"Los derechos humanos no se agotan en la dictadura
militar"...
Minería y contaminación. "Si esto no se resuelve,
tendremos que ir a la Corte Interamericana a denunciar lo que pasa." Foto:
Cedoc
Premio Nobel de la Paz, advierte que la minería a cielo
abierto y las tareas de inteligencia ilegal de la Gendarmería también son
graves violaciones a los derechos humanos, y sostiene que la dura represión a
los ambientalistas y la Ley Antiterrorista son una grave amenaza para la
democracia.
Durante esta semana movilizada por hechos que no sólo se
convierten en un duelo nacional, sino también en conceptos de fuerza moral
conversamos largamente con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Como titular del Servicio de Paz y Justicia cuestionó,
por ejemplo, la sanción de la Ley Antiterrorista promovida a instancias del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtiendo, al mismo tiempo,
sobre la represión policial desatada en localidades de Catamarca que protestan
contra la minería.
—Mire, explica Pérez Esquivel, nosotros nos
oponemos a la Ley Antiterrorista por varias razones, pero básicamente porque es
el control social y tiene que ver con el GAFI justamente para asegurar las
inversiones en el país. Pero esto es a costa del derecho del pueblo.
—Cuando usted dice “nosotros”…
—Me estoy refiriendo no solamente al Servicio de Paz y
Justicia (Serpaj), sino también a muchas otras organizaciones no sólo de
derechos humanos ( le diré también que algunas ni siquiera tocaron el tema).
Sin embargo, estos hechos hacen peligrar movimientos sociales, ya que esta ley
puede ser aplicada como ocurre en Chile con los mapuches y el derecho a la
tierra y también en Paraguay. Esto daña profundamente lo que debe ser la
construcción democrática. Incluso me recuerda a las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final porque se aprueba a ojos cerrados, sin ningún tipo de debate en
la sociedad.
—En ese caso, fue una falta de respeto hacia el
informe “Nunca más”.
—Claro. Es una falta de respeto al pueblo, y no deja de
asombrarnos la celeridad con que se aprobaron todas estas leyes en los últimos
días del año con un apuro terrible cuando, por ejemplo, desde la reforma
constitucional del año 1994 hasta el día de hoy no se ha votado el tema de las
consultas populares en los plebiscitos. Fíjese que es un derecho constitucional
que no podemos ejercer porque si llamamos a un plebiscito, no es vinculante.
Pero, sobre todo, nos llama la atención y nos preocupa el polémico Proyecto X
que ha puesto en marcha la Gendarmería Nacional con prácticas de espionaje a
dirigentes políticos y sociales. Sobre esto, creo también que hay algunas cosas
que debemos analizar. Porque una cosa es la fuerza de seguridad que, como en el
caso de las Fuerzas Armadas, debe tener información. Sería ingenuo pensar que
no tiene cómo manejar la fuerza de seguridad en un país desprovisto de toda
información. Esto es una cosa y otra, el espionaje.
"El espionaje se infiltra en los movimientos sociales y cumple un
trabajo operativo. Y esto ya constituye otro problema que está prohibido
por la ley. Sería necesaria la autorización de los jueces para realizar
las acciones que significan un verdadero espionaje. Entonces, no
confundamos lo que debe ser información con espionaje". Foto:
Cedoc
—¿Cómo lo definiría?
—El espionaje se infiltra en los movimientos sociales y
cumple un trabajo operativo. Y esto ya constituye otro problema que está
prohibido por la ley. Sería necesaria la autorización de los jueces para
realizar las acciones que significan un verdadero espionaje. Entonces, no
confundamos lo que debe ser información con espionaje. Creo que esto debe estar
claramente diferenciado. Por otra parte, refiriéndome a la ministra de
Seguridad, Nilda Garré, le repito que es una persona que me merece confianza
por todo el trabajo que viene realizando dentro de las fuerzas de seguridad, en
cuanto a cambios que no son fáciles. Junto con Hugo Cañón, yo soy presidente de
la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Nosotros
trabajamos específicamente sobre cárceles y comisarías y también nos
encontramos con hechos de tortura. Con picana eléctrica, por ejemplo….Lo hemos
denunciado, por supuesto, y ha intervenido la Provincia, puesto que ésas no son
políticas de gobierno. Son prácticas.
—¿Podríamos llamarlas “rémoras”?
—Claro. Y quedan insertas en la vida institucional de las
distintas fuerzas y… ahí quedan. Entonces, la pregunta es: ¿cómo destrabar
esto?. Ciertamente no es fácil porque requiere educación, comportamiento. Por
eso la Comisión Provincial de la Memoria (y me parece bien que le gobiernador
Scioli lo haya tomado) ha presentado un proyecto acerca de la formación de la
Policía Judicial. O sea que la Policía Judicial con otra formación y
dependiendo de la Corte Suprema de Justicia pueda actuar en todo lo que son
sumarios; evitar que se “armen” las causas; ejercer un control sobre cómo se
hacen los sumarios, cómo se confeccionan. Y le explico por qué: sobre esto,
luego, se basarán los jueces y, entonces, lo que debemos intentar es ayudar al
fortalecimiento de las instituciones. Es la única forma de fortalecer la
democracia.
—¿Usted cree, Pérez Esquivel, que la Justicia tiene
conciencia del peso social que significan las enormes demoras que observamos en
las causas?
—Sí, claro. Venimos trabajando en esto. No puede ser que
haya gente que, durante tres o cuatro años, tenga prisión preventiva. Más del
60% de los internos en las cárceles tienen prisión preventiva. Entonces, los
equipos del Comité contra la Tortura tratan de analizar y evitar estas demoras.
Pero también debo decirle que no podemos considerar las cosas en forma aislada:
el Poder Judicial en sí (más que la Justicia como tal) tambien necesita una
reforma en lo interno y una agilización de las causas porque esto no es
posible. Fíjese que de este modo se está violando el Pacto de San José de Costa
Rica, que determina que sólo por dos años se puede mantener a un detenido sin
proceso. Pasando este lapso, debe ser puesto en libertad. Bueno, esto aquí no
ocurre Hay gente que hace cuatro o cinco años que se encuentra en esta
situación. Hasta hemos encontrado a algunos con siete años de prisión con
preventivas. Y si esa persona es inocente, ¿qué pasa?.
"Más del 60% de los internos en las cárceles tienen prisión preventiva.
Entonces, los equipos del Comité contra la Tortura tratan de analizar y
evitar estas demoras. Pero también debo decirle que no podemos
considerar las cosas en forma aislada: el Poder Judicial en sí (más que
la Justicia como tal) tambien necesita una reforma en lo interno y una
agilización de las causas porque esto no es posible". Foto:
Cedoc
—Del mismo modo otros, que han sido declarado
culpables, salen en libertad y reinciden.
—Bueno, creo que la única forma de poder construir una
democracia (algo que va más allá de depositar un voto en una urna) es el
fortalecimiento institucional y el correcto funcionamiento de las instituciones
del Estado. Si no lo hacemos así, no cambiaremos todo esto.
—Es cierto. Pero fíjese también que lo peligroso del
Proyecto X es que el propio jefe de Gendarmería lo describe con una gran
naturalidad.
—Sí. Es también lo que ocurrió en la Base Almirante Zar, en
Trelew, y le costó un juicio al almirante Godoy como jefe de la Armada.
—¿A raíz de la denuncia de un suboficial?
—Sí. Mencionó operativos de inteligencia dentro de la
fuerza, lo cual fue un importante escándalo. Tambien hay que preguntarse: ¿por
qué surgen estas cosas?. ¿Cómo no se ha logrado desterrarlas? Hay normas sobre
las que deben manejarse las distintas fuerzas armadas.
—Por eso también hay que reiterarse una pregunta:
¿cuál es la formación que reciben esos cuadros?. Volvamos a Gendarmería, por
ejemplo: ¿qué leen?, ¿qué profesores tienen?. ¿Hay algún control sobre esto?
—Se está intentando, pero no es algo fácil. Hay cosas que
hay que desterrar. Lo mismo ocurre en los institutos penitenciarios con
respecto a las prácticas que conservan… Creo que esto va a llevar tiempo porque
requiere un cambio de mentalidad, de pensamiento y de práctica en las funciones
que le corresponden a cada fuerza.
—En unas declaraciones recientes, usted manifestó:
“Hoy se violan los derechos humanos”. ¿Se refería, por ejemplo, al intento de
desplazar a una madre de Plaza de Mayo (Sara Cobacho) de la dirección de la
Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires?
—La conozco muy bien. Es una luchadora. Nosotros no estamos
en contacto con ella, pero es una militante que viene trabajando muchísimo por
los derechos humanos. Habría que ver. Desconozco el funcionamiento de la
Comisión provincial, pero con respecto a aquello de “violar los derechos
humanos”, creo que hay que clarificarlo. A veces, se piensa que los derechos
humanos pertenecen únicamente a la época de la dictadura militar. Nosotros
apoyamos el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Estamos acompañando los juicios para que esto no vuelva a ocurrir nunca más y
además es el derecho de un pueblo a la verdad y a la justicia. Pero los
derechos humanos no se agotan ahí. Hay que considerarlos en su integridad como
derechos de los pueblos. Por ejemplo, el tema minería. Fíjese en los daños que
se está provocando al medio ambiente. Esto no es sólo para las generaciones
presentes, sino tambien para las futuras. Le aclaro que no estamos contra la
minería.
"Creo que la única forma de poder construir una democracia (algo que va
más allá de depositar un voto en una urna) es el fortalecimiento
institucional y el correcto funcionamiento de las instituciones del
Estado. Si no lo hacemos así, no cambiaremos todo esto".
—¿Cuando habla en plural se refiere al Servicio de
Paz y Justicia?
—Y a muchas otras organizaciones. No estamos en contra de la
industria minera. En la actualidad, sería absurdo pensar que no deben
explotarse los recursos mineros. Son necesarios para la vida de los pueblos.
Pero sí estamos contra la devastación. Contra la irracionalidad y el uso
indiscriminado del agua en zonas en las que está faltando el agua. Y también
combatimos la contaminación porque para sacar el oro y la plata se utilizan
cianuro y mercurio que van a las napas de agua.
—Las compañías mineras lo niegan…
—Hay que ver los productos. Hay estudios sobre este tema.
Vamos a ver si podemos convocar a científicos y a geólogos para efectuar un
estudio más profundo. Hace dos años, envié una carta a todas las universidades
nacionales porque Bajo de la Alumbrera (que es una de las grandes mineras)
incluso está en juicio ( llevado adelante por el fiscal Gómez), que muestra
indicios de contaminación por el uso de cianuro y mercurio, pese a que ellos lo
niegan.
—¿Usted le envió una carta a la gobernadora Lucía
Corpacci, no?
—Sí, acerca de la situación en Andalgalá. Pero esto también
ocurre en otras provincias. Prácticamente en toda la zona cordillerana. Y,
fíjese, hay cosas en las que hay que poner el acento: cuando yo subrayo cómo se
privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos a raíz de los
altos índices de contaminación y la destrucción ambiental, no puedo dejar de
recordar el ejemplo de un productor viñatero cuyos productos no tienen ya
precio en el mercado. ¿Por qué? Pues, por la contaminación Es gente que
entonces se funde y deja de hacer lo que hizo durante toda su vida Los
viñateros de San Juan, de Catamarca, productores rurales… bueno, toda esa gente
se ha visto damnificada Es lo mismo que ocurre con los monocultivos y el
glisfosato. Sobre el punto hay estudios que demuestran el daño que esto causa a
la población. Entonces, hay que preguntarse: ¿cuáles son las perspectivas para
las generaciones presentes y futuras?. Yo he estado en comisiones de las
Naciones Unidas sobre desertificación.
—¿Se refiere a la lucha contra el desierto?
—Claro. Las zonas afectadas se van ampliando por la
destrucción del medio ambiente. Las tierras terminan siendo áridas. Tierras
donde no llueve y hay hambruna. Lo estamos viendo en Africa, en Asia y,
lamentablemente, en América latina, en nuestro país.
"No estamos en contra de la industria minera. En la actualidad, sería
absurdo pensar que no deben explotarse los recursos mineros. Son
necesarios para la vida de los pueblos. Pero sí estamos contra la
devastación".
—Ustedes enviaron una delegación a la zona minera,
¿no es cierto?
—Sí, fue hasta allí una camioneta nuestra con ocho delegados
y abogados que los acompañaban. Fueron maltratados, me declararon persona non
grata. Y, pese a que me encontraba en Cuba, inventaron que estaba organizando
todo eso desde el exterior. Una mentira absoluta. Nosotros no tenemos recursos
y todo lo hacemos a fuerza de voluntad y esfuerzo propios pero… bueno, son las
situaciones que debemos asumir. No me estoy quejando porque cuando se asume una
responsabilidad sabemos las consecuencias que esto puede acarrear.
Lamentablemente, si esto no se resuelve, tendremos que llevarlo a la Corte
Interamericana y denunciar allí lo que está ocurriendo. Si vemos que se está
reprimiendo a los pobladores que están reclamando sus derechos; si éste es un
país en el que se dice que se gobierna para 40 millones de habitantes, pero hay
grupos que son totalmente excluidos y, encima, reprimidos, pensamos que esto es
peligroso para la democracia. Otro tema muy importante en este sentido es el de
los pueblos indígenas. Por ejemplo, los Qom. El 7 de marzo vamos a tener una
audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, donde se hablará de los
territorios de los pueblos originarios, como en el caso de Formosa.
Lamentablemente, en el país, muchas provincias se han transformado en feudos
medievales, donde algunos hacen lo que quieren y no lo que deben. Es desastroso
y estamos viendo cada día que esto les representa ganancias. Volviendo a la
minería, se están llevando el 97% de los recursos nacionales. Y hay algo de lo
que se habla muy poco pero que, cada día, cobra mayor vigencia. Me refiero a las
“tierras raras”.
—¿Qué son “las tierras raras”?
—Son minerales estratégicos que se usan para la alta
tecnología. Para las computadoras o los viajes espaciales. Y el país que está a
la cabeza de la investigación de los recursos que atesoran “las tierras raras”
es China. Le sigue Estados Unidos, pero a bastante distancia y luego vienen
otros países que están despertando a esta nueva realidad. Y uno se pregunta por
qué no nos hacen caso cuando pedimos que se reforme la Ley de Minería. Pero
seguimos insistiendo porque se llevan el famoso 97% de nuestros recursos con
una simple declaración jurada.
—¿Ese es el único trámite?
—Efectivamente. Y uno se pregunta: ¿qué está pasando con
esto?. Por barco, se llevan el barro en el que van las tierras “raras” y esto
no genera costos ¿Qué está pasando entonces en el país? Creo que una de las
cosas que tenemos que discutir a fondo es el tema del territorio nacional. Yo
me alegro cuando dicen: “las Malvinas son argentinas” y se intenta recuperar un
territorio colonial pero, repito, ¿qué pasa con el territorio nacional y sus
recursos?. Porque, si hablamos de soberanía (y no vamos a hacerlo de manera
trasnochada nacionalista) tenemos que preocuparnos por un pueblo que no
controla sus recursos, sus bienes naturales y las industrias que produce; un
país que no puede decidir es un país sin soberanía. Por ejemplo, la
privatización de YPF.Hagamos un poco de memoria: Néstor Kirchner fue uno de los
que más apoyó a Menem para privatizar YPF y quedarse así con los recursos de
las regalías petroleras en su provincia. El patrimonio del pueblo no debe
entregarse. Frondizi lo vió claramente. No digo todo esto con ánimo de crítica,
pero si pensamos hablar en términos de nacionalismo y de soberanía tenemos que
plantear las cosas con seriedad. Debemos ser coherentes. Hay un antiguo
proverbio que dice: “Si no sabes adónde vas, regresa para saber de donde
vienes”. Tenemos que tener claro de dónde venimos, quiénes somos, cuál es
nuestra identidad y cuáles son los caminos a recorrer. Si no, corremos el
riesgo de perdernos.
© Escrito por Magdalena Ruiz Guiñazú y publicado por el
Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 25 de Febrero de
2012.
