Presiones K a la justicia... De Alguna Manera...

El instrumento del miedo...

Corto supremas. Juez Juan Lorenzetti. Dibujo: Pablo Temes.

Presiones K a la justicia. El Gobierno ha comenzado a ir sin disimulo ni límites contra aquellos jueces que no fallen a su gusto. Instituciones en riesgo.

La presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, en la tarde del jueves en la sede del Consejo de la Magistratura será, por lo lamentable, para recordar. El ministro, a la manera de un mandadero, irrumpió en ese ámbito para dar una conferencia de prensa en la que descalificó a quienes se oponen a que la postulante María Lorena Glagliardi sea nombrada en el juzgado que debe resolver la controversia por los artículos 161 de la Ley de Medios. Alak no podía ni debía estar dando una conferencia de prensa ahí, ya que el Consejo de la Magistratura es un organismo absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. El ministro actuó, ni más ni menos, como un usurpador. He ahí, pues, el significado de esa presencia: el del avasallamiento.

Es que el Gobierno siente que es en la Justicia donde queda uno de los pocos espacios institucionales de oposición a su ahora desembozada y desesperada necesidad de lograr la suma del poder público. Por eso, el “Aló Presidenta” del miércoles pasado tuvo un objetivo claro: el de presionar al Poder Judicial para convalidar el intento final del Gobierno destinado a destruir al grupo Clarín. Con eso, la Presidenta busca acallar las voces de la prensa libre a través de las que se expresan las ponencias críticas de la sociedad. De lograrlo, el oficialismo habrá dado un paso decisivo en su afán de consolidar un modelo chavista que, después del categórico triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela, representa para el Gobierno el ejemplo a seguir.

La renuncia-denuncia del juez Raúl Tettamanti al Juzgado Civil y Comercial N°1, que debe entender en la causa Clarín en la que se discute el artículo 161 de la Ley de Medios, es de una enorme gravedad. El juez había sido convocado en cumplimiento de las disposiciones de la legislación vigente que, entre otras cosas, obliga a los jueces jubilados a hacerse cargo de juzgados vacantes cuando esto es dispuesto por la Cámara del fuero o por la Corte. La obligación es tan fuerte que los jueces convocados a esta tarea sólo pueden rechazar su nombramiento en caso de causales que deben estar muy bien justificadas. De no hacerlo así, el magistrado en cuestión puede llegar a ser sancionado hasta con la pérdida de su jubilación. La misma ley establece que los jueces jubilados no pierden el acuerdo del Senado por el que fueron designados. Por lo tanto, gozan de todas las garantías que ese acuerdo otorga a los magistrados.

En relación con el tema específico, además, el doctor Tettamanti tiene en su haber dos fallos adversos al Grupo Clarín: uno por Fibertel y otro vinculado a un supuesto incumplimiento de la cautelar por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca). Lo que ocurrió con el juez representa un ejemplo claro del avasallamiento institucional que practica el kirchnerismo. Los fundamentos de la recusación presentados por el ministro Alak hablan de una voluntad de impedir cualquier posibilidad de que un juez falle en contra de los deseos del Gobierno. Si eso es grave, lo que ocurrió en la trastienda fue mucho peor. Lo que hubo directamente allí fue un apriete sobre el hermano del magistrado, el almirante Rodolfo Tettamanti, retirado en 1988 tras la sublevación de los carapintada. Por eso el juez habló de una situación de “violencia familiar”. ¿Es éste el modelo de país que pretende construir la doctora Fernández de Kirchner?

Pero volvamos al “Aló Presidenta” del miércoles. Allí dijo la doctora Fernández de Kirchner que no existe ningún cepo cambiario, sino que existe un cepo a la democracia en relación con la actitud de Clarín de discutir en sede judicial la validez o no del artículo 161 de la Ley de Medios. Lo primero es mentira; lo segundo, también. No hace falta explicarles a los lectores la existencia del cepo cambiario. Muchos de ellos ya lo han padecido. Con respecto a lo segundo, hay que decir que sería ominoso para el país que Clarín o cualquier otra empresa no cumpliera con la ley (tan ominoso como eso es que un gobierno no cumpla con la ley, cosa que hace el actual cuando les paga a los gendarmes y prefectos en negro, cuando no acata las resoluciones de la Corte para reponer al procurador de Santa Cruz o cuando no paga las sentencias de los jubilados).

Lo que sí puede ocurrir –y ello es perfectamente legal y legítimo– es que una ley contenga artículos controvertidos que puedan vulnerar derechos consagrados por la Constitución Nacional, por lo que quienes se sientan damnificados acudan a la Justicia para que ella defina la constitucionalidad o no de tales artículos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El control de constitucionalidad de una ley es una tarea que le corresponde a la Justicia. Esto, que es un concepto elemental que conoce cualquier estudiante de primer año de la Facultad de Derecho, es lo que está en discusión ahora. Por ello es que el Gobierno quiere desesperadamente nombrar en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 a la doctora María Lorena Gagliardi, funcionaria del Gobierno que se desempeña en el Onabe bajo la dependencia directa del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Embarga a la Corte Suprema un sentimiento de creciente preocupación por esta embestida furibunda de la Presidenta contra la Justicia. Tanto allí como en otros estamentos de la magistratura hay conciencia de que lo que está en juego en esta causa originada por la guerra del Gobierno contra Clarín trasciende el caso en sí y se expande hasta afectar el verdadero concepto de República. Es el “vamos por todo y por todos”, resumen de una concepción profundamente antidemocrática del ejercicio del poder. Eso se vive también al interior de un Gobierno en el que la posibilidad de que las voces autocríticas sean escuchadas es nula. El miedo como instrumento de gestión es malo para cualquier gobierno. La discrepancia no es un factor destituyente sino constituyente de las sociedades democráticas y libres en las que “ninguna fuerza doma, ningún tiempo consume, ningún mérito iguala, el nombre de la libertad” (Nicolás Maquiavelo).

Producción periodística: Guido Baistrocchi

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jueves 11 de Octubre de 2012.