De Macri a los Kirchner... @dealgunamanera…

Justicia para todos…

COMPLIKADA, Cristina Fernández. Foto: Pablo Temes

El gobierno actual y el anterior, en la mira de los fiscales. Del Correo al pacto con Irán.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/02/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correo Argentino S.A. le propuso al Estado nacional un plan de pago, que fue aceptado –luego de otros rechazados– en junio pasado por el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. El acuerdo de pago ofrecía 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.

La fiscal Gabriela Boquin calculó la deuda original, en 2001, en 292,8 millones de pesos o dólares. Pero de aceptarse la propuesta del Correo, la quita real rondaría el 98,8%, y eso se traduciría en una quita de $ 4.277,6 millones a valores de hoy, o de $ 70 mil millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese arreglo.

Los especialistas coinciden en la razonabilidad del planteo de la fiscal: “Ella no hace una indexación de la deuda ni la convierte de pesos a dólares, sino que calcula cuánto costaría esa deuda respecto de un hipotético valor presente y otro proyectado a 2033 –que es lo que ofrecía el Correo–”.

Fuentes de la fiscalía afirman que discutir si la deuda es en dólares o en pesos es caer en un falso dilema. “La deuda se generó en el marco de la convertibilidad peso dólar. Por otra parte, el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras establece la suspensión de los intereses, no la interrupción de los intereses. Surge claro que ello significa que se suspenden los intereses para que el deudor pueda negociar con los acreedores. Pero no significa que se condonen.

Cuando el deudor va a ofrecer pagar, debe contemplar estos intereses que estuvieron caídos durante el trámite del concurso que, en este caso, la oferta del Gobierno no contempla. De 2001 a 2017 no se pagaría ningún interés. Este es un proceso concursal que duró 17 años. Se está ofreciendo pagar a partir de 2018, con suerte, hasta 2033. Es mentira que esté prohibido pagar intereses. En la misma sala hay antecedentes que establecen que la no contemplación de los intereses posconcursales es una nueva quita que se le hace al crédito”, sostienen.

“Las cuotas son anuales, no mensuales. Con una tasa del 7% anual, en pesos, hay una severa quita para el Estado, hay condonación de deuda. Y el artículo 52 de la Ley de Concursos, inciso 4º, dice que el juez no puede aprobar una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Y en esta condonación, el beneficiario final es la familia del Poder Ejecutivo”, afirman en tribunales.

Los especialistas más críticos de la oferta del Gobierno sostienen que “teniendo en cuenta la meta inflacionaria para este año calculada en el 17 o 18% anual, la tasa de interés del 7% resulta incomprensible, por lo que se estarían licuando los intereses hacia delante (2033) además de la ausencia de cálculo de los intereses pasados”.

La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo o si hace lugar al dictamen de la fiscal y rechaza la propuesta. En el Gobierno las primeras voces salieron al cruce de manera vehemente contra la resolución de la fiscal, pero luego el propio Oscar Aguad cambió hacia un tono moderado más conciliador.

Estos aspectos técnicos son esenciales para comprender la raíz del problema que el Gobierno ha manejado mal. Se plantea una situación muy sensible al tratarse del grupo empresarial que pertenece al padre del Presidente y del cual él formó parte. Debió haberse consultado a la Oficina Anticorrupción y se debió haber informado a los representantes de la oposición durante todo el trámite de la negociación.

Más complicados. Esta ha sido una semana difícil para el kirchnerismo en materia judicial. En la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el acuerdo entre la Argentina e Irán, Julio De Vido, Oscar Parrilli y Angelina Abbona serán investigados por posible encubrimiento a Irán. El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el viernes la denuncia que había realizado Nisman antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiere saber qué rol pudieron haber tenido los arriba mencionados en el hecho.

Pollicita pidió al juez federal Ariel Lijo la realización de 32 medidas de prueba, que incluyen el cruce de llamadas entre los acusados: Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Alberto Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, María Esther Abbona, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Andrés Larroque y Ramón Allan Héctor Bogado.

Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano le dio un nuevo impulso a la investigación de la muerte del fiscal. Para ello, comenzó la instrucción prácticamente desde cero, luego de haber denunciado a la fiscal Viviana Fein por la deficiente tarea llevada a cabo. Ello incluyó tareas básicas de instrucción que no habían sido terminadas por Fein como, por ejemplo, entrevistar a todos los vecinos de las torres Le Parc y al equipo de la fiscalía. A Taiano le interesa dilucidar el rol de Lagomarsino. Le llama la atención el vínculo que tenía con Nisman (amigo, subordinado, etc.). Ordenó, además, la realización de una junta interdisciplinaria para determinar las causales de la muerte que implican desde cruces de llamados hasta pericias informáticas.

Esto demorará tres meses. En el entorno de la fiscalía subrayan que “en una instrucción normal, Lagomarsino y la custodia debieron haber quedado detenidos desde el primer momento”. Objetan, además, la presencia del entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien no supo responder en calidad de qué se había hecho presente aquella noche en el departamento de Nisman.

Con el telón de fondo producido por el escándalo de la filtración de escuchas judiciales, fuentes de Comodoro Py apuntan contra integrantes de la AFI que pudieron realizarlas para tapar el mal momento político de su jefe, Gustavo Arribas. El martes, el juez federal Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli y el miércoles el fiscal Guillermo Marijuan pidió su detención. Según el juez Lijo, Parrilli –ex jefe de Inteligencia del kirchnerismo– retuvo en noviembre de 2015 un informe que señalaba la presencia de Ibar Pérez Corradi en Paraguay. Luego del cambio de gobierno, ya en junio de 2016, fue detenido a partir de esos datos que se habían cajoneado.

Durante el kirchnerato predijimos –como también lo hicieron otros– que, una vez que dejaran el poder, los tribunales de la avenida Comodoro Py serían un lugar de frecuentación para los más encumbrados funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” (Antonio Machado).

Producción periodística: Santiago Serra.