La Corte define todo… De Alguna Manera...

La Corte define todo…

LLAVE SUPREMA Juez Raúl Zaffaroni. Dibujo: Pablo Temes.

 
Presión sobre la Justicia. El kirchnerismo no ceja en su ofensiva contra los jueces. Métodos y objetivos. Unicato para todos.

Vamos a poner en marcha una democratización de la Justicia”. Nadie sabe cuál es el verdadero significado de esta frase pronunciada por la Presidenta –en medio de la estupefacción que produjo el fallo del tribunal de Tucumán sobre el abominable caso de la desaparición de Marita Verón– en estas horas de máxima tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Lo que sí queda claro que tales palabras fueron una muestra más del oportunismo permanente sobre el que el kirchnerismo basa la mayor parte de su gestión.

El masivo rechazo que generó ese fallo le dio el pie justo al Gobierno para descargar su bronca contra los sectores independientes de la Justicia que han puesto freno a una joya del relato kirchnerista: la Ley de Medios. Por ello, hubo euforia en Olivos el viernes cuando el juez Horacio Alfonso, confirmando lo que habíamos adelantado hace semanas, falló a favor del Gobierno en la controversia sobre los artículos 161 y 45 de la citada ley. Alfonso es un juez cercano al kirchnerismo, dato que es vox pópuli en todos los ambientes tribunalicios. Lo importante es que el caso habrá de terminar en la Corte. Allí hoy las cosas están divididas. Nadie puede arriesgar ningún resultado. Pero lo que se dijo en el Gobierno durante esta semana sobre la Justicia tiene implicancias severas que van mucho más allá de su guerra contra Clarín.

Salvo la configuración de la actual Corte –logro que le ha generado un reconocimiento sin fisuras– todo lo hecho por el kirchnerismo en el campo de la Justicia ha sido malo. En eso el oficialismo se parece muchísimo al menemismo. De esto alguna vez hablará el ex ministro Gustavo Beliz, quien fue un propulsor decisivo de algunos proyectos que hubieran sido clave para hacer más transparentes a varios estratos del quehacer judicial.

En cambio, otros proyectos destinados a coartar la independencia de los jueces –como el de la reforma del Consejo de la Magistratura– fueron impulsados por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue un paso determinante en pos de un objetivo claro: la conformación de una Justicia K. Otra de las acciones que incorporó el kirchnerismo es la de una tarea de vigilancia sobre aquellos jueces que tienen en sus manos causas sensibles que inquietan a los funcionarios. A esos jueces se los mira con lupa y se los presiona de manera a veces sutil y, si con ello no alcanza, entonces de forma desembozada con utilización de datos que provee la SIDE. Recuérdense, al respecto, los casos de la jueza María José Sarmiento y del juez Raúl Tettamanti, citados en la columna del domingo pasado.

Si con todo ello no alcanza, se avanza aún más con las recusaciones y/o denuncias sobre los jueces y fiscales que ponen en apuros a funcionarios clave. El caso paradigmático es el del vicepresidente Amado Boudou, que logró que volara el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y apartaran de la causa al juez Daniel Rafecas y al fiscal Daniel Rívolo. Rafecas había autorizado el allanamiento pedido por Rívolo de un departamento en Puerto Madero, propiedad de Boudou, en el que se encontró documentación comprometedora para el vice, en el marco de la escandalosa causa del rescate de la ex Ciccone.

Otro aspecto muy sensible conectado al proyecto de forjar una Justicia K  es el de los concursos. Allí, en muchos de ellos, pasa de todo. Aspirantes vinculados al oficialismo que “casualmente” conocen de antemano al detalle y de memoria –palabra por palabra– antecedentes de jurisprudencia respecto del caso sobre el que deben responder en el examen o, directamente, conocen el caso en sí. Así y todo, si sus notas fueran malas, está el recurso de “ascenso milagroso”, por el cual quien había quedado en los últimos puestos es “rescatado” por obra y gracia de un espíritu no santo que responde a la Casa Rosada y sus adyacencias, y reubicado en las primeras posiciones y, por lo tanto, devenido en elegible. Ese fue  el caso de María Lorena Gagliardi, a quien el Gobierno quería para ocupar el juzgado que subroga Alfonso.

Fue curiosa también la expresión de la Presidenta referida a que la Justicia debe escuchar al pueblo. En realidad más que curiosa fue contradictoria con las acciones que lleva adelante su gobierno. ¿Cómo entender, si no, la decisión de la Anses de no obedecer los fallos judiciales que han reconocido los reclamos por reajustes de haberes mal liquidados de más de 500 mil jubilados y pensionados? ¿Cómo entender que, en vez de acatar esos fallos, se haya querido recusar y desplazar a jueces probos y honestos como, por ejemplo, Luis Herrero de la Cámara de la Seguridad Social? ¿Quién fue allí el que desoyó al pueblo: el Gobierno o la Justicia?

El dramático y conmovedor caso de la desaparición de Marita Verón ejemplifica los claroscuros del Gobierno y sus consecuencias. La red de prostíbulos y trata de personas está extendida en todo el país. El Tucumán del gobernador José Alperovich es tan feudal como la Santa Cruz de los Kirchner o la San Luis de los Rodríguez Saá. Los Ale, una familia que asuela la provincia, ha hecho y sigue haciendo de las suyas sin ningún problema. La protección política con la que han contado sigue indemne. La sobreactuación del gobernador ha sido tan fatua como estéril. El desarrollo del juicio y el veredicto han puesto a los jueces bajo sospecha. Para saber toda la verdad habrá que ver cómo y quiénes estuvieron a cargo de la instrucción del caso, ya que es allí donde muchas veces se definen.

Presa de la indignación, Fernández de Kirchner decidió incorporar el proyecto sobre trata de personas en las sesiones extraordinarias del Congreso. Enmendó así un grueso error, ya que el proyecto, que contaba con media sanción del Senado, durmió durante el año en los cajones del bloque del Frente para la Victoria. Susana Trimarco, mujer admirable y con un coraje sin límite, señaló que los legisladores no deberían “haber esperado a que la Presidenta les dijera”. Sin querer, la madre de Marita Verón puso el dedo en la llaga y dejó expuesta una de las principales falencias de este gobierno, en el que nada se hace sin que haya una orden presidencial. Es el mejor ejemplo de los males que encierra el unicato, tan alejado del concepto republicano que consagra la Constitución.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 16 de Diciembre de 2012.