La ineficiencia judicial en la defensa de los DDHH... De Alguna Manera...

El dilema de crear una agenda que incluya las violaciones a los Derechos Humanos de hoy.

Otra muerte de un integrante de la etnia QOM, esta vez en Chaco, se suma a una tendencia que ha dejado de ser episódica para convertirse en un patrón claro y sostenido en nuestro país. La violencia y los homicidios acaecidos en diversas provincias del norte, especialmente en Formosa, no cesan. Sin embargo, pareciera que aun existe una marcada reticencia de algunos organismos de derechos humanos para hablar de este tema de manera abierta, de reclamar y denunciar expresamente al gobierno nacional y sus pares provinciales por una violación patente y sistemática a los derechos fundamentales de los pueblos originarios. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué organismos comprometidos desde hace décadas con la defensa de los derechos humanos no ponen este tema en el centro de su agenda? ¿Qué otros temas deberían integrar una agenda moderna para la defensa de los derechos humanos?

Una primera respuesta es que en nuestro país el movimiento de derechos humanos no ha logrado o no ha querido aggiornar su agenda programática. El núcleo del discurso siguen siendo las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar y, directamente vinculado con esto, toda la problemática de la violencia institucional asociada con unas fuerzas de seguridad que continúan siendo enclaves autoritarios que tras treinta años de democracia aún no hemos logrado reformar. No caben dudas que estos temas deben gozar de una entidad superior, pero: ¿deben monopolizar la agenda?

Los organismos de derechos humanos se encuentran en una encrucijada cuando la violencia institucional proviene de las fuerzas de seguridad pero su concepción intelectual es obra exclusiva del poder político. El caso de Formosa es clarísimo. Los ataques y homicidios de integrantes de la comunidad QOM solo son posibles porque quienes gobiernan la provincia lo consienten, alientan y protegen. Por su parte, el gobierno nacional no ha logrado revertir la situación ni tampoco existen constancias de que haya hecho algo concreto para impedir que el gobierno de Formosa continúe violando los derechos humanos de los pueblos originarios. La torpeza o el fracaso no lo redimen de dicha deuda. Sin embargo, pese incluso a las denuncias de Amnistía Internacional y al involucramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el panorama no ha cambiado y muchas organizaciones de derechos humanos dan cuenta de la situación de manera errática y parcial.

Parte del problema es el claro alineamiento de un sector importante del movimiento de derechos humanos con el gobierno nacional. El indiscutible y necesario apoyo del gobierno a los juicios por las atrocidades cometidas por último el gobierno de facto, sumada a la polarización por la demorada y controvertida implementación por la Ley de Medios, pareciera neutralizar toda capacidad de contralor y denuncia frente a violaciones a los derechos humanos que provengan del gobierno nacional o de sus aliados provinciales.

No hay que caer en el reduccionismo necio de proponer una agenda actual versus una agenda del pasado. Una agenda inclusiva y moderna debe incluir tanto la búsqueda de justicia por los crímenes del pasado como la lucha por los derechos de todos aquellos que hoy están siendo víctima de atropellos por parte del estado en cualquiera de sus niveles.

¿Qué temas urgentes no aparecen en la agenda actual de derechos humanos? A la gravísima situación de los pueblos originarios en el norte argentino se deberían sumar otros tales como los derechos sexuales y reproductivos. Entre otras deudas en la materia, a más de un año de la sentencia de la Corte Suprema en el caso FAL, el estado nacional y muchas provincias siguen impidiendo que las mujeres accedan a la interrupción de su embarazo cuando este es producto de una violación, lo cual nos ha valido la condena de distintos organismos internacionales de derechos humanos. Otro tema candente es la dramática situación de las cárceles y los altísimos niveles de prisión preventiva. Una democracia supuestamente respetuosa de los derechos humanos convive con altísimos niveles de presos sin condena. Actualmente, casi el 60% de las personas privadas de libertad no tienen una sentencia definitiva, y -además del encierro injustificado- es víctima de incontables violaciones a sus derechos fundamentales. ¿Qué se está haciendo para revertir un status quo cuasi medieval? Poco y nada. La raíz de este problema se encuentra en la ineficiencia judicial, en la selectividad e indiferencia del sistema de justicia. La responsabilidad para revertirlo, en cambio, le cabe a los tres poderes del estado.

La discusión está pendiente y debe darse de manera seria y responsable, sin chicanas ni dobles intenciones. Todos los movimientos sociales son dinámicos y heterogéneos, y ostentan tanto logros como deudas y desafíos. Resulta imperativo encontrar caminos que -sorteando las discusiones políticas de corto plazo- nos permitan encontrar estrategias para abordar de manera integral una nueva agenda para la defensa de los derechos humanos, que fortalezca y convalide el valioso trabajo de las organizaciones y a su vez incluya a sectores cuyas necesidades hoy están siendo injustamente marginadas.

© Escrito por Alvaro Herrero, Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), PdD en Ciencia Política (Oxford), el lunes 27/05/2013 y publicado por plazademayo.com