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lunes, 9 de febrero de 2015

Entrevista a Julio César Strassera... De Alguna Manera...

Strassera: “La muerte de Nisman es responsabilidad del Poder Ejecutivo”

En contra de la division de poderes. “La Presidenta jamás ha respetado la independencia del Poder Judicial, y la prueba está en que las medidas que envió para democratizar la Justicia trató de imponerlas”. Foto: Nestor Grassi

El histórico protagonista del juicio a las juntas asegura que el Gobierno debía haber protegido al fiscal. Críticas a Cristina Kirchner por victimizarse.

Miles de argentinos hemos seguido con enorme angustia los acontecimientos que culminan con la muerte del fiscal Nisman. En democracia no tenemos antecedentes de un hecho al que tanto los ciudadanos como sus familiares cercanos no dudan en calificar de asesinato.

En una tarde de esta semana de calores agobiantes no queríamos dejar de consultar a un hombre como el fiscal Julio César Strassera, que pronunció aquel “señores jueces, ¡nunca más!” que ha quedado en nuestros corazones.

Y mientras los diarios del día titulan a toda página “Se quedó sin juez la denuncia de Nisman contra la Presidenta”, nuestra pregunta a Strassera es si hay antecedentes de que esto haya ocurrido en otra oportunidad.
—Bueno, éstas son las así llamadas cuestiones de competencia, pero esto sólo debe ocurrir por un breve tiempo. Será la Cámara la que resolverá a quién le toca, en definitiva, es decir al juez Lijo o al juez Rafecas.

—En su larga experiencia, ¿usted había vivido circunstancias como ésta?
—No, no. Jamás –asegura con firmeza Strassera–. Y le digo también que ni en plena dictadura militar tuve problemas de este tipo. Hice varios dictámenes en contra. Incluso, un día me llamó el brigadier Alvarez Estrada, que era secretario de Justicia, y me dio una orden, a lo cual le contesté que no la iba a cumplir. Pensé que iban a echarme pero no fue así. Yo estaba acostumbrado a trabajar con más libertad, y lo que sucede en este momento es algo que hay que tener bien en claro: hay un fiscal que acusó a la Presidenta de la Nación y… ¡termina muerto! Este es un episodio más que grave…

—En un reportaje reciente usted señaló que la Presidenta nunca ha respetado la independencia del Poder Judicial…
¡Jamás! Y le diré también que la prueba está en que las medidas que envió para democratizar la Justicia trató de imponerlas. Pero, aparte de eso, me refiero a críticas abiertas de las que debería abstenerse. Por ejemplo, no acatar las decisiones de los jueces, ni oponerse a la división de poderes interviniendo en cosas en las que sólo debe intervenir la Justicia. Este es un hecho muy grave.

—Sin duda. Y la muerte de Nisman (sea suicidio o asesinato) tiene un responsable. Usted señaló al Poder Ejecutivo…
—Sí, creo que es el Poder Ejecutivo. Un hecho gravísimo se trate tanto de un suicidio como de un homicidio. No puedo dejar de tener mis sospechas… Soy partidario de la teoría del homicidio porque ¡alguien que deja una nota a su empleada para las compras del mercado del lunes siguiente es sorprendente que se mate el domingo! Todo esto me parece bastante… sin olvidar las expresiones de Nisman por televisión unos pocos días antes, ¿no? Pero de todas maneras la muerte de Nisman es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional.
Algo increíble, y no solamente no la asumen ¡sino que la Presidenta no tuvo la decencia de enviar por lo menos una nota de pésame a la familia! Montó una escena vestida de blanco y en silla de ruedas para mostrar su debilidad. Una forma de victimizarse. No sé cómo puede haber gente que lo justifique.
Fíjese que comienza echándole las culpas a Stiuso y todo es un plan contra ella. ¡Pero hay una sola víctima que es Nisman! ¡Y de él, ni una palabra! Vamos a suponer que Nisman no hubiera dicho nada, que no hubiera pasado nada; ¡el encubrimiento es ya de tiempo atrás porque la sola firma de ese pacto nefasto con Irán (cosa que firman ella y Timerman) ya es encubrimiento! Como decía Patricia Bullrich el otro día: ¡es como si Obama hubiera llamado a Bin Laden para resolver el problema de las Torres Gemelas!

—Usted cree (como, por otra parte, creemos muchos) que el fiscal Nisman estuvo desprotegido?
—Pienso que sí, que estuvo desprotegido, y la vez pasada conté una anécdota porque sé lo que son estas custodias. Le explico que jamás tuve custodia personal, pero tuve a un policía en la puerta de mi casa durante toda la época del Proceso. ¡Y para ejemplo le explico que la última amenaza que recibí fue a través del portero eléctrico! Así es que yo sé para lo que sirven estas custodias. Hay que organizarlas de otro modo. ¡Lo que hemos visto es una prueba de desprotección!

—Se podría pensar en una siniestra combinación entre el Gobierno, la custodia e incluso el edificio que carecía de suficientes cámaras…
—Hay mucha confusión: cámaras que no funcionan, custodios que se contradicen unos con otros no sólo con respecto a la hora sino a los lugares en los que se encontraban: ¡unos en la planta baja y otro en el subsuelo! Creo que hay que tomar las cosas de otro modo. Si yo soy un custodio y me han citado a una hora determinada (por ejemplo, a las 11), veo los diarios apilados en el piso y nadie me contesta el timbre… pues ¡hago romper la puerta! Esto es lo menos que se puede hacer…

—Yo recuerdo que cuando usted y el doctor Moreno Ocampo fueron fiscales en el juicio a los comandantes de la dictadura recibieron muchas amenazas…
—Sí, por carta, por teléfono. En la Fiscalía. Pero no les dábamos mayor importancia. No tuvimos grandes aprietes, y mucho menos desde el Poder Ejecutivo que se interesaba en el juicio. Mucho menos… Se nos dejó hacer lo que quisimos.

—Por eso aquel juicio ha quedado como un emblema del primer gobierno democrático…
—Juicio que, luego, fue lamentablemente ignorado por el presidente Néstor Kirchner en un discurso en la ESMA en el que dijo que como argentino se avergonzaba de que el país hubiera estado veinte años en deuda con los derechos humanos. Pero luego llamó a Raúl Alfonsín para pedirle disculpas. Lo que ocurre es que, en estos casos, las disculpas se piden públicamente y no en privado. En fin… a ellos nunca les interesaron los derechos humanos. Jamás. Pero, bueno, vieron que era negocio. El otro día me criticaron mucho porque yo dije, de acuerdo con Macri, que “el Gobierno está en el curro” ¡de los derechos humanos! Y de esto hace rato…

—Incluso yo recuerdo que usted subrayó que en el registro de hábeas corpus no había ninguno firmado ni por Néstor ni por Cristina, ¿es así?
—Es así. Nosotros pedíamos los hábeas corpus a los juzgados para anotar precisamente cuál era el trámite de cada hábeas corpus. Y, repito, no he visto ni uno solo firmado por Kirchner ni, porque se autotitula abogada, por Cristina Fernández de Kirchner. Le repito: ¡no vi ninguno! Ni siquiera del gobernador Cepernik, que era amigo de ellos.

—De acuerdo con su larga experiencia, ¿qué es lo más grave de lo que hemos vivido en estos días?
—Mire, Nisman era un fiscal que acusó a la Presidenta de la Nación, a su canciller, a otros personajes, ¡y a los pocos días aparece muerto! Esto no había ocurrido nunca en el país…

—Entonces, nuevamente de acuerdo con su experiencia, ¿cuál debería ser entonces la actitud de la Justicia en estos momentos?
—En primer término hay que tratar de investigar a fondo la muerte de Nisman, y creo que, dentro de lo normal, se está investigando. Es bastante difícil encontrar autores, ¡pero sobre todo hay que tratar la denuncia de Nisman! ¡Hay que tratarla!

—Entre otras cosas la Presidenta dijo que la Justicia debía reformarse…
—Bueno, esto ya lo ha dicho hace tiempo cuando envió esas famosas seis leyes para democratización de la Justicia y la reforma que pretende la Presidenta es precisamente poner a la Justicia como un apéndice del Poder Ejecutivo…
Lentamente, terminamos un café en el balcón de la casa del fiscal en el barrio de Palermo.

Y, pensativo, Strassera agrega: “Cualquiera sea el valor que se le asigne a la denuncia de Nisman, el encubrimiento del atentado a la AMIA está probado con la sola firma del memorándum de entendimiento con Irán. Recordemos que se firmó en Aleppo, en secreto, en un país entonces gobernado por Ahmadinejad, un hombre antisemita furioso y negador del Holocausto. La prueba de que el objetivo era hacer caer las alertas rojas es que ambos países debían notificar a Interpol del acuerdo, cosa que no se hizo nunca.

—El doctor Rusconi, abogado defensor de Lagomarsino, dijo que la Presidenta debería declarar en la causa de la muerte de Nisman. ¿Usted concuerda con esta opinión?
—La Presidenta le retuvo el pasaporte a este hombre porque se le dio la gana, porque es ella. Hace lo que no debe y lo que no puede hacer. El respeto a la Justicia para ella es algo que está de más. Tendría que aportar datos a la Justicia sobre sus dichos sobre la muerte de Nisman pero no lo va a hacer ni creo que haya juez que se anime a llamarla.
En la famosa conferencia de prensa, la Presidenta (muy suelta de cuerpo) dijo que Nisman había dejado abandonada en el aeropuerto de Barajas a su hija de 13 años. Esto es rigurosamente cierto porque esperaba que llegara la madre que venía de Barcelona pero, ¿cómo lo sabía la Presidenta? Estaban espiando a Nisman. ¡Cuando bajó del avión en Ezeiza lo siguió una cámara continuamente! ¡Qué curioso, y todo a través de esos servicios que ella quiere reformar!

—Justamente, a propósito de servicios, ¿qué opina acerca de que las escuchas telefónicas sean supervisadas por la Corte?
—Yo creo que es lo que corresponde porque esta supervisión que se pretende sería a través de Gils Carbó, ¡que es el ariete del Poder Ejecutivo en la Justicia…! Esto, en cambio, a través de la Corte, es razonable.

—Y a propósito de la Corte, ¿qué piensa de la presunta candidatura del doctor Carlés como miembro de la Corte en reemplazo del doctor Fayt?
—¡Esa es, evidentemente, una cortina de humo! Están pretendiendo hacer algo parecido a lo que se hizo con Gils Carbó. Es decir: presentaron primero a Reposo, que es impresentable. A punto tal que los propios oficialistas tuvieron que retirar el pliego.

Encontraron finalmente apoyo en la oposición (para mí equivocado) para nombrar a otra persona: Gils Carbó. La única que se opuso (pero no podía influir por ser diputada y no senadora) fue Lilita Carrió, que reclamó que no había que darle acuerdo. La Corte puede seguir funcionando con sus tres miembros actuales. Es razonable la opinión de la oposición cuando dice que debe ser el próximo presidente constitucional quien nombre al nuevo miembro de la Corte Suprema. Hoy la embestida es contra Fayt. Al oficialismo le interesa que quede el menor número posible de integrantes de la Corte, y la respuesta del doctor Fayt esta mañana es clarísima.

© Escrito por Magdalena Ruíz Guinazú el domingo 08/02/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



domingo, 19 de octubre de 2014

Menem y Boudou presos... De Alguna Manera...


Menem y Boudou presos...

Ejemplo para Argentina. Barbosa preside la Justicia brasileña; detrás, Dilma y el ex presidente Sarney. Foto: Cedoc

El futuro de la democracia argentina depende menos de quienes vayan siendo electos presidentes del país que de llegar a tener un Poder Judicial que sea totalmente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. Con la recuperación de la democracia, se recuperó el Poder Legislativo y la elección del Poder Ejecutivo por el voto popular. Pero no se terminó la tarea de contar con una verdadera división y equilibrio de poderes, en el cual el Poder Judicial no pueda ser condicionado por el poder político. En Brasil, Menem y Boudou, por ejemplo, estarían presos porque la Constitución de ese país le da al Supremo Tribunal de Justicia, equivalente a nuestra Corte Suprema, la competencia de juzgar directamente al presidente, vicepresidente, todos los ministros y legisladores del Congreso Nacional. Y además existe, con un escalón jerárquico inferior, el Tribunal Superior de Justicia, con iguales atribuciones para juzgar a los gobernadores, sus vices, sus ministros y los legisladores de los Congresos de lo que sería equivalente a nuestras provincias.

Un buen ejemplo de cómo los políticos en Brasil sienten los ojos de la Justicia en la nuca sucedió en 1988, cuando se aprobó la nueva Constitución. El entonces presidente en ejercicio era José Sarney, quien, a pesar de ser el primer presidente civil después de largos años de dictadura, se quejó del empoderamiento que la Asamblea Constituyente le había dado al Poder Judicial, vaticinando que iba a ser muy difícil para el Poder Ejecutivo gobernar con tantas limitaciones.

Casi treinta años después de aquel vaticinio, una parte del partido que controla el Poder Ejecutivo está presa y uno de los administradores de la principal empresa del Estado, Petrobras, tras su condena, tuvo que devolver 30 millones de dólares que había robado. Esto explica, entre otras causas, por qué el Partido de los Trabajadores de Lula puede perder las elecciones el próximo domingo a pesar de haber sido el que más ascenso social y progreso ha producido en el país durante los últimos doce años: los casos de corrupción investigados por la Justicia fueron protagonistas omnipresentes de la campaña electoral.

El referente principal de las condenas al PT fue Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal, quien se acaba de jubilar. Barbosa, a pesar de haber sido nominado por el propio Lula, mandó a la cárcel a la mano derecha del entonces presidente y quien fuera ministro de la Casa Civil, equivalente a nuestro jefe de Gabinete, y número dos del PT, José Dirceu. Para dar una idea de la importancia de Dirceu, quien lo sucedió como ministro de la Casa Civil de Lula fue la propia Dilma Rousseff.

Joaquim Barbosa recibirá este martes 21 de octubre el Premio Perfil a la Libertad de Expresión Internacional, en una ceremonia que se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a las 19. Allí hablarán Luis Moreno Ocampo, el argentino que tuvo a cargo durante nueve años la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y por videoconferencia el ex fiscal italiano Antonio Di Pietro, alma máter del proceso judicial anticorrupción llamado mani pulite, por el que se condenó a políticos italianos. Paralelamente, el mismo premio que Barbosa recibirá por su acción internacional lo recibirá en el capítulo nacional el presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Ricardo Lorenzetti.

La coincidencia de dos presidentes de los principales tribunales de Brasil y Argentina junto a dos fiscales de resonancia internacional en un evento tiene como fin continuar instalando en la agenda nacional, como tema prioritario, la importancia de aumentar el peso institucional de la Justicia y el equilibrio de los tres poderes públicos.

Editorial Perfil viene sosteniendo la necesidad de encarar una revisión profunda de la corrupción para que el próximo gobierno no “dé vuelta la página”, corriendo el riesgo de reproducir el mismo sistema con otros beneficiarios.

Ese “mani pulite argentino” (otros sectores lo bautizaron como la “Conadep de la corrupción”) deberá contribuir a trazar una línea equivalente a lo que fue el Nunca Más y todos los juicios y condenas que se derivaron de él por ataques a los derechos humanos durante la dictadura.

La corrupción no tiene sólo consecuencias económicas aumentando el costo del Estado y haciendo más ineficiente la administración pública. La corrupción afecta el funcionamiento del propio sistema político y el ejercicio del periodismo porque, al atravesarlo con el dinero fácil de la corrupción, afecta la independencia de los medios de comunicación, trastocando todos los valores. En su dimensión, es como la droga.

Editorial Perfil continuará con esta campaña: el próximo acto será una serie de conferencias de Antonio Di Pietro cuando visite Argentina, antes de fin de año.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el Domingo 19/10/2014 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



domingo, 17 de febrero de 2013

Comisión de la Verdad... De Alguna Manera...


“Una Comisión seria puede impulsar la investigación”...

Luis Moreno Ocampo.

Ex fiscal del tribunal de La Haya explica que todo depende de quién viaje a Teherán junto al juez y el fiscal. La desconfianza hacia Irán, la solución “a la Khadafi”.

El ex fiscal de la Corte Penal Internacional es ahora asesor legal de la DAIA y la AMIA en su cuestionamiento al Memorando de Entendimiento con Irán. Luis Moreno Ocampo no hizo una crítica irreductible del convenio con Irán que se está debatiendo en el Congreso, pero marcó que “la clave” es quiénes serán los miembros de la Comisión de la Verdad, los cinco juristas que junto al fiscal y el juez argentinos harán el viaje a Teherán.

–¿Qué postura tiene usted ante el Memorando?

–La DAIA me llamó para ayudarlos y les propuse tratar de encontrar una posición común con la AMIA. Por mi rol, yo nunca dije si había que tomar o rechazar el acuerdo, dije que había que analizar los riesgos y ver si se podían minimizar. Antes de que yo llegara a Buenos Aires, la DAIA y la AMIA consideraron que había que rechazar el acuerdo. Algunos piensan que no hay ninguna oportunidad, otros creen que el riesgo es muy grande, que no se puede confiar en Irán. Durante el debate, el canciller reconoció que él no confía en Irán, pero que no hay otra alternativa para impulsar la investigación.

–¿Hay antecedentes de una resolución como ésta?

–La AMIA y el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York muestran las nuevas formas del terrorismo internacional. Para investigar y castigar a los culpables no había más alternativa que ir a una guerra, como hizo Estados Unidos en Afganistán, o negociar con el Estado para el que trabajan los sospechosos, como plantea el Memorándum. Eso hicieron con Khadafi. Su caso muestra las posibilidades: él aceptó que su jefe de Inteligencia fuera juzgado en Holanda e indemnizó a las víctimas. Su caso también muestra los riesgos de negociar con líderes que usan el crimen para mantenerse en el poder. Khadafi continuó cometiendo crímenes en ciertas partes del mundo y consolidó su poder. En 2009 fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad y presidente de la Unión Africana. En 2011, cuando ordenó a sus soldados disparar contra los manifestantes desarmados y amenazaba con exterminarlos, el Consejo de Seguridad envió su caso a la Corte Penal Internacional que luego de investigar los hechos libró mandatos de arresto contra él, su hijo y su jefe de inteligencia. La Corte Penal Internacional es una nueva forma de enfrentar estos crímenes en la medida en que el ataque constituya un crimen de lesa humanidad, pero no tiene jurisdicción para delitos cometidos con anterioridad al 1º de julio del 2002.

–¿Cuáles son los riesgos?

–Que se use la Comisión para encubrir a los culpables y para cuestionar en Interpol la emisión de alertas rojas. Las órdenes del juez argentino seguirían vigentes, pero su legitimidad internacional cuestionada.

–¿Cuál es la oportunidad?

–Que una Comisión seria impulse la investigación y muestre que los intentos de encubrimiento confirman la culpabilidad de los sospechosos y la complicidad de miembros de su gobierno.

–Pero usted ¿tiene objeciones legales?

–Se podría haber diferenciado más el rol de la Comisión y el de los jueces para evitar confusión, pero pareciera que uno de los objetivos del gobierno argentino fue facilitar la toma de declaraciones indagatorias. La doctora Diana Malamud, que expresa a uno de los grupos más escépticos, sin embargo dio la bienvenida a esa posibilidad durante el debate en el Congreso. La DAIA, por el contrario, piensa que la actuación judicial en cooperación con la Comisión puede llevar a anular toda la causa. El Senado debatió el tema y va a resolver. Si se aprueba la creación de la Comisión, la selección de sus integrantes será el tema clave. De ellos y de la claridad del juez y del fiscal va a depender el futuro de la investigación sobre el atentado a la AMIA.

© Escrito por Raúl Kollmann el domingo 17/02/2013 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.