Con voz firme y tono menos castrense, Jorge Rafael Videla habló por primera vez en un tribunal de la democracia. “Asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe”, dijo el ex general que encabezó el último golpe militar de la Argentina. Repitió que el Tribunal Oral de Córdoba “carece de competencia” para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, reivindicó como su “juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas” y anunció que no va a prestar declaración. A menos de un mes de cumplir 85 años y de doce años de prisión, Videla apareció con mejor semblante, inclusive, que cuando en plena dictadura declaró ante corresponsales extranjeros: “Los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, están de-sa-pa-re-ci-dos”. El jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, otro de los 31 acusados por las torturas y crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba también se hizo del micrófono. Con el mismo libreto que viene usando en los juicios en los que fue condenado ya en Tucumán y Córdoba, señaló que “los terroristas marxistas que, conducidos desde el extranjero, asaltaron la República porque no creían en nuestras instituciones democráticas, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones democráticas para juzgar a quienes las defendimos”. Menéndez luego anticipó, al igual que su jefe máximo, que no va a declarar porque desconoce la Justicia civil.
Sin culpa
El viernes pasado apenas se empezó a leer la acusación contra los responsables del asesinato de treinta y un presos políticos de la UP1, entre abril y octubre de 1976, Videla había querido hablar. El presidente del Tribunal Jaime Díaz Gavier lo interrumpió porque no era ése el momento reservado para escucharlo. Videla, quien se había mantenido en silencio durante el Juicio a las Juntas en 1985, tuvo la oportunidad de explayarse, pero lo hizo por pocos minutos. Recordó que “la Cámara Federal juzgó en mi caso todos los hechos (...) considero que los hechos constituyen cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”. Dijo que en agosto de 1984 declaró por primera vez ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y “siempre reconocí la autoría de las directivas que impartí en cumplimiento de la directiva 1 del Ministerio de Defensa y de los decretos firmados por el Poder Ejecutivo Nacional en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. Las directivas fueron calificadas de inobjetables por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Apenas asumió Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, dictó el decreto 158, por el cual estableció el juzgamiento de las tres primeras juntas militares a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El 13 de febrero del ’84, ante las demoras y la falta de voluntad demostrada por el tribunal castrense, se sanciona la ley que reforma el Código de Justicia Militar y habilita a la Justicia civil a intervenir. El 11 de julio del ’84, la Cámara Federal le indica al Consejo Supremo que investigue si hubo violaciones a los derechos humanos. El 25 de septiembre es cuando el tribunal militar responde y califica como “inobjetables” “los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista”. El 4 de octubre, la Cámara Federal desplaza a los jueces castrenses y se hace cargo del histórico juicio. Videla es condenado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, destitución del grado militar. El ex presidente Carlos Saúl Menem lo indulta en 1990, ocho años más tarde vuelve a prisión por una causa de robo de bebés: pasa 38 días en la cárcel de Caseros y luego en prisión domiciliaria hasta que en 2008 lo recluyen en la cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo.
Videla, al igual que Menéndez, nunca reconoció la jurisdicción civil. Ayer, antes de advertir que no va a declarar se permitió una precisión sobre la acusación que pesa sobre él por el asesinato de treinta y un presos políticos. Dijo que “el viernes se hizo mención a que la policía de Córdoba quedó subordinada a partir del 24 de marzo del ’76 al Ejército cuando, en realidad, por decreto de 6 de octubre de 1975 firmado por el doctor (Italo) Luder se dispuso a partir de esa fecha que todos las policías quedaban bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas”.
Ese es otro de los ejes argumentales de la defensa de los represores: que sólo se limitaron a cumplir con los decretos de “aniquilamiento de la subversión” dictados por Luder, como presidente provisional, durante el mandato de Isabel Martínez de Perón. El testimonio de Fermín Rivera es elocuente del cambio que significó el salto de la democracia a la dictadura para los detenidos en la UP1.
Los subordinados
Apenas terminó Videla, tomó la palabra Menéndez con su ya conocida contextualización sobre “el marxismo internacional” que inspiraba a “los subversivos contra la sociedad occidental y cristiana”. Esta vez no parafraseó –como en diciembre pasado en otro de los juicios que lo tiene como protagonista– al fugaz ministro de Educación porteño, Abel Posse, pero siguió fiel a ese libreto. Los problemas de sonido que incomodaron a Videla se repitieron con algunos de los 17 militares, 13 policías y el médico civil, pero no fueron obstáculo para que hablaran sin inhibiciones. A tal punto que hoy continuarán con sus arengas.
Entre los que se hicieron escuchar estuvo el comisario mayor retirado Carlos Alfredo Yanicelli, alias Tucán, imputado por tormentos a 210 personas y seis homicidios. Yanicelli fue designado director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba por Oscar Aguad mientras se desempeñaba como ministro de Gobierno de Ramón Mestre. Aguad es ahora el presidente de la bancada radical en la Cámara de Diputados de la Nación.
El coronel retirado Osvaldo César Quiroga pidió un pie para el micrófono y se despachó durante una hora. Quiroga, al igual que gran parte de los otros oficiales reivindicaron que Videla haya asumido su responsabilidad como jefe y se limitó a marcar el cumplimiento de órdenes. Quiroga también participó de la represión en el campo de concentración de La Perla. El teniente coronel retirado Enrique Pedro Mones Ruiz intentó hacer gala de cierto histrionismo para criticar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y fue amonestado por el tribunal (ver aparte).
Cuando la tarde ya cedía a la noche, Francisco Pablo D’Aloia seguía hablando y fue el único que aceptó contestar preguntas. El fiscal, algunos defensores y hasta otros imputados recrearon entonces un diálogo inédito que continuará hoy. D’Aloia, acusado de haber participado en el traslado de los presos, el mecanismo para fraguar las supuestas fugas que justificaban los fusilamientos, pidió una pizarra para continuar hoy con su defensa. Frente a representantes de todos los organismos defensores de derechos humanos y de familiares de las víctimas, seguirán repitiendo sus argumentos en los que no asoma ni siquiera el arrepentimiento por las atrocidades cometidas. Un grupo de familiares de los acusados comparten el ámbito en el que por primera vez abrió la boca frente a jueces de la democracia el militar que más tiempo ejerció el poder de facto en la Argentina: Videla, durante cinco años.
© Escrito por Nora Veiras y publicado en el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el martes 6 de Julio de 2010.
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