Impunidad y mordaza. Los 'gritos' del 17ª… @dealgunamanera...

Los 'gritos' del 17ª…

Los medios del miedo. Dibujo: Pablo Temes

Al Gobierno le dolió el banderazo y lo evaluó mal. Si sigue con su agenda, habrá más marchas.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 22/08/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se ve que al Gobierno el banderazo del 17A le dolió y mucho. Es lo que reflejaron las declaraciones de sus funcionarios el día después y los subsiguientes. La frase más infeliz de todas fue la del Presidente: “No nos van a doblegar los que gritan”, dijo. Quienes “gritaban” en la calle eran ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a manifestarse y a protestar.

Curiosa y contradictoria expresión la del jefe de Estado. Curiosa por provenir de alguien perteneciente al peronismo que irrumpió en la vida política de la Argentina “gritando” en la calle el 17 de octubre de 1945. Contradictoria porque el mismo Alberto Fernández participó en abril de 2013 de una marcha contra la reforma judicial impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Parece que, para AF, cuando ganan la calle sus acólitos es “el pueblo peticionando”, pero, cuando lo hacen sus opositores, “gritan”.

Al oficialismo le dolió que la oposición haya ganado la calle. Durante décadas el peronismo se sintió dueño de la calle y de la Plaza de Mayo. Eso ya pertenece al pasado. La calle –como la Plaza de Mayo– es de todos.

Si el Presidente no se hubiera dejado atrapar por la turbación, habría hecho una mejor evaluación de lo que pasó –y de lo que pasará– porque, de seguir el Gobierno con esta agenda, habrá más marchas.

Hubo una cuestión de magnitud a tener en cuenta: de no haber sido por la cuarentena, la concurrencia habría sido mucho más numerosa aún. El Presidente –y sus funcionarios– se quedaron con las imágenes de lo sucedido en la Capital Federal. Si hubiesen profundizado un poco más, habrían visto que hubo mucha gente manifestando en diversos lugares del país. Habrían apreciado, además, la heterogeneidad de los que manifestaban –entre los que había quienes votaron por el Frente de Todos– y habrían advertido que junto con el rechazo al proyecto de la reforma judicial hubo otros reclamos más terrenales: seguridad, trabajo y los efectos colaterales de la cuarentena.

“Esa gente jamás estará con nosotros”, se escuchó decir en los pasillos del poder. Es lo que se oía también durante el kirchnerato y durante el gobierno de Mauricio Macri en referencia a sus opositores. Parece que, al igual que a sus predecesores, a Alberto Fernández le cuesta entender que es el presidente de todos, lo hayan o no votado.    

Notable esta obnubilación que turba las mentes de nuestra clase dirigente.

El 17A también interpela a la oposición, a la que el descolgado tuit de Macri desde su lugar de vacaciones en Europa –llamar “trabajo” a su tarea en la FIFA es una obscenidad– complica. Esa oposición –que aún le adeuda a la sociedad una autocrítica profunda de su fracasada gestión– tiene dos obligaciones frente a los que aspira a representar: permanecer unida y aprender de sus errores. De la primera condición depende el mantenimiento del equilibrio de poder para frenar los intentos hegemónicos que alberga el kirchnerismo. De la segunda, la posibilidad de ser una alternativa real en las próximas elecciones.   

Impunidad y mordaza. Son dos condiciones que van siempre juntas.

El silencio es clave para que el delito se enseñoree en una comunidad. Por eso la libertad de expresión es un bien esencial en las sociedades democráticas. No por nada, en la Constitución de los Estados Unidos la enmienda que la protege es ni más ni menos que la primera.

Los intentos de limitar el trabajo de los periodistas tienen en la Argentina una larga historia. Y es penoso que parte de esa historia se relacione con gobiernos constitucionales. Ya en la presidencia de Carlos Menem hubo un intento –que afortunadamente no prosperó– de promulgar una ley mordaza.

Durante los 12 años del kirchnerato se llevó adelante el intento más duro y desembozado por acallar las voces críticas. Todo comenzó con el embate feroz contra Perfil y la censura contra Pepe Eliaschev –hechos de los que Alberto Fernández fue partícipe– y siguió con la Ley de Medios, a la que la hoy vicepresidenta y su difunto esposo le imprimieron la épica de una cruzada cuyo objetivo era no solo destruir a Clarín sino también al periodismo crítico.  

Asistimos ahora a otro intento de amordazar a la prensa que investiga e informa sobre los hechos de corrupción que comprometen a funcionarios. Ese es el objetivo de la modificación introducida furtivamente por el senador Oscar Parrilli –el súbdito de CFK– en ese bodoque que es el proyecto de reforma judicial. Para la comprensión del lego, ese agregado hace que cualquier información o investigación periodística que sea crítica de la marcha de una causa pueda ser entendida como una presión contra el juez o fiscal a cargo del caso. ¡Un verdadero disparate!

El procedimiento de Parrilli, que dejó muy mal parada a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que no tenía idea de lo sucedido, no hace más que empequeñecer la figura del Presidente. Él también queda como un súbdito de CFK.

“Para reformar el Poder Judicial, tocando los medios de comunicación, hay que tener un respaldo muy grande. Una espalda que este gobierno no tiene. Vamos a un Vicentin dos. Son dos errores políticos. Estas cosas necesitan amplios consensos”, dijo un legislador bonaerense del Frente de Todos.

No fue la única voz que desde sectores afines al oficialismo salió a lapidar el proyecto. En un artículo publicado en La Nación, Alberto Binder –mentor de la ex procuradora filo K Alejandra Gils Carbó– afirmó que se trata de un proyecto “repleto de inconsistencias, y que entorpece el camino para las reformas de fondo que proclama”. Y Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y cuya participación en el debate también fue propuesta por el Frente de Todos, dijo: “Este proyecto está centrado en una lógica de creación de juzgados que implica una mirada contraria al avance del sistema acusatorio” establecido por el Código Procesal Federal.

A todo esto, ¿dónde está Gustavo Beliz, a quien se presentó como uno de los motores de esta reforma, a modo de reivindicación por el maltrato y la persecución a la que, luego de echarlo de su cargo de ministro de Justicia, Néstor Kirchner –con el silencio de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández– lo sometió?