pedazos termina el relato y se va
impune a su casa. Además en Sudáfrica no se alteraron las bases económicas de
la dominación y las mayorías no han visto reivindicados sus derechos
económicosociales.
El modelo argentino
En la Argentina, en cambio, el proceso de justicia
restauró la dignidad de las víctimas, cubrió de ignominia a sus perpetradores y
hasta los aisló dentro de las instituciones a las que deshonraron al trocar el
sable de San Martín por la picana de Videla. Al día de hoy se han pronunciado
253 condenas y 20 absoluciones (prueba, además, de que los juicios se realizan
con respeto por los derechos y garantías de los acusados, cuya culpabilidad
debe ser probada). Que al cabo de este largo recorrido, Videla se haya decidido
a hablar muestra la superioridad del modelo argentino de transición a una
democracia distinta, respetuosa de los derechos humanos y con un rol
constitucional para las Fuerzas Armadas, donde además se están revirtiendo las
consecuencias socioeconómicas de aquella dictadura. Videla dijo que el fracaso
del ex senador Eduardo Duhalde y la reelección de CFK lo convencieron de que no
podía seguir ilusionándose con un nuevo pacto de impunidad. Dijo que el
gobierno justicialista de 1975 les había dado licencia para matar y que el
partido radical apoyaba el golpe, y que la toma del poder no era necesaria para
terminar con la guerrilla pero sí para reordenar la economía y disciplinar a la
sociedad. Reconoció que el golpe había privado a la dictadura de legitimidad.
Admitió que la desaparición de personas fue un eufemismo que se utilizó para
enmascarar la eliminación clandestina de 7 u 8 mil personas, porque el mundo no
hubiera tolerado su fusilamiento, como ocurrió con las tres últimas ejecuciones
de Franco en España.
Este es el mismo número de bajas y la misma comparación
internacional que el ex general Ramón Díaz Bessone le comunicó a la periodista
francesa Marie-Monique Robin, quien lo filmó sin que él lo supiera. Díaz
Bessone fue más explícito que su camarada: la reacción que temían era la del
Papa. Pero es obvio que Videla piensa en lo mismo, ya que de inmediato destaca
la actitud favorable de la
Iglesia Católica, su amistad personal con el presidente de su
Episcopado de entonces y la importantísima colaboración de los capellanes
castrenses, que estaban presentes en todas las unidades y guarniciones de las
tres armas. Agregó que también los empresarios apoyaron la masacre y que
algunos opinaban que los desaparecidos deberían haber sido diez mil más.
De Alfonsín a Menem
El proceso hasta llegar a la situación
presente fue cualquier cosa menos lineal. El presidente Raúl Alfonsín
(1983-1989) creó una comisión investigadora sobre la desaparición de personas, la CONADEP, una comisión de
la verdad que inspiró muchas otras en el mundo. Una vez que recibió sus
conclusiones, promovió el enjuiciamiento de los integrantes de las tres
primeras juntas militares, que terminó en diciembre de 1985 con la condena a
prisión perpetua de Videla y del jefe de la Armada, Emilio Massera, entre otros. Pero luego
de ese fallo y ante el temor de que la justicia continuara con oficiales de
rangos inferiores, dictó la primera ley de impunidad, la de punto final, que
fijó un exiguo y arbitrario plazo de prescripción de 60 días. Los jueces no
aceptaron que se les endilgara la responsabilidad y dentro del plazo previsto
procesaron a todos los militares contra los cuales hubiera algún indicio, por
tenue que fuera. Cuatro centenares de oficiales fueron citados a indagatoria a
partir de febrero de 1987, entre ellos muchos en actividad y con mando de
unidades. Esto derivó en el alzamiento carapintada de la Semana Santa de 1987,
luego del cual Alfonsín firmó la segunda ley de impunidad, la de obediencia
debida, por la cual quedarían excluidos de responsabilidad los oficiales de
rango inferior a general y sus equivalentes en las otras fuerzas. Pero esto no
fue suficiente.
El presidente Carlos Menem (1989-1999)
indultó a todos los condenados y procesados durante el gobierno anterior,
incluso a aquellos que habían sido enjuiciados por la decisión política de
recuperar las islas Malvinas y por la forma en que condujeron la guerra en la
que Gran Bretaña volvió a ocuparlas. Pero tanto Alfonsín como Menem dejaron dos
ventanas abiertas, que resultarían de enorme importancia más adelante: en
ningún caso incluyeron entre los delitos a perdonar el robo de los hijos de las
personas detenidas-desaparecidas ni el saqueo de sus bienes. Las leyes y
decretos de impunidad nunca contaron con adhesión mayoritaria en la sociedad.
Pero durante los primeros años de la década de 1990 la cuestión pareció
olvidada, salvo por la tenaz resistencia de los organismos defensores de los
derechos humanos. El tema volvió a la primera plana de los diarios en 1993,
cuando Menem pidió al Senado el ascenso de dos oficiales que habían sido
denunciados por su actuación en la
ESMA, el mayor campo clandestino de concentración de la Marina.
Cuando
conté en esta columna que esos oficiales estaban acusados de haber participado
en el asesinato de un grupo de sacerdotes en una iglesia de Buenos Aires y de
la desaparición y asesinato de dos monjas francesas, comenzó un debate público
que condujo al rechazo del ascenso por parte del Senado, en un trámite que tuvo
amplia difusión pública. Al mes siguiente de la decisión senatorial un hombre
se me aproximó en el subterráneo de Buenos Aires y me dijo que había estado en la ESMA. Durante tres
meses mantuve una docena de entrevistas con ese hombre, el capitán de la Marina Adolfo
Scilingo, en las cuales terminó por confesar que había asesinado con sus
propias manos a treinta prisioneros, a quienes arrojó al mar desde aviones
militares, luego de atontarlos con una droga. Nunca antes uno de los verdugos
había reconocido sus acciones en forma tan explícita. Esto tuvo una enorme
repercusión y el 24 de marzo de 1996, al cumplirse veinte años del golpe tuvo
lugar una gigantesca movilización popular, que marcó el espectacular regreso de
la cuestión reprimida al primer plano de la atención pública.
De la verdad a la justicia
Una de sus consecuencias fue que los hijos de
detenidos-desaparecidos se reunieran en una nueva organización, la primera
formada por descendientes y no ascendientes de la generación diezmada, ya sin
temores ni vergüenza. Otra, que el padre de la detenida-desaparecida Mónica
Candelaria Mignone pidiera a la justicia que averiguara qué habían hecho con
ella luego de secuestrarla de la casa familiar. Así se llegó a un fallo
trascendente de la
Cámara Federal de la Capital, que reconoció el derecho de Emilio
Mignone a la verdad, al duelo y a la disposición del cuerpo de su hija, y
depositó en la justicia el cumplimiento de esa obligación, por más que las
leyes de impunidad impidieran castigar a los autores del crimen. Con esa
decisión comenzaron los juicios por la verdad, que en poco tiempo se
extendieron a todo el país. En octubre de 1998 el juez español Baltasar Garzón
ordenó el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet y su
extradición a Madrid para juzgarlo por crímenes cometidos en Chile contra
ciudadanos chilenos.
Nacía la doctrina de la jurisdicción universal: en caso de
delitos que afectan a toda la humanidad, cualquier país tiene el derecho y el
deber de juzgar a los responsables, si su propio país no lo hace. Este
aggiornamento de una antiquísima escuela jurídica produjo todo tipo de efectos
legales y políticos. En la
Argentina el Congreso derogó las leyes de punto final y de
obediencia debida, aunque no le alcanzaron los votos para declararlas nulas,
con lo cual conservaron efecto ultraactivo. Pero también se reactivaron los
juicios por el robo de bebés y fueron detenidos Videla y Massera por ese delito
que las leyes de impunidad habían exceptuado de su efecto. Al mismo tiempo avanzaban
en distintos puntos del mundo las causas contra militares argentinos por
crímenes contra ciudadanos de esas nacionalidades. Scilingo fue condenado en
España a prisión perpetua, el mismo castigo que la justicia italiana impuso en
diciembre de 2000 a
los generales argentinos Carlos Suárez Mason y Santiago Omar Riveros por
secuestros y asesinatos cometidos contra ciudadanos italianos residentes en la Argentina. Causas
similares avanzaron en la justicia de Francia, Alemania y Estados Unidos.
La nulidad
La suma de estos hechos hizo concebible la
anulación de las leyes de impunidad, cosa que el CELS pidió a la justicia
cuando se aproximaba el aniversario 25 del golpe de 1976. Tres semanas antes de
esa fecha, las leyes de punto final y obediencia debida fueron declaradas
inconstitucionales y nulas y se pudieron reabrir los procesos cerrados en 1987.
Esas decisiones fueron ratificadas por decenas de jueces y de cámaras de
apelaciones en todo el país. Hasta los militares acusados sintieron alivio:
preferían un juicio en el país, cerca de sus familiares y de la red de
complicidades que los rodeaban antes que un encuentro con jueces y cárceles de
España. En los casi cinco años transcurridos desde los arrestos de Videla y
Massera hasta las elecciones presidenciales de 2003, por lo menos 115
represores fueron imputados ante la justicia, 19 fueron procesados por
distintos tribunales y ocho condenados en primera instancia.
Este avance
logrado por los organismos defensores de los derechos humanos inquietó a
sectores políticos y sociales. El senador Eduardo Duhalde, quien durante esos
meses ocupó en forma interina el Poder Ejecutivo, indultó al coronel Mohamed
Seineldín y al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, ambos condenados a prisión
perpetua, uno por el último alzamiento en el que murieron varios militares, y
el otro por el ataque al cuartel militar de La Tablada, donde además de
militares y civiles muertos hubo una vez más detenidos-desaparecidos. Estos
indultos debían preceder a un fallo de la Corte Suprema,
revocando aquellos de primera instancia y de cámara que habían permitido la
reapertura de los juicios. El obispo castrense en persona visitó a los jueces
de la Corte Suprema
para urgirles esa decisión. La denuncia pública de los organismos defensores de
los derechos humanos consiguió demorar una vez más su firma. Ante la
insistencia de Duhalde con el proyecto de olvido, el presidente electo Néstor
Kirchner le pidió que le dejara manejar a él la cuestión. Pero en cuanto asumió
tomó como propias las tres banderas de Memoria, Verdad y Justicia sostenidas
por los organismos defensores de los derechos humanos. En pocos días demostró
que hablaba en serio. Pasó a retiro a la cúpula militar, que intentaba volver a
condicionar al sistema político, instó el juicio político a la mayoría
automática de la Corte
Suprema y, más adelante, desconoció al obispo castrense que
justificaba la represión.
También promovió la nulidad legislativa de las leyes
de punto final y obediencia debida y pidió al Congreso la ratificación del
tratado internacional que declara imprescriptibles los crímenes contra la
humanidad. En marzo de 2004 ordenó descolgar los retratos de los ex dictadores
Videla y Benito Bignone de la galería del Colegio Militar donde se homenajea a
sus ex directores. También propició el establecimiento en la ESMA del Museo de la Memoria que reclamaban los
organismos. Esta voluntad política expresada de modo tan contundente permitió
que en 2005 la Corte
Suprema, integrada ya por personas honorables y capaces,
ratificara la inaplicabilidad de las leyes de perdón, olvido y silencio, lo
cual permitió la reapertura de las causas cerradas en 1987 y el inicio de
otras. Según las estadísticas que lleva el CELS, al promediar abril de 2012 se
habían pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones. Estos porcentajes avalan
la seriedad de estos juicios, en los que se respetan el debido proceso y todas
las garantías para los acusados, de modo que nadie es condenado sin pruebas
contundentes sobre su participación en los crímenes investigados.
Por supuesto
que para los familiares de las víctimas esto es frustrante y desconsolador,
pero este resultado también explicita la diferencia entre estos procesos
realizados en democracia y los simulacros de juicio que según Videla se
realizaban entre sus subordinados para decidir, sin defensa ni pruebas, quién
debía morir. Sólo el 46% de los condenados recibió penas de prisión perpetua;
el 32% deberá cumplir entre 16 y 25 años de cárcel; el 21% entre 4 y 15 años y
el 1% hasta tres años. Esta dispersión del castigo es una prueba adicional del
respeto que se observa por los derechos de los imputados.
Lo que falta
Más allá de la satisfacción legítima por
estos avances, queda mucho por hacer y los estudios del CELS señalan dónde
están los problemas. Un significativo 58 por ciento de las causas abiertas está
en trámite de instrucción; el 21 por ciento ha concluido esa etapa pero esperan
ser elevadas a juicio; el 4 por ciento están en juicio en este momento y apenas
el 17 por ciento han llegado a sentencia. Pero de este lote de causas con
sentencia, el abrumador 73 por ciento no han pasado de la primera instancia; el
16 por ciento han sido confirmadas por la Cámara de Casación y apenas el 11 por ciento por la Corte Suprema. En
su excelente discurso de inauguración del año judicial el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti,
dijo que estos juicios formaban parte del contrato social de los argentinos.
Esta apreciable definición hace aún más urgente un cambio de ritmo en las
instancias superiores, para que no sigan muriendo testigos e imputados sin que
se haya llegado a una sentencia firme.
©
Escrito por Horacio Verbitsky y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el domingo 22 de Abril de 2012.
