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domingo, 24 de julio de 2016

Fuego y frío... @dealgunamanera...


Fuego y frío...
Sensación dérmica, Mauricio Macri. Dibujo: Pablo Temes

Los casos de corrupción K conviven con la actual parálisis económica. En el ojo de la tormenta está el tarifazo, que ha generado ya un engorro del cual nadie sabe cómo se va a salir.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 24/07/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La intensa actividad que ahora se observa en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py no cesa. Sin embargo, la feria judicial ha venido bien para poner algunas cosas en contexto. Hay un hecho que a esta altura es indiscutible: la situación de Cristina Fernández de Kirchner es cada vez más complicada. “No tengo miedo de ir presa”, dijo la ex presidenta en la entrevista que concedió a una serie de medios extranjeros. No ha sido casualidad. Las evidencias muestran que ya hay elementos suficientes para procesarla por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Hasta el momento, su talón de Aquiles lo representan dos causas: una, Hotesur; la otra, la derivada de los desmanejos de los fondos correspondientes a la obra pública, lo que se conoce como la “ruta del dinero K”. En el entorno de la fiscalía que investiga el caso Hotesur se señala que, además del trabajo vinculado a los hoteles familiares, se está a la espera de los resultados de medidas de prueba  ordenadas que tienen que ver con las obras en cuya ejecución participó Vialidad Nacional. Se sabe que allí se produjo uno de los grandes desfalcos de fondos públicos pero se está en la etapa de reconstrucción de los lazos que vinculan a la ex presidenta con Lázaro Báez. En ese ámbito se asegura que contarán con esos datos en muy poco tiempo.

Todo este devenir está generando una gran presión sobre la Justicia Federal debido a las expectativas que hoy en día la sociedad tiene con respecto a la punición de todos estos escandalosos hechos de corrupción que proliferaron a lo largo de los 12 años que duró el kirchnerato. Producto de esto es que se está diciendo con insistencia que el fiscal Gerardo Pollicita, que es quien investiga el caso Hotesur, procesará a la ex mandataria apenas retorne sus actividades tras la feria judicial.

Sin embargo, fuentes que conocen la investigación señalan que esto es inexacto y que, en ese sentido, habrá una decisión por parte del fiscal entre fines de agosto y mediados de septiembre. Pollicita suele decir a sus allegados que “recibió la causa hace dos meses y que no puede investigar en ese tiempo 12 años de kirchnerismo”. Por ello, quienes conocen la causa arriesgan que un tiempo bastante razonable para concluir todo el proceso –si es que el caso llegara a juicio oral– sería de seis meses.

En los tribunales todos apuestan primero a develar la trama de los negocios inmobiliarios. Una debilidad que la familia presidencial comparte con Lázaro Báez.

A medida que pasan los días aparecen nuevos hallazgos de los negociados en la obra pública durante la así llamada “década ganada”. El plan Más Cerca, Más Obras, Más Patria es otro ejemplo de la mecánica recaudadora vigente en el gobierno K. Para el fiscal general Germán Moldes, “lo que ha salido a la luz es apenas un 5% del total de lo robado”. Negocios con fondos públicos que podrían dejar al descubierto más de una década de corrupción.

Oxígeno.

Todos estos hechos que desnudan la trama de corrupción del kirchnerato le han dado un resuello al Gobierno, que pena por la morosidad que exhibe la economía en recuperar el nivel de actividad que genere el trabajo y el bienestar que hoy faltan en muchos sectores de la sociedad. A la espera de los resultados que pueda traer el blanqueo, la impaciencia se adueñó de varios funcionarios del gobierno nacional. Sus críticos los llaman los Ni, Ni, Ni (ni bajaron la inflación, ni lograron que llegaran las inversiones, ni consiguieron que se reactivara la economía).

“Por desconocimiento del ritmo de la función pública, han dilapidado el prestigio del equipo de CEOs de las grandes empresas. En una empresa un grupo de gente capaz puede, con precisión quirúrgica, encaminar la situación. El Estado es otra cosa. Se están encontrando con que para remover o designar a un secretario hay que desandar el camino de una burocracia que los desespera. Encima, hay que sumarle a eso cosas que no se previeron”. El que habla es un asesor externo que no puede ocultar su preocupación.

En el ojo de la tormenta está el tarifazo, que ha generado ya un engorro del cual nadie sabe cómo se va a salir. Hasta hace unos días, en el entorno del Presidente se daba por hecho que la Justicia fallaría a favor del Gobierno. Hoy, esa seguridad tambalea. Tiene razón Macri cuando describe la calamitosa situación que en materia de provisión de energía heredó del anterior gobierno. Lo que no ha sido correcta es la solución. Pensar que doce años de descalabro se pueden arreglar en seis meses con un aumento brutal escapa a toda lógica. Mucha gente directamente no puede pagarlo.

Junto con esto, la administración Macri se encuentra con un proceso inflacionario alto y una caída de la actividad económica que han derivado en un proceso de recesión. Hay una circunstancia que al Presidente lo ha decepcionado: la actitud de importantes sectores empresariales que, durante la campaña se le acercaron con promesas de inversiones que, hasta ahora, han quedado sólo en eso.

Muchos de ellos, que participaron de una exclusiva reunión que se llevó a cabo hace unos días, hacen una evaluación crítica de la forma de gestión adoptada por el Gobierno. En ese encuentro se coincidió en elogiar el rumbo económico pero se habló de los inconvenientes que genera la fragmentación del Ministerio de Economía, lo que le impide a Alfonso Prat-Gay poner en práctica un plan integral. Sus diferencias con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, generan un creciente ruido dentro del gabinete.

El año terminará con una tasa de inflación que rondará el 40%, cifra sensiblemente superior al 25% pronosticado desde el oficialismo al comienzo de su gestión. El retraso de la reactivación económica complica el presente de la gente y el futuro político del Gobierno que necesita tener una buena performance en las elecciones legislativas del año próximo. De ese resultado dependerán muchas de las inversiones que se prometen. Por eso, la gran apuesta del momento es el blanqueo de capitales que le aporten al país los fondos que hoy no tiene.

Ante este panorama, Mauricio Macri decidió salir a los medios con tres entrevistas que han aportado poco. Es verdad que el Gobierno comunica mal, pero ni la raíz de los problemas que enfrenta la economía argentina ni sus soluciones están atadas a esa instancia.

Producción periodística: Santiago Serra.


domingo, 15 de marzo de 2015

Pacto improbable… De Alguna Manera...

Pacto improbable…

Presidenta Saliente, Cristina Fernández De Kirchner. Dibujo: Pablo Temes

En los Tribunales no imaginan acordar con los K. El caso Moldes y la nueva SIDE.

En los pasillos de Tribunales aseguran que el fiscal ante la Cámara Federal Penal Germán Moldes no tiene miedo. Tiene la piel curtida y no es un hombre fácil. El nunca lo dirá pero le preocupa la situación de indefensión en que los fiscales y jueces que tramitan causas que son cruciales para el poder desarrollan su trabajo. Ya no es un secreto para nadie que se lo ha dejado muy solo. “El poder político ha intentado marcarle la cancha una y otra vez, sin darse cuenta de que todo será en vano. Moldes hará su trabajo y decidirá según su conciencia”, señala una voz que conoce al dedillo lo que sucede en los tribunales de la avenida Comodoro Py.

Algunas presiones hasta parecen infantiles, como el hecho de haberle retirado el auto oficial que usaba desde hace varios años. Lo más preocupante es que, en materia de seguridad, Moldes cuenta sólo con los dos oficiales de policía que lo han acompañado desde hace quince años y que, según el turno, nunca se cruzan. Nadie se ha comunicado con él para ofrecerle apoyo, mientras debe decidir sobre una de las causas más sensibles de su carrera. Alguien le ha escuchado decir: “Nunca pedí nada y no lo voy a hacer ahora. Soy un viejo criado en Boedo, y no es momento de llorar; este trabajo es así”.

En Comodoro Py 2002 todos miran de reojo a la Sala I de la Cámara Federal –integrada por los doctores Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler–, que debe decidir si avala la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia del fallecido Alberto Nisman o hacer lugar a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Quienes conocen el paño aseguran que el clima está enrarecido. Hay quienes escucharon a algún miembro de la Sala en cuestión debatirse entre aceptar el desafío de abocarse al caso o excusarse, utilizando como argumento el hecho de haber intervenido en el fallo que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán. Otros especulan con la velocidad con que los jueces convocaron a la reunión entre las partes, pero todos concuerdan en que el fallo será dividido, en una sala impredecible.

Sin pacto. 

Respecto del supuesto pacto entre un sector del Poder Judicial y el Gobierno, al menos tres fuentes distintas del ámbito judicial coinciden en que hubo un intento de avanzar con esa iniciativa. El objetivo consistía en calmar las aguas y dejar en stand by las causas que complican al Ejecutivo al menos hasta el mes de diciembre. Un hombre de mucho peso en los tribunales de Retiro le restó importancia a toda esa maniobra con un argumento curioso pero bastante realista: “El pacto es impracticable. De un lado está impulsado por el miedo.

El Gobierno teme que la Justicia les caiga encima a varios de sus referentes. Además, ningún pacto es posible cuando uno de los interesados es tan impredecible que puede cambiar el rumbo y dinamitar todo en la próxima Cadena Nacional. Del otro lado, los gestores judiciales de ese pacto tienen tan poca legitimidad que sus instrucciones sólo podrían ser acatadas por aquellos que persiguen intereses mezquinos, como aspirar a un nuevo modelo de auto, sumar algún empleado o hasta conseguir una nueva impresora para el despacho. Son la vergüenza de Comodoro Py: si uno se pelea con ellos, no debe intentar patearlos porque le afanan el zapato” (sic).

Mientras tanto, avanza el intento de copamiento que el Gobierno intenta concretar en distintos ámbitos judiciales. La guerra que viene tiene como escenario la Corte Suprema. Ahí hay varias batallas en ciernes. La primera de ellas será el intento de imponer a Roberto Carlés como reemplazante del renunciado Eugenio Zaffaroni. De no producirse algo sorpresivo y escandaloso, esa nominación –que hace agua por todos lados– no tiene más destino que el fracaso. La razón es simple: el oficialismo no tiene en el Senado los votos necesarios para imponerlo.

La otra idea que anda dando vueltas es la de la ampliación del número de miembros de la Corte a siete o a nueve miembros. Es lo mismo que hizo, no bien asumió, el ex presidente Carlos Menem con un solo objetivo: lograr una Corte adicta que le asegurara impunidad. Para lograr esto es necesaria una ley para cuya aprobación alcanza con la mayoría simple. El problema aparecerá cuando haya que designar a los nuevos miembros porque allí se presentará para el oficialismo el mismo escollo que hoy existe para el nombramiento de Carlés. La consecuencia de todo este engorro podría ser la parálisis de la Corte.
Poco inteligente.

Lo que está ocurriendo en la Agencia Federal de Inteligencia –la nueva SIDE– es muy grave. La nómina de designaciones que publicó ayer la revista Noticias muestra el objetivo buscado por el Gobierno con la creación de este ente que no es otro que el de insistir con la viejas y denostadas prácticas de persecución a cuanto adversario se cruce en el camino del kirchnerismo.

Esto también forma parte del plan de copamiento de las estructuras del Estado por parte del oficialismo con la intención clara de condicionar a quien vaya a suceder a Cristina Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre de este año.
Si a esta circunstancia se le suman los desbarajustes de la economía, se está en presencia de verdaderos escollos para el próximo gobierno que, para superarlos, deberá trabajar intensamente desde el vamos en la búsqueda de acuerdos políticos a partir de lo que se construya como una base de sustentación que dé solidez a las medidas que habrá que tomar para reordenar, entre otras cosas, las cuentas fiscales. Eso lo saben y lo aceptan todos, incluidos los dos candidatos más fuertes del kirchnerismo: Daniel Scioli Florencio Randazzo.
En medio del fárrago de datos –algunos verdaderos y otros falsos– que la Presidenta enunció en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, dijo: “Les dejo un país incómodo a los dirigentes que vengan”. Fue una gran verdad en pos de la cual Cristina Fernández de Kirchner trabaja con ahínco con la ilusión de volver algún día al poder que tanto le duele perder.
Producción periodística: Guido Baistrocchi, con Santiago Serra.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 15/038/2015 y publicado por el Diario Clarín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

domingo, 8 de febrero de 2015

Callejeros… De Alguna Manera...

Callejeros…

Reconocidos fiscales convocaron ayer desde el frente del edificio de los Tribunales porteños. DyN

El control de la calle ha sido clave para la permanencia de los gobiernos hasta la conclusión de su mandato. Todos los intentos para empujar a Cristina hacia la puerta de salida han fracasado porque a diferencia de Alfonsín, De la Rúa y el ex senador Duhalde, la presidente conserva niveles de adhesión en su propia base social que actúan como estabilizadores contra aquellos embates. Para anularlos, la histeria instalada en el último mes, con fuerte eco internacional, debería complementarse con la movilización de los indignados porteños.

La muerte de Nisman conseguiría así lo que no pudieron la crisis económica y su reflejo social, atenuado por las políticas oficiales. Este es el sentido de la marcha convocada por los fiscales, cuyos líderes son Ricardo Sáenz, Germán Moldes y Raúl Plee. Todos ellos tienen tremendos agravios contra la presidente y la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Cuando asumió su cargo, Gils Carbó recibió la visita de Moldes, el jefe de la célula de Comodoro Py, donde lo comisionó la SIDE pocos días después del atentado a la DAIA. Antes había sido el viceministro del Interior de José Luis Manzano e intervino en el irregular ingreso al país de los traficantes de armas y primos políticos de Menem, Monzer y Ghazan Al-Kassar. Sin alzar nunca la voz, Moldes le informó a la Procuradora: “Recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país”.

A Sáenz, Gils Carbó le abrió un expediente disciplinario a raíz de las grabaciones ordenadas por el juez Juan Ramos Padilla sobre el teléfono de un comisario corrupto, en el que se recibieron numerosas llamadas del fiscal, quien le sugirió cómo aliviar su situación, con ayuda de uno de los tantos jueces federales que giran en la órbita de la Secretaría de Inteligencia, Luis Osvaldo Rodríguez, quien cumplió con la protección prometida, de modo que el procedimiento no avanzó. Como fiscal de Cámara, Sáenz tiene acceso al expediente por la muerte de Nisman que instruye Viviana Fein y es la más probable fuente de las filtraciones que abastecen las primicias de Clarín.

El episodio Capitanich muestra, entre otras cosas, que el gobierno vuela a ciegas. Coleccionista de souvenirs del nazismo, Rodríguez instruye la causa abierta por la denuncia de la exposa de Nisman a raíz de la marca en su frente en un ejemplar de la revista Noticias. En la Cámara Federal, Gils Carbó designó otros dos fiscales, que podrían moderar el poder absoluto de Moldes sobre los tribunales federales, pero una cautelar impidió que asumieran. A Plee, lo relevó de la ineficaz Unidad Fiscal para la Investigación del Lavado de Dinero (Ufilavdin), y lo reemplazó por Carlos Gonella, a cargo de la nueva Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Plee en años. Esa es también la razón de la ofensiva contra Gonella del juez Claudio Bonadío, cuya prohibición para salir del país ya fue revocada por la Cámara Federal. Moldes y Bonadío formaban parte del mismo grupo político que Manzano, Corach y Anzorreguy.

También es irónico que la marcha de los fiscales callejeros se escude en Nisman: tanto Plee como Moldes obstruyeron la investigación de los encubrimientos en la causa AMIA. En septiembre de 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Corach y Carlos Rückauf, a varios funcionarios del juzgado de Galeano y a policías federales y bonaerenses. Memoria Activa apeló, pero el fiscal Patricio Evers consintió esas decisiones. Cuando las víctimas recurrieron a Nisman, el fiscal especial les dijo que no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento consentido por Evers. Por supuesto, Evers es otro de los convocantes a tomar las calles, igual que su colega Gerardo Pollicita, quien ahora está a cargo de investigar la denuncia de Nisman contra Cristina. Pollicita es el fiscal que cerró la causa abierta por la denuncia de Gustavo Beliz contra Antonio Stiusso, en una resolución en la que no se privó de llamar irresponsable al ex ministro. Otro vocero de la marcha de los fiscales es Guillermo Marijuan, el candidato de Sergio Massa a la Procuración General.

En una nota dirigida en mayo de 2013 a Gils Carbó, Memoria Activa señaló “como desaprensiva” la actuación de Plee, quien “no hizo nada durante tantos años para acelerar el trámite del expediente”. También reclamó ante la CIDH, porque los secretarios de la fiscalía no estaban presentes en las audiencias por el encubrimiento. Nisman les dijo que no contaban con la autorización de Moldes, a quien Hugo Anzorreguy designó en julio de 1994 fiscal ad hoc para el caso AMIA.

Ya entonces, Moldes instaló la pista iraní sugerida por la CIA y el Mosad y adoptada con entusiasmo por la SIDE. Moldes fue quien mostró ante las cámaras de televisión un fragmento de la supuesta Trafic bomba, cuya existencia está más que en duda. En mayo de 2013, Memoria Activa denunció a Gils Carbó que Nisman, Moldes, Plee y Evers no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad. En el último aniversario del atentado, el 18 de julio de 2014, Diana Malamud dijo frente a la sede de la Corte Suprema que Nisman “ha demostrado su total incapacidad para investigar en esta causa” y que se desentendió del “encubrimiento porque ahí están procesados sus ex compañeros de trabajo”. En cambio prefirió limitarse a los acusados iraníes que “están a 13.778 kilómetros de distancia”.

En diciembre, cuando Nisman presentó su denuncia contra CFK y Timerman, Memoria Activa repudió “el uso y abuso que se ha hecho de la causa AMIA en estos 20 años, para dirimir cuestiones políticas que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y Justicia” y en forma categórica afirmó: “Al fiscal Nisman, responsable de las investigaciones, no le creemos nada. Hemos pedido en los últimos años, en reiteradas oportunidades, su remoción con claros y rotundos argumentos y nada ha sucedido.

Es público y notorio que ha utilizado los enormes recursos que ha tenido su fiscalía para fines que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la masacre de nuestros familiares y amigos. Su presentación del día de ayer ante la justicia claramente refiere a una interna dentro de los servicios de inteligencia, a la que aparentemente le ha dedicado los últimos años”. Luego de la muerte del fiscal la entidad solicitó a la Procuradora que sancionara a Moldes y Plee. Cuando CFK relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el GAFI, este especialista en lavado de dinero pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por ese delito. En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del ex fiscal antilavado. La idea de que todos los problemas se resuelven con el apartamiento y la denuncia de Antonio Horacio Stiuso desdeña esta compleja trama que sólo puede conjurarse con una profunda reforma institucional.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 08/02/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.