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sábado, 7 de febrero de 2015

Luciano Arruga... El Estado lo Desapareció... De Alguna Manera...

Caravana para cambiar la historia...


Miles de personas marcharon el sábado 31 por las calles de La Matanza para conmemorar los seis años del secuestro, desaparición y muerte de Luciano Arruga. En una jornada impecable, con fuerte presencia juvenil, dos frases sintetizaron el corazón de la actividad: “La policía lo mató. El Estado lo desapareció”. Escraches, tres horas de movilización y 30 cuadras de recorrido dejaron en claro el principal objetivo de la movilización: construir condena social.

A las 10 de la mañana, Lomas del Mirador despertó. Sus calles matanceras, cubiertas de negocios y un cemento que golpea como el sol, suelen ofrecer un cuadro similar, uniforme, monótono a lo largo de los 364 días del año que cubren el ancho de la avenida Mosconi, su arteria principal. Las persianas se abren, los autos arrancan, algunos frenan, otros se saltan los semáforos en rojo, los colectivos atestados, la gente se putea, pocos piden permiso, y ese círculo humano y social que se pone en marcha y poco difiere del día anterior.

Un Truman Show conurbano. Mejor dicho: uno de muchos.

Pero hay un día, uno solo, que subvierte ese lienzo. Que lo toma, lo da vuelta, lo sacude y lo transforma. Por eso, cuando Lomas del Mirador, partido de La Matanza, corazón del Gran Buenos Aires, despertó, a las 10 de la mañana del 31 de enero de 2015, el mundo volvió a su lugar exacto, después de un año, luego del anterior 31 de enero, y del anterior a ese, y del otro, y así hace seis años.

Seis.

Así, envuelto en un sol que se mostró bondadoso a lo largo del día, durante 32 cuadras, La Matanza vibró bajo un solo nombre, escrito en las paredes, en las calles, en las plazas, colgado en los postes de luz y grabado en cada una de las miles de personas que participaron de una jornada memorable, impecable, sólida, histórica.

Un solo nombre. Una síntesis. Una cuestión nacional.

Luciano Arruga.

El mensaje

La caravana partió a las 12 del mediodía. Organizaciones de derechos humanos y sociales (APDH, H.I.J.O.S., Correpi, Ceprodh, La Poderosa, entre otras) y partidos políticos de todos los colores (estuvieron dirigentes como Christian Castillo, Vilma Ripoll, Pablo Ferreyra, Horacio Pietragalla, entre otros y otras), confluyeron en la placita de Perú y Pringles, en el barrio 12 de Octubre, a pocas cuadras donde Luciano Arruga vivió gran parte de su vida. Tenía 16 años y sufría un profundo hostigamiento policial cuando el 31 de enero de 2009 desapareció. No volvió a su casa. Su hermana Vanesa y su mamá Mónica lo buscaron por todos lados. Sólo sabían algo: a Luciano lo metieron en un patrullero y a Luciano lo vieron golpeado en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Esa subdelegación policial, que dependía de la Comisaría 8º (ex Centro Clandestino de Detención en dictadura, conocido como “Sheraton”), no estaba autorizada a alojar detenidos. Sin embargo, Vanesa y Mónica ya habían escuchado cómo su hermano pedía ayuda cuando el 22 de septiembre de 2008 los policías de ese lugar – que no era ni más ni menos que un simple chalet barrial- lo detuvieron y lo torturaron.

El motivo: Luciano se negó a robar para la policía. Los oficiales le ofrecían “seguridad”, herramientas y dinero para efectuar robos. Luciano no quiso. Luciano dijo no.

Y el mensaje fue aterrador: Luciano desapareció.

Vecino, vecina

La Caravana era muy nutrida. En su gran mayoría, jóvenes. La salida de la plaza derivó en la avenida Mosconi, y de allí siguió hasta avenida San Martín. Familiares de víctimas de la represión policial y la violencia estatal encabezaban la marcha, con las fotos de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus primos, unidos bajo los carteles de “Justicia”, y entrelazados, hombres y mujeres, niñas y niños, más fuerte que nunca.

Frente a ellos, un camión guiaba el recorrido. Llevaba los carteles para señalizar los lugares y albergaba los equipos de sonido. Allí, en la calle, Vanesa Orieta condujo la movilización.

Tomó el micrófono.

“Hoy nos encontramos marchando para que los vecinos y vecinas entiendan lo que significa en este barrio la violencia por parte de la policía y qué representa que un niño de 16 años estuviera desaparecido durante 5 años y 8 meses”, comenzó. “Luciano está desaparecido, vecino y vecina, por haberse negado a robar para la policía de este barrio. La misma policía que trata por medio de amenazas de incorporar a los jóvenes de los barrios humildes a redes delictivas manejadas por la policía. Vecino, vecina: usted lo sabe, sabe de las zonas liberadas, de los desarmaderos de autos, de los expendios de drogas, de los delitos cometidos en complicidad y con participación de la policía. Por lo tanto, vecino y vecina, dejemos de criminalizar a los pibes que vienen en los barrios y empecemos a poner el acento en esa policía que está al servicio del delito y somete a nuestros pibes a detenciones arbitrarias, a torturas, al gatillo fácil, a desapariciones forzadas. Empecemos a tener conciencia de que hoy, los pibes en los barrios humildes no son respetados”.

Vanesa hablaba, Vanesa explicaba, Vanesa caminaba. Vanesa conducía y hablaba a esa columna en movimiento que se extendía por cuadras, y que escuchaba, porque no podía no escuchar, porque era imposible no sentirse parte de un evento único y conmoverse con esa mujer que se ha convertido en una referente ineludible de una generación, que no paró de denunciar a todos los actores, a todos los policías, políticos, jueces, fiscales y médicos que no supieron ni quisieron decirle qué había pasado con su hermano, y que contribuyeron a que un niño de 16 años estuviera desaparecido casi seis años.

Por eso, a las 12 de la mañana, Lomas del Mirador no sólo estaba despierta.

Lomas del Mirador latía.

Los días previos

Las actividades que Familiares y Amigos de Luciano Arruga han organizado durante los 5 años de pedido de justicia se han convertido en auténticos festivales, con una convocatoria masiva brillante. Durante cinco años, la agrupación transformó ese evento en una ceremonia colectiva que enseñó cómo construir Justicia en uno de los lugares más picantes del conurbano bonaerense.

Pero los días, las semanas, los meses previos a la conmemoración de los seis años fueron movidos. El pasado 17 de octubre una noticia conmovió al país. Luego de 5 años y 8 meses de búsqueda y lucha inclaudicable, se supo dónde estaba Luciano. Una batería de medidas desatadas a raíz de la presentación de un hábeas corpus concluyó que Luciano estaba enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Luego, se supo que Luciano había sido atropellado a las 3.21 de la madrugada en el cruce de General Paz y Emilio Castro; que falleció el 1 de febrero de 2009 a las 8 de la mañana en el Hospital Santojanni; que había sido trasladado por el SAME; que fue catalogado como NN en la Morgue Judicial y ese fue su destino en el Cementerio.

Dos frases

Nada cerraba. Luciano intentó cruzar la General Paz por un lugar imposible. Vanesa, al cierre de la marcha, advirtió: “Quería que vieran ustedes mismos por donde quiso cruzar mi hermano”. Así fue: ese fue el sitio donde la actividad culminó. En ese lugar hay un terraplén de césped que sólo trepando se puede acceder a la vía rápida de la avenida. A metros del punto exacto donde Luciano fue atropellado, hay un paso a nivel. Luciano lo sabía: su casa está a 17 cuadras de allí.

Hay más. El conductor que atropelló a Luciano declaró que el joven “cruzó como desesperado”. Aclaró que “no estaba trotando ni caminando sino corriendo”. Y el punto que más llamó la atención de los funcionarios y actores judiciales que intervienen hoy en la causa: “Por lógica parecía que estaba escapando”. Pero, por si fuera poco, declaró un testigo que fue la primera persona que vio e intervino en el hecho. Fue un motociclista que, al detenerse en plena General Paz para evitar que Luciano fuera atropellado por otros vehículos, divisó una camioneta doble cabina de la Bonaerense estacionada con las balizas apagadas en la colectora de la avenida, a la altura del atropello.

Por eso, la principal hipótesis en la investigación que busca determinar que sucedió entre esas horas en las que Luciano fue visto por última vez en su barrio y las que fue atropellado, sigue la hipótesis policial.

Por eso, la convocatoria, las paredes y las banderas sintetizaban dos frases.

Una: “La policía lo mató”.

La otra: “El Estado lo desapareció”.

El villero que no quiso robar

Manzanas, bananas, agua, jugo. Algunos buscaban sombra. Otras preferían un gorro. Hizo calor y el sol, aunque menos violento que eneros anteriores, picó. Vanesa conducía, hablaba. El camión se movía a un ritmo lento para que la Caravana pudiera seguirlo a pocos metros. En la vereda, un integrante de Familiares y Amigos trepó por una escalera y colgó un cartel en un poste de luz. “31/01/09. Prohibido olvidar”, rezaba. Luego, se cruzó e hizo lo mismo en la mano de enfrente.

La Caravana dobló por avenida San Martín y se detuvo en la intersección con Indart. Allí, a media cuadra, funcionó el ex destacamento que detuvo, secuestró y torturó a Luciano Arruga. Allí fue visto la noche de su desaparición. Y así lo marcaba otro cartel colgado en otro poste de luz: “A 200 metros funcionó el destacamento donde fue torturado Luciano”. El verbo está en pasado. La lucha de Familiares y Amigos, que incluyó un acampe que soportó los peores climas y las peores provocaciones vecinales, logró expropiar ese lugar para instalar allí un centro cultural que lleve el nombre de Luciano. Por esa razón la voz de Vanesa se volvió ronca.

“En 2007 se inauguró en esa casa un destacamento bajo el pedido de más seguridad de un grupo de vecinos nucleados en VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador). Debía ser una mera base de operaciones de la comisaría 8va. Pero en este lugar se llevaron adelante detenciones arbitrarias. No tenía instalaciones para albergar detenidos. Hace muy poco conseguimos la llave del ex destacamento. Ese lugar se va a convertir en un espacio de memoria social y cultural que va a llevar el nombre de un pibe de un barrio humilde”.

Vanesa respiró hondo y largó:

“¡Este espacio se va a llamar Luciano Arruga, en memoria de un villero que se negó a robar para la policía bonaerense!”.

La calle casi se hunde.

Escrache

La marcha y las señalizaciones siguieron. La Caravana continuó por avenida San Martín hasta el predio Monte Dorrego, un lugar de recreación y actividad deportiva donde un peritaje con perros ordenado en el marco de la investigación por la desaparición de Luciano arrojó un resultado positivo. Allí fue trasladado el destacamento que funcionaba en Indart luego de su cierre producto de la lucha y la movilización de Familiares y Amigos. En ese lugar hubo escrache.

“Luciano desaparece, la sociedad Arruga”, se podía leer en el suelo, frente a la subdelegación. Otras pintadas y frases ilustraron el lugar. Hubo cantos contra la policía y la denuncia implacable de Vanesa: “Basura, cobardes, asesinos. Vergüenza no tienen, porque si tuvieran, saldrían a denunciar los graves delitos que cometen sus compañeros. 

Esta familia no va a parar hasta que cada uno de sus compañeros termine preso”.

Práctica sistemática

La columna avanzó por San Martín hasta Ruta 3. El próximo destino fue la comisaría 8va, conocida como el Sheraton en tiempos de dictadura. De esa comisaría dependía el ex destacamento que secuestró y desapareció a Luciano Arruga. El joven, tras negarse a robar para la policía, comenzó a ser hostigado y a sufrir detenciones arbitrarias por parte de esa misma fuerza. “Los vecinos de Lomas tienen que tener en cuenta que es un hecho gravísimo”, sostuvo Vanesa. “Esto pasaba habitualmente en dictadura. Los mataban, los desaparecían. Esta es una marcha que viene a demostrar que no todos queremos silenciar la violencia por parte de la policía. Y esta marcha viene a demostrar tristemente que son muchos los familiares que denuncian la violencia institucional”.

Así fue. A lo largo de la movilización hablaron, entre otros y otras, Martín Bernhardt, hermano de Matías Bernhardt, asesinado por un policía federal en 2007; Angélica Urquiza, mamá de Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado por un policía federal en 2009; Celeste Lepratti, hermana de Claudio “Pocho” Lepratti, asesinado en 2001; familiares de Facundo Rivera Alegre, asesinado en Córdoba; sobrevivientes de Cromañón y de la tragedia de Once.

También hubo familiares de Ismael Sosa, el joven que viajó a Córdoba para ir a ver a La Renga y desapareció. Ni siquiera pudo entrar al recital. Denunciaron que fue reprimido por la policía en el primer control de ingreso. Su cuerpo apareció flotando en el río. “Todavía no tenemos noticias de lo que pasó”, afirmaron en la marcha. El lunes habrá una movilización a Plaza de Mayo a las 19.

Cambiar

Faltaba poco para que la movilización llegara al final. Faltaban pocas cuadras para que la nutrida caravana llegara hasta la intersección de General Paz y Mosconi (Emilio Castro del lado de Capital). Vanesa volvió a hablar, críticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires y futuro precandidato presidencial, Daniel Scioli (“basura política”), como uno de los principales responsables políticos de la desaparición de Luciano, y sentenció: “Es necesario que un solo objetivo tengamos en común: defender los derechos humanos de los pibes. Nuestros enemigos son las policías torturando a nuestros pibes. Nuestros enemigos son los políticos que generan discriminación y criminalización. Nuestros enemigos son esa Justicia de mierda a la llegan nuestras causas y nunca avanzan. Esos son nuestros enemigos, no una familia que denuncia la violencia institucional. Son los que matan a nuestros pibes”.

Desde el comienzo de la movilización hasta el cierre, Vanesa Orieta jamás perdió el eje de su discurso, fuertemente político. Sus palabras focalizaron en una nueva agenda de derechos humanos, que subraye cuál es el sujeto de represión de esta época: pibes pobres de barrios pobres. “Somos todos del mismo lugar: sectores humildes”, puntualizó. “Hacia nosotros están dirigidas fundamentalmente la violencia y la represión. Y somos nosotros los que podemos cambiar ese todo de las cosas. Somos nosotros los que podemos cambiar la historia”.

Parte de la historia

La última parada fue General Paz y Mosconi. Tras más tres horas de marcha y más de 30 cuadras de movilización, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora tomaron la palabra. Primero, Norita Cortiñas: “No podemos concebir que Argentina siga siendo un país de impunidad”. Luego fue el turno de Elia Espen: “Con todo el dolor que pasamos, seguimos peleando. No hay que callarse”.

Un capítulo aparte se merece la organización de la jornada. Sólidos, ordenados, metódicos, anticipándose a cada movimiento, la seguridad de la movilización no tuvo fallas, y cada corte de calle demostró a las claras la rigurosa planificación previa de la actividad. Sin lugar a dudas, allí radica gran parte del éxito de una tarde admirable.

Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (una de los organismos que acompañó a la familia desde el minuto cero), también habló: “Pasaron más de cinco años de impunidad. Los derechos humanos son para todos. 

Luciano tiene que ser la bisagra para equilibrar la balanza de la justicia. Luciano Arruga ya no es solamente de su familia. Luciano es parte de la historia argentina”.

Luego se leyó el documento de Familiares y Amigos, que llevó la adhesión de organizaciones sociales, partidos políticos y medios comunitarios y populares. El comunicado denunció la complicidad de los funcionarios políticos que posibilitaron que un joven de 16 años estuviera desaparecido durante casi seis años. También recordó la desidia de los actores judiciales que convirtieron la causa de Luciano en un monumento a la impunidad judicial: el juez Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas, que este año afrontarán un jury de enjuiciamiento. “Vamos a ir hasta el final. El hallazgo del cuerpo puso al descubierto un entramado de complicidades”, leyeron.

La lucha

Mónica Alegre, mamá de Luciano, fue de las últimas oradoras. “Gracias a todos por estar, por hacernos el aguante, por acordarse del Negro todos los días y por hacerlo parte de ustedes”, dijo.

Vanesa fue la encargada de cerrar la jornada: “Acá hubo que luchar mucho, poner mucho el cuerpo y desgastarse. Y a pesar de eso, somos una familia que salimos adelante, con valor y fortaleza. Nosotros empezamos siendo un grupo de familiares y amigos que luchaban solos. Enfrentamos a la Bonaerense, fuimos perseguidos, golpeados, amenazados. Y fruto de seis años de lucha dio la posibilidad de visibilizar la causa de Luciano. Y también esta lucha dio la posibilidad que entendieran que había una familia que denunciaba que esto no se trataba de hechos aislados, sino de una problemática que se llevaba la vida de muchos pibes. Y todo este fue lo que hoy generó esta marcha”.

Vanesa agradeció a todas las personas que participaron de la movilización. Agradeció puntualmente a sus compañeras y compañeros por la impecable organización. Y esa porción de La Matanza, nuevamente despierta, luego de un año, y así hasta el próximo, se sumió en un grito unánime, completo, recargado:

“¡Luciano Arruga, presente! ¡Ahora y siempre!”.

© Publicado el domingo 01/02/2015 por http://www.lavaca.org


domingo, 2 de noviembre de 2014

Tolerancia Cero… De Alguna Manera...


Tolerancia Cero…

William Bratton, jefe de policía de Nueva York en 1994.

El Senado suprimiría la conmoción social como condición de la prisión preventiva y modificaría la expulsión de extranjeros. Ningún código mejora la seguridad porque se aplica después del delito. La estigmatización de los extranjeros es un mensaje que nadie entiende mejor que la policía, gozosa de haber recuperado el autogobierno. Solidaridad oficialista con el agredido diputado Del Caño. La tasa de muertes violentas es la más baja en 30 años. Detalles estremecedores en el caso Arruga.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak acordó con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, suprimir la conmoción social de un delito y las condiciones del imputado como criterio para evaluar el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (artículo 185 del proyecto). Y el secretario de Justicia Julián Alvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena intentarán reformular el artículo 35, inciso c, sobre expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sorprendidos en el momento de cometer un delito. Por lo menos media docena de legisladores del Frente para la Victoria anunciaron que no aprobarían esas cláusulas contradictorias con la política aplicada por el gobierno nacional desde 2003. 

Un síntoma más de ello se produjo en la otra Cámara del Congreso, cuando el diputado del PTS Nicolás del Caño presentó una cuestión de privilegio por la agresión con balas de goma que padeció cuando acompañaba a los trabajadores de la multinacional Lear en conflicto. La diputada Diana Conti adhirió en nombre del Frente para la Victoria y el diputado Héctor Recalde abrazó al colega mendocino y le dijo que se oponía a cualquier forma de represión del conflicto social. El jefe del bloque de Senadores, Miguel Pichetto, se comunicó con la presidente CFK, quien admitió la posibilidad de esas modificaciones al Código Procesal Penal. La verdadera conmoción se produjo cuando el Poder Ejecutivo y los legisladores supieron que la repercusión social de algunos delitos y la personalidad del imputado como motivo para abandonar el principio de la libertad durante el proceso fueron introducidos en el Código por el dictador Jorge Videla. 

El Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976, con su decreto mal llamado Ley 21.306, fue reproducido aquí el domingo pasado. Quien asesoró a Videla fue el penalista Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del ex dictador Agustín Lanusse en 1972, y defensor del almirante Isaac Anaya en el juicio de 1985. Quien derogó esa provisión autoritaria fue el presidente Raúl Alfonsín a los dos meses de asumir la presidencia. Otra figura central de la bancada oficialista, para quien se hacía difícil consentir semejante retroceso, es el ex ministro Aníbal Fernández, quien intervino en la sanción y promulgación de la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004, y en su decreto reglamentario, de 2010. Al contemplar la expulsión por delitos con pena mínima inferior a tres años, el artículo 35 del proyecto modifica sin decirlo esa ley. 

La posibilidad de expulsión ya estaba legislada, pero sólo para delitos graves y con condena en firme. Ahora se aplicaría a los presuntos autores de delitos de menor gravedad y sin realizar un juicio que establezca su autoría, por la sola definición policial y el consentimiento del imputado para que se suspenda el proceso. El verdadero problema de seguridad es que la principal forma que tiene la policía de desbaratar una banda, integrada por argentinos o por extranjeros, es cruzárselos en la calle, como habría ocurrido con la custodia del fiscal Carlos Stornelli y los colombianos sospechosos.

Inversión de criterios

Según el artículo 17 de la ley vigente la situación irregular sólo puede ser definida por la autoridad política migratoria. Por el artículo 61, si la irregularidad se constata, esa autoridad debe intimar al migrante a que regularice su situación y facilitarle el modo de hacerlo. La Dirección de Migraciones sólo puede declarar la ilegalidad de la permanencia si el migrante no regulariza la situación al ser intimado. En ese caso Migraciones debe pedirle a un juez contencioso administrativo la confirmación del acto de expulsión, cuya validez y razonabilidad se discutirá ante el tribunal. 

El artículo 29.c considera como límite a la concesión de residencia en el país “haber sido condenado o estar cumpliendo condena (...) o tener antecedentes por tráficos de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”. El decreto reglamentario especificó que condenado es quien tenga una condena firme, y antecedente es “la condena no firme o el procesamiento firme”. La Corte Suprema de Justicia confirmó ese criterio en el Caso Granados Poma, de 2012. ¿Cuál puede ser el sentido de esa inversión, de expulsar a condenados y procesados por delitos graves a correr del país bajo la amenaza de prisión a personas detenidas por la policía por delitos menores? 

Es ilustrativo repasar qué delitos castiga el Código Penal con penas mínimas inferiores a tres años: participar en una riña en la que intervengan varias personas y no conste quien causó las lesiones o la muerte de la víctima (artículo 95); apoderarse de una cosa mueble ajena (162); usar la violencia para ello (164); despojar a otro de la posesión o tenencia de un inmueble (181); tener o portar armas de fuego sin autorización (189); detener o entorpecer la circulación de un tren (191); tirarle piedras cuando está en marcha (193); impedir o estorbar el normal funcionamiento de cualquier medio de transporte o los servicios públicos de comunicaciones, provisión de agua, electricidad o energía (194); suscitar tumultos o desórdenes (211); emplear la intimidación o la fuerza contra un funcionario público (237); desobedecerle o resistírsele (239); estorbarle el cumplimiento de sus funciones (241); violar los sellos colocados por la autoridad para asegurar la conservación o identidad de una cosa (254); quebrantar una inhabilitación impuesta por un juez (281 bis). 

Aparte de los robos y hurtos con o sin armas, surge transparente la criminalización del conflicto social y los métodos de lucha usuales: ocupación de tierras y viviendas, en las que participan con asiduidad inmigrantes de países vecinos; corte de rutas y de vías, manifestaciones en la calle, todo tipo de roces con policías, gendarmes y sus jefes, como el coronel Roberto Angel Galeano que exigió a un automovilista que bajara de su auto en la Panamericana y a los uniformados que lo sacaran a palazos.

¿Y por casa?

En todo el mundo los entusiastas de la Tolerancia Cero se inspiran en la tarea del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, pero fuera de Estados Unidos pocos saben que el impulsor del concepto fue William Bratton, su jefe de policía. Bratton asumió el cargo en 1994 y su éxito en la reducción del crimen fue tan notable que Giuliani lo despidió en 1996: la popularidad del cana opacaba al político republicano. Luego de su también exitoso desempeño como jefe de policía de Los Angeles, adonde llegó después de los terribles tumultos raciales de 2002, Bratton recibió el ofrecimiento de hacerse cargo de la policía británica, pero el Parlamento lo vetó por su nacionalidad. No obstante, lo contrataron como asesor.

Hace diez meses, el nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo devolvió a su antigua responsabilidad en la Gran Manzana. De Blasio tiene dos hijos adolescentes, Dante y Chiara, que pese a sus nombres clásicos tienen la tez morena como su madre y fueron protagonistas de la espectacular victoria del padre, con casi el 75 por ciento de los votos. El aviso que decidió la elección fue grabado por Dante. Con su peinado afro a lo Angela Davis decía que Bill era el único demócrata con pelotas como para oponerse a las medidas discriminatorias del intendente Michael Bloomberg, por las que la policía puede cachear en busca de armas o drogas a cualquiera que le parezca sospechoso. Y ya se sabe quiénes siempre le parecen sospechosos. Por más que el presidente sea un afroamericano, los prejuicios siguen prevaleciendo y Obama postergó hasta después de las elecciones de pasado mañana el prometido decreto que aliviaría la situación de once millones de inmigrantes ilegales amenazados con la deportación. 

Las cadenas CBC y CNN informaron la semana pasada sobre el hostigamiento en una escuela del Bronx a dos chicos de 11 y 13 años, cuyos compañeros les gritaron “Ebola” mientras los golpeaban hasta dejarlos de hospital. Venían de Senegal, donde sólo se diagnosticó un caso de la enfermedad. Este es el riesgo de los estereotipos. Es probable que la expulsión de extranjeros no se incorpore al Código Procesal en los términos que anunció Cristina. Pero el mero discurso asociando extranjeros con delincuencia constituye un mensaje que la policía decodifica con entusiasmo y amplía la permisividad para los comportamientos tradicionales que tanto costó desterrar con la Ley de Migraciones. 

Por otro lado, cada ablandamiento de garantías procesales que se introduce con cualquier pretexto, tiende a generalizarse para cualquier otro uso. Si bien fue sobreseído, ya hubo un periodista de Santiago del Estero acusado por la ley antiterrorista y al mismo tiempo, en Estados Unidos, se descubrió que la ley de seguridad interior (la Patriot Act sancionada para librar la denominada Guerra contra el Terrorismo) se está aplicando con frenesí para otros fines. Esa ley permite a la policía ingresar a una vivienda y revisar todo lo que encuentren, sin notificar de ello a sus habitantes para que no sepan que los están investigando. 

La Fundación Nueva Frontera Electrónica informó ahora que entre septiembre de 2001 y abril de 2003 hubo 47 de esas incursiones sigilosas; el año pasado fueron 11.129, de las cuales apenas el 0,5 por ciento por sospechas de terrorismo. Radley Balko, autor del libro Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces escribió que cuando una ley concede nuevos poderes al gobierno “hay que dar por sentado que será interpretada en la forma más vaga, más expansiva y más favorable al gobierno posible. Si no ocurre así, bien. Pero ¿por qué correr el riesgo, por qué dejar esa posibilidad abierta. Lo mejor es escribir las leyes en forma muy cuidadosa, restrictiva y con explícitas garantías contra su abuso”.

¿Fue una contradicción que una vez electo, De Blasio convocara al artífice de la Tolerancia Cero? Para nada. Lo que sus epígonos sudamericanos nunca mencionan es que para Bratton esa inflexibilidad debe comenzar por la propia fuerza policial. Lo hizo durante su primera gestión, lo repitió en Los Angeles y lo está haciendo otra vez ahora. En un discurso ante más de 800 comisarios y oficiales, prometió que apartaría a las manzanas podridas que dan una mala imagen a la policía y los describió como “brutales, corruptos, racistas e incompetentes”, que “no entienden el juramento que prestaron ni están comprometidos a obedecer la ley”, por lo cual “no deberían estar aquí”. 

En su conferencia, Bratton mostró videos de oficiales que patean a un vendedor callejero y tiran al suelo a una mujer embarazada. Hace dos meses una gran manifestación protestó en Nueva York por la muerte del también afroamericano Eric Garner, quien vendía cigarrillos sin estampilla fiscal. Un policía le hizo una toma de estrangulación y lo asfixió. El presidente de la mutual hispana de policías, el detective Dennis González, aprobó la decisión de Bratton y le sugirió que comenzara por revisar con Asuntos Internos los legajos de los oficiales contra quienes hay quejas, para detectar patrones de abuso. ¿Suena familiar?

Autogobierno y complicidad

Esa depuración de las filas policiales es la misma línea que comenzaron los ex ministros Carlos Arslanian en la provincia de Buenos Aires y Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que abandonaron sus sucesores. Con Arturo Puricelli y Cecilia Rodríguez, asistidos por el médico que quisiera ser militar Sergio Berni, la Policía Federal recuperó la autonomía perdida y se orienta según la pauta del autogobierno que practica la Bonaerense. Lo sucedido con Luciano Arruga dista de ser un caso aislado. En 2009 el juez Luis Arias dijo que la policía bonaerense usaba las detenciones de menores por averiguación de antecedentes como método de reclutamiento para delinquir. 

Cuando los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal, lo intimaron a precisar la denuncia, Arias enumeró 23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por torturas a chicos, en las que se advierte “la idea de reclutamiento”. Poco después, el propio Stornelli se presentó para denunciar ante la justicia esa práctica perversa. Pero ya estaba de salida y Casal asumió las dos carteras, fusionadas en una hasta el año pasado. No habrá código que valga, mientras los presuntos encargados de brindar seguridad comanden la rapiña y formen parte de grandes redes de ilegalidad, por más fotos con Giuliani o con Alvaro Uribe que se saquen los políticos en campaña.

Esta semana, el Senado bonaerense convirtió en ley la expropiación del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde Arruga estuvo detenido y fue torturado, y la instalación allí de un Espacio para la Memoria que llevará su nombre. Ese destacamento se creó a solicitud de los vecinos que reclamaban mayor seguridad. No es seguro que se hayan sentido defraudados por este nuevo episodio de higiene social, como los que producía en Don Torcuato el policía Beto Hugo Cáceres, porque el objetivo de eliminar a los negritos cuenta con inserción en sectores más acomodados de la sociedad, como se puede verificar en el foro de lectores de La Nación que se congratularon por la muerte de Arruga. En la misma sesión el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la unificación y el aceleramiento del caso contra los funcionarios judiciales que dilataron la investigación y encubrieron a los policías acusados. 

Así, el juez Gustavo Banco, que rechazó el hábeas corpus presentado por la familia de Arruga en cuanto se produjo la desaparición, deberá responder en el mismo jury de enjuiciamiento que las fiscales Roxana Castelli (quien delegó el sumario a la propia policía que lo extorsionaba) y Celia Cejas (cuya principal disposición investigativa fue espiar a la familia de la víctima). El juez federal de Morón Juan Manuel Salas mantiene el secreto del sumario mientras avanza en la obtención de pruebas, que le permitirían dejar de lado la cómoda hipótesis de un accidente de tránsito y confirmarían lo que la mamá Mónica Alonso y la hermana Vanesa Orieta sostuvieron desde el primer momento, sobre la responsabilidad policial en la muerte de Luciano. El estudiante que conducía el auto que lo atropelló declaró que Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”. El mismo juez Salas sobreseyó al dirigente sindical Rubén Sobrero por el corte de una autopista con un piquete durante el paro de una central en abril, aduciendo quienes ocupan el espacio público para que las autoridades los escuchen no deben ser sometidos a la acción penal que en ese caso criminalizaría “manifestaciones sociales pacíficas”.

© Escrito por Horacio Verbitsky el Domingo 02/11/2014 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el contenido publicado es de exclusiva propiedad de la persona que firma, así como las responsabilidades derivadas.