La vida es un tablero de ajedrez en donde los cuadros blancos son los días y los cuadros negros son las noches... Nosotros, somos las piezas que vamos de aquí para allá para caer al final en el cuadro de la nada... De Alguna Manera... Una Alternativa…
La
negativa presidencial al traspaso de mando expresa la locura de la era K.
No hay registro en la historia de la Argentina de unatransición tan traumática y
disparatadacomo la
que se está viviendo en estos días. Uno de los efectos colaterales más nocivos
y penosos se registra en el ámbito de las delegaciones extranjeras que han
confirmado su asistencia a los actos de asunción del nuevo gobierno.
Los cables y las comunicaciones que se originan en las
embajadas con sede en Buenos Aires dejan clara constancia del azoro que todo
este engorro produce. Desde las cercanías del presidente electo aseguran que laincoherencia
políticaen las
negociaciones de la transición es agobiante.
“El kirchnerismoobstaculiza todo planteo y son tantos los negocios
armados en torno a la gestión que será una tarea titánica poner las cosas en
orden”.
Una muestra de ello –que dejó boquiabiertos a los nuevos
moradores del Senado– tiene que ver con el negocio que se había montado en
torno a loscontenidos de su página web.
“El sitio estaba manejado por la gente de informática. Imaginé que se referían
al soporte técnico, pero no. Sectores del oficialismo desplazaron a los
creadores y administradores de la web quedándose con el control de los
contenidos. Le cobraban a cada senador que quería aparecer en portada para
difundir algún proyecto sumas que ibandesde los 10 a los 50 mil pesos.
Un papelón”. La fuente que pidió reserva de su nombre es uno de los
funcionarios que tendrá despacho en el nuevo Senado. “No sabemos con qué más
nos iremos encontrando”, señaló.
Los ámbitos gubernamentales en los que se viven
situaciones de tensión son numerosos. El clima laboral en elMinisterio de Economíaes irrespirable. El final del mandato profundizó las asperezas entre los
técnicos de carrera y los moradores políticos y militantes kirchneristas. “No
pueden creer que se van. Hay odio. Están furiosos. Saben perfectamente quiénes
están con ‘el modelo’ y quiénes no. Nos están haciendo la vida imposible.Por
suerte les queda poco”, aseguró un técnico del ministerio que
resaltó el mal trato de los directores que habían sido nombrados políticamente.
Lo peor son las intenciones y el desprecio por la democracia y el país.
“Hablan de resistir.Molestar. Obstaculizar
cualquier proceso de cambio.Parecen adolescentes de secundario,
pero son mucho más peligrosos”, remató la fuente con preocupación. Ante estas
conductas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suena poco creíble
cuando expresa que desde el Frente para la Victoria no le pondrán palos en la
rueda al nuevo gobierno.
La reunión de la Presidenta con los gobernadores del
peronismo tuvo un crescendo tensional que dejó a varios de ellosboquiabiertos
y extenuados. Hubo allí pases de facturas y reproches de la
jefa de Estado hacia varios de ellos, a quienes acusó de no haberla defendido
de las críticas y los ataques de la oposición.
Eduardo Fellner, el
saliente mandatario de Jujuy, fue uno de los que peor la pasó. Las ausencias de
los gobernadores de Salta,Juan Manuel Urtubey, y de Córdoba tanto el actual,José Manuel de la Sota, como el entrante, Juan Schiaretti, anticipan lo que
viene en el convulsionado mundo del peronismo.
La aspiración de Fernández de Kirchner de erigirse en la
líder indiscutida de la oposición va a encontrar resistencia. Son muchos los
que están hartos de susmalos tratosy estilo de conducción verticalista.
Algunas de esas disidencias se vieron esta semana en el Senado cuando el
oficialismo aceptó tratar sólo uno de los noventa proyectos de ley que tuvieron
media sanción en la escandalosa última sesión de la Cámara de Diputados.
CFK
destrata peor que nunca. Y en los ministerios reina el caos.
El estado de alteración por el que atraviesa la jefa de
Estado se hizo sentir hasta en la elección del nuevo presidente de laAsociación del Fútbol Argentino(otro bochorno). “¿Tiene alguien llegada a los clubes de
fútbol...? Bueno, los que tengan, llamen ya de parte de la Señora y asegúrense
de que no voten a Tinelli”, le demandó un funcionario del Gobierno a un grupo
de colegas con los que cenaba en la noche del miércoles.
No es novedad que Fernández de Kirchner le deja a su
sucesor unverdadero campo minado.
Ello lo obligará a moverse con rapidez en la ejecución de medidas que despejen
la incertidumbre y el temor con que se las espera. El aumento depreciosde estos últimos días, ligado al
levantamiento delcepocambiario, es un hecho al que hay que
prestarle mucha atención. Por eso, el anclaje del valor del dólar va a ser un
punto clave del cual dependerá la tranquilidad y previsibilidad de muchas
variables económicas.
Alfonso Prat-Gay, que es perfectamente consciente de esta alternativa,
está trabajando intensamente a fin de asegurar el colchón que confirme la
estabilidad del precio de la divisa estadounidense. Por ello el contacto con el
secretario del Tesoro del gobierno de Barack Obama, Jack Lew. El nuevo gobierno
aspira a contar con unosUS$ 14 mil millonesprovenientes de distintas fuentes,
para dar respaldo a la liberación del cepo. AMacrile fue muy bien en sus reuniones con Dilma Rousseff y
Michelle Bachelet, que le permitieron establecer una buena química personal,
aspecto siempre importante en las relaciones internacionales. Brasil puede ser
uno de los aportantes de los dólares que se requerirán cuando se anuncien las
nuevas medidas económicas.
Otro de los temas en discusión es laagenda
parlamentaria del verano. De ello depende que el futuro
presidente se incline por llamar asesiones extraordinariaso no. “Deberíamos tener certeza de que los proyectos que
ingresen tengan buenas perspectivas de ser aprobados. Si no es así, no vale la
pena porque sería una demostración de debilidad”, explica un legislador que fue
clave en todo el proceso que llevó al armado de Cambiemos.
Una de las aristas que deberá tener en cuenta la nueva
gestión es el tempo de la negociación política. Al respecto, ciertas voces del
PRO advierten sobre un exceso de voluntarismo que observan en algunos de los
funcionarios designados a los que les falta fogueo político. Ese es un hándicap
sobre el que entienden se deberá trabajar.
“Conducir es convencer”, dijo el general Perón a la
vuelta de los años y de sus errores. Es lo que demanda la Argentina del
presente en pos de un futuro que la aleje de la metodología de la imposición
reinante durante los doce años del kirchnerato que toca a su fin.
Producción periodística: Guido Baistrocchi, con la contribución
de Santiago Serra.
La marca Cheeky de Juliana Awada
filmada y denunciada por trabajo esclavo…
Taller clandestino de Cheeky en la calle Hubac 5673 de C.A.B.A.
Hace pocos días un costurero
ingresó con cámara oculta a un taller clandestino con cama adentro donde 13
personas eran sometidas a la servidumbre y el hacinamiento. El taller
clandestino, ubicado en la calle Hubac 5673 en el barrio de Mataderos hace tres
años que trabaja exclusivamente para la firma Cheeky que actualmente dirige
Juliana Awada, confeccionando pantalones para chicos, de esos que salen $ 220,00
para arriba cada uno. En ese taller son supe explotados 13 costureros de origen
boliviano, varios de ellos en situación migratoria irregular o sea sin
documentación, en extenuantes jornadas de 7 a 22 hs. por la miserable suma de $
1.800,00.
Los costureros están encerrados y
para ir a hacer un simple mandado a la calle y traspasar la puerta de hierro,
deben dejar siempre sus pertenencias como garantía de que no se escaparán. El
propio costurero que hizo la cámara oculta, tuvo que dejar su bolso para poder
salir con la excusa de buscar una farmacia. Los costureros están hacinados en
cuartos muy pequeños con cama cuchetas. Y en esas mismas camas cuchetas deben
comer, ya que carecen de mesas y sillas como puede verse claramente en la
cámara oculta. Los niños de varios de esos costureros también están sometidos
al encierro. Todos comparten un baño muy precario.
La instalación eléctrica es
precaria y entraña riesgo de incendio y los costureros aspiran polvillo de la
tela todo el tiempo, exponiéndose a enfermedades pulmonares como la
tuberculosis.
Como puede observarse en el video
informe, hubo que realizar varias maniobras y buscar falsas referencias para
poder entrar al taller ya que quien lo regentea es consciente de los delitos
que está cometiendo y de la marca a quién responde.
Cheeky ya había sido denunciada
penalmente por el Gobierno de la Ciudad en el período de Jorge Telerman, la
Defensoría del Pueblo y la Alameda en enero de 2007. En aquella oportunidad, se
habían logrado inspeccionar varios talleres con costureros sometidos a la
servidumbre. Lamentablemente un escandaloso fallo del ex Juez Federal Guillermo
Montenegro, actualmente ministro de Seguridad de Mauricio Macri, sobreseyó a la
firma que por la ley de trabajo a domicilio es solidariamente responsable de
los talleres donde manda a confeccionar sus prendas.
Otros talleres de Juliana Awada
ya habían sido filmados y denunciados por la Alameda en setiembre de 2006 y en
marzo de 2010. A pesar de los testigos y las inapelables imágenes de las
cámaras ocultas, también la justicia hizo la vista gorda con estas denuncias.
Ni las inspecciones del GCBA en
época de Telerman, ni las denuncias de la Defensoría, ni los video informes y
denuncias de la Alameda alcanzaron para que la justicia castigue la impunidad
de Daniel y Juliana Awada que siguieron todos estos años maximizando ganancias
en base a la explotación más abyecta de costureros migrantes en talleres
clandestinos con trabajo esclavo.
Segura de que su actual marido y
Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri la protegerá del cumplimiento de
la ley, Juliana Awada que ahora dirige Cheeky ni siquiera se tomó el trabajo de
mudarse de distrito y sigue basando su producción en talleres esclavos en el
propio ámbito de la Capital Federal a sabiendas que los cuerpos inspectivos que
dirige su marido seguirán haciendo la vista gorda.
Una vez más la Alameda se
presenta ante la justicia para denunciar a estos esclavistas y además mostrarle
a toda la sociedad de qué talleres estamos hablando cuando hablamos de Cheeky y
de Juliana Awada.
En horas de la mañana del
miércoles 11 se formulará la denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py
a Cheeky por reducción a la servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de
migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio.
A las 19 hs convocamos a
movilizarnos al local de Cheeky de avenida Santa Fe 2053 para realizar un acto
de repudio y una clausura simbólica de esta marca esclavista emparentada con el
poder y la impunidad.
Contactos:
Gustavo Vera (011 15 6158-4835)
Dr. Mario Ganora (011 15 5883-0233)
Fórmula Denuncia:
Señor Juez: Gustavo Javier Vera,
presidente de la “Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo”,
con domicilio en Avda. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF), con
domicilio en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
V.S. dice respetuosamente que:
I) Objeto
Por el presente, viene a
formular denuncia contra los propietarios y encargados del taller de costura
sito en la calle Hubac 5673 a los fines de que se investigue la presunta
comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117 de la ley
25.871, 140, 145 bis del C.P. y 35 de la ley 12.713. También corresponde que se
investigue la posible comisión del delito de evasión fiscal en sus aspectos
tributario y previsional contemplados en los arts. 1 y 7 de la ley 24.769. Esta
denuncia también abarca a los responsables de la firma Cheek S.A. (CUIT n°
30.67729108-3 con domicilio en Cuyo 3040/166 Martínez, Pcia. de Buenos Aires,
propietaria de la firma “Cheeky”, para quien trabajaría en forma exclusiva el
mencionado taller de costura.
Solicito asimismo que se proceda
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 y concordantes de la ley 26.364 a
los fines de la protección de la víctima de los delitos denunciados.
II) Hechos
El mencionado taller de costura
funcionaría como un clásico taller de sudor o “sweatshop” que trabajaría confeccionando
ropa en forma exclusiva para la referida sociedad anónima. En efecto, el
tallerista se hace conocer por el nombre de “Pepe” y junto con su esposa maneja
el establecimiento que trabajaría exclusivamente para la marca Cheeky desde
hace tres años.
Los trabajadores que allí se
desempeñan deben hacerlo con el régimen de “cama adentro”, es decir que deben
pernoctar en el lugar de trabajo. En ese lugar trabajan alrededor de trece
personas. La jornada laboral que se extiende desde las 7.00 de la mañana hasta
las 21.00 y, a veces, hasta las 22 horas.
Estas jornadas se realizan de lunes a
viernes y los días sábado hasta el mediodía. Los salarios que se abonan a los
trabajadores son del orden de los mil ochocientos pesos por mes ($1.800) y se
da como justificación que se les proporciona casa y comida. Uno de los
trabajadores, F.M.D.C., cuyos datos se acompañan en sobre cerrado, informa que
no se les requiere documentación para ser contratados. Esta persona aclara que
pudo comprobar que hay personas sin D.N.I. sea que se trate de trabajadores o
de los niños que allí habitan. Para poder entrar y salir del taller se requiere
del permiso del encargado y se retiene en todos los casos los efectos
personales del trabajador para asegurarse su retorno al establecimiento.
Las condiciones de salubridad,
higiene y seguridad en el trabajo son deplorables. La casa donde funciona el
taller tiene dos plantas. En la planta baja se encentran las maquinarias y en
el primer piso las crujías donde habitan los trabajadores. El lugar de trabajo
está muy deteriorado, la instalación eléctrica es muy precaria, no se observan
matafuegos y hay gran acumulación de telas, productos terminados y restos de la
producción. Esto significa la existencia de un riesgo real de incendio que de
ocurrir podría significar un desastre similar a la tragedia de la calle Luis
Viale 1269 ocurrida en 2006. Agrava la situación de inseguridad del taller la
circunstancia de que niños menores ingresan y salen del lugar de confección sin
ningún tipo de control. Uno de los trabajadores parecería ser una persona con
discapacidad mental y muy agresiva.
El lugar de alojamiento de los
trabajadores es una pieza dividida en tres partes para hombres y parejas donde
hay varias camas tipo cucheta. El resto de las comodidades consisten en una
cocina y un solo baño para hombres y mujeres. No hay refectorio por lo que los
trabajadores deben almorzar y cenar sentados en las cuchetas donde duermen.
Carecen de mesas y sillas y de cubiertos por lo que deben comer la carne con la
mano por la falta de cuchillos.
III) Significación jurídica
Del
relato de los hechos surgiría que una sociedad anónima propietaria de una
conocida marca de ropa para niños terceriza su producción con un taller de
costura, los que a su vez tiene trabajadores empleados. Esta relación entre el
fabricante, los talleristas y los trabajadores se rigen por las disposiciones
de la ley de trabajo a domicilio (ley 12.713) que prevé tanto en sus
disposiciones como en su reglamentación todo un conjunto de obligaciones tendientes
a evitar abusos y la explotación de la parte más débil, es decir el trabajador
(ver art. 13 de la ley 12.713). También aquí se advierte que el propósito de
los empleadores habría sido burlar las disposiciones de la referida ley a los
fines de maximizar sus ganancias mediante el pago de salarios inferiores a los
de convenio, excediendo los límites de la jornada legal de trabajo sin el pago
de horas extras y sin respeto de lo concerniente a las normas mínimas de
higiene y seguridad. Independientemente de las transgresiones a la legislación
laboral, se encontrarían reunidos, prima facie, los extremos previstos en el
art. 35 de la ley 12.713 que dispone: “El empresario, intermediario o
tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que
importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los
procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos
años”.
Cabe destacar que esta maniobra
tendiente a pagar remuneraciones inferiores a los establecidos mediante los
mecanismos de la ley se habría llevado a cabo también mediante la contratación
de trabajadores de origen extranjero que tendrían una situación de residencia
irregular. De esta manera el o los empleadores se habrían asegurado que estos
trabajadores por su especial vulnerabilidad no opondrían resistencia a la
violación de sus derechos. Precisamente esta conducta se enmarcaría en las
previsiones del art. 117 y 120 de la ley 25.871 toda vez que constituiría la
facilitación habitual de la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio
de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un
beneficio poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad de las
personas.
También del relato de los hechos
surgiría nítidamente que las personas que allí trabajan estarían sometidas a un
régimen de explotación susceptible de ser considerado trabajo o servicio
forzado de conformidad con la interpretación del mencionado concepto que
realiza la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, la definición del
concepto de trabajo forzoso remite necesariamente al art. 2 del “Convenio sobre
Trabajo Forzoso, 1930 (num. 29) de la Organización Internacional del Trabajo
ratificado por nuestro país, que tiene jerarquía superior al derecho interno en
virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 C.N. Según el art. 2 del Convenio
29 de la OIT se entiende como trabajo forzoso “todo trabajo o servicio exigido
a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho
individuo no se ofrece voluntariamente”.
La OIT ha precisado los conceptos
contenidos en la definición en diferentes documentos. En este sentido el
documento denominado “Erradicar el trabajo forzoso” elaborado por la Comisión
de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en 2007
fue bastante claro al considerar la cuestión suscitada por la imposición de la
obligación de realizar horas extraordinarias bajo la amenaza de una pena (ver
pág. 74 y concordantes).
Los expertos de la OIT entendieron que la imposición
de horas extraordinarias no afecta la aplicación del Convenio n° 29 en la
medida en que tal exigencia se sitúe en el marco de los límites establecidos por
la legislación nacional y aceptados por las convenciones colectivas. Se ha
entendido también que el temor a ser despedido obliga al trabajador a realizar
horas extraordinarias que superan lo previsto en la legislación nacional. En
otros casos, en que se pacta la remuneración fijando metas de rendimiento, la
obligación de trabajar más allá de la jornada de trabajo se deriva en la
necesidad de hacerlo para alcanzar el salario mínimo. Sobre estas cuestiones la
Comisión ha observado que si bien el trabajador tendría hipotéticamente la
posibilidad de librarse de la imposición de trabajar más allá de la jornada
ordinaria de trabajo, la vulnerabilidad de su situación hace que prácticamente
no tenga real opción, obligado por la necesidad de alcanzar al menos el salario
mínimo y de conservar su empleo o por ambas razones. La Comisión ha considerado
que en los casos en que el trabajo o servicio se imponga mediante la
explotación de la vulnerabilidad del trabajador, bajo amenazas de una pena, el
despido o una remuneración inferior al trabajo mínimo, tal explotación
transforma una situación caracterizada por malas condiciones de trabajo en una
relación en la cual el trabajo se impone bajo amenaza de una pena y amerita la
protección del Convenio a efectos del cual la expresión trabajo forzoso u
obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente. En el caso concreto de autos se ha podido ver como las horas extraordinarias
se imponen fuera de todo marco normativo y bajo la amenaza de percibir
remuneraciones inferiores al mínimo legal o la sanción del despido.
La OIT ha señalado en el referido
documento denominado “Erradicar el trabajo forzoso” que el Estado no debe
tolerar la imposición de trabajo forzoso por parte de terceros, cualquiera que
sea su forma en su ámbito de competencia territorial. A tal efecto, deberá
establecer garantías legales frente a toda obligación de trabajar que exista en
la práctica. El art. 25 del Convenio n° 29 de la OIT precisa a este respecto
que “el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto
de sanciones penales” y que el estado tiene “la obligación de cerciorarse de
que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican
estrictamente”.
La norma penal que resulta
aplicable en función de la obligación establecida en el art. 25 del Convenio n°
29 de la OIT es, a mi juicio, el delito de reducción a servidumbre previsto y
reprimido en el art. 140 C.P. En efecto, el trabajo forzoso es considerado como
una práctica análoga a la esclavitud (art. 5 de la Convención sobre la
Esclavitud y Preámbulo del Convenio 105 de la OIT “Convenio Relativo a la
Abolición del Trabajo Forzoso”) y está específicamente prohibido por nuestra
Constitución Nacional (arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con
jerarquía constitucional merced a lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 C.N.).
Cabe señalar asimismo que la
actual redacción del tipo penal del art. 145 bis del C.P. que reprime la
acogida o recepción de personas mayores de dieciocho años de edad, abusando de
una situación de vulnerabilidad con fines de explotación, en este caso trabajo
forzoso, se superpone con la figura del art. 140 del C.P. dando lugar a un
concurso ideal (art. 54 C.P.).
El carácter clandestino de las
contrataciones de los trabajadores y la forma en que se desarrolla la relación
de trabajo también hace sospechar fundadamente en la comisión de los delitos
contemplados en los arts. 1 y 7 de la ley 24.769.
IV) Prueba
En sobre cerrado
acompaño video grabación del taller donde constan las circunstancias apuntadas y
los datos de la persona que responde a las iniciales F.M.D.C. quien está
dispuesto a prestar declaración testimonial.
V) Petitorio
Por todo lo expuesto, solicito:
a) Se tenga por presentada la
presente denuncia
b) Se proceda de conformidad con
lo dispuesto en el art. 6 y concordantes de la ley 26364 respecto de las
posibles víctimas de los delitos denunciados.
c) Se agregue la prueba que se
acompaña
d) Oportunamente se acompañaran
otras al momento de la ratificación.
Por primera vez en un siglo de democracia
representativa con voto universal y secreto, un partido de la derecha patronal
llega al gobierno en forma legal. Si 2016 no es 1916, tampoco puede equipararse
a 1976, cuando los mismos intereses impusieron a sangre y fuego la remodelación
de la sociedad argentina. De Videla a Macrì, un largo y accidentado camino. La
Procuración General y el caso Avila: los límites que no pueden evadirse en
democracia. Los juicios y el
poder económico.
El próximo jueves, por primera vez en el siglo transcurrido desde que se
celebran elecciones por el voto universal y secreto, un partido de la derecha
patronal alcanzará el gobierno por medios legales y no derribando a golpes
instituciones y derechos.
El miércoles pasado, Cristina Fernández de Kirchner promulgó en la EXma la
ley 27217 que crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral “de
Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última
dictadura militar”. Al día siguiente, se presentó en el auditorio Emilio
Mignone de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) un
monumental informe de mil páginas sobre la responsabilidad empresarial en
delitos de lesa humanidad.
Un ejemplar ya fue entregado al fiscal general Jorge Auat, titular de la
Procuradoría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público y a su
adjunta Carolina Varsky, y la semana próxima recibirá el suyo el diputado
Héctor Recalde, autor del proyecto por el que se creó la Comisión Bicameral. La
relación entre estos hechos es evidente, pero indirecta, porque ni 2016 es
1976, ni Macrì es Videla, por más que representen intereses afines, aunque no
idénticos.
Es difícil imaginar un momento más oportuno que ahora para una reflexión al
respecto. El objeto de la Comisión Bicameral será “la búsqueda de la verdad, la
memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones
de la democracia”. Su informe final describirá las consecuencias de las
políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera de entonces
e identificará a los actores económicos y técnicos que “contribuyeron y/o se
beneficiaron” con esas políticas.
Responsables, no cómplices
El trabajo de investigación fue realizado en forma conjunta por el programa
Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, el área de economía y tecnología de FLACSO y
el CELS. La responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez
Alcorta, dijo que se relevaron fuentes documentales, de prensa, bibliográficas
y judiciales, nacionales y provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
de los ministerios de Defensa y de Trabajo y de las instituciones parte de la
investigación.
Se compiló un listado inicial de 200 empresas cuyos trabajadores fueron
víctimas de la represión del terrorismo de estado, de las cuales se
seleccionaron luego 25, de distintas actividades económicas y regiones del
país, a las que el Ejército atribuyera importancia especial. El equipo de
trabajo describió los distintos aportes empresariales que habilitaron,
exacerbaron o facilitaron la comisión de los delitos y cuantificó en qué
cantidad de casos se produjo cada uno de esos aportes. La práctica más
frecuente fue en nueve de cada diez casos el despido, la renuncia forzada y el
secuestro de obreros activistas. Le siguieron, en orden decreciente la entrega
a las fuerzas represivas de listas de delegados e información privada de los trabajadores;
la presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento
dentro de las fábricas; la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas o de
Seguridad en cargos directivos en las empresas; la infiltración de agentes de
Inteligencia entre los trabajadores; los operativos militares dentro de los
predios fabriles; la presencia de cuadros empresariales en las detenciones
secuestros o torturas a sus trabajadores; la instalación de las fuerzas
represivas dentro de las fábricas; el empleo de vehículos de la empresa en
operativos de detención y secuestro; el control del ingreso a la planta por
fuerzas militares; la intervención militar en conflictos a solicitud de los
directivos de las empresas; la detención de trabajadores en el camino entre la
empresa y su domicilio y, en uno de cada cuatro casos, el funcionamiento de
campos clandestinos de concentración en establecimientos de la empresa. Todo
esto impide referirse a complicidad o participación en delitos cometidos por
otros, ya que lo que existió fue responsabilidad de un sector patronal en los
crímenes cometidos contra sus trabajadores.
Eduardo Basualdo consideró que esta caracterización constituye un salto
cualitativo en el conocimiento de la participación empresarial en la dictadura,
que destruyó la industria y el empleo y abrió paso a un nuevo patrón de
acumulación de capital basado en la valorización financiera. El subsecretario
de política criminal Luciano Hazan destacó que no basta con el compromiso del
presidente electo de no interferir con el avance de los juicios, ya que cuando
se trata de la patronal la reticencia de los jueces requiere de un compromiso
activo del Estado, a través de sus distintas dependencias, relevando y
suministrando información. Y el secretario de derechos humanos Martín Fresneda
hizo una semblanza emocional de su padre, detenido-desaparecido en la trágica
Noche de las Corbatas por ser abogado defensor de trabajadores. El mismo día
fue asesinado Norberto Centeno, coautor de la ley de contrato de trabajo, una de
las primeras que avasalló la Junta Militar. Al concluir la dictadura la
participación de los trabajadores en el ingreso había caído al 22 por ciento,
el mismo porcentaje del peso de la industria (que perdió 20 mil fábricas) en el
total de la economía. Ése fue el programa regresivo que no pudieron implantar
en 1955 ni 1966, y que en 1976 requirió el empleo de una fuerza sin límites
para quebrar esa resistencia y golpear las bases materiales de un proyecto
nacional y popular.
Tomar distancia
Tanto en el informe de la CONADEP de 1984 como en el
juicio a las Juntas Militares de 1985, se incluyeron varios casos de
complicidad empresarial. Pero la política criminal de entonces sólo permitía
avanzar contra quienes ejercieron la comandancia en jefe de alguna de las tres
Fuerzas Armadas. El gobierno era débil y el neoliberalismo prevalecía en el
mundo, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en su apogeo. No obstante, el
presidente Raúl Alfonsín consiguió con estas herramientas interrumpir el
círculo vicioso de los golpes de Estado. Ocupados en defenderse ante los
tribunales, los militares no tuvieron tiempo y ánimo para opinar de la política
económica o cultural, sobre el largo de las faldas de las mujeres y el pelo de
los hombres como venía ocurriendo desde 1930. Ese diseño contribuyó a aislar a
los ex Comandantes que fueron abandonados por sus socios civiles.
El 22 de abril de 1985 se realizó la primera audiencia
del juicio a Videla, Massera & Compañía. La noche anterior, el presidente
recibió en Olivos a quince grandes empresarios, a quienes por entonces se
conocía como capitanes de la industria. Introducidos en el entorno presidencial
por el canciller Dante Caputo, aseveraron que sólo concebían el desarrollo de
sus empresas dentro del sistema democrático por lo que no harían nada para
obstaculizar el juicio. Luego reclamaron un cambio drástico de política, cuyo
costo sólo podía ser asumido por el Presidente. Su ministro económico Bernardo
Grinspun, tal vez sin mayor comprensión de los cambios estructurales producidos
pero con indudable buena fe, había querido reparar el tejido industrial
desgarrado durante la dictadura y la respuesta que halló fue una creciente
inflación.
El presidente convocó a un acto en defensa de la
democracia en peligro, pero su discurso ante la multitud que acudió en su
auxilio proclamó la economía de guerra contra el salario, que se concretaría
con la remoción de Grinspun y el Plan Austral. Una flamante procesadora de
texto apareció de un día para otro en la Cámara Federal, que hasta entonces tenía
escasos recursos para llevar a cabo su tarea descomunal. La versión que
circulaba en los tribunales era que se trató de una gentileza del grupo
Bulgheroni. El 29 de mayo de 1991, ya retirado de la Justicia, el camarista y
luego Procurador General Andrés D’Alessio, reveló su verdadero origen. Uno de
los miembros del tribunal, Jorge Valerga Aráoz, le preguntó a su amigo Osvaldo
Pérez Cortés quién podría prestarles un equipo moderno. Pérez Cortés presidió
la Comisión de Informática del Poder Judicial de la Nación durante la
dictadura, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Informática
Jurídica durante 1983 y 1984 y Gerente Legal de Asuntos Contractuales y
Contencioso Administrativo de Sideco Americana, desde marzo de 1984.
En respuesta a la consulta de Valerga Aráoz, Pérez Cortés
regaló la procesadora de texto a la Cámara Federal en nombre de Sideco
Americana. Su gerente general era Maurizio Macrì. No es de extrañar que la
investigación a los instigadores, cómplices y beneficiarios civiles de la dictadura
no fuera contemplada ni siquiera en el considerando 12 y el punto 30 de la
sentencia de 1985, que ordenó el enjuiciamiento no sólo de los ex Comandantes
sino también “de los oficiales superiores que ocuparon los Comandos de Zonas y
Subzonas de Defensa”, de “todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa
en las acciones”, de “quienes por su ubicación en la cadena de mandos
conocieron de la ilicitud del sistema”, o cometieron hechos aberrantes o
atroces. Ni una palabra del poder económico. El juicio pudo realizarse sin
riesgo de descarrilamiento institucional pero dejó una democracia castrada que
no supo, no quiso o no pudo demasiadas cosas fundamentales.
Luego de la bancarrota del gobierno radical, que debió
dejar el poder antes de tiempo en medio de una crisis hiperinflacionaria y de
saqueos, los grupos económicos emergentes como el nuevo poder participaron con
entusiasmo en el desguace del Estado. Cuando Carlos Menem accedió a la
presidencia, Pérez Cortés fue uno de los hombres que el grupo Macrì colocó en
el Poder Ejecutivo, primero como Subsecretario de Asuntos Legales de la
Presidencia de la Nación y luego asesor de gabinete del Ministerio del
Interior. En la actualidad, el ex camarista Valerga Aráoz es el abogado
defensor de Carlos Blaquier, principal accionista de una de las empresas
investigadas, el Ingenio Ledesma.
Crisis de fin de siglo
Recién cuando ese proceso hubo concluido y una acelerada fuga de capitales
precipitó la crisis de fin de siglo, fue posible reabrir los juicios que
Alfonsín y Menem habían cerrado con las leyes y decretos de impunidad y pensar
en el análisis y eventual enjuiciamiento de la responsabilidad empresarial. Al
mismo tiempo se recuperaron niveles de ocupación y de ingresos durante una
sostenida reindustrialización.
Según la CAME, a partir de 2003 se crearon cerca de 19.000 nuevas
industrias y por cualquier medición que se consulte, la participación de los
trabajadores en el producto volvió a crecer: al 51 por ciento para el
inverosímil INDEC; al 39 por ciento para el centro de estudios CIFRA, de la
CTA; al 42,4 por ciento según el Centro de Población, Economía y Desarrollo de
la UBA(CEPED), que dirige Javier Lindenboim; al 42,9 por ciento para el
Instituto Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular, que conduce
Claudio Lozano.
Un trabajo que CIFRA difundió esta semana como balance de la década
sostiene que “la alianza de partidos ubicados a la derecha del espectro
político” que está a punto de asumir el gobierno representa a una “fracción del
capital que sigue enarbolando un proyecto excluyente que ya no estaría basado
en la valorización financiera sino en la producción agroindustrial bajo el
paradigma sojero, así como en un nuevo ciclo del endeudamiento externo a partir
de pagarle a los fondos buitre y de devaluar la moneda con el consiguiente
efecto negativo sobre los salarios, la ocupación y la distribución del
ingreso”.
En marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribió en la célebre Carta Abierta a la
Junta Militar que el peor crimen de la dictadura era la miseria planificada de
millones, impuesta por los métodos más despiadados. Demasiado se viene hablando
de las similitudes entre el gobierno de 1976 y el que comenzará el jueves. Los
nombres de muchos funcionarios designados (como el jefe de personal de Telecom
Marcelo Villegas que será ministro de Trabajo del Hada Buena en Buenos Aires)
sugieren que los objetivos económico-sociales no son muy distintos.
Pero no hay que perder de vista las diferencias. Ni el inminente
oficialismo ni la nueva oposición estarán en condiciones de ignorar los límites
y restricciones que la democracia impone a la derecha que por primera vez ha
ganado una elección limpia, como aún antes de la asunción lo demostró el caso
de Juan Cruz Avila.
