FarmacovTest. Primer Test serológico rápido argentino de COVID-19... @dealgunamanera...

 FARMACOVTEST 

De izq. a der.: Geneyro, Franchi y Salvarezza. Fotografía Gentileza: MINCyT.

Franchi visitó la cooperativa que producirá y comercializará el primer test serológico rápido argentino de COVID-19. Fue desarrollado por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, con colaboración del INTI, y ya cuenta con la autorización de la ANMAT. 

© Publicado el viernes 22/01/2021 y publicado por CONICET de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza recorrió, junto con la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, la cooperativa Farmacoop Limitada acompañado por su presidente, Bruno Di Mauro. El laboratorio tendrá a su cargo la producción y la comercialización del primer test serológico rápido argentino de COVID-19. 

El FarmacovTest, que ya fue autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) durante esta semana, fue desarrollado por científicos del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales Dr. Rodolfo Ertola (CINDEFI-CONICET) de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y será producido y comercializado por Farmacoop.

FarmaCovTest. Fotografía Gentileza: MINCyT 

Salvarezza destacó que “es una enorme alegría ver cómo la ciencia pasa de un prototipo de laboratorio a la producción. Este test serológico rápido de tira reactiva permite saber, en pocos minutos, si tenemos anticuerpos. Es el test de producción nacional que nos faltaba y es resultado del trabajo colaborativo entre la Universidad, el CONICET y el INTI y que, además, será producido por una empresa cooperativa de base tecnológica, recuperada por sus trabajadores”. 

Por su parte, Franchi explicó que el test, llevado adelante por investigadores del CONICET, “tiene la ventaja de poder ser realizado por fuera de un laboratorio o institución sanitaria lo que permite medir anticuerpos en personas que se encuentren en la vía pública, estaciones de transporte público, aeropuertos, entre otros, y además tiene un costo muy accesible porque el 96% de los insumos son de producción nacional”. 

En efecto, el nuevo test rápido permitirá realizar estudios poblacionales a gran escala, mapeo y segregación de áreas. Podrá utilizarse, por ejemplo, en plazas, colectivos y escuelas para separar rápidamente a los positivos, a quienes luego se les podrá realizar un hisopado para aislar a los que están cursando actualmente la enfermedad. 

En la etapa de desarrollo, el INTI aportó un insumo clave conocido como IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido), para inducir la producción de la proteína N del coronavirus. Esta proteína se coloca en las tiras reactivas del test y su importancia radica en que, al ponerse en contacto con la sangre de la persona testeada, permite detectar la presencia de anticuerpos que, en caso de tenerlos, indicaría que el virus ingresó a su organismo. Este aporte permite fortalecer el proceso de sustitución de importaciones ya que, en caso de este test, el 96% de los insumos son de producción nacional. 

A propósito, el presidente del INTI, Ruben Geneyro señaló que se trata de “otro ejemplo relevante de la importancia del sistema científico-tecnológico nacional y la complementación de capacidades para abordar soluciones frente al COVID. Esta dinámica también se refleja en numerosas acciones que venimos impulsando junto al sector productivo, poniendo a disposición todas nuestras capacidades tecnológicas para generar oportunidades, en particular para avanzar en un modelo de sustitución de importaciones, tal como lo demuestra hoy el trabajo de la cooperativa Farmacoop, que también cuenta con todo nuestro apoyo”. 

Trabajadoras de Farmacoop. Fotografía Gentileza: MINCyT

En este sentido, Sebastián Cavalitto, investigador del CONICET y director del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET, La Plata) dio detalles sobre los costos y funcionalidades del test que “actualmente existen, pero la mayoría son importados de Oriente. El nuevo producto tiene un costo accesible, que se calcula entre 5 y 7 dólares, y permite ir siguiendo la infección de una manera activa, en lugar de atacarlo de forma pasiva sólo centrado en pacientes con síntomas”. 

Durante la visita estuvieron presentes también el subsecretario de Coordinación Institucional del MINCyT, Pablo Nuñez; el gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET, Sergio Romano; la directora del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Laura Toledo; el director de Programas de Inclusión Económica del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Murúa; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (EXACTAS-UNLP), Mauricio Erben; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FI-UBA), Alejandro Martínez mientras que por Bamboo Biotech /CINDEFI también participó el investigador Gastón Ortíz.

Olvidar es Buen Negocio... Negacionistas... @dealgunamanera...

Fuerte repudio de académicos a las “declaraciones negacionistas” emitidas desde el Gobierno…

“Esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles”, advirtieron mediante una carta cientistas de distintas universidades.

© Publicado el  viernes 31/03/2017 por Política Argentina.

Días después de la masiva movilización del 24 de marzo y tras una nueva oleada de declaraciones de funcionarios cuestionando el número de desaparecidos y validando la teoría de los dos demonios, un nutrido grupo de académicos de distintas universidades difundió un escrito alertando que “esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles”.

Historiadores, antropólogos, politólogos, sociólogos y referentes de otras disciplinas tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General Sarmiento, Conicet, entre otros, firmaron y difundieron una carta para manifestar su preocupación ante “declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento”.

El “conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno”, expresaron. Y advirtieron que “el cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo”.

“Estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública”, señalaron los cientistas sociales.

Tras declaraciones como las del presidente del Banco Nación, Javier González Fraga ("Donde tengo el campo ofrecían 500 pesos y choripanes a los que fueran a la marcha del 24"), los firmantes denunciaron la “descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de Estado de 1976” y resaltaron la violación de Derechos Humanos en las actuales políticas de Cambiemos como el desmantelamiento de programas abocados a la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como la detención ilegal de Milagro Sala; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria vigente; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes vulnerando tratados internacionales de los que la Argentina forma parte, entre otras cosas.

El texto completo:

FRENTE A LA BANALIZACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

En la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos, de la acción de la justicia, de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales y de la investigación académica, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar, que procuró eliminar toda forma de la disidencia política con el orden social establecido.

Eliminar la disidencia política significó la voluntad de exterminar —a través del asesinato, la desaparición, la cárcel o el exilio—toda palabra, actitud o gesto críticos sobre las desigualdades sociales existentes y que propusiera su transformación a través de diferentes vías. Las políticas de exterminio abarcaron a un amplio conjunto de activistas y militantes, y no se ciñeron a los miembros de organizaciones armadas.

Esa política de exterminio se ejecutó por medio de un plan sistemático que involucró un modo represivo (el secuestro y tortura, los asesinatos clandestinos, la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas) de alcances inéditos por su profundidad en la fractura y reconfiguración de los más básicos vínculos sociales. Si bien existieron grados relativos de autonomía en los modos específicos en que cada fuerza en cada región llevó a cabo las acciones represivas, resulta indudable el carácter centralizado del extenso plan represivo que asoló a la Argentina en los años dictatoriales. La violencia extrema, la deshumanización de las víctimas, la generación de un clima de terror extendido, fueron todos aspectos de un mismo dispositivo represivo que se autojustificaba en la supuesta existencia de una “guerra sucia” o antisubversiva.

El carácter regional de las prácticas represivas implementadas a través del “Plan Cóndor” demuestra claramente que el objetivo era la supresión de una cultura política radicalizada y de un estado de movilización social que comprendía pero excedía ampliamente a los grupos guerrilleros, y que buscaba el disciplinamiento de los movimientos populares en la Argentina, pero también en el resto del Cono Sur.

Ese crimen no ha cesado, en la medida en que los represores guardaron silencio (incluso cuando las “leyes del perdón” los eximían de persecución legal), y siguen haciéndolo, sobre el destino de centenares de niños, ahora adultos, apropiados violentamente, ni tampoco han dado informaciones relativas al paradero de los miles de asesinados y desaparecidos. Tanto la negativa a brindar informaciones o documentación, como el silencio mantenido aún hoy día por los represores, prolongan la violencia ejercida hace cuatro décadas, ya que —como en toda política de exterminio—el borramiento de sus huellas forma parte de las políticas criminales.

Este conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno. A su vez, esto facilitó la emergencia de voces que a través de distintos medios defienden y reivindican el terrorismo de estado.

El cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo. Es decir, estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública.

A ello se suma una marcada banalización del discurso sobre la historia reciente, expresado en las respuestas del presidente Macri sobre la cantidad de desaparecidos, el recurrente llamado a mirar hacia el futuro dejando atrás un pasado al que consideran un lastre, o el desprecio por la cuestión, evidenciado en frases como “el curro de los derechos humanos”. En el marco de declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento, esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles (económicos, eclesiásticos, sindicales, intelectuales, etc.) en el proceso histórico abierto en 1976, y que aún no se han esclarecido en plenitud.

Expresiones como la del ministro de Cultura Pablo Avelluto, cuando sostiene que el actual gobierno se ocupa “de los derechos humanos de los vivos”, son terminantemente desmentidas por las propias acciones gubernamentales: la detención ilegal de Milagro Sala y otros activistas en Jujuy y el consecuente desconocimiento de las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron su liberación inmediata; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria vigente y viola el debido proceso, el cual ya ha sido objetado por la CIDH; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes, vulnerando tratados internacionales de los que la Argentina forma parte; la “cacería” represiva que tuviera lugar en la movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo; la búsqueda constante por criminalizar la protesta social y limitar los derechos de los trabajadores; la descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de Estado de 1976, la omisión de las obligaciones legales del gobierno —como en la negativa a convocar la paritaria nacional docente— son sólo algunos de los muchos casos que refutan aquellas expresiones.

Precisamente en este marco, desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha desplegado una serie de medidas que, miradas en conjunto, constituyen una política estratégica de desarticulación de las instancias que han posibilitado el conocimiento fundado y preciso de las prácticas represivas y de las luchas populares de la historia reciente de nuestro país. De tal modo, el desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban las responsabilidades corporativas en los crímenes dictatoriales y que aportaban pruebas a los juicios y/o asistían a las víctimas —como el Grupo Especial de Relevamiento Documental, los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas, el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, la asignación de personal militar para dirigir el Programa Nacional de Protección de Testigos— han ido a la par con la limitación de los programas destinados a la difusión y reflexión sobre el terrorismo de Estado en instituciones educativas y de la sociedad civil, como el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, la Red Nacional de Educación y Memoria y los diversos programas provinciales que conformaban parte de la misma.

Los profesores, investigadores y estudiantes de distintos campos de las ciencias sociales y las humanidades, reiteramos nuestro compromiso con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos nuestro repudio frente a las declaraciones negacionistas y relativizadoras emitidas por diversos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Estas expresiones acompañan el desmantelamiento de las políticas públicas que contribuyeron a la construcción de un conocimiento basado en pruebas irrefutables sobre el pasado reciente, a su difusión y a la consecución de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado.

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Primera planta del país de procesamiento y reciclado de pilas... @dealgunamanera...

La UNLP busca dar solución a un problema ambiental serio...

Primera planta del país de procesamiento y reciclado de pilas.

Al término de su vida útil, las pilas son consideradas residuos peligrosos. Al ser desechadas junto con la basura doméstica, ocasionan graves daños a la salud y al medio ambiente debido a los materiales químicos que contienen. La Universidad Nacional de La Plata cuenta con la primera, y única en el país, Planta Piloto de Tratamiento de Pilas.

A escasos kilómetros del centro de la ciudad, en la localidad de Gonnet, PLAPIMU-LASEISIC (Planta Piloto Multipropósito y Laboratorio de Servicios a la Industria y al Sistema Científico) es un centro de investigación y desarrollo de diferentes proyectos perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires.

"La planta fue concebida, diseñada e instalada con un método simple, económico y absolutamente sustentable", destaca el doctor en química, Horacio Thomas, a cargo de la Planta y director del laboratorio.

Y agrega: "la idea fue desarrollar un proceso que permitiera recuperara los metales presentes en las pilas agotadas logrando un doble propósito, por un lado evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas y por otro recuperar los metales para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de los mismos".

 "La disposición final de las pilas agotadas constituye en problema ambiental serio, tanto por su magnitud, como por la escasez de alternativas viables, desde el punto de vista ambiental, social o económico", remarca Thomas.

Ya en los basureros, y con el paso del tiempo, las pilas pierden las carcasas y sufren corrosión debido a la acción climática y los procesos de fermentación de la basura. En esta etapa, los compuestos tóxicos liberados se filtran contaminando el suelo y el agua. Además, a veces terminan siendo quemadas lo que ocasiona un aumento de la contaminación ya que genera sustancias muy peligrosas y cancerígenas como son las dioxinas y los furanos.

El Proceso de Reciclado

El primer paso es la clasificación por tamaño de las pilas alcalinas agotadas: chicas (AAA), medianas (AA), grande (C) y más grandes (D). La Planta no procesa pilas reciclables.

Mediante un método artesanal, se corta la carcasa de hierro que recubre a las pilas. Una vez abiertas se recuperan los diferentes componentes: cobertura de acero, algo de papel, el barro interno (debido a que tiene una gran cantidad de carbón), y los metales que se reutilizan como el zinc y el manganeso.

Una vez separados, se tratan en una solución de ácido sulfúrico generada por un proceso biotecnológico. Cabe aclarar que en la industria, el método de generación de ácido sulfúrico es contaminante pero nosotros "logramos obtenerlo utilizando unos biorreactores de producción biológica", destacó el doctor en química.

Thomas detalló: "para evitar contaminaciones se eligió un método biotecnológico para la obtención del ácido sulfúrico por oxidación de azufre elemental con bacterias. Consta de un biorreactor en donde crecen las bacterias mineras (Acidithitiobacillus Thiooxidans)que producen el medio ácido para extraer los metales de las pilas, proceso que se realiza en un segundo reactor tipo tanque agitado, llamado reactor de lixiviación. Luego el lixiviado obtenido se filtra y se pasa a un tercer reactor que es donde se realiza la separación y recuperación de los metales presentes mediante distintos métodos".

La producción microbiológicamente catalizada de ácido sulfúrico tiene ventajas sobre el empleo de ácido comercial porque es ambientalmente amigable, trabaja a temperatura ambiente y presión normal, utiliza cantidades mínimas de agua, produce ácido a la concentración adecuada para su uso, evitando el transporte de sustancias peligrosas.

Finalmente, el proceso logra separar por precipitación los distintos componentes que pueden reutilizarse obteniendo finalmenteóxido de manganeso y carbonato de zinc. El primero puede utilizarse para fabricar acero y el segundo es aplicado un la industria alimenticia, farmacéutica, naval y hasta en la construcción.

Los metales recuperados pueden ser reinsertados en la industria para su uso. De esta manera se transforma un residuo tóxico en algo aprovechable de diversas maneras.

PLA.PI.MU

Ubicada en Camino Centenario y 506, la Planta Piloto Multipropósito tiene una capacidad para reciclar 80 kilos de pilas por mes. Eso es equivalente al consumo de pilas de una población de unos 8.000 habitantes.

Cabe destacar que PLA. PI. MU no es un centro de acopio de pilas, es un laboratorio de investigación y desarrollo que tiene por finalidad el cuidado del medio ambiente.

© Escrito y publicado el lunes 08/06/2015 por el Área de Investigación por la Universidad Nacional de La Plata.