Mostrando las entradas con la etiqueta Centro de Estudios Legales y Sociales. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Centro de Estudios Legales y Sociales. Mostrar todas las entradas

martes, 11 de diciembre de 2012

La Demagógia Punitiva y el Peligrosismo Penal... De Alguna Manera...


Dura advertencia del CELS a Cristina por sus críticas a la Justicia...
Contra los dichos de la Presidenta, el CELS opinó que "el verdadero problema es la cantidad de pobres encarcelados sin condena" que viven en penales "indignos". Foto: DyN.

El organismo cuestionó los dichos de la Presidenta en Plaza de Mayo. "Legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal", acusaron.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de sus críticas al sistema judicial, y advirtió que su discurso "legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal". Ayer, la mandataria aseveró que "la gente está cansada, quiere que la Justicia sea menos corporativa", frente a lo cual tomó como ejemplo algunos fallos en los que se liberaba a condenados a violaciones que luego protagonizaron nuevos hechos delictivos. Para la Presidenta, se trata de "jueces sin responsabilidad dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, a matar o a violar".

En un comunicado titulado "Más prisión preventiva no es más seguridad", la entidad salió a diferenciarse hoy de las palabras de la jefa de Estado en torno a la facilidad para excarcelar a sospechados de graves crímenes y le advirtió que "el verdadero problema es la cantidad de pobres encarcelados sin condena" que viven en penales "indignos".

"Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse", opinó el CELS, entidad conducida por el periodista Horacio Verbitsky.

En el texto, el organismo argumenta que "por estremecedores que sean, los pocos casos en que personas sometidas a proceso han matado o violado no justifican el cuestionamiento genérico a los magistrados que aplican las leyes, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de Derechos Humanos". El comunicado del CELS marcó así un claro distanciamiento de las palabras de la jefa de Estado.

No obstante, remarcó que comparte los dichos de la mandataria "sobre la democratización de los tres poderes del Estado, los métodos transparentes y participativos para la designación de los jueces y la necesidad de que 'la independencia sea no sólo en el poder político, sino también del poder económico de las corporaciones'".

"El CELS, que participó en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y acompaña el reclamo por su completa vigencia, objeta esta afirmación que legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal, ya demasiado fuerte en medios de comunicación y administraciones provinciales", aclaró. "Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse", sostuvo.

La entidad recalcó que "el ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de la libertad por su peligrosidad".

"El verdadero problema es la enorme cantidad de personas, pobres en su gran mayoría, encarceladas sin condena, que en todo el país promedian alrededor del 60 por ciento de quienes habitan cárceles indignas del mandato constitucional", añadió.

© Publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 10 de Diciembre de 2012.




sábado, 18 de febrero de 2012

El “Proyecto X”... De Alguna Manera...


El “Proyecto X” confirma el espionaje oficial que ejerce el Gobierno…


Ocho años de monitoreo. La inesperada revelación del “Proyecto X” que trascendió esta semana, ha puesto sobre el tapete una cuestión incómoda para aquellos que insisten en ver en el kirchnerismo una dosis de progresismo oficial. ¿Cómo alguien podría defender la idea de una fuerza que espía a quienes legítimamente reclaman por sus derechos?

El interminable silencio del Gobierno a la hora de responder sobre la denuncia de espionaje —solo Nilda Garré quebró ese mutismo desde su cuenta de Twitter—, no hace más que levantar sospechas acerca de la participación del Estado en cuestiones que solían identificar a quienes ocuparon de facto la primera magistratura en los años más oscuros de la Argentina.
Sin embargo, no se trata de nada nuevo ni novedoso, sino de la continuidad de una política que comenzó casi al mismo tiempo que los Kirchner llegaron al poder. Basta a ese respecto recordar las palabras del ex ministro de Justicia, Gustavo Béliz, quien en 2004 reveló —a través de la pantalla de la TV— que agentes de la ex SIDE habían montado una especie de “ministerio de seguridad paralelo” y habían convertido a la secretaría de Inteligencia en una “policía secreta sin control (…) una Gestapo”.

Lejos de investigar las palabras del funcionario, el gobierno prefirió en esos días eyectarlo de su cargo e impulsar una investigación en su contra. A partir de ese momento, el kirchnerismo comenzó una escalada que no tuvo límites: mandó a espiar y seguir a referentes de la oposición, empresarios y periodistas críticos. “Existen terminales de computación denominadas DVCRAU que funcionan incansablemente en la oficina que la SIDE posee en Av. de los Incas 3834, más conocida como ‘Ojota’ (Observaciones Judiciales). En esa dependencia no sólo se suelen escuchar conversaciones, sino que se suelen interceptar otro tipo de comunicaciones como los correos electrónicos y las señales de fax. Desde allí surgen reportes que son enviados directamente a una de las oficinas de presidencia de la Nación y que sólo pueden ser leídos por pocos funcionarios de la extrema confianza del primer mandatario”, publicó Tribuna de Periodistas en Junio de 2006, anticipándose a lo que estallaría pocos meses más tarde.

Los hackers oficiales.

A principios de mayo de 2008, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, descubrió que su correo electrónico había sido vulnerado por un grupo de hackers. Lo que desconocía el ministro es que esos mismos intrusos trabajaban a sueldo del oficialismo de turno.

A lo largo de los años, Tribuna reveló una y otra vez los métodos utilizados por la Inteligencia vernácula para espiar a periodistas, políticos y jueces. “Al comienzo del gobierno de los Kirchner se buscó la interceptación de e-mails, con lo que se comenzó a experimentar con técnicas de rootkits, fuerza bruta, administradores remotos y técnicas avanzadas de clonación que más tarde serían conocidas con el nombre de ‘Phishing’ en lo que se denominara ‘Proyecto Vampiro’”, publicó este sitio en septiembre de 2009 con lujo de detalles. El costo de revelarlo fue el ataque directo al sitio y una campaña de difamación incesante.

No solo se desnudaron los modos ilícitos utilizados por los espías, también se hicieron presentaciones judiciales y se pidieron explicaciones oficiales. La respuesta siempre ha sido el silencio.

El mutismo no ha sido solamente para con este portal: en el año 2006, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que comanda Horacio Verbitsky le pidió al entonces presidente Néstor Kirchner que hiciera pública la nómina de agentes de la SIDE que reportaron para el Estado entre los años 1974 y 1983, a efectos de contrastarlo con quienes hoy siguen en funciones. Aún cuando existía una fuerte afinidad del oficialismo con esa entidad, el Gobierno jamás dio a conocer el referido listado.

Ello lleva a preguntarse: ¿Por qué la insistencia en espiar a opositores y críticos? ¿Cuál es la necesidad de monitorear de manera permanente lo que hacen terceras personas, violando los derechos básicos de los ciudadanos?

Quienes han indagado en el pasado de los Kirchner, aseguran que los mismos métodos utilizaban cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz. Ello explicaría la coherencia de una conducta que hoy no deja de sorprender a propios y ajenos.

Sin embargo, el entendimiento no justifica el delito y, menos aún, el silencio oficial. Por eso, hasta que no se den las explicaciones gubernamentales del caso, nada de lo que diga el kirchnerismo será creíble.

 © Escrito por Christian Sanz y publicado por Tribuna de Periodista el viernes 17 de Febrero de 2012.

sábado, 17 de diciembre de 2011

Ley Antiterrorista... De Alguna Manera...

El CELS cuestiona la Ley Antiterrorista…

A través de su presidente, Horacio Verbitsky, el organismo de derechos humanos comparó la norma con las leyes de Blumberg.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) insistió hoy en cuestionar el proyecto de ley para acciones terroristas, que recibió media sanción en Diputados, y advirtió que la iniciativa "crea un matete jurídico muy complicado".

"Si esto se aplica va a traer muchas complicaciones", vaticinó el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, ante la posibilidad de que el proyecto sea votado en el Senado y se convierta en ley.

El CELS cuestionó la reforma del inciso 5 del artículo 41 del Código Penal "que establece en forma inapropiada un incremento al doble" de las máximas y las mínimas de todos los delitos si se cometieran bajo la figura del terrorismo.

Verbitsky afirmó que "es la misma técnica que se usó en el 2004 por la presión de Juan Carlos Blumberg", padre del chico secuestrado y asesinado Axel Blumberg, y sostuvo que "es una pésima técnica legislativa que carece de racionalidad".

Según dijo, "es absurdo agravar" la pena de todos los delitos por la posibilidad de que estén vinculados al terrorismo porque crea un desequilibrio en el Código Penal, donde estos hechos "pueden terminar teniendo penas más altas que delitos más graves".

En ese sentido, calificó de "matete jurídico" el proyecto que permitirá además dictar prisiones preventivas eternas por delitos leves por estar relacionado con el terrorismo.

"La ley debe ser clara y precisa, pero en este caso se habla de 'delitos destinados a aterrorizar a la población', lo cual es de una amplitud aterrorizante. Y además nos preocupa el contexto de este proyecto porque es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de excluir a la Argentina" de ese organismo, dijo el titular del CELS.

Al menos, rescató Verbitsky, el proyecto de ley establece que estos hechos sean analizados por jueces federales y no por jueces provinciales.

Además, el CELS sostuvo que muestra "lo superfluo de la reforma" la aclaración por parte del Poder Ejecutivo en torno a que la figura de terrorismo no se aplicará en caso de ejercicio de "derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

© Publicado por el Diario Perfil el viernes 16 de Diciembre de 2011.