El policía que se mostró abrazando a una madre de Plaza de Mayo en 1982 será juzgado por la matanza de Fátima. Allí fueron asesinados 30 detenidos ilegales en 1976.
1982. 5 de octubre. Las Madres se enfrentan a la Policía Montada en la Plaza de Mayo. Una de ellas increpa a un uniformado, que permanece de pie, inmóvil. Intenta acallarla. Luego la abraza. Es el primer abrazo. Un reconocimiento al dolor. La comprensión. Un nuevo relato que explica el fin de la dictadura de otra manera. Pero no. Era sólo una foto.
La película era más negra y más larga. Ese policía, el de la foto, el comisario inspector Carlos Enrique Gallone, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 a partir del martes próximo por su responsabilidad en la peor masacre de la dictadura militar: 30 cuerpos dinamitados en un descampado en la localidad de Fátima, partido de Pilar. Bajo los mismos cargos, “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y privación ilegítima de la libertad”, serán sometidos a juicio los ex policías Miguel Ángel Timarchi y Juan Carlos Lapuyole. La Fiscalía pidió prisión perpetua. La causa tiene un policía prófugo, “El Japonés” Luis Alberto Martínez.
1976. 19 de agosto. Los prisioneros son seleccionados al azar y extraídos de los calabozos del tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1417. Casi dos meses antes, Montoneros había colocado una bomba que destruyó el comedor de la planta baja y mató a por lo menos 22 miembros de la fuerza. La represalia policial sumó a casi un centenar de muertos en tres días. Ahora, el 19 de agosto, mientras los prisioneros son bajados del ascensor, todas las luces del edificio de la calle Moreno están apagadas. Son conducidos con aprehensión. Algunos parecen drogados, caminan moribundos, envueltos en mantas; otros son llevados en brazos, en posición fetal, hacia el playón descubierto. Suman 30: veinte hombres, 10 mujeres. Los apilan sobre la caja de un camión del Ejército. Los prisioneros tienen nombre y apellido, pero no están a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo. Están a disposición de la “Real Air Force” (RAF), un código policial interno que concentra a los prisioneros que están en el aire. Y se van a ir para arriba.
Algunos ya lo hicieron, a través del helipuerto de la Policía Federal, detrás de la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Otros fueron conducidos a playas de estacionamiento céntricas y aparecieron con un balazo en la cabeza, en un auto. Y al día siguiente salieron en los diarios: “extremistas muertos en un enfrentamiento”.
El camión es conducido por personal de otra fuerza del Estado pero tiene el apoyo de los miembros de las brigadas de la Superintendencia, que van custodiando su salida en los vehículos oficiales. Este traslado será terrestre y más prolongado. El camión llega hasta un descampado en Fátima, cercano a la ruta provincial 8, partido de Pilar. La brigada desciende a los prisioneros, les pegan un tiro en la nuca a cada uno con una 45 o una 9 milímetros, y luego los acomodan debajo de una carga de trotyl. Y entonces vuelan.
Este juicio que comenzará el martes próximo pondrá en conocimiento público las responsabilidades criminales de la Superintendencia de la Seguridad Federal. No sólo durante la dictadura militar. Sino durante el gobierno peronista 1973-76.
El principal testimonio en el que se apoya la acusación es el de Víctor Luchina, ex miembro de la fuerza. Luchina había declarado en 1984 ante la CONADEP y en la causa 13, contra las Juntas Militares. Luchina admite que ayudó a conducir a los detenidos hasta el camión, pero dice que estaba de guardia, y no fue a Fátima, ni formaba parte de las Brigadas. En sus testimonios describió torturas, reconoció secuestrados y represores, relató operativos y traslados. Tiempo después, se casó con una muchacha uruguaya, militante tupamara, detenida ilegal del tercer piso de Moreno 1417.
La estructura. “En la Superintendencia existía un doble standard. Había detenidos por delitos federales, contrabando o falsificaciones, y detenidos políticos ilegales. “El órgano funcionaba como la central de espionaje interno y represión de la Policía Federal”, indicó a este diario el fiscal Felix Krous, que intentará probar los cargos a los acusados.
En la Superintendencia, cada piso implicaba una función. En el noveno, el Departamento de Extranjeros se ocupaba de la represión de los exiliados de países limítrofes, a quienes enviaban a sus países de origen, luego de detenerlos y torturarlos. El Departamento también prestaba cooperación de inteligencia y logística para grupos de tareas extranjeros que venían a la caza de los que escapaban de sus países. En ese piso se gestó el embrión del Cóndor, el plan de represión conjunta de los países del Cono Sur.
El caso más paradigmático es el General Prats y su esposa, acogidos por Perón para resguardarlo de Pinochet, asesinados por la policía secreta chilena, con la colaboración de la Superintendencia, en setiembre de 1974. En otros pisos se centralizaba información de inteligencia sobre asuntos “gremiales” “políticos”, “estudiantiles” o “subversivos”.
Antes del golpe de 1976, las brigadas se ocuparon de espiar personalidades, y captaban a sus custodias para que les brindaran información directa de sus protegidos, como fue el caso de Lorenzo Miguel, Ricardo Balbín o el propio general Lanusse.
Cada brigada estaba integrada por cinco o seis miembros. Se sumaban a ellos personal “de enlace” del Ejército o la Marina y procedían: detenían “subversivos”, los interrogaban bajo torturas en el tercer piso de la Superintendencia y luego se decidía si los ponían a disposición de la RAF, del PEN o los liberaban.
Durante los años 70 y 80, las brigadas formaron parte de la Triple A, participaron en grupos de tareas de la dictadura militar, en los secuestros de Osvaldo Sivak, de Mauricio Macri, en alzamientos carapintadas y luego formaron parte de las agencias de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, este juicio es acotado a sólo tres “brigadistas”, con responsabilidad en la Masacre de Fátima, el expediente será una referencia jurídica para la apertura de nuevas causas.
Uno de los acusados, Lapuyole, era director de Inteligencia. Gallone y Timarchi eran miembros de las brigadas operativas. Los tres negaron que las detenciones que realizaban fueran ilegales: cumplían órdenes de una “oficina judicial” afincada en el segundo piso. Gallone incluso presentó la foto como prueba con una madre de Plaza de Mayo como prueba de que era un hombre sin resentimientos.
Qué pasó el 19 de agosto del 76
La masacre de Fátima fue un acto de propaganda política de la dictadura que utilizó una metodología propia de la Triple A: exhibir los cuerpos como instrumento de terror y no hacerlos desaparecer, que era el procedimiento de la dictadura militar. Con los restos esparcidos por el campo, no podía argumentarse que había sido un enfrentamiento. El propio Videla se sintió obligado a condenar este “hecho de violencia”. Pero luego de escrutar los cuerpos, no de identificarlos, lo causa se cerró. Y los cuerpos fueron enterrados como “NN” en el cementerio de Derqui.
Hacia el fin de la dictadura se abrió un expediente que cambió varias veces de jurisdicción. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también empezó a trabajar en las identificaciones. Aunque todavía no se logró determinar las identidades de todos, se supo que algunos eran obreros, militantes de zona norte y un dirigente gremial del Banco Nación. En el juicio, sus familiares darán testimonio de cómo fueron secuestrados.
Marcelo Larraquy
© Publicado por el Diario Crítica Digital el 26 de abril de 2008
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