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viernes, 21 de diciembre de 2012

La Corte define todo… De Alguna Manera...


La Corte define todo…

LLAVE SUPREMA Juez Raúl Zaffaroni. Dibujo: Pablo Temes.
 
Presión sobre la Justicia. El kirchnerismo no ceja en su ofensiva contra los jueces. Métodos y objetivos. Unicato para todos.

Vamos a poner en marcha una democratización de la Justicia”. Nadie sabe cuál es el verdadero significado de esta frase pronunciada por la Presidenta –en medio de la estupefacción que produjo el fallo del tribunal de Tucumán sobre el abominable caso de la desaparición de Marita Verón– en estas horas de máxima tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Lo que sí queda claro que tales palabras fueron una muestra más del oportunismo permanente sobre el que el kirchnerismo basa la mayor parte de su gestión.

El masivo rechazo que generó ese fallo le dio el pie justo al Gobierno para descargar su bronca contra los sectores independientes de la Justicia que han puesto freno a una joya del relato kirchnerista: la Ley de Medios. Por ello, hubo euforia en Olivos el viernes cuando el juez Horacio Alfonso, confirmando lo que habíamos adelantado hace semanas, falló a favor del Gobierno en la controversia sobre los artículos 161 y 45 de la citada ley. Alfonso es un juez cercano al kirchnerismo, dato que es vox pópuli en todos los ambientes tribunalicios. Lo importante es que el caso habrá de terminar en la Corte. Allí hoy las cosas están divididas. Nadie puede arriesgar ningún resultado. Pero lo que se dijo en el Gobierno durante esta semana sobre la Justicia tiene implicancias severas que van mucho más allá de su guerra contra Clarín.

Salvo la configuración de la actual Corte –logro que le ha generado un reconocimiento sin fisuras– todo lo hecho por el kirchnerismo en el campo de la Justicia ha sido malo. En eso el oficialismo se parece muchísimo al menemismo. De esto alguna vez hablará el ex ministro Gustavo Beliz, quien fue un propulsor decisivo de algunos proyectos que hubieran sido clave para hacer más transparentes a varios estratos del quehacer judicial.
En cambio, otros proyectos destinados a coartar la independencia de los jueces –como el de la reforma del Consejo de la Magistratura– fueron impulsados por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue un paso determinante en pos de un objetivo claro: la conformación de una Justicia K. Otra de las acciones que incorporó el kirchnerismo es la de una tarea de vigilancia sobre aquellos jueces que tienen en sus manos causas sensibles que inquietan a los funcionarios. A esos jueces se los mira con lupa y se los presiona de manera a veces sutil y, si con ello no alcanza, entonces de forma desembozada con utilización de datos que provee la SIDE. Recuérdense, al respecto, los casos de la jueza María José Sarmiento y del juez Raúl Tettamanti, citados en la columna del domingo pasado.

Si con todo ello no alcanza, se avanza aún más con las recusaciones y/o denuncias sobre los jueces y fiscales que ponen en apuros a funcionarios clave. El caso paradigmático es el del vicepresidente Amado Boudou, que logró que volara el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y apartaran de la causa al juez Daniel Rafecas y al fiscal Daniel Rívolo. Rafecas había autorizado el allanamiento pedido por Rívolo de un departamento en Puerto Madero, propiedad de Boudou, en el que se encontró documentación comprometedora para el vice, en el marco de la escandalosa causa del rescate de la ex Ciccone.

Otro aspecto muy sensible conectado al proyecto de forjar una Justicia K  es el de los concursos. Allí, en muchos de ellos, pasa de todo. Aspirantes vinculados al oficialismo que “casualmente” conocen de antemano al detalle y de memoria –palabra por palabra– antecedentes de jurisprudencia respecto del caso sobre el que deben responder en el examen o, directamente, conocen el caso en sí. Así y todo, si sus notas fueran malas, está el recurso de “ascenso milagroso”, por el cual quien había quedado en los últimos puestos es “rescatado” por obra y gracia de un espíritu no santo que responde a la Casa Rosada y sus adyacencias, y reubicado en las primeras posiciones y, por lo tanto, devenido en elegible. Ese fue  el caso de María Lorena Gagliardi, a quien el Gobierno quería para ocupar el juzgado que subroga Alfonso.

Fue curiosa también la expresión de la Presidenta referida a que la Justicia debe escuchar al pueblo. En realidad más que curiosa fue contradictoria con las acciones que lleva adelante su gobierno. ¿Cómo entender, si no, la decisión de la Anses de no obedecer los fallos judiciales que han reconocido los reclamos por reajustes de haberes mal liquidados de más de 500 mil jubilados y pensionados? ¿Cómo entender que, en vez de acatar esos fallos, se haya querido recusar y desplazar a jueces probos y honestos como, por ejemplo, Luis Herrero de la Cámara de la Seguridad Social? ¿Quién fue allí el que desoyó al pueblo: el Gobierno o la Justicia?

El dramático y conmovedor caso de la desaparición de Marita Verón ejemplifica los claroscuros del Gobierno y sus consecuencias. La red de prostíbulos y trata de personas está extendida en todo el país. El Tucumán del gobernador José Alperovich es tan feudal como la Santa Cruz de los Kirchner o la San Luis de los Rodríguez Saá. Los Ale, una familia que asuela la provincia, ha hecho y sigue haciendo de las suyas sin ningún problema. La protección política con la que han contado sigue indemne. La sobreactuación del gobernador ha sido tan fatua como estéril. El desarrollo del juicio y el veredicto han puesto a los jueces bajo sospecha. Para saber toda la verdad habrá que ver cómo y quiénes estuvieron a cargo de la instrucción del caso, ya que es allí donde muchas veces se definen.

Presa de la indignación, Fernández de Kirchner decidió incorporar el proyecto sobre trata de personas en las sesiones extraordinarias del Congreso. Enmendó así un grueso error, ya que el proyecto, que contaba con media sanción del Senado, durmió durante el año en los cajones del bloque del Frente para la Victoria. Susana Trimarco, mujer admirable y con un coraje sin límite, señaló que los legisladores no deberían “haber esperado a que la Presidenta les dijera”. Sin querer, la madre de Marita Verón puso el dedo en la llaga y dejó expuesta una de las principales falencias de este gobierno, en el que nada se hace sin que haya una orden presidencial. Es el mejor ejemplo de los males que encierra el unicato, tan alejado del concepto republicano que consagra la Constitución.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 16 de Diciembre de 2012.


viernes, 7 de diciembre de 2012

Martín Sabbatella: “El fallo de la Cámara es una vergüenza”... De Alguna Manera...


“El fallo de la Cámara es una vergüenza”...
Martín Sabbatella anticipó que recurrirá a la Corte y pidió al máximo tribunal que esté “a la altura de las circunstancias”.
 
“Hay una parte de la Justicia argentina que no está preparada para enfrentar a las corporaciones, porque está colonizada y responde a esos intereses”, señaló Sabbatella. Dijo que la Cámara Civil y Comercial terminó siendo “el equipo jurídico” de Clarín.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, consideró “una vergüenza” la decisión de la Cámara Civil y Comercial que extendió la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a ley de medios. Tras una reunión de directorio, el organismo emitió una declaración condenando la decisión judicial y anticipó que esta mañana presentará un pedido de avocamiento a la Corte Suprema para que resuelva la cuestión de la cautelar. “Esto demuestra claramente que esa Cámara termina siendo el equipo jurídico del grupo empresarial Clarín”, aseguró ayer Sabbatella.

La primera noticia de la decisión judicial llegó al titular de la AFSCA desde la Casa Rosada. Al poco tiempo, la notificación formal ingresó al organismo. “Hay una parte de la Justicia argentina que no está preparada para enfrentar a las corporaciones, porque está colonizada y responde a esos intereses corporativos”, advirtió Sabbatella tras conocer el fallo y remarcó que la decisión de la Cámara demuestra el poder de los grupos con posición dominante, lo que ratificaría la necesidad de aplicar la ley para “democratizar la palabra” y evitar prácticas “extorsivas”. Sabbatella remarcó que “es una barbaridad que una ley aprobada por el Congreso quede trabada por una maniobra”.

La decisión de la Cámara Civil y Comercial está firmada por los jueces María Susana Najurieta (la única que no había sido recusada la primera vez por el Poder Ejecutivo) y Francisco De las Carreras, uno de los magistrados más cuestionados del fuero, sobre quien pesa una denuncia penal y una denuncia en el Consejo de la Magistratura. De las Carreras está cuestionado por haber viajado a un Congreso en Miami organizado por Certal, una asociación que tiene entre sus miembros a dirigentes del Grupo Clarín, que además es uno de los principales sponsors de esa actividad. Según Sabbatella, esta situación “demuestra que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico”.

El fallo de la Cámara prorroga la cautelar hasta que el juez de primera instancia Horacio Alfonso resuelva la cuestión de fondo, desconociendo así el criterio de “razonabilidad” planteado por la Corte Suprema, que fijó el 7 de diciembre para su finalización.

“Extender la medida cautelar contradiciendo el espíritu y los plazos establecidos por la Corte es una maniobra dilatoria destinada a beneficiar a quienes se niegan a cumplir las leyes vigentes y constituye una afrenta a los intereses del país y del pueblo argentino”, asegura la declaración firmada por el directorio de la AFSCA. Fuentes del organismo consideraron todavía “más grave” que la Cámara haya opinado sobre el hecho de que Clarín podría tener un año más para adecuarse a la ley después del fallo de fondo.

Ante este escenario, desde la presidencia de la AFSCA anticiparon a Página/12 que prolongarán la resolución 901 del organismo. Esa resolución es la que amplía los plazos de adecuación para el resto de los grupos de medios, hasta tanto el principal actor del mercado, el Grupo Clarín, comience su proceso de desinversión. Se trata de una decisión que busca evitar una mayor concentración en favor de Clarín por la obligación de sus competidores a desprenderse de licencias.

“Es un fallo a medida, parece escrito por una abogada de Clarín”, insistían ayer fuentes del organismo, que hoy retomará su reunión de directorio luego de las presentaciones ante la Corte. En su fragmento más contundente, el directorio del organismo señala que se constituyó “un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la Justicia”.

Para salvar esta situación, Sabbatella le solicitó a la Corte que “esté a la altura de las circunstancias” y recordó que fue Néstor Kirchner quien llevó adelante el proceso de renovación del máximo tribunal.

© Escrito por Sebastián Abrevaya y publicado en el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el viernes 7 de Diciembre de 2012


jueves, 6 de diciembre de 2012

No todo lo que brilla es oro... De Alguna Manera...


Relato engañoso…

 CLARINBOXING. Dibujo: Pablo Temes.

No todo lo que brilla es oro. La prudencia oficial evitó el default. Pero la guerra por el 7D nubla la mirada del Gobierno.

La situación fue dramática. Por suerte, ante tanto dramatismo, la Presidenta por una vez escuchó; finalmente  comprendió lo imprescindible de actuar con prudencia, de dejar de lado los gestos tribuneros y de evitar expresiones más propias de patoteros que de un estadista. Todo ello, agregado a un cambio de 180 grados en las proposiciones hacia los fondos buitre, constituyó los ingredientes fundamentales que permitieron obtener un fallo favorable en la Corte de Apelaciones de Nueva York que dispuso dejar en suspenso hasta el 27 de febrero de 2013 el fallo del juez Thomas Griesa. De no haber ocurrido eso, lo que hubiera sucedido habría puesto al país en una situación de default técnico de consecuencias catastróficas para nuestra economía. 

La decrepitud moral de los fondos buitre está fuera de toda discusión. Sin embargo, el problema no es la calificación moral de lo que representan sino los fundamentos legales sobre los que asientan sus reclamos. Pues es sobre ellos que fundan sus demandas en las cortes en las que se ventilan este y otros casos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha creído hasta aquí que la mejor manera de pulverizar esas demandas era ignorándolas. Ese fue un grueso error, como también lo fue creer que gritando aquí y allá que nunca les pagarían un solo dólar los obligarían a un destino de resignación, sin darse cuenta de que al decir eso lo que se estaba anunciando, en verdad, era que se desoiría un fallo de un juez.

La Presidenta está mal acostumbrada a que esto sea posible en este presente por el que atraviesa nuestro país. Lo que no advirtió es que Nueva York no pertenece a la Argentina y que allí las cosas son diferentes. El fallo de la Corte de Apelaciones de ese distrito le ha dado tiempo al Gobierno para reiniciar las negociaciones con esos fondos. Por lo tanto, la reapertura del canje habrá de ser un hecho. Eso es lo que debió haberse planteado hace mucho tiempo. Como señaló Roberto Lavagna, todo esto sucedió porque la Presidenta no cumplió con los pasos que se habían establecido en el canje de 2005. Hay ahora una nueva oportunidad para el país que el Gobierno no debe desaprovechar. ¿Habrá aprendido la lección?

Con todo, el episodio de mayor gravedad institucional en la semana fue la presentación formalizada por los camaristas del fuero Civil y Comercial –algunos de los cuales tienen una conocida afinidad con el Gobierno– en la que denunciaron, ante la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial de la Corte Suprema, las presiones a las que vienen siendo sometidos por el Gobierno a través de la larga serie de recusaciones que ha paralizado a esa rama del sistema judicial. 

Esta denuncia, inédita en los casi treinta años transcurridos desde la recuperación de la democracia, se ve agravada por el documento anexo que la acompaña, en el que se lee un memorándum del ministro de Justicia, Julio Alak, con un instructivo destinado a señalarles a los magistrados cómo deben fallar. Esta es la concreción de uno de los actos de avasallamiento de la independencia de los jueces más escandaloso de los que se tenga memoria. Ello ha dado origen a una situación de denegatoria de Justicia que la Corte ha reconocido, que es consecuencia de la guerra del Gobierno contra Clarín, y que tiene implicancias ominosas que van más allá de este caso. Sin una Justicia independiente no hay República. 

Este es el contexo en el cual se entra a la semana decisiva que lleva al 7D, a la que el Gobierno ha presentado como una fecha en la que se refundaría la Argentina. En la Corte hay quienes esperan que el juez Horacio Alfonso emita su veredicto esta semana. Otros lo ven dudoso y piensan que eso ocurrirá después de la feria judicial. De todas maneras, los que conocen lo que se dice en los pasillos ubican al juez como cercano al Gobierno y, por lo tanto, descuentan que su fallo será adverso a Clarín. 

Ese fallo, sea cual fuere su contenido, no será firme y, por ende, dará pie a una apelación que llegará inexorablemente a la Corte. Por lo tanto, el 7D nada debería suceder. Sin embargo, en la Corte hay quienes creen que el Gobierno no respetará esta premisa elemental de cualquier Estado de derecho y actuará de oficio, procediendo a dar comienzo al desguace del Grupo Clarín. De ser así, la Presidenta habrá visto concretado su anhelado sueño de destruir TN, uno de los objetivos clave de la Ley de Medios. Será ése, además, el momento en el que el Gobierno habrá dado un paso más en su cruzada por hacer de la Argentina un país lo más parecido posible a la Venezuela de Chávez.

El último Aló Presidente debería ser motivo de un análisis profundo por parte del numeroso equipo de burócratas que manejan la comunicación presidencial. Algo raro, difícil de definir, le está sucediendo a la Presidenta. Llama la atención la falta de conciencia del real significado de algunas cosas que allí dijo. Básicamente dos, relacionadas con su embate contra los jubilados que reclaman que se les pague ni más ni menos que lo que les corresponde. La primera, cuando Fernández de Kirchner señaló que “es muy fácil hacer justicia social con la plata del Estado”. Pregunta: ¿Y con qué plata, si no la del Estado, hace justicia social la jefa de Estado? 

En realidad habría que decir que el Gobierno lleva adelante una política de injusticia social cuando, en lugar de destinar la plata de la Anses a pagar las sentencias favorables a los jubilados, desvía esos fondos a propósitos de propaganda política como, por ejemplo, el Fútbol para Todos. La segunda, cuando equiparó esos reclamos justos de los jubilados a los de los fondos buitre. ¿Considerará, pues, que su madre, Ofelia Wilhelm, actuó como un fondo buitre cuando demandó a la Anses por las deudas que el organismo tenía con ella, demanda que tuvo un fallo favorable que, además, se pagó sin demoras?

Uno de los rasgos de la enfermedad de poder es que quien lo padece cree que puede hacer o decir cualquier cosa sin que ello tenga consecuencia alguna. Esa es la idea que subyace en el “relato” en el cual sustenta la Presidenta buena parte de su gestión. Hay que reconocer que hasta aquí la ha acompañado el éxito. Sin embargo, debería tener en cuenta la famosa frase de Abraham Lincoln que dice: “Se puede engañar a todos durante algún tiempo; se puede engañar a algunos todo el tiempo; pero lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo.”

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

 © Publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 1º de Diciembre de 2012.