Atropello y obstinación... @dealgunamanera...

Atropello y obstinación...

Cupulando. Dibujo: Pablo Temes.

El oficialismo debe asimilar que no todo vale más allá de la legitimidad que le dieron las urnas.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 06/01/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No ha pasado aún un mes desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Habitualmente son los días que corresponden a la así llamada “Luna de Miel”, de la que suele gozar cualquier nuevo gobierno. Nada de esto aplica al presente de la Argentina. Dos son las razones para esta circunstancia: la primera, la profunda crisis económica por la que atraviesa el país; la segunda, las profundas medidas de shock emanadas del flamante gobierno.

La combinación de una y otra son caldo de cultivo, para una situación de conflictividad que sacude a la sociedad.

Desde el momento mismo en que las posibilidades de Milei de ganar las elecciones tuvieron visos de concreción, hubo una pregunta –una sola– que se instaló no sólo en los ámbitos de la política, sino también en la calle: ¿podrá plasmar en los hechos todos sus proyectos sin mayorías en el Congreso y sin ningún poder territorial?

Las respuestas comenzaron a aparecer esta semana cuando una Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio curso al amparo presentado por la CGT primero, y la CTA después, para suspender la vigencia del DNU en el ámbito del Derecho Laboral. A esta altura ya hay más de cuarenta amparos presentados ante la Justicia, para frenarlo en su totalidad.

Y respecto del proyecto de ley enviado al Congreso   –denominado “Bases para el Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”– nada permite suponer que los deseos del oficialismo de tenerlo aprobado a fines de enero, cuando termine el período de sesiones ordinarias se vean complacidos.

Las formas importan

Hay en los sectores duros del gobierno una disociación marcada entre los deseos y la realidad. Una política de shock, sin concesiones, sólo puede ser llevada adelante cuando un gobierno tiene la suma del poder público. Fue eso lo que pasó con Carlos Menem en los años 90. La mayoría amplia que tenía en ambas Cámaras del Congreso, entre los gobernadores y la influencia que tuvo en el Poder Judicial, posibilitaron que sus proyectos se concretaran. Esa suma del poder absoluto lo hizo posible. Recuérdese, como ejemplo, el famoso “Per Saltum” instrumentado por la Suprema Corte de Justicia de entonces, de mayoría menemista, que permitió destrabar la privatización de Aerolíneas Argentinas que había sido suspendida por el juez federal del fuero Contencioso Administrativo Oscar Garzón Funes, ante la presentación del exdiputado Moisés Fontenla, del Grupo de los Ocho.

Hoy la situación es otra: la Corte Suprema es claramente independiente del gobierno y, en caso de tomar la decisión de aplicar el recurso del “Per Saltum”, sería una sorpresa que su fallo lo favoreciera.

El panorama en el Poder Legislativo es bastante similar. El proyecto de “Ley de las Bases” ha ingresado ya en el Congreso, pero las comisiones que deben tratarlo no están aún conformadas, con lo cual, las chances de ser tratado y aprobado a fin de enero tiene, a esta hora, la categoría de la ilusión.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo es que el Presidente apostó a esta especie de todo o nada con un proyecto que, por su complejidad, debe ser tratado y aprobado por numerosas comisiones antes de llegar al plenario. La lógica aconsejaba una fragmentación para que pudiera tener un trayecto más simple, que le hubiese hecho posible ir alcanzando sus objetivos paso a paso. Este es un razonamiento que comparten funcionarios importantes del gobierno que chocan contra la obstinación de un hombre que ha adquirido un sorpresivo poder: Federico Sturzenegger. Muchas de estas cosas, el expresidente del Banco Central durante la primera mitad de la presidencia de Mauricio Macri, las había trabajado para Patricia Bullrich. Sturzenegger se ha convertido en un halcón que da la sensación de estar viviendo un tiempo de revancha después de haber sido eyectado de sus funciones por Macri y reemplazado, casualmente, por el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Tan envalentonado se lo ve que se enfrascó en una serie de declaraciones poco prudentes y desafiantes que motivaron que alguien dentro del gobierno le pidiera que redujera su exposición pública.

En el medio está la gente

Una muestra de la falta de contacto con la realidad del proyecto de ley es lo que pasó con la pesca. El proyecto, en su texto original, quitaba la obligatoriedad de que los buques descarguen sus productos en puertos argentinos, proponía la libre competencia entre empresas argentinas y extranjeras –lo cual generaría condiciones desiguales de operación– y quitaba la obligatoriedad de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina. Eso generó la reacción de todos los gobernadores de las provincias con costa sobre el litoral marítimo a los que se les sumó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Debió intervenir pues el ministro del Interior, Guillermo Francos, que se reunió el mediodía del jueves con Montenegro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para modificar esos puntos de controversia. Intentando disimular lo evidente, Francos señaló que “habrá temas que serán clarificados en la redacción del artículo de la ley” (sic).

Más allá de cualquier subsanación en los textos definitivos, el error de base radica en la lógica de creer que, con algo de voluntarismo y mucho de prepotencia, se alcanzarían los objetivos planteados. En resumen: falta experiencia política.

Entre los principales empresarios argentinos existe la “voluntad de colaborar”, pero persiste el temor por el tiempo que pueda demandar la tan ansiada “luz al final del túnel”. Vale la pena mencionar que en rubros como el alimenticio y el textil esos mismos empresarios están demostrando su falta de mesura y su codicia. También depende de ellos el sacrificio y la carga que pueda soportar la gente. Deben entender que la Argentina no tiene muchas más oportunidades de salir del pozo en el cual está estancada desde hace décadas.

En este contexto, la ingenuidad del gobierno llegó a tal punto, que volvió a sobrevolar la idea de convocar a una consulta popular para satisfacer sus necesidades. Los principales constitucionalistas coinciden en que el Presidente no puede convocar a consulta popular respecto del DNU, simplemente porque no se tratan allí temas de su competencia. El oficialismo debe asimilar que –más allá de la legitimidad que le dio el resultado electoral–, no puede valerse del atropello y la obstinación para conseguir resultados. Su suerte y la de todos los argentinos, dependerá en gran medida, del retorno al camino del diálogo y la construcción política.