Fortalezas, desafíos y cambios...
Los dos discursos de Cristina. La reforma en el Banco Central, pura
economía K. La paritaria docente, un mal cierre. El sistema ferroviario, la
necesidad del cambio. A la espera de pericia, los tiempos de la política. El
informe de la Auditoría, datos relevantes. La voz de las víctimas y los
reclamos pendientes. La agenda de la Corte.
La composición del Congreso
(decidida por el pueblo soberano cuando votó) y los logros mencionados por la Presidenta
en su discurso ante la Asamblea Legislativa expresan núcleos duros de la
fortaleza del Gobierno. Legitimidad de ejercicio, poder institucional ganado en
buena lid, resultados en lo económico, lo social y lo laboral. La agenda que
recorrió Cristina Fernández de Kirchner recogió también desafíos y problemas
del año 2012, que claman por soluciones y cambios. El tramo más logrado fue
aquel en el que aludió al conflicto con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri, incluyendo la vuelta atrás con el inoportuno retiro de la Policía
Federal en los subtes. La conducta del líder de PRO lo pinta de cuerpo entero:
es desaprensiva, arrasa con las instituciones, niega sus propias acciones de
cumplimiento del convenio.
Pero el Gobierno debe cuidar
flancos vulnerables, que “el 54 por ciento” no basta para robustecer: los
perjuicios a los usuarios del transporte público pesan, hoy día, entre sus
deudas. Le faltó timing a una movida que sumaba enojo a los pasajeros, así
hubiera razones válidas en el fondo de la cuestión.
El anuncio más relevante fue la
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. También es sugestiva la reforma
integral de los códigos Civil y Comercial, que incluye mejoras en derechos
personales muy gravitantes. El Senado tiene, ya con aprobación de Diputados,
los proyectos de ley de “muerte digna” y fertilización asistida. El combo entre
lo que entrará y lo que se despachará pronto significa aggiornamento de
derechos, en sentido virtuoso.
La reforma del Central, el fin
del paradigma noventista y aun del conservador, engarza bien con la mejor
política económica del kirchnerismo. La mayoría oficialista en Diputados
tratará de imprimirle un tratamiento veloz.
El Banco tendrá objetivos más
amplios, ligados a la economía real. El manejo menos atado de las Reservas de
Libre Disponibilidad (RLD), que el Gobierno fue impulsando en su empiria,
habilita el pago de deuda con las reservas. Como el dinero es fungible, ese
desahogo mejora las disponibilidades del Tesoro nacional. El cambio fue
impulsado desde hace años (mucho antes de ser banquera central) por Mercedes
Marcó del Pont. El pliego de la funcionaria ya está ingresado al Senado y va
por su aprobación.
La mesa desvencijada: La reseña de la oradora sobre el sistema
educativo tuvo luces y sombras. Es válido rescatar el compromiso del
kirchnerismo con la educación, no sólo en materia económica. La inversión
fiscal, la ley de financiamiento, la construcción de escuelas, la distribución
de net-books y la paritaria nacional son un conjunto inigualable en la historia
reciente. De cualquier forma, en este aspecto como en otros del discurso,
pareció primar cierto economicismo sobre la “sintonía fina”. El aporte
dinerario, en este renglón, es notable y digno de alabanza. Pero la plata no
alcanza para reconstruir un sistema demolido en décadas previas. Esa no es una
falla del Gobierno, pero sí una de sus metas a reparar.
En cuanto a la paritaria
nacional, que ya había fracasado antes del jueves, la palabra presidencial
combinó planteos lógicos con descalificaciones excesivas e injustas. Es atinado
que la Presidenta fije la mira en el ausentismo y reclame el cumplimiento del
calendario escolar. También que cuestione las huelgas al comienzo del ciclo
lectivo. Sobraron las alusiones a supuesta pereza de los maestros, a las
“cuatro horas” de jornada laboral y a la laxitud de las vacaciones. Excitaron
la bronca de laburantes de a pie y no son justas.
La paritaria nacional es una
conquista del sindicalismo docente, consagrada durante el mandato del ex presidente
Néstor Kirchner. Trabajosa y densa, no tiene parangones en la región. Cuidar
esa mesa es una misión de las dos contrapartes, en ese sentido ambas fracasaron
este año. Cada cual culpará al otro, lo cierto es que es un traspié compartido.
Es la primera vez que no se concreta un acuerdo. A falta de precedentes y
previsiones legales, el Ejecutivo deberá buscar una figura administrativa para
darle un cierre prolijo al retroceso, lo que hará en los próximos días.
La palabra presidencial, aunque
incluyó alusiones a los “compañeros docentes”, añadió nafta al fuego. Del otro
lado, hubo demasías. En Santa Fe, como la Presidenta señaló, se rechazó una
oferta piso de más de 4000 pesos y se estuvo a un tris de promover un paro por
tiempo indeterminado.
Todos deberán esmerarse para
recuperar la interlocución cuando baje la tirria mutua, para reabrir la mesa
discutiendo condiciones de trabajo, capacitación u otros temas de interés
común.
El tema da para más que un
párrafo en esta columna, el cronista seguramente volverá sobre él en otras.
Entre tanto, se van arrimando las posiciones en las provincias más grandes. El
salario inicial garantizado por la Nación (que aporta fondos para compensar a
once provincias menos dotadas de fondos) será de 2800 pesos.
El Gobierno y los gremios
docentes (claro que sin desearlo) han hecho un favor objetivo, una promoción, a
la educación privada que, sin pagar mejores salarios, garantiza aulas abiertas
todo el año. Los padres de los alumnos, trabajadores ellos, precisan tener
garantizada su cotidianidad. Todos los protagonistas, que son defensores
sinceros y comprometidos de la escuela pública, deberían tomar nota de la
contradicción y repensar sus conductas, sin renunciar a sus derechos ni a los
reproches al “otro”.
La tragedia y el sistema de transporte: Cristina Kirchner habló
sobre la tragedia de Once y sobre el sistema ferroviario en Rosario y en el
Congreso. En la primera intervención evocó víctimas con nombres y apellidos,
dio cuenta de sus dificultades y su dolor, comentó que el Estado se ocupó y
ocupará de ellas. Y ratificó que esperará a la pericia judicial para definir
acciones en el sistema de transporte. Horas después, intervino interinamente a
la empresa TBA. La espera, cabe interpretar, tiene como finalidad esencial
darle tiempo al Gobierno para sopesar decisiones de cambio que tendrán impacto
en años o décadas futuras. Desde ese ángulo, es razonable un plazo de quince
días o un mes.
En el Congreso, la Presidenta se
ciñó a reseñar las inversiones, faltó un reconocimiento acerca de su
insuficiencia.
Las reformas, opina el cronista,
deben ser estructurales. Van desde el propio sistema de concesiones hasta la
creación de un ministerio, pasando por la existencia de funcionarios de muy
distinto perfil y calidades que Ricardo Jaime o Juan Pablo Schiavi. La
problemática es compleja. Casi no existen países de primer nivel (acaso sólo
Estados Unidos) que tengan un sistema privado de trenes. Y tal vez sólo Gran
Bretaña produjo una privatización tan salvaje como la Argentina y la revirtió
con enorme esfuerzo y, según comentan los entendidos, con acierto. La
casuística comparada no ayuda mucho porque pocos cayeron tan profundo como la
Argentina. Salir del abismo es una meta forzosa, que no sencilla.
El expediente judicial, insiste
el cronista, es una mira demasiado estrecha para una cuestión muy vasta, previa
a la tragedia. El flamante informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)
da cuenta de falencias graves del concesionario, del servicio y de entes
estatales. El titular de la AGN es Leandro Despouy, un jurista con destacada
trayectoria en la defensa de derechos humanos. Despouy es radical, pero el
organismo es colegiado, con mayoría de integrantes peronistas. Sus dictámenes,
entre ellos el difundido el viernes, suelen ser unánimes, dato que contradice
la hipótesis de partidización y fortifica su autoridad. Los informes se nutren
de material suministrado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), otro organismo estatal. Son rotundos: TBA es una pésima concesionaria
desde hace demasiado tiempo.
La aceptación del Estado como
querellante en la causa es un paso en falso del juez Claudio Bonadío, que no
sorprende dados sus pergaminos. La fundamentación es escueta y pobre. Quien
quiera leer un trabajo erudito sobre el tema deberá acudir a otras fuentes, por
ejemplo, un fundado estudio de los juristas Alberto Bovino y Leopoldo
Filippini, publicado en el blog
No Hay Derecho nohuboderecho.blogspot.com, de intensa circulación por redes
sociales.
Como sea, las pericias avanzarán.
Y, todo lo indica y exige, la decisión política de modificar un esquema muy
imperfecto, que la tragedia puso en carne viva. En la militancia kirchnerista,
y también entre sus legisladores y funcionarios, el viraje se da por hecho.
La voz de las víctimas: Casi todos los legisladores ovacionaron de
pie a Baltasar Garzón. Un homenaje conmovedor merecido, en una escena que
predispuso este Gobierno no sólo el jueves, sino desde sus comienzos. El
respeto a las víctimas del terrorismo de Estado se expande, claro, a otros
ciudadanos que padecen o padecieron privaciones injustas, violentas o
aberrantes.
Sería impropio no incluir, en el
acelerado repaso de la semana, una mención a lo que dijeron los padres y la
hermana del joven trabajador Lucas Menghini Rey. En su caso, a la pérdida
irreparable se agregó la desidia y el descuido en la búsqueda del pibe
desaparecido durante días. Un comunicado torpe del Ministerio de Seguridad
arrojó sal en las heridas, ya acentuadas por las torpes palabras de Schiavi. La
familia habló con dignidad, pidió justicia y reparación. La palabra de las
víctimas debe escucharse con unción, la sociedad argentina les reconoce
autoridad, que bien merecen. Es ya una tradición (cruel en un aspecto,
valorable en otro) que las víctimas (los familiares lo son) salgan al espacio
público, legitimadas por su dolor. Hay un factor común en sus palabras: “Que no
se repita”. Esto es, que se remuevan las causas que posibilitaron un desenlace
evitable y cruel.
Al Estado le cabe contenerlos,
reconocerlos y cambiar cuando es necesario. El kirchnerismo, una fuerza de
gobierno que ha sabido dar cambios de timón, innovar y revisar sus carencias,
tiene el deber de recoger ese reclamo y sus vastas implicancias en el primer
lugar de su agenda.