Reforma Judicial. Fernández y Fernández…
La vicepresidenta recibió a un histórico operador en Comodoro Py. Avanza en
construir una justicia a medida.
© Escrito por Nelson Castro el sábado 05/09/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.
Los efectos adversos que el poder
genera en las personas son complejos. El sentimiento de omnipotencia se
despliega en toda su dimensión, aparecen comportamientos extravagantes,
sorprendentes y, a veces, contradictorios e inexplicables. ¿Cómo explicar que
un presidente que amenazó con someter a un proceso
penal a los que durante esta larga cuarentena se reunieran en un domicilio
invite a Olivos
a Hugo
Moyano y parte de su familia a compartir un almuerzo que incluyó una foto sin
barbijo y sin distanciamiento social?
En la dinámica psicológica del
ejercicio del poder se distinguen tres rasgos esenciales: el
absolutismo, la hegemonía y la intolerancia.
Salvo excepciones, quien ocupa una
posición de poder busca siempre el absolutismo, la totalidad del poder. Para
eso necesita la implantación del pensamiento hegemónico. Es ese afán de
hegemonía el que hace que el poderoso sea un ser intolerante frente al
pensamiento distinto.
La democracia como concepción
política y la república como sistema representan las barreras que las
sociedades crearon para poner freno a esos desvaríos que llenan páginas de la
historia.
Alberto Fernández llegó a la presidencia de la
Nación con una promesa que hizo pública a lo largo de toda su campaña: terminar
con la división política profunda que, como una nube tóxica, se ha venido
extendiendo a lo largo y a lo ancho del país desde hace años. Dividió Néstor
Kirchner; dividió y divide Cristina Fernández de Kirchner; dividió y divide Mauricio
Macri.
"No solo debemos tolerar al que
piensa distinto. Con eso no alcanza. Debemos respetarlo", dijo decenas de
veces el hoy presidente durante el tiempo electoral. Por eso causó estupor –y
alarma– cuando, en la reunión del peronismo que hubo en la semana que pasó,
expresó: “No veo la hora de que esta pandemia se termine, porque estoy seguro
de que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo,
un banderazo de los argentinos de bien".
Nadie sabe aún si el Dr. Fernández se
ha dado cuenta de la barrabasada que representa su infeliz frase. Cuando a la
diversidad de ideas –es decir, el pluralismo– se la encuadra dentro de la
categoría del bien y del mal, no hay posibilidad de convivencia posible. Si el
que piensa diferente representa el mal no hay posibilidad de diálogo. Con el
mal no se dialoga.
El mal es intolerable.
El pensamiento diferente enriquece ya
por el mismo proceso intelectual de analizarlo ya sea para coincidir o para
rebatirlo. Al mal se lo combate. Al pensamiento diferente, en cambio, se lo
debate.
El concepto de identificar al otro
con el mal nos conduce directamente a la categoría de amigo-enemigo de tan
nefasta y lamentable raigambre en la historia de la Argentina.
Cuando en la noche del sábado 18 de
noviembre de 1972 el general Juan Domingo Perón se abrazó en su casa de la
calle Gaspar Campos con el Dr. Ricardo Balbín, le dijo: “El pueblo todo quiere
que usted y yo nos unamos. Nos hemos peleado inútilmente durante 25 años”. Lo
triste fue que, cuando se dieron cuenta de lo estéril de esas disputas feroces,
ya se les había ido la vida.
Ahora, las tomas de Tierra. Las
tomas, actos ilegales, nunca son producto del azar. Hay detrás una maquinaria
política, legal y económica que se monta sobre la acuciante necesidad de miles
de personas por no tener una vivienda digna. Hace unas pocas semanas, más allá de
sus habituales comentarios provocadores, Juan Grabois aludió
a las tomas, lo que fue una advertencia sobre algo inminente.
Al hacerlo, puso al oficialismo en un
brete en el que aún está. Las contradicciones y disputas que se produjeron
entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni;
la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, los dirigentes del
Movimiento Evita y el gobernador Axel Kicillof hablan de la
confusión en ámbitos del oficialismo.
Mientras tanto, Daniel
Arroyo trabaja para quitar poder a los movimientos
sociales a través de la tarjeta alimentaria. La transferencia a los comedores
saca intermediarios. “Del 100% del presupuesto del Ministerio, los movimientos
sociales se llevaban el 25%; ese porcentaje se ha reducido al 10%”, afirman en
su cercanía.
Avatares de la reforma judicial K.
Tras la bochornosa sesión en Diputados del miércoles, un hecho ilustra el
superlativo interés de la vicepresidenta por la reforma judicial: el encuentro
previo al debate que tuvo con el auditor Javier Fernández,
el histórico operador judicial del kirchnerismo en Comodoro Py.
Fernández, quien tiene mandato en la
Auditoría General de la Nación hasta 2022, había caído en desgracia a fines del
kirchnerato por sus contactos con Jaime Stiusso. Como tantos otros, limó
asperezas con CFK, por lo que los encuentros con ella, Máximo y el
representante de La Cámpora en la AGN, Juan Ignacio Forlón, son habituales.
La reforma judicial obtuvo media
sanción horas después de ese encuentro, con modificaciones que incluían la
eliminación de la insostenible cláusula mordaza para la prensa propuesta por el
amanuense de la vice, el senador Oscar Parrilli.
Vale la pena recordar lo que opinaba
Fernández sobre la reforma judicial de 2013 –una de las dos que se presentaron
en los últimos veinte años según CFK– y que luego fue frenada por la Corte
Suprema. “Le dije a la presidenta que iba a ser inconstitucional. Ella me dijo
que no.
Pero lo que hizo fue unir a todos en
la corporación judicial. Estuvo mal asesorada... No hay que meterse en los
poderes. Tenés que dialogar”, aconsejó Fernández en una nota a la revista
Crisis, en septiembre de 2019. Por lo que se ve, CFK sigue haciendo caso omiso
de los consejos del auditor Fernández. El diálogo es una práctica ausente en su
conducta política.
Los que conocen los detalles de ese
diálogo aseguran que, para cumplir el rol de operador judicial que supo tener,
Javier Fernández pide ser designado en el Consejo de la Magistratura. Por si
alguien lo olvidó, CFK quiere un Poder Judicial sometido al Gobierno.
