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domingo, 13 de septiembre de 2015

Denuncias sí, soluciones no… @dealgunamanera...

Denuncias sí, soluciones no… 

Mientras Cambiemos cruje por el caso Niembro, la muerte del chico qom desnuda pobrezas argentinas de todo tipo.

La campaña electoral avanza abundante en denuncias y escasa en propuestas. La semana que pasó tuvo en el centro de la atención el caso de Fernando Niembro que lo complica tanto a él como a Cambiemos. Más allá de los apoyos explícitos que ha recibido no sólo de Mauricio Macri sino también de María Eugenia Vidal, en el interior del PRO hay crujidos que se escuchan por doquier. Son las quejas que salen a la superficie en medio de la sorpresa “¿cómo no nos avisó de esto?”, es la retahíla que retumba en esos ámbitos.

Están en juego en este caso dos cosas: una, fondos públicos; otra, una manera de manejarlos basada en la creación de una ingeniería administrativa orientada a darles cobertura legal a contrataciones absolutamente cuestionables. Uno de los hechos más llamativos e inexplicables está en la contratación de la Escuela Superior de Ciencias Deportivas que dirigía Niembro para dar cursos de inglés a la Policía Metropolitana. Habiendo disponibilidad en la plaza de tantos institutos específicamente dedicados a la enseñanza de esta lengua, resulta insólito y sospechoso que se haya recurrido a los servicios de una escuela de periodismo. Esto se suma a otros puntos obscuros –los vinculados con los contratos que beneficiaron a La Usina Producciones de la que fue copropietario– que dejan mal parado al primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos.

Estas son prácticas que se reconocen como habituales en las esferas de la vieja política y que tienen como objetivo darles cobertura legal a maniobras lindantes con la corrupción o, directamente, corruptas.

¿Dónde está, pues, el cambio, que propone “Cambiemos”?

Más allá de las expresiones de Mauricio Macri adjudicando todo a una campaña sucia proveniente del kirchnerismo, las evidencias del caso lo dejan mal parado. Así, el Gobierno ha encontrado una hendija que le da cierto alivio y por la cual buscará horadar la postulación presidencial del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las encuestas los encuentran a Scioli y a Macri estancados en su lucha por la Presidencia. En cambio, la que viene creciendo es la candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Habrá que ver cuánto le pega –o no– el caso Niembro.

En las encuestas Scioli y Macri están estancados en su lucha por la Presidencia.

Chaco

Oscar Sánchez tenía 11 años y pesaba 14 kilos. Hijo de madre desnutrida, nació con una hidrocefalia a la que se le agregó una tuberculosis. Sobre el final de su corta y desdichada vida, lo complicó una neumonía que seguramente apuró el desenlace fatal. El comunicado alusivo al caso dado a conocer desde la página oficial de la Casa Rosada por el director de Materno Infancia, Gabriel Lezcano, merece un análisis detallado.

Se consigna allí que el chico estaba “identificado por el equipo sanitario que trabaja en terreno en el Paraje Fortín Lavalle y recibía la visita de los agentes del lugar una vez a la semana, para controlar su estado general. Es por ello que, durante una de estas rondas sanitarias, el agente detectó que el joven presentaba un “compromiso moderado del estado general” que no le permitía alimentarse en forma correcta e instrumentó su inmediato traslado al hospital de Juan José Castelli”. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el padre y por el tío de la víctima.

Pero hay más. En otro párrafo de ese documento se lee que, luego de haber sido internado en el hospital, “Lezcano se reunió con el padre, junto a los médicos tratantes, el intérprete del hospital y la trabajadora social, para explicar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento que se estaba llevando a cabo”. “Como el padre sólo habla qom, a través del intérprete le explicamos la gravedad del cuadro y le aclaramos que se haría todo lo posible para recuperar su estado de salud”. Como se vio y se escuchó a través de la televisión, el padre del chico fallecido habla y comprende español sin inconvenientes.

Por lo tanto queda expuesta la falsedad con la que se pretendió tergiversar las causas y el contexto de la muerte de Oscar Sánchez. Los niveles de miseria y de abandono que se ven en el Chaco no son producto exclusivo de la actual gestión de Jorge Capitanich. Sus predecesores al frente del gobierno provincial –allí los hubo también de la Unión Cívica Radical– son corresponsables de tanta ignominia.

Lo que no puede ni debe hacer el actual gobernador y candidato a intendente es hacerse el distraído con respecto a su responsabilidad política no sólo en este caso, sino también en el sostenimiento de un sistema clientelar que hace de la pobreza un negocio de los que están al frente de los poderes públicos. Con sólo observar las condiciones en las que vivió el chico muerto se tiene una idea clara de que su final iba a ser el que fue. Los expertos coinciden en que debió haber sido trasladado a un centro dotado de los elementos para darle los cuidados requeridos por su compleja situación que, obviamente, estaban ausentes en la vivienda –si es que se la puede llamar así– en la que transcurrió su corta vida.

Más allá de lo puntual, el caso deja expuesta la verdadera dimensión de la pobreza estructural que compromete el presente y el futuro del país. No hay que ir al Paraje Fortín Lavalle para encontrarse con esa realidad. 

Los asentamientos que pululan en el conurbano bonaerense y hasta en la mismísima Capital Federal son parte de ese paisaje que se torna increíble para un país con las riquezas que posee la Argentina. Gran parte de la dirigencia política tiene una deuda gigante con estos sectores de los que, en muchos casos, se vale para mantenerse en el poder. Ante esta tragedia, cobra vida la frase que supo decir Nelson Mandela, “erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 13/09/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

martes, 10 de diciembre de 2013

La Seguridad Ciudadana y Mauricio... De Alguna Manera...


Por qué no podemos saber dónde están las cámaras...

Todos lados. La Casa Rosada y la sede del gobierno porteño también tienen sus cámaras. La Nación informa dónde están las de su jurisdicción, el gobierno porteño, no. Foto: Obregón

Pese a que la ley lo obliga, el Gobierno de la Ciudad se niega a publicar la ubicación de sus cámaras de seguridad. Qué intereses políticos y económicos hay detrás de esta negativa. 

En la Ciudad de Buenos Aires la Policía Metropolitana gestiona dos mil cámaras de vigilancia reguladas por la Ley Nº 2.602. Esta, diseñada con perfil preventivo, establece una serie de garantías de control ciudadano obligatorias para que el uso policial sea legal y legítimo. Entre ellas se incluye tanto la señalización de las cámaras y su publicación en el sitio web del Gobierno, como la posibilidad de solicitar acceso y cancelación de las imágenes en las que figuramos, mediante autorización judicial.

Hace poco el sitio web de cámaras del gobierno porteño estaba en un 80% incompleto y con información imprecisa. Por este motivo, quien escribe le pidió al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad el registro de ubicación de las mismas. La respuesta que recibí fue una disposición donde me comunicaban que esa información revestía “carácter confidencial”, y a los pocos días dieron de baja el sitio web.

Llevé este caso a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y su Centro de Protección de Datos Personales emitió un dictamen en octubre diciendo que a ellos también les habían negado esos datos, que hasta el momento la Policía no ha inscripto su base de datos en ese organismo (evadiendo las obligaciones y sanciones de la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales), y que si el ministerio no se atiene a cumplir las garantías, la gestión de las videocámaras no se puede considerar legal.

Cuando advertí que ni la Legislatura ni los organismos de control tenían esta información realicé un amparo en el Poder Judicial de la Ciudad, para que defina si corresponde o no que el Gobierno la entregue.

En la audiencia a la que nos citó el juez de la Ciudad Darío Reynoso, se hizo presente el superintendente a cargo del Centro de Monitoreo, Jorge Eduardo Martino. Martino es un ex comisario de la Policía Federal que ejerció sus primeros años de carrera durante la última dictadura y que, luego de ser pasado a disponibilidad, fue incorporado en el área de comunicaciones de la flamante Policía Metropolitana por su primer jefe, Jorge “Fino” Palacios, quien continúa procesado penalmente junto al  jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por presuntas escuchas ilegales a opositores.
 

Tanto él como sus abogados, realizaron muchos esfuerzos para intentar explicar por qué no se cumple el texto de la ley: “La autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los puntos en los cuales se instalen videocámaras”, aprobado incluso por el PRO, en realidad no dice lo que parece. En breve tendremos la sentencia.

El peligro de saber. Días atrás, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, hizo referencia a esta demanda en la Legislatura, y justificó los motivos para no cumplir con esta garantía: “Establecer específicamente el lugar donde está la cámara también atenta contra el buen funcionamiento de las cámaras, que puede ser aplicado por personas que cometan delitos”. 


La óptica de control y reacción del ministro contrasta con el carácter preventivo de la ley de cámaras. Disponer de esta información podría permitir a los ciudadanos que están siendo víctimas de un robo, disuadir la intención del atacante indicándole que está siendo filmado o incluso acercarse a la cámara más cercana y llamar al 103 ante cualquier peligro, en caso de no contar con presencia policial.

De esta manera lo deben entender el Ministerio de Seguridad de la Nación, que me hizo entrega de la ubicación exacta de sus 1.200 cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, e incluso París, que las publican en sus sitios web oficiales.

Además resulta paradójico que el ministro no advierta que la permanente publicidad que realiza la Metropolitana en la televisión sobre la presencia y efectividad de las cámaras no sea motivo suficiente para alertar al delito organizado a que realice un relevamiento visual previo de ubicación de cámaras en el territorio donde tiene pensado actuar.


Y es paradójico porque esa difusión no es nada improvisada. Montenegro creó especialmente el programa Pronto Baires, con el objetivo de “responder de manera rápida y eficiente a la demanda de información por parte de los medios de prensa”, y sancionó la Resolución Nº 314/11 para crear convenios con canales de televisión.

Como nada de esto está permitido por la Ley Nº 2.602, como denunció la Defensoría del Pueblo en su Resolución Nº 1.952/10, el ministro negó públicamente haber firmado esa resolución en la misma reunión mencionada. 

Más aún, por detrás de esta ilegal difusión existe todo un entramado empresarial y familiar que genera interrogantes sobre la importancia del mercado de videos en la constitución de este sistema de videovigilancia.
 

Para el programa Pronto Baires, Montenegro contrató a la consultora AR y Asociados SA, que preside Alejandra Rafuls, madrina de uno de sus hijos. Rafuls a su vez es socia fundadora de Mecum SA, junto al ex montonero Mario Montoto, presidente de Global View SA, la empresa contratada por el mismo ministro para instalar las dos mil cámaras de seguridad. Y, hasta hace poco el director de Global View era Sandro Scaramelli, quien a su vez era gerente de Canal 9 y C5N, clientes de AR. Hoy ambos contratos siguen vigentes con la única modificación de que Montoto se volvió socio minoritario de Global View, que también ha instalado las cámaras en Tigre, Rosario, Lomas de Zamora y Mar del Plata, entre otras ciudades.
 

Curioso que con este entramado empresarial motorizando la producción y publicación de videos exitosos, por cierto muy importante en momentos electorales, al mismo tiempo se pretenda no alertar a los delincuentes sobre las cámaras.

La paradoja del in fraganti. El sociólogo Bruno V. Cardoso, especialista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ciudad que está siendo saturada de videocámaras por causa del Mundial, denominó esto como la “paradoja de las escenas del atrapado en el acto”: cuando se promocionan los videos exitosos se reproduce la necesidad política y operativa de producir más videos, para lo cual se necesita que haya más delitos que ocurran frente a las cámaras, al mismo tiempo que se los intenta disminuir.


En este sentido resulta de mucha ayuda mantener en secreto su existencia. Así se puede entender que el Gobierno terminase el anonimato de sus cámaras, luego de que la Auditoría General de la Ciudad denunciara, en el Proyecto Nº 10.11.01 de 2013, que el 83% no tenían carteles. Y que tampoco estén dispuestos a que se conozca el mapa de las mismas.


La promoción mediática también implica justificar la existencia y el aumento de su multimillonario presupuesto. A los 150 millones de pesos ya pagados a Global View, se les sumarán cien más en 2014, sólo para mantenimiento. Nace otra paradoja: los porteños estarán destinando mucha más plata para las cámaras, pero no se les permitirá comprobar si efectivamente están allí.


La Policía Metropolitana, para ser una fuerza nueva, ya tiene antecedentes muy preocupantes que denotan un alto poder de discrecionalidad e impunidad. Mientras no fomente la transparencia y el cumplimiento de las normas, entonces no estará fomentando la democracia.

© Escrito por Andrés Pérez Esquivel, Sociólogo y Miembro de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnologías y Sociedad (Lavits), el sábado 30/11/2013 y publicado en el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.