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martes, 29 de diciembre de 2015

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín… @dealgunamanera...

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín…


Con la intervención al organismo que debía aplicar la Ley de Medios y el desplazamiento de Sabbatella, el gobierno le devuelve los favores a Clarín. La izquierda rechazó la medida y exige que se discuta en el Congreso.

© Escrito por Daniel Satur el sábado 26/12/2015 y publicado por http://www.laizquierdadiario.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ayer por la mañana el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció la intervención por 180 días de la AFSCA y la AFTIC, los organismos que tienen a su cargo la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, respectivamente.

La decisión liquida, en los hechos, la autarquía de ambos entes y deja en manos del ministro radical el manejo de todo lo referente a regulación de medios, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.

Por la tarde Aguad denunció penalmente a Martín Sabbatella por no querer abandonar su cargo al frente de la AFSCA, donde tiene mandato legal hasta 2017.

Según lo indica el Decreto 236/2015, a partir de ahora la AFSCA quedará en manos del interventor Agustín Garzón mientras que el titular de la AFTIC, Norberto Berner (con mandato legal hasta 2019), será reemplazado por el interventor Mario Frigerio.

“Abuso de poder”

Aguad no sólo intervino la AFSCA sino que denunció penalmente a Sabbatella por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”. Según la denuncia presentada en Comodoro Py, el dirigente de Nuevo Encuentro no hizo su trabajo según lo estipula la propia Ley de Medios; y por otro lado, al ser intervenido el organismo caducan los mandatos de sus autoridades, por lo que Sabbatella debería abandonar el cargo.

El decreto firmado por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña apela a una provocadora ironía para justificar la denuncia contra Sabbatella. Según el texto, pese a que la ley está vigente desde 2009, “no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia”.

A su vez el decreto dice que “tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones”, tal como lo fija la norma. Y afirma que, por otro lado, “se han verificado importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”.

Así el macrismo se termina apoyando en la letra de la ley que combatió en el Congreso, en alianza con Clarín, para desplazar a Sabbatella y Berner de los puestos públicos que la propia ley creó.

Lo curioso (o no) es que Macri no hace más que ejercer un nuevo “abuso de poder”, ya que la intervención federal de un ente autárquico no es otra cosa que la aplicación forzada de la legalidad para satisfacer las necesidades del gobierno.

A pedido de Clarín

La intervención de la AFSCA y la AFTIC tienen el objetivo de concentrar el poder respecto a las comunicaciones y los medios en manos de un funcionario como Aguad, quien ostenta, más que un currículum, un verdadero prontuario, ligado estrechamente a genocidas y con una amplia experiencia represiva.

Sin dudas esta intervención por decreto y a los empujones busca beneficiar nada menos que al Grupo Clarín y sus aliados, quienes militaron todo el año en favor de Cambiemos y hoy están recibiendo la correspondiente compensación.

Y también la medida benefiará a las corporaciones telefónicas, que vienen reclamando modificaciones en la Ley Argentina Digital.

En ese sentido tanto la “adecuación” de Clarín a la Ley de Medios, así como todo cuestionamiento a su poder económico y mediático, nunca fueron llevadas adelante por el kirchnerismo. Incluso los artículos más ‘progresivos’ no se aplicaron o se violaron directamente. Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”. Con estas medidas de Macri directamente quedarán en el olvido.

Antes y ahora, la democratización bien gracias...

En este diario se han analizado reiteradamente los límites objetivos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la capacidad de “democratizar las comunicaciones” y acabar con la concentración mediática que hace décadas está en manos de un puñado de corporaciones.

Más allá de los discursos, el gobierno de Cristina Fernández se fue sin haber transformado sustancialmente el mapa de medios a nivel nacional y sin haberle arrebatado, mucho menos, el enorme poder a Clarín.

Por el contrario, el accionar del gobierno kirchnerista desde 2009 -cuando rompió su alianza con Magnetto- hasta su retirada, fue tendiente a fortalecer y sostener (con jugosos fondos públicos) a una caterva de empresas mediáticas aliadas, entre cuyos exponentes más visibles se encuentran Cristóbal López y Sergio Szpolsky.

Ni siquiera Cristina y Sabbatella hicieron efectiva la ocupación del 33 % del espectro radioeléctrico por parte de canales de TV y radios pertenecientes al sector “sin fines de lucro”, donde se agrupan cooperativas y organizaciones sociales que apoyaron con entusiasmo la Ley de Medios desde sus inicios.

Vale aclarar que la asignación de licencias para ese “tercio” del espectro como otras tantas medidas en favor de medios comunitarios y populares no estaba prohibida por ninguna medida cautelar. Fue una decisión política del kirchnerismo apostar a “combatir” a Clarín creando nuevas “corpos” con financiamiento estatal, dejando al mismo tiempo libradas a su suerte a infinidad de experiencias comunicacionales alternativas e independientes.

La izquierda rechaza la intervención

Apenas conocido el decreto por el cual se intervienen la AFSCA y la AFTIC, las voces de repudio se multiplicaron. Uno de los primeros en criticar la medida fue el investigador Martín Becerra, quien escribió que “la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta”.

En un sentido similar, desde el PTS y el Frente de Izquierda se hizo público el rechazo a la medida, por considerarla “arbitraria, hecha a pedido y a la medida de Clarín y las grandes corporaciones mediáticas que hoy apoyan a este Gobierno”.

Así se expresó el ex candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño, quien aclaró sin embargo, que este rechazo no significa avalar lo hecho por el kirchnerismo en materia de medios de comunicación.

“Siempre hemos sido muy críticos de la llamada ‘Ley de Medios’ y hemos denunciado que el gobierno saliente creó un sistema de medios propios (ayudado por la pauta oficial), que no democratizó el acceso a la información, al margen de que nunca se dieron espacios a la izquierda. Además, mantuvo intactos el poder esencial de las grandes corporaciones (incluso los artículos más ‘progresivos’ de la ley no se aplicaron o se violaron). Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”, sintetizó Del Caño.

A su vez la diputada nacional del PTS/FIT Myriam Bregman manifestó “en este caso, como en el conjunto de las medidas que viene tomando el nuevo gobierno, el método de Mauricio Macri es tomar todas las decisiones vía decretos de necesidad y urgencia (o resoluciones ministeriales) pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

“El gobierno que construyó un relato supuestamente ‘republicano’ del ‘diálogo y el consenso’ ahora suma intervenciones arbitrarias a la catarata de decretazos que viene aplicando”, enfatizó Bregman.

En ese sentido, la ex candidata a vicepresidente del FIT exigió “que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda, contamos con representación parlamentaria y un programa para terminar con los monopolios mediáticos, tanto estatales como privados. Exigimos el derecho democrático elemental a la discusión en el Congreso donde expresamos la voz que también desarrollamos en la movilización callejera, ante un tema que es de suma importancia para los trabajadores y las mayorías populares, como es el de los medios masivos de comunicación y el derecho a la información”.

Nostalgias

El ministro Aguad, tal como lo hiciera en 1999 en la ciudad de Corrientes, vuelve a hacerse cargo de una “intervención” desde el Estado nacional. Esta vez en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

No caben dudas de que “el Milico” está en su salsa. Lejos de todo barniz “republicano” e “institucionalista”, su flamante gestión se propone brindarle un sentido homenaje a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285 (dictada por Videla y Martínez de Hoz en 1980 y vigente hasta 2009), que durante décadas fue aplicada por sucesivos “interventores” del COMFER.

Esa misma “ley”, con sus modificaciones en democracia, permitió la conformación de un puñado de poderosos conglomerados mediáticos. Entre ellos, obviamente, el Grupo Clarín, el mismo que ahora festeja sin disimulo cada nueva intervención arbitraria del gobierno de Macri. Un gobierno que, como afirmó Myriam Bregman, arrancó a decreto limpio “pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

¿Te acordás hermano...?

Muy lejos quedaron los tiempos en que Martín Sabbatella y Oscar “el Milico” Aguad compartían proyecto político. En diciembre de 1999 ambos integraron la Alianza que llevó a De la Rúa a la presidencia. Por entonces el joven del PC asumía como intendente de Morón y el radical cordobés se sumaba a la intervención de la provincia de Corrientes (de donde se iría en 2001 con una denuncia por el robo de 60 millones de dólares).

Dieciseis años después Sabbatella y Aguad se encuentran enfrentados y en el centro de la tormenta. Mientras el ex intendente de Morón se niega a dejar su cargo al frente del organismo intervenido, el Ministro de Comunicaciones encara la intervención a cara de perro.

viernes, 25 de diciembre de 2015

AFSCA… Por qué Sabbatella debería darse un "baño de humildad"… @dealgunamanera...

AFSCA… Por qué Sabbatella debería darse un "baño de humildad"…

Sabbatella llegó al cargo como representante el Ejecutivo. Al cambiar el oficialismo, su rol carece de sentido. Foto: Cedoc

El líder de Nuevo Encuentro es el principal responsable de que la Ley de Medios pierda carácter constitucional. Las irregularidades que lo condenan.

© Escrito por Patricio Caruso el miércoles 23/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Caído en desgracia política, aferrado a la única caja que le queda, el titular de la intervenida AFSCA Martín Sabbatella repite una y otra vez que se quedará en el cargo "porque hay que cumplir la ley". Sin embargo, no son pocos los casos judicializados por incumplimiento de la normativa, que es lo único que hoy lo mantiene en el cargo.

Cuando el gobierno kirchnerista se interesó en obtener los medios de Daniel Hadad, el magnate K Cristóbal López no tuvo problemas para comprar la flota de broadcasting encabezados por C5N y Radio 10. Poco le importó, entonces, a Sabbatella hacer cumplir la misma ley en la que hoy se escuda: el artículo Nº 41 establece que las licencias son intransferibles.

La Ley de Medios tenía unos valores: los de la pluralidad de voces y desconcentración de medios. Pero si para la conveniencia kirchnerista no eran los mejores, Sabbatella podía ofrecer algunos otros. Eso fue lo que hizo el 20 de diciembre de 2014 cuando la frecuencia 92.1, en la que emitía FM Identidad, cerró de una forma irregular. 

La radio crítica del gobierno K fue comprada por el empresario kirchnerista Sergio Szpolski que, lejos de abrir una nueva emisora que emplee al personal como dicta la ley, decidió ampliar la llegada de Vorterix y lanzar despidos automáticos. Mismas voces, más radiofrecuencia, menos pluralidad.

La posición de Sabbatella no sorprendió ni siquiera al opositor en AFSCA Gerardo Milman, que llevó ambos temas al directorio en distintas oportunidades y que sólo encontró el silencio del líder de Nuevo Encuentro. Después de todo el dirigente no está ahí por profesionalista, Sabbatella ocupa el máximo sillón del organismo, donde hoy se atrincheró, por su condición de militante.

Y el dirigente está orgulloso de esa pertenencia política, que nadie sería capaz de reprochar. Lo que sí es reprochable, hasta en los estrados judiciales, es la "solidaridad gremial" que se le pidió al 50% del personal contratado en AFSCA para que aporte a Nuevo Encuentro.

Se trata de un porcentaje del sueldo de cada uno de los ingresantes, que le sirvió al exintendente de Morón para hacer caja partidaria y fortalecer la estructura nacional de su espacio, que dejó de ser bonaerense para conseguir legisladores y dirigentes en distintas provincias.

Perfil.com reveló en junio cómo era el reparto de matrículas de locutor local, que llevaba a dirigentes de AFSCA promocionando “el proyecto nacional y popular” a cambio de la licencia habilitante. Más tarde, esos funcionarios se postulaban como candidatos de Nuevo Encuentro.

Ninguno de los casos citados anteriormente tienen que ver con el Grupo Clarín y el CEO Héctor Magnetto, el blanco ideal para Sabbatella. Por si había dudas de que desmembrar al multimedios era su principal objetivo, el directorio se ocupó de que todos se dieran cuenta.

Mientras AFSCA se demoraban a tratar el caso Telefónica, avanzaban a paso veloz con el caso Clarín; mientras adecuaban de oficio su propuesta, le extendían las prórrogas al Grupo Nemesio; mientras permitían las ventas a empresarios amigos, cada vez que alguien ofertaba canales de Clarín, repetían que las licencias eran intransferibles.

De todas maneras, si el "objetivo militante" de Sabbatella era desmembrar Clarín, se puede decir que tampoco fue un buen militante. El premio que tenía era ser ungido como candidato K a la gobernación de Buenos Aires. Si bien Sabbatella recibió las felicitaciones de la mandataria cuando la Corte declaró la constitucionalidad de la norma, se tuvo que conformar con la candidatura a vice bonaerense, de un candidato con una alta imagen negativa.

Para esa instancia, lo que la ley diga tenía cada vez menos sentido: cuando Editorial Perfil presentó dos pliegos para obtener licencias de TV Digital, en mayo de este año, pocos eran los que creían que el directorio kirchnerista haría caso a la norma y le extendiera las licencias a un grupo que había sido discriminado por la pauta oficial.

Las sospechas se confirmaron el 24 de septiembre, cuando en la orden del día informaron que las dos licencias quedarían desiertas: las áreas técnicas no se animaron a firmar los pliegos de los grupos Szpolski y López, que acumulaban distintas irregularidades. 

El kirchnerismo no tuvo la voluntad política de poner en práctica la pluralidad de voces, que promociona, y prefirió no dar a ninguno los canales con excusas rápidamente refutadas por el grupo periodístico.

Sabbatella podría convertir a la Ley de Medios en uno de sus epitafios: su situación es crítica. En el peronismo duro es visto como un “oportunista”, su municipio está en manos del marido de la gobernadora y es rechazado rotundamente por el electorado moderado, por su gran exposición en la “madre de todas las batallas”.

El dirigente quedó expulsado virtualmente de la política por el electorado, que le dio la espalda en Morón y en la Provincia de Buenos Aires. Su único escudo es esta norma que podría perder validez constitucional si prospera alguna de la media decena de casos judicializados que enfrenta.

Es que la Corte Suprema de Justicia fue clara al afirmar en su fallo de constitucionalidad que toda la norma "sólo tenía sentido" si el organismo regulador demostraba "imparcialidad del Poder Ejecutivo". Sólo uno de estos casos podría hacer que la norma pierda efecto.

Antes de la asunción de Mauricio Macri en la Casa Rosada, se dio un caso emblemático: Milman renunció a su cargo como director de AFSCA. "Yo estoy como representante de la oposición, no tenía sentido que me quedara cuando ahora soy oficialista", explicó.

Ante la resistencia del dirigente, el macrismo tomó la misma decisión que Néstor Kirchner con otros entes autárquicos como Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), ETOS (Ente Tripartito de Obras Sanitarias) y ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad): la intervención por 180 días.

A la conducción de Sabbatella en la AFSCA nunca debieron haberla intervenido: el líder de Nuevo Encuentro debió haber seguído el ejemplo de su adversario diario: si Milman no podía seguir representando a la oposición siendo oficialista, Sabbatella debió aceptar que no podía seguir militando un oficialismo que se va del poder desde el mismo lugar que lo transitó: una trinchera.


  

martes, 5 de noviembre de 2013

Entrevista a Ricardo Lorenzetti... De Alguna Manera...


"Con la Presidenta no hablé de la Ley"...


En una entrevista exclusiva con Jorge Fontevecchia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que estuvo con Cristina hace dos meses.

El reportaje completo


"Hasta hace una semana, esta era la Corte que le ponía límites al Gobierno, ahora parece que no", declaró.

© Publicado el martes 05/11/2013 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

sábado, 2 de noviembre de 2013

Gobierno vs. Multimedios y la "Democratización del poder…" De Alguna Manera...


Gobierno vs. Multimedios y la democratización del poder…


En la Argentina sin información, campea la conjetura y el rumor. Por eso, perturba que lo mismo que defiende la Corte en su fallo, la transparencia, opaque lo que debiera ser luminoso, la consagración de los Derechos.

Y como de conjeturas se trata. ¿Por qué el fallo no se dio a conocer antes de las elecciones, el gran momento que tiene una sociedad para mirarse a sí misma, preguntarse hacia donde quiere ir y en consecuencia elegir con la mayor información posible a quienes va a delegar su confianza para que tomen decisiones en su nombre? Lo que puede interpretarse como prudencia antes de las elecciones se convierte en imprudencia post electoral ya que resulta imposible sustraerse al hecho político de que el fallo se dio a conocer cuando apenas comenzábamos a indagar sobre la manifestación electoral de la ciudadanía. Y en las vísperas de que celebremos la continuidad democrático. Todo un símbolo que no es patrimonio de ningún gobierno y sí mérito de todos los argentinos que finalmente entendieron que el único antídoto al autoritarismo es una auténtica cultura de Derechos.

De la lectura inicial sobre el resumen del fallo que difundió la Corte, se infiere que la mayoría de los jueces deslindó la responsabilidad constitucional en el Congreso que sancionó la ley y al reconocer los derechos de propiedad del Grupo Clarín lo mando, sin decirlo, a negociar con el gobierno. A la par, como fundamento constitucional, libera y legitima los valores de libertad, igualdad e independencia que defendimos a lo largo de todos estos años en los que fue tan difícil no quedar entrampados en la guerra simbólica que hizo de la pelea con Clarín, la “madre de todas las batallas”.

En términos de intereses es probable que haya perdido el grupo Clarín, pero en cuestión de valores, vale advertir que ahora es cuando más debemos exigir, en la justicia si es el caso, en la política y en el debate público para que el gobierno cumpla con todo lo que también sostiene el fallo del máximo tribunal.

A lo largo de estos cuatro años, vividos por el oficialismo como una mora con la democracia, se violaron y violan todos los principios con los que la Corte sustentó el fallo. Ni la distribución de la pauta oficial es ecuánime, ni el AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley es independiente del gobierno, hasta el Defensor del público (no del ciudadano) es un defensor del gobierno y los medios públicos sirvieron para conseguir lo que el fallo de la Corte condena: la propaganda de un gobierno. La inequitativa distribución de la pauta oficial multiplicó la propagadora oficial y convirtió en empresarios periodísticos a quienes jamás mostraron un compromiso con la función social de los medios de comunicación, o entraron, siquiera a una redacción. Y lo que es más grave, utilizaron todo el poder del Estado para matar la reputación de los periodistas críticos, se burlaron de los artistas díscolos o los políticos opositores. Si no que lo diga Casero, el más reciente fusilamiento mediático que al igual que las manifestaciones de desprecio al resultado electoral desnudan una concepción de poder autoritaria.


Si como dice el fallo de la Corte, la libertad de expresión es la madre de todas las libertades y se debe garantizar el derecho de la sociedad a ser informada como parte del debate público, ahora más que antes debemos reclamar el respeto a nuestro derecho a disentir, que los medios públicos dejen de incitar al odio, tal como condena el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora ya no son los jueces los que están en mora con la democracia como se escuchó decir a más de un defensor del gobierno. Quien está en mora con la democracia es el mismísimo gobierno que invoca a los derechos humanos pero no respeta los derechos ajenos.

Es cierto que la legitimidad constitucional de una ley surge de la votación mayoritaria del Congreso, pero cuando un gobierno abusa de su poder a expensas de subordinar al Parlamento y domesticar a la justicia, las instituciones y el poder mismo caen en la ilegalidad porque lo que es ilegitimo es el ejercicio del poder. De modo que a cuatro años de sancionar la ley que prometía democratizar la palabra, está ya en la hora de que empecemos a democratizarse el poder.

© Escrito por Norma Morandini, periodista, escritora, vicepresidente de la Comisión de Medios del Senado, el viernes 1º/11/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.