Fin de ciclo en el sistema de medios: adiós a la hegemonía
del grupo Clarín...
Aunque la extensión de la medida cautelar que preserva a
Clarín de adecuarse a los límites de concentración establecidos por la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual preanuncia una dilación en el único
artículo de la norma al que tanto el Gobierno como Clarín prestaron atención
desde 2009, el cierre de 2012 marca el fin de un ciclo que signó la historia
reciente de los medios de comunicación en la Argentina. Lo urgente vinculado a
la causa judicial disimula lo importante.
El fin de ciclo se expresa, por un lado, en la evidente
erosión de la primacía del Grupo Clarín, por otro lado, al despejarse la
incógnita abierta sobre qué tan lejos llegaría Cristina Fernández tras la
ruptura de la alianza que habían sostenido Néstor Kirchner y Héctor Magnetto
entre 2003 y 2008. Las expectativas inducidas por una profusa publicidad sobre
el 7D como fecha inaugural de un sistema de medios democratizado, plural y
diverso terminaron de desinflarse.
Desde mediados de los 70 Clarín asumió la tutela de un
sistema de medios que mutaba sus pautas de consumo desde el mercado editorial
hacia el audiovisual. Desde entonces, y sobre todo a partir de las siguientes
dos décadas, fue transformándose en un grupo multimedios con ramificaciones en
otras actividades económicas. Varios de los presidentes constitucionales que se
sucedieron desde 1983 dieron testimonio de la capacidad de presión del Grupo.
Esta fase de la historia de Clarín coincide con el desplazamiento de la vieja
guardia desarrollista de la conducción por parte de su ex discípulo Héctor
Magnetto. Magnetto tomó el timón de una empresa periodística y hoy conduce un
conglomerado cuya principal fuente de ingresos (aproximadamente el 70%) es el
transporte de señales audiovisuales, la mayoría de ellas producidas por otros.
En el medio, negoció con gobiernos dictatoriales y civiles desde la
participación en Papel Prensa (1977) hasta la fusión de Cablevisión y
Multicanal (2006-2007).
La visita que hizo el socio minoritario de Clarín en
Cablevisión, David Martínez, a las oficinas de la Autoridad de Servicios de
Comunicación Audiovisual (Afsca) presidida por Martín Sabbatella el miércoles
es un acto teatral que certifica el fin de aquel ciclo de expansión. Martínez,
mexicano titular del fondo Fintech
Advisory con sede en Estados Unidos, ya había sido identificado en artículos
periodísticos como una figura clave porque es, simultáneamente, socio de
Clarín, de Jorge Brito (Banco Macro), explota servicios públicos (sector energético)
y es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda externa argentina
que ingresó en el canje y que hoy respalda al Gobierno frente a los fondos
buitre. Martínez ofició de nexo en la relación que cultivaron Kirchner y
Magnetto hasta 2008. Fue testigo de varias de sus conversaciones y, desde su
lugar estratégico en Nortel (Telecom Argentina), el mayor conocedor del
naufragio de la negociación por el control de Telecom que está en el origen de
la sonora ruptura entre el kirchnerismo y Clarín.
Como socio minoritario, Martínez no puede comprometer a
Cablevisión en la adecuación a la Ley Audiovisual, pero su presencia en Afsca
afirma que reconoce y acata la norma y que podría facilitar el ingreso de otros
actores empresariales a Cablevisión forzando una reestructuración corporativa
en una operación de pinzas con el Gobierno.
La ruptura entre el Gobierno y Clarín llega pues a
instancias decisivas. Es tan inexacto afirmar que todo cambiará como pretender
que el sistema de medios quedará inalterado. Las recientes declaraciones de
Sabbatella, quien invitó a los grupos a desagregar sus unidades de negocios
entre accionistas y allegados, complementan el contenido de algunos planes de
adecuación, como el de Vila-Manzano.
Si la orientación expresada en varios fallos sobre la Ley de
Medios por la Corte Suprema se cumple, el fallo último validará la
constitucionalidad de los artículos de la norma resistidos por Clarín. El
Gobierno supedita la desconcentración de los grupos a que Clarín se adecue a la
ley. Cuando eso suceda, tanto Vila-Manzano como los demás conglomerados
iniciarán la separación de empresas, con directorios diferentes y en lo formal
cumplirán con los requisitos de la ley. El órgano estatal que debería velar por
el prístino funcionamiento de esta desagregación empresarial es la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio
Interior, en cuyas fojas de actuación sobresalen dictámenes que potenciaron la
concentración de la televisión por cable (fusión Multicanal y Cablevisión) y de
las telecomunicaciones (autorización para el ingreso de Telefónica como
accionista de Telecom).
La extensión de la cautelar será breve. Después habrá que
desempolvar las reglamentaciones añadidas a la Ley de Medios por parte del
Gobierno, con pautas de adecuación o bien de actuación de oficio. Estas
resoluciones configuran un conjunto ambiguo que permitiría a los grupos
concentrados (Clarín incluido) “adecuarse” a la norma tras una apariencia de
desconcentración pero facultan al Gobierno a definir la suerte final de las
licencias de medios menos atractivas en lo económico. Los resultados de este
proceso se apreciarán a mediano plazo.
Así, una nueva correlación de fuerzas empresariales toma
forma en detrimento del protagonismo ejercido hasta ahora por Clarín. Los
movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política
que no tiene, necesariamente, a la Ley Audiovisual como referencia aunque la
invoca con insistencia. El Programa Fútbol para Todos, la iniciativa
gubernamental sobre la televisión digital terrestre (TDT), la promoción de
contenidos gestionada por el Incaa y la inyección de recursos estatales para
estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo
(Cristóbal López) merecen consignarse como políticas activas que en algunos
casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo dispuesto por el texto
legal vigente. Hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski)
y un Estado que emerge como emisor con potencia y una presencia vigorosa como
operador audiovisual, movimientos que representan novedades.
Vender licencias que expiran dentro de tres o cuatro años
entre el mismo conjunto de empresarios, en un marco político de sucesión
presidencial y de fuerte controversia judicial que reinstala el cómputo del año
que tendría Clarín para presentar su plan una vez que se defina la
constitucionalidad de la Ley (según la Cámara Civil y Comercial ahora, pero no
según la Corte Suprema en su fallo de mayo), puede orientar las transferencias
hacia un escenario de absorciones formales que tengan escaso impacto en la
lógica que prima en el sistema de medios.
Este escenario genera malestar entre sectores de medios
comunitarios y alternativos que desde hace varias décadas impulsan reglas de
juego que no sean discriminatorias para los actores sin fines de lucro. Un
cambio de manos entre empresarios está lejos de la prioridad asignada a los
actores no lucrativos por parte de la ley (un 33% de las licencias).
Sería injusto atribuir estos rasgos a la ley, que suele ser
el atajo que toman varios de los opositores al Gobierno para ahorrarse la
laboriosa tarea de conocer a fondo lo que critican. En buena medida, lo que se
avecina es la continuidad de rasgos constitutivos del desarrollo de los medios:
lógica comercial, ausencia de actores públicos, opacidad informativa sobre
quienes son beneficiados con recursos públicos, obstrucción para que actores
sociales no lucrativos accedan a licencias, dependencia de la torta
publicitaria (privada y estatal) y precariedad económica que exige una
constante negociación de favores con el poder político para generar ayudas
estatales informales. Si estos rasgos sobrevivieron durante décadas, ¿por qué
no habrían de funcionar ahora? La respuesta a este interrogante descansa en la
profusión de plataformas que alternativizan crecientemente los usos sociales de
los medios, a través de redes digitales fundamentalmente, y a una sociedad que
desacralizó el lugar inmaculado en el que ubicaba a los medios –en buena medida
gracias a la discusión polarizada pero inédita sobre su función– y percibe a
las empresas de comunicación como actores políticos.
Aunque éste sea un tiempo pródigo para abogados y
propagandistas, en el fondo lo que está discutiéndose es la nueva correlación
de fuerzas empresariales de un sistema de medios que avanza, aturdido, hacia el
crepúsculo.
© Escrito por Martín Becerra, Profesor e Investigador de Universidad
Nacional de Quilmes y el Conicet y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el domingo 9 de Diciembre de 2012.
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