Desde todo el país venimos a exigir la efectiva vigencia de la libertad de expresión. Exigimos que "Liberen la Palabra" y permitan la pluralidad de voces. Venimos a exigir que posibiliten el pleno ejercicio del Derecho Humano a la Comunicación.
El día 15 de junio pasado la Corte Suprema de Justicia revocó unánimemente la medida cautelar dictada por la justicia federal en Mendoza, que suspendía la ley. Hoy reclamamos que la Corte nuevamente haga cumplir la ley revocando medidas cautelares; impidiendo que los grupos oligopólicos con maniobras leguleyas logren postergar el cumplimiento de la Ley.
Los grupos concentrados postergaron el debate sobre la democratización de la comunicación por 26 años, después lo silenciaron y ahora pretenden postergar la aplicación de la ley. Intentan utilizar al Poder judicial para no cumplir la ley. La Ley de Servicios de Comunicación audiovisual que fue debatida por la sociedad argentina; ley que fue aprobada por una amplia y plural mayoría en ambas cámaras legislativas y que fue acompañada por masivas movilizaciones populares.
El Poder Judicial tiene que hacer justicia. El Poder Judicial tiene que hacer cumplir la Ley.
Ante la perspectiva de que en pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resuelva sobre el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Clarín al Art.161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Coalición por una Radiodifusión Democrática y los abajo firmantes reafirman que todos los sectores involucrados en la comunicación deben ajustarse a derecho y adecuarse a la nueva ley en los plazos previstos por ésta. Advertimos que lo que pretenden es ganar tiempo burlándose de las instituciones de la democracia.
La Ley es para todos, para los monopolios también.
No es posible que los grupos económicos que aún conservan posiciones dominantes y más licencias que las permitidas por la ley, resistan su cumplimiento mediante artilugios judiciales para preservar sus ilegítimos privilegios. Esos monopolios no sólo violan la Ley de la democracia, sino también los límites de concentración que les daba generosamente la ley anterior generada en la dictadura. No aceptamos la vigencia del modelo neoliberal que favoreció la concentración oligopólica de los medios.
La cantidad de licencias previstas por la Ley 26.522 y la consecuente recuperación de las usufructuadas ilegítimamente durante décadas, son requisitos indispensables para distribuir la palabra y garantizar la pluralidad comunicacional.
No vamos a permitir que impidan el surgimiento de nuevas voces.
Esta Ley de comunicación audiovisual fue posible porque miles de compañeros y compañeras resistieron la ley de la dictadura desde el momento en que fue impuesta; impulsaron medios alternativos desde el advenimiento de la democracia, los mantuvieron con coraje y convicción durante todos estos años. Esta Ley fue posible porque en el 2004 se elaboraron los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación y por la voluntad y valentía política de este gobierno para sancionar la ley de medios de la democracia.
La única garantía de que las voces excluidas y silenciadas durante décadas comiencen a ser oídas es la participación popular. Por eso estamos en la calle defendiendo la aplicación plena de la Ley.
Por eso queremos que el Poder Judicial tenga la fuerza para hacer cumplir la Ley a los poderosos.
Democratizar la palabra es un paso indispensable para construir una sociedad más justa e igualitaria.
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