YPF como es "De Vido"...

YPF desde los ’90 como es "De Vido"...

La esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue síndica de YPF cuando se vendió a Repsol y también durante la estafa a 30 mil ex ypefianos. Los directores de YPF desde 2003.

Los vínculos entre el kirchnerismo y la YPF privatizada empiezan antes del 2003. Durante los 90s, los actuales interventores Julio De Vido y Daniel Cameron, el ministro de Planificación que no planificó y el secretario de Energía que nos llevó a la crisis energética respectivamente, fueron “miembros activos” -expresión literal del currículum de De Vido- de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Cuando se privatizó YPF en 1992, Néstor Kirchner era el presidente de la OFEPHI, a la vez que secretario de Acción Política del Consejo Nacional del PJ.

Alessandra, tu síndica

Como parte de los acuerdos con el gobierno nacional de Carlos Menem, la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue síndica suplente entre el 30 de abril de 1996 y el 14 de octubre de 1999. Integró el directorio de YPF durante la venta a Repsol. También durante la estafa a los ex trabajadores ypefianos. Como síndica representaba las acciones del Estado nacional, los provinciales y el 10% que se le había otorgado a los trabajadores por el Programa de Propiedad Participada (PPP) a principios de los noventa. Pero esas acciones nunca fueron repartidas como se había prometido. En la época en que la esposa de De Vido era síndica, el Estado nacional se las apropió para inmediatamente venderlas en la Bolsa de Nueva York, lo que significó la primera compra de acciones de Repsol en YPF. 4.677 trabajadores fueron obligados a desprenderse de sus acciones y cobraron un valor menor al real, mientras que 30 mil ex ypefianos (despedidos durante los 90s, posteriormente al PPP) no vieron un peso. La operación se hizo mediante el decreto 628/97 de Menem, con el aval previo de una reunión del Directorio de YPF que realizó un prospecto en donde se señalaba, falsamente, que se habían recabado las autorizaciones de los trabajadores accionistas. Por tal motivo, Alessandra Minnicelli fue procesada junto con otros funcionarios (el resto del directorio, Cavallo, Menem y otros) en la Causa Penal 8568/99, acusada de ser corresponsable por “acción u omisión” de hechos fraudulentos. A Miniccelli la defendió el estudio de Esteban Righi. Sobreseída por el juez Bonadio en 2006, en 2007 la causa -y la imputación- fue reabierta, y finalmente en 2011 la Sala I confirmó el sobreseimiento, en un fallo dividido ya que un juez (Horacio Cattani) votó por seguir la investigación. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun utilizaron un curioso argumento: “una mala administración no se traduce en la comisión de un delito” aunque quede claro “la toma de decisiones que, vistas a la distancia, indudablemente no fueron las más convenientes para el universo total de los trabajadores de la empresa”.

Por lo tanto, aunque las acusaciones no se hayan correspondido con tipificaciones penales, Farah indicó que “la eventual exclusión de la responsabilidad penal no coarta la posibilidad de la existencia de una responsabilidad política, civil o de otra naturaleza”.

Previamente al sobreseimiento, en 2001 la Corte Suprema dictaminó en el “Caso Antonucci” que el 10% de las acciones debería haber pasado a todos los trabajadores. En respuesta a ello, en 2002 el Congreso votó una ley de indemnizaciones, cuya resolución y reglamentación ocurrió durante los años 2003 y 2004, ya en plena gestión de Néstor Kirchner. Los ex ypefianos criticaron los bajos montos allí fijados, a pagarse en bonos (negocio para financieras y especuladores), y que además el cobro implicase la renuncia a toda acción judicial, según determinó el decreto 821/04 firmado por Kirchner, estableciendo incluso que el decreto pase por encima de las normas fijadas en la Ley de Contrato de Trabajo. La crítica de los ex ypefianos prosiguió, no sólo por una cuestión indemnizatoria, sino considerando todo el proceso de la venta de acciones como ilegal y nulo -planteo que Kirchner eligió desoír. Dichas acciones volvieron a ser noticia estos días por un fallo de la jueza Edith Cristiano del 23 de abril, bloqueando una venta de acciones realizada por Repsol en 2011, dado el reclamo de 25 mil trabajadores enrolados en la Federación de Ex Trabajadores de YPF. En la compra de acciones actual ningún funcionario hizo referencia a esta situación ni ningún porcentaje se destina a los trabajadores.

Alessandra, de regreso

Tal vez por el éxito de su desempeño como síndica en YPF, además de haber sido funcionaria provincial (síndica también en una empresa estatal), Néstor Kirchner la nombró en 2003 -y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2007- Síndica General Adjunta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Organismo de control que debería supervisar a su marido.

En la noche del 16 abril de 2012, día de la intervención a YPF, la agencia EFE registró la salida del ministro de Planificación en el intervenido edificio de Puerto Madero, aunque no estaba solo. Alessandra volvió a YPF.

Dos semanas antes, la pareja había recibido otro sobreseimiento, esta vez en una causa por enriquecimiento ilícito. La Sala IV de Casación rechazó una apelación de otro organismo de control, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por considerar que no entraba en su competencia, sin entrar a responder la critica de no haberse completado las medidas de prueba, en el previo sobreseimiento dictado por el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid. Aquel dejó el cargo tras ser imputado por recibir sobornos para beneficiar a Pedraza, en el caso del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

Los Directores del Estado en YPF entre 2003-2012

Durante la venta de casi todas las acciones a Repsol en 1999, se modificó el estatuto para que el Estado, mientras contase con al menos un acción -siguió con mil-, tuviese un Director en YPF, quien ademas tendría derechos especiales y poder de veto por ser la suya una “acción de oro” (Kirchner sin embargo declaraba públicamente, todavía en 2007, que la acción de oro se había perdido). El Estado podía nombrar un Director titular y otro suplente, pero nunca se ocupó ese segundo cargo. También designa, mediante la SIGEN, a un síndico titular y otro suplente.

A la llegada de Kirchner al gobierno, el director estatal en YPF era Carlos Tempone, amigo muy cercano de Eduardo Duhalde. El 11 de mayo de 2004 Kirchner designa por el decreto 595/04 a Ernesto Dardis en su reemplazo. Dardis venía de ser un funcionario de primer orden en Santa Cruz: desde 1991 Director Provincial de Energía hasta el 2003, cuando escaló a Secretario de Producción del Ministerio de Economía. Ya con el cargo en YPF, trabajó también como asesor ad-honorem del ministro de Economía y Obras Públicas santacruceño.

Néstor Kirchner designaba a un hombre de su riñón, que le respondía completamente. Dardis declaraba por esa época que “el accionista es el Estado Nacional, yo sólo soy el director designado por el accionista”.

Posteriormente, Héctor Masnatta, un viejo cuadro peronista, ex juez de la Corte, funcionario de Menem, constituyente en 1994 y consultor para la re-reelección de Menem, luego de trabajar de asesor para Néstor Kirchner es nombrado por decreto el 28 de junio de 2006 como Director de YPF.

En marzo de 2007 Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, fue nombrado Director de YPF en representación del Estado. En febrero de 2008 pasó a ocupar el cargo el contador Santiago Carnero, ascendido en 2011 a superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. En su reemplazo, en abril de 2011 Baratta volvió al directorio.

La burguesía nacional en el Directorio de YPF

En el directorio de YPF, además de los representantes del Estado y de aquellos vinculados directamente a Repsol, los españoles nombraban todos los años “directores independientes” y funcionaba también, de acuerdo a la Ley de Sociedades, un Comité Auditor. En ambos espacios pasaron durante estos años grandes empresarios locales, que nunca cuestionaron la política de Repsol. Algunos de ellos son: Miguel Madanes, de Fate y Aluar, quien también fuera vicepresidente y presidente de YPF entre 1995 y 1999. Luis Pagani de Arcor. Mario Vazquez, director en varias sociedades como Telefónica, Santander, Mercado Libre, asesor en la “reestructuración” de YPF a principios de los 90. El presidente y el vicepresidente del Banco Hipotecario (banco que recibe prestamos a una tasa ínfima por parte de la ANSES), Eduardo Elsztain (grupo IRSA) y Mario Blejer respectivamente. Jorge Brito del Banco Macro y presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA). Carlos De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Alejandro McFarlane de Edenor y Edelap, yerno de Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE menemista.

Siempre, siempre

Pese a la interpretación de los sueños a posteriori propuesta por la Doctora Fernández, Néstor se oponía a la renacionalización. El accionar de sus representantes en el Directorio de YPF durante 9 años siguió ese camino. Nunca criticaron la gestión, por el contrario la alababan. Así fue hasta fines de 2011, recién este año el director Baratta se opuso al giro de utilidades. La contradicción del Relato no es sólo respecto a un pasado escondido sino en el mismo presente, con el viceministro Kicillof afirmando que han sido “amigos de Repsol” cuando “iban en la dirección adecuada”, mientras que la Ley votada indica que el vaciamiento fue “progresivo” desde 1999.

Estos y otros hechos alertan sobre el futuro de YPF, la capacidad del gobierno para solucionar la crisis energética y los negocios y nuevos precios que habrá con la asociación de YPF a petroleras como la Exxon, Chrevon y Conoco Philips.

© Escrito por Lucas Tabaschek y publicado por plazademayo.com el viernes 4 de Mayo de 2012.

La Educación según Macri... De Alguna Manera...

Qué hay detrás del cierre de cursos en capital...

 

Contradicciones y engaños en los argumentos oficiales. La matrícula escolar privada aumentó su participación en un 10% a costa de la pública. Qué pasa en el país.

Un día después de cerrada la paritaria docente porteña -cubriendo, con suerte, la inflación-, la docencia se desayunó con el cierre de cursos impulsado por el gobierno macrista. Desempolvando una resolución de 1997, procedió al cierre de 222 cursos y grados de primaria y secundaria, aplicando un criterio relativo a la cantidad de alumnos por curso, cerrando todo aquel con menos de 15 estudiantes en primaria y de 20 en secundaria.

El criterio meramente numérico fue luego justificado con uno esgrimido como pedagógico, aunque en ningún momento fundamentado en estudios o experiencias. Para el ministro de Educación Bullrich “pedagógicamente el ideal es entre 25 y 30” alumnos por clase. Según la viceministra Ravaglia, “veintiocho es un muy buen número para trabajar” en un aula.

Con ese “ideal” no hacen otra cosa que prometer muchos más cierres a futuro.

Además los docentes denunciaron que en varios casos las “fusiones” implicaban cursos de más de 30 y de 40 alumnos. Tampoco tenían en cuenta cursos de modalidad integradora con chicos con capacidades diferentes, ni el hecho de que hay escuelas en que es la infraestructura la que no permite más alumnos, sin quedar todos apilados.

El gobierno editó unos cuadros para responder a las criticas. Allí, utilizando como cita de autoridad -aunque como veremos luego, de manera falsa- a las evaluaciones internacionales PISA, arguyen que “aulas con menos de 15 alumnos no son pedagógicamente recomendables porque el conocimiento se genera de forma grupal”. Sí el criterio fuera pedagógico ¿Por qué directamente excluyen de las “fusiones” a las escuelas situadas en los Distritos Escolares 5, 19, 20 y 21, “por su delicada situación de vulnerabilidad social”? ¿No querrán que los sectores vulnerables generen conocimiento? En realidad, aquellos distritos están saturados de demanda. Además, claramente no es lo mismo un curso con 15 alumnos o poco más, que uno de 28, como proponen las autoridades.

Los documentos PISA dicen otra cosa. Al analizar diversas variables, no consideran en principio una relación directa entre el tamaño de las cursos y el rendimiento, pero hacen eso al señalar que lo más importante es destinar salarios elevados a los docentes. Al mismo tiempo, señalan que el tamaño de la clase afecta la dedicación de los docentes a cada alumno y la dinámica social entre aquellos. Al observar los países con las mejores evaluaciones, dominan aquellos con promedios menores a 20 alumnos por clase.

El modelo finlandés del PRO y la realidad porteña

Mauricio Macri es el “Presidente Honorario” de la Fundación Pensar, “think tank” de su gobierno. Su director académico, Iván Petrella, recientemente declaró que “los mejores docentes del mundo” son los de Finlandia, valorando la formación de los mismos y reivindicando a su ministro de educación como una “estrella” (Perfil 6/4). Sin embargo en estas tierras hacen un Presupuesto 2012 con un incremento de 15% (por debajo de la inflación) al ya de por sí magro Programa de Extensión y Capacitación Docente del CEPA, a la vez que suben en 32% los subsidios para educación privada. En Finlandia la educación privada es casi nula, un 1%, en todos los niveles educativos. El tamaño promedio de las clases es de 20 alumnos, contra 28 en Argentina. 

En las clases de ciencia, donde tienen sus mejores resultados en PISA, el límite es 16 -además de contar con la infraestructura adecuada. La jornada escolar llega hasta 31 horas por semana, contra 20hs aquí; en todo el país se incumple la Ley de Educación votada en 2006, que establecía un 30% de jornada completa en primaria para 2010: estamos en 6%). El Estado provee útiles, libros, almuerzo (acá Macri recorta las viandas, incluso a los chicos ‘en situación de calle’ –ver fallo de la jueza Lidia Lago y transporte si los alumnos viven lejos (acá Macri quita micros a los chicos de la Villa 31). Mientras aquí se pretende avanzar con la “evaluación docente” (el año pasado Bulrrich y Ravaglia festejaron un discurso de Cristina Kirchner en tal sentido), en Finlandia eliminaron las evaluaciones en 1990, “no tenemos inspecciones ni supervisores. 

Confiamos en nuestros docentes” sostuvo la directora educativa Irmeli Halinen. En respuesta al planteo presidencial, Néstor Di Milia (Ademys) planteaba “nosotros nos autoevaluamos continuamente, pero no nos parece que una evaluación tenga que estar vinculada al salario” y Baradel (Suteba) “no se puede hablar de calidad educativa si un docente tiene dos o tres cargos o excesivas horas de clase que cubrir para poder llegar a fin de mes”.

En relación a los salarios, un documento de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación porteño, señala que el salario real docente se encuentra en los mismos niveles que tenía en 1992 o en 2001. (Ver documento).  Es inevitable preguntarse, entonces, a dónde fue a parar el crecimiento económico.

Avanza la educación… privada

Al comparar los relevamientos anuales del gobierno porteño entre 2007 y 2010 (último disponible), se ve claramente el descenso en la matrícula pública y el crecimiento de la privada.

Se trata de un proceso acentuado durante el gobierno de Mauricio Macri pero que viene de los gobiernos anteriores (Ibarra, Telerman).

Un reciente documento del gobierno porteño analiza la población porteña asistente a establecimientos publicos y privados, informando que en 2003 el 62% asistía al sector público y el 38% al privado, creciendo este hasta el 40,1% en 2007 y al 44,2% en 2010. Desde la asunción de Macri el sector privado creció más del 10% a costa del publico. Los cambios en la matricula se dan a la par del aumento en los subsidios al sector privado, mientras se reducen y subejectuan partidas para el sector público, como el caso de la infraestructura escolar.

Qué pasa en el país. Macristas, kirchneristas y ‘amplio progresistas’ en la misma sintonía.

Subsidios: El sostenimiento del sector privado con millonarios fondos del Estado no es una política exclusiva de la ciudad de Buenos Aires. En todo el país, los subsidios crecieron de $1500 millones en 2003 a casi $9000 millones en 2010. Antes que la ciudad, transfieren más partidas la provincia de Buenos Aires, con $3131 millones en 2010, Santa Fe con $1122 millones y Córdoba con $1105 millones. Luego sigue la ciudad con $940 millones. En el presupuesto porteño 2012, las partidas alcanzan la cifra de $1.332.869.952. En Santa Fe, gobernada por los ‘amplio progresistas’ del PS en alianza con la UCR, para 2012 presupuestaron $1684 millones. Allí el 30% de la matrícula está en las privadas. El porcentaje del gasto educativo destinado al sector privado se mantuvo allí en un 20%, pese al cambio de gobierno entre PJ y PS-UCR en 2007. En ese sentido, el gobierno macrista se destaca por haber incrementado los subsidios a las privadas en un 15,4%, pasando de un promedio del 16% del gasto educativo al 18,5%, en desmedro de lo destinado al sector público.

Aumento matricula privada: En 2003, a nivel nacional el 25% de los estudiantes en educación común asistían a establecimientos privados. En 2010 treparon al 28,3%, lo que significa un aumento del 13% para el sector privado (en los sectores inicial y primario es bastante más alto, lo que marca una perspectiva creciente). En el conurbano bonaerense se pasó de 32,9% a 39,2%, un aumento del 19%. El ‘ranking’ del avance privado lo encabezan Catamarca con casi 40% de aumento, Neuquén en 32% y La Pampa en 31%.

El crecimiento del negocio privado de la educación a costo de lo público a partir de 2003, no sigue una tendencia alcista general de décadas en la Argentina, algo que “el relato” calificaría como una “deuda” o “lo que falta” por cambiar. Entre 1994 y 2003 la matrícula privada rondó entre el 24% y el 25% (sí coinciden ambas décadas en el avance al financiamiento privado). Es entonces un fenómeno nuevo de la era K y una manifestación más del contenido real del “modelo”.

Retroceso que es un avance

La fuerte respuesta de la docencia porteña, con el apoyo de los alumnos, padres y diversas organizaciones, logró una primera victoria al reducir el gobierno los cierres, pasando de 222 a 96 cursos y grados.

El gobierno insiste que no so se “cierran” los cursos, en el sentido de que no se echa a los estudiantes. A su vez, declaran que el lugar físico desocupado sería utilizado para salas de nivel inicial (lo cual no deja de ser complicado en términos de acondicionamiento del aula y de ubicación de distintos niveles educativos en un mismo lugar). Aquello alerta a los docentes, dado que de esa forma ese espacio se pierde para las primarias y secundarias, lo que consolida a futuro la baja en la matrícula al achicar el espacio para la demanda educativa en tales niveles.

La apertura de “nuevas secciones” anunciada por el gobierno, corresponde en su mayoría al nivel inicial, en tanto que es en los niveles primario y medio donde se producen los cierres. Una resolución del Tribunal Superior de Justicia porteño dictada en 2011, con la cual el macrismo se comprometió, indicaba la apertura de 6091 vacantes para el nivel inicial antes del 2012. Los anuncios de apertura apenas cubre un cubre un cuarto de esa demanda. El resto es obligado a irse al sector privado.

La falta de vacantes, en zonas rodeadas de escuelas privadas, se suma a otros aspectos que hacen a la elección de aquellas, todas vinculadas a decisiones políticas. Por un lado el gobierno sostiene escuelas que cobran miles de pesos, por otro, no se trata simplemente de que “los que tienen plata que paguen su educación” ya que de esa forma se legitima una educación de primera para ricos y una educación de segunda para pobres. Otro aspecto es el ataque a la educación laica con el sostenimiento a las instituciones de educación religiosa, que reciben 100% de subsidios (en la provincia de Salta, la religión está directamente incluida en la educación pública). 

Las escuelas privadas tienen mejor infraestructura y realizan actividades extracurriculares, los subsidios estatales ayudan por tanto a que las cuotas sirvan para mejorar esos otros aspectos. Mientras sucede esto, las partidas para infraestructura escolar publica se sub-ejecutan año a año. También, en diciembre pasado, la legislatura votó el cierre del polideportivo “Martina Céspedes” en el barrio de San Telmo, bajo una autopista, utilizado por más de 2 mil alumnos de escuelas públicas de la zona. La iniciativa del PRO, para construir allí un “polo gastronómico” privado, fue aprobada con los votos del kirchnerismo (incluyendo al diputado Tito Nenna ligado a la dirección del sindicato docente UTE, según señalaron desde Tribuna Docente) y de Proyecto Sur. Posteriormente adujeron no haber leído lo que votaban. Hoy el barrio se encuentra movilizado contra el cierre.

© Escrito por Lucas Tabaschek y publicado por plazademayo.com el lunes 16 de Abril de 2012.