No hay década ganada para la Educación Pública… De Alguna Manera...

No hay década ganada para la Educación Pública…

A mayor pobreza, en estos momentos, le corresponde menor escolarización y menor calidad educativa, cuando debiera ser absolutamente lo contrario.

La Ley Nacional de Educación (N º 26.206/2006) fue un paso adelante con respecto a la Ley Federal (Nº 24.521), sancionada en 1994 de acuerdo a las necesidades de la economía de la época, el neoliberalismo o ”capitalismo salvaje”, que profundizó el retroceso de la educación pública que había comenzado en 1976 con la dictadura militar.

La Ley Federal basada en las recomendaciones emanadas del FMI y del BM para América Latina tuvo como verdadera intención desinvertir en los sectores populares, que resultaban “inviables” para el nuevo orden mundial y destinar la mayor cantidad de recursos al pago de la deuda externa (contraída con los organismos de crédito mencionados)

Esta norma considera a la educación con criterio mercantilista, es decir como un servicio y no como un derecho abriendo la puerta para subsidios del tipo voucher o chárter, encuadrados dentro del concepto de “equidad”.

Por medio de la Ley de Transferencia, de 1992, por la cual se transfirieron las escuelas de todas las ramas a las provincias se dio el primer paso.

Esta descentralización fue una de las herramientas para la reducción de gastos ya que las provincias debieron hacerse cargo de los mismos sin recibir los fondos correspondientes.

Aquellas cuyos recursos no lograban cubrirlos tuvieron largos conflictos gremiales por no poder pagar los sueldos además del colapso de la infraestructura.

Se produjo así una migración de los sectores más pudientes hacia la enseñanza privada.

Otra consecuencia nefasta fue la desestructuración del sistema a nivel nacional ya que cada jurisdicción organizó los ciclos de acuerdo a su criterio, desarticulándose en 24 subsistemas.

Es bueno recordar que este engendro fue votado por unanimidad en el Congreso Nacional y que casi todos los que ahora dicen preocuparse tanto por el pueblo la sostuvieron y aplicaron en sus provincias con todo rigor, por ej. en Santa Cruz, Córdoba, Río Negro, Buenos Aires, etc.

Entonces, bienvenida resultó la Ley Nacional que, si bien no fue la solución integral al desastre producido por las políticas de los 90, representó, al menos en la letra, un avance.

Pero muy poco se ha cumplido de esta Ley, aún con las limitaciones que presenta ya que mantiene el núcleo duro de la transferencia y propone dos estructuras vigentes, además de obviar la palabra “laica”, lo que permite que, por ej., en Salta se de educación católica en el contra turno de las escuelas estatales, y muchas otras perlitas más que resultaría muy tedioso analizarlas en esta nota.

En lo positivo la Ley en el Título 1 Disposiciones Generales Art. 2 reconoce a la educación como un derecho social y en el 10 el Estado se compromete a no suscribir tratados que impliquen concebirla como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la misma.

En su artículo 28 establece la jornada completa o extendida en todo el territorio nacional pero a 6 años y medio de su promulgación según el Ministerio de Educación de la Nación, en 2012 sólo el 8,4% de los alumnos de primaria asisten a escuelas de jornada completa o extendida.

¿Cuál es el motivo de este incumplimiento del art. 28? Muy simple es necesaria una inversión importante en refacción y construcción de edificios y su correspondiente equipamiento y en sueldos docentes.

La importancia de que la población escolar primaria pueda concurrir a estas escuelas es fundamental, sobre todo, para los sectores más desfavorecidos ya que aumenta el tiempo que los/as niños/as están en contacto con el aprendizaje, los aleja de conflictos y violencia familiar (muchas veces estos problemas son detectados porque hay una vínculo más estrecho con los docentes), reciben tres comidas en el colegio y tienen más estímulos al contar con más horas de materias como plástica, música, tecnología, idioma y educación física.

Otra dificultad encontramos en el cumplimiento de la universalización de las salas de cuatro años, consagrada en los artículos 19, 20 y 21 (recordemos que la sala de 5 años es obligatoria).

En este caso, tomando datos de la Fundación Arcor y Siteal, en su informe “La situación de la primera infancia en Argentina”, del corriente año, podemos observar que entre 0 y 2 años concurren al Jardín de Infantes 10% de los niños, de 3 años concurre el 40%, de 4 años el 75% y de 5 años la concurrencia es mayor al 80%.

El problema principal es que la no inclusión se incrementa en los estratos sociales más bajos y una de las razones es la falta de establecimientos.

Quedarían así, según el propio M.E.N 1.000.000 de chicos fuera del sistema de educación inicial.

Que, en los casos de sectores postergados es de gran importancia porque, además de todo lo expuesto para el nivel primario, permite un desarrollo cognitivo superior y previene el fracaso escolar.

Ninguna jurisdicción del país cumple con las necesidades del nivel inicial, por lo cual todos los años vemos quedarse sin vacante a una enorme cantidad de pequeñitos desde 45 días a 5 años.

Podemos afirmar que a mayor pobreza, en estos momentos, le corresponde menor escolarización y menor calidad educativa, cuando debiera ser absolutamente lo contrario.

En cuanto a la cantidad de docentes por alumnos, un dato fundamental ya que depende de esta variable la posibilidad de una buena llegada de los maestros a sus clases, en primaria tenemos un promedio nacional de 25,2 alumnos por docente, pero debemos tener en cuenta que se consideran a todos los docentes, aún aquellos que están en tareas pasivas, comisiones de servicio o cargos directivos o sea que no atienden cursos. Por lo tanto es muy común que nos encontremos con aulas superpobladas, lo que redunda en una baja calidad de la enseñanza.

En cuanto a las políticas para promover la igualdad de oportunidades, éstas no dejan de ser asistencialistas ya que no vemos por lo expuesto, que se refuerce la calidad educativa en los lugares donde es más necesario.

Aunque podría seguir analizando mucho más me interesa señalar que de la mentada inversión educativa del 6,47% la Nación aportó, en 2012, el 2,2% y el resto las provincias, cuando la Ley prevé que el Estado Nacional aporte el 40% y las provincias el 60%.Además el 30% de esta inversión está destinada a las escuelas privadas (Eduardo Lucita 10/ 05/ 2013).

Con respecto a las propuestas para encarar una verdadera instrumentación de la educación igualadora, inclusiva de verdad, y no para figurar en las estadísticas internacionales como un país que cumple con las metas cuando en realidad miente con un discurso que va quedando cada vez más al descubierto me he explayado muy largamente en mis notas anteriores.

Lo que hemos visto es apenas un recorte de todo lo que no se ha hecho y no se hace en materia educativa, por eso puedo asegurar que, como en muchos otros aspectos salud, energía, bienestar, la década está muy lejos de ser “ganada” para la educación pública.

© Escrito por Maria Elena Benso, Directora del Área de Educación del ISEPCi, el miércoles 03/07/2013 y publicado por http://www.isepci.org.ar