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domingo, 5 de febrero de 2017

Tóxico asedio de lenguaraces… @dealgunamanera...

Tóxico asedio de lenguaraces…


No habíamos terminado de reponernos de los exabruptos de Juan José Gómez Centurión -su insólita negación del plan sistemático de la dictadura para desaparecer personas-, cuando el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni arremetió, durante dos días consecutivos, con que habría "ahorcado" al fiscal Alberto Nisman en represalia por lo que él considera una pésima denuncia contra Cristina Kirchner por su alocado acuerdo con Irán.

© Escrito por Pablo Sirvén el domingo 05/02/2017 y publicado por el Diario La Nación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El primero es un alto funcionario del actual gobierno que discute sucesivas sentencias judiciales, desafía el más básico sentido común e ironiza respecto del siempre discutido número de desaparecidos; el segundo, que actualmente es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carece de la más elemental sensibilidad para darse cuenta de que tampoco está nada bueno juguetear con sorna en torno a otra muerte violenta aún no aclarada y de oscurísimas proyecciones sobre el gobierno que Zaffaroni defiende tan incondicionalmente.

Indigna que gente adulta, con altas responsabilidades institucionales a nivel nacional e internacional, se lance al ruedo con provocaciones absurdas y gratuitas. Inquieta estar en manos de individuos que deciden cuestiones trascendentales, y que pierden el equilibrio con tanta facilidad, sólo por la vanidad de trascender con vergonzosas incorrecciones.

La incontinencia de Gómez Centurión llegó justo cuando empezaba a amainar otra polémica, al volver el presidente Mauricio Macri sobre sus pasos y reponer la inamovilidad del feriado del 24 de marzo, que en una primera instancia el mandatario había dispuesto hacer móvil.

La agitación de aguas tan estancadas sirvió, al menos, para una incipiente ampliación de ese debate en la TV y en otros medios. Desde que los fundadores del kirchnerismo, en 2003, se abrazaron al tema como cruzados contra el terrorismo estatal, como jamás se habían interesado antes, las nuevas generaciones accedieron a un relato incompleto y sesgado. Aunque siempre será mucho peor un terrorismo desatado desde el Estado, detrás de esa excusa se escondió con premeditación el contexto de una feroz violencia política escalada en los años 70 por organizaciones armadas de izquierda que provocaron un sinnúmero de víctimas.

El énfasis sólo puesto en la represión y, peor todavía, su aviesa utilización para hacer política y "maquillar" pasados nada heroicos de la propia tropa -como el de Alicia Kirchner, funcionaria de la dictadura en Santa Cruz o el del mismísimo Zaffaroni, que juró como juez por el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y rechazó hábeas corpus en esos tiempos, sólo por mencionar dos casos- distorsionan hasta hoy la comprensión integral de la tragedia setentista. Con el argumento de no caer en la improcedente "teoría de los dos demonios", que intenta equiparar la violencia guerrillera con la represión castrense, se alimentaron odios indebidos y se manipularon procesos y detenciones que se extienden en el tiempo sin sentencia.

Pero nadie se hace cargo de los asesinados por las "formaciones especiales". Hasta en un reciente artículo en Clarín, Julio Bárbaro esquiva el bulto. "Los peronistas somos una historia -escribió-, los violentos fueron otra." Si Gómez Centurión es negacionista con la represión castrense, Bárbaro lo es con la grave responsabilidad que le cabe al peronismo por haber fogoneado la violencia, no sólo en dictadura, sino también en democracia, a izquierda (Montoneros, FAR, FAP) y derecha (Triple A, Comando de Organizaciones, tiroteos sindicales). Y sigue pendiente la autocrítica que el justicialismo debe a la sociedad por haber construido los monstruosos cimientos del terrorismo de Estado, entre 1974 y 1976, cuando estaba a cargo del poder.

Sólo el presidente Raúl Alfonsín, corriendo grandes riesgos institucionales como los que debió soportar, y que lo obligaron a revisar el plan original de su cruzada justiciera, dispuso el juicio a las juntas y luego dictó órdenes de captura para los cabecillas de la guerrilla peronista, y también del ERP, e incluso para José López Rega, autor intelectual de la abominable Triple A. Su sucesor, Carlos Menem, deshizo todo de un plumazo con los indultos, y los Kirchner se dedicaron sólo al capítulo de la represión, más con sed de venganza que con ánimo verdaderamente reparatorio, que reactivaron divisiones en la opinión pública que habían empezado a quedar atrás.

Una pena que Macri al reponer la inamovilidad del feriado del 24 de marzo no haya dispuesto consagrar uno nuevo: el del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y del triunfo de la democracia sobre la dictadura. No costaba absolutamente nada ya que este año caerá en domingo. Ojalá que lo haga en algún momento y que el año que viene se anime a dar definitivamente de baja el absurdo feriado del 24 de marzo. Será un momento más que oportuno ya que caerá en sábado y quienes quieran seguir atando el Día de la Memoria al de la asunción de Videla podrán manifestarse sin ocasionar grandes trastornos ciudadanos (tampoco en 2019, ya que caerá en domingo).


miércoles, 1 de mayo de 2013

Reforma Judicial, el freno de la Corte... De Alguna Manera...

El freno de la Corte... 

Reforma Judicial. Una fuente autorizadísima del máximo tribunal explica los pormenores de una semana caliente.

Es la mañana del viernes 26. El mundo tribunalicio está aún impactado por el escandaloso curso que tuvo la sesión en la Cámara de Diputados en la que se aprobaron tres de los seis proyectos disfrazados de “democratización”, con los que el Gobierno busca eliminar cualquier atisbo de Justicia independiente. El hombre, que habla sin ambages, conoce a la perfección lo que pasa en ese mundillo y, fundamentalmente, en el ámbito de la Corte Suprema:

“Este es el peor embate que ha sufrido la Corte desde 1983. A pesar de la desmentida del doctor Eugenio Zaffaroni, la posibilidad de que sus miembros renunciaran existió. Luego de analizarla, se concluyó que ése sería un hecho de una gravedad institucional tal que dañaría severamente a la República. Por eso se desechó. El presidente del cuerpo tuvo un papel clave para calmar las aguas”.

“La modificación de la carta de los jueces federales respondió a una iniciativa del doctor Ricardo Lorenzetti. Su decisión se basó en una cuestión técnica”.

“La Corte puede dar opinión previa ante proyectos de ley sobre aspectos que atañen a su manejo administrativo. Pero no puede hacerlo sobre cuestiones que afectan a terceros acerca de las cuales tendrá que expedirse en las presentaciones judiciales que habrá en el futuro”.

“El párrafo suprimido hacía a esa cuestión. El problema se generó porque, en un principio, el doctor Lorenzetti dijo que elevaría la carta sin ninguna alteración, cosa que finalmente no ocurrió. Lo que sucedió es que no les comunicó su decisión a los jueces federales. De ahí el enojo de muchos de ellos con el presidente de la Corte”.

El malestar de esos jueces federales se volcó contra el doctor Gustavo Hornos, titular de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, a quien le pidieron que renunciara a ese cargo.

Sigue hablando la fuente de estrecha cercanía con el máximo tribunal del país: “El tema de los fondos era crucial. Si a la Corte le sacaban la potestad de administrar los fondos que le son asignados a través de la ley de Presupuesto, la vaciaban de poder. Un poder que no maneja dinero deja de ser poder. La Corte siempre ha gestionado sus recursos en forma cuidadosa. Hoy por hoy tiene caja para hacer frente a su funcionamiento sin necesidad de mendigar ninguna ayuda extra, algo que no ocurre con las arcas del Consejo de la Magistratura. De todas maneras, entre sus miembros persiste la preocupación porque en la nueva ley existen algunos resquicios que pueden dejar a la Corte sin la administración de sus fondos”.

Continúa. “Que no le quepan dudas: las modificaciones en el mecanismo de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y en el de remoción de los jueces son de una inconstitucionalidad absoluta, y eso es lo que fallará la Corte cuando le toque expedirse”.

Y finaliza. “La propuesta del doctor Zaffaroni –es vox pópuli lo poco que está en la Corte – de ampliar el número de miembros del cuerpo a 19 para luego dividirlos en salas no cuenta con apoyo entre de sus colegas. Aceptar esa proposición equivaldría a transformar la Corte en otra Cámara de Casación, con lo que se desnaturalizaría su función, que es representar la última palabra en la interpretación de la Constitución y las leyes”.

Verde blue. El dólar blue no es la causa de los males de la economía argentina, sino una de sus consecuencias. Es increíble observar cómo el Gobierno pierde tiempo en querer negar el problema en vez de abocarse a su solución, hoy notablemente más difícil y compleja que en noviembre de 2011, cuando se creyó que con el cepo cambiario se resolvería todo.

La Presidenta sigue creyendo que esto se arregla con mayores controles por parte de la AFIP. 

Alguien debería explicarle que está equivocada. La gente le ha perdido el miedo a la operatoria en negro. Los exportadores liquidan sus dólares y, no bien se hacen de los escuálidos pesos que reciben por un cambio oficial absolutamente desfasado, acuden a las cuevas para comprar el “blue” al valor que sea. Saben que lo que hoy les cuesta 9,35 mañana les costará más.

La cuestión de fondo es la inflación. Pero de eso en el Gobierno no se habla. Está prohibido. 

Es lo que le dijo la asesora del ministro de Economía, Hernán “me quiero ir” Lorenzino, a la azorada colega griega Eleni Varvitsiotis, que osó preguntar cuál es el índice de inflación en la Argentina. Patética imagen del ministro, tanto como la de Guillermo Moreno y Axel Kicillof perdiendo el tiempo en esa pantomima grotesca que protagonizaron en la asamblea de Clarín.

La Presidenta piensa que todo se soluciona echándole la culpa a Clarín, y que si lograse destruirlo se acabarían los problemas. Así, pues, la economía argentina navega a bordo de un Titanic que día tras día se acerca a su iceberg.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro  el domingo 28/04/2013 y publicado por  el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



lunes, 4 de febrero de 2013

Lo apodan “la Justicia”... De Alguna Manera...


 Lo apodan “la Justicia”...


Democratización, una consigna que pateó el avispero. El poder más elitista del Estado. Los que piensan que eso es un mérito y algunas ideas para mejorarlo. La familia judicial, habría que agrandar la mesa. Cuestiones de competencia. Horarios y vacaciones, jueces trabajando. Se abrió el debate en un poder poco afecto a la visibilidad.

Al Poder Judicial lo apodan “la Justicia”. Es un uso extendido, casi unánime. El cronista libra una cruzada poco exitosa contra esa sinonimia, propone llamarlo por su nombre, no más. La justicia es un anhelo, una plenitud que las instituciones no logran. La actuación del Poder Judicial, si se la mira bien, no la consigue casi nunca. Y casi no hay que reprocharlo. Su finalidad esencial es restaurar equilibrios supuestamente quebrados. Se orienta prioritariamente a dar certezas, fijar las relaciones, que a aspiraciones más profundas y, ay, más difíciles. Por eso la prescripción que cristaliza un derecho o la impunidad por el mero transcurso del tiempo. Por eso la innumerable cantidad de casos que se resuelven por formalidades. Una apelación presentada un rato después de la hora prevista (o en otro juzgado, por error material) es un mejor camino a la derrota absoluta que la falta de derechos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a “democratizar” el Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, con perdón de la sigla): pateó un avispero. El oficialismo suele obrar así, acomete respecto de poderes cristalizados, intocables o poco tocados. Genera un revuelo descomunal, desata polémicas, batallas culturales. El fallecido ex presidente Néstor Kirchner preguntó “¿qué te pasa Clarín? ¿estás nerviosho?”. Y miren todo lo que sobrevino.

Las revueltas que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran implementaciones perfectas, pueden derrapar a desmesuras, casi siempre son respuesta a necesidades políticas tácticas. Como sucedió con la ley de medios, siembran en terrenos ya arados o en polémicas ya construidas. La diferencia, nada menor, es que quien se pone al frente es un gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.

La convocatoria es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos, desafía a los sectores implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en estos días. Organizaciones de magistrados se arrogaron la representación de todos sus pares y se rasgaron las vestiduras. Muchos de sus colegas reaccionaron contra la movida unanimista, instada por varios integrantes de la Corte Suprema que tiraron la piedra y escondieron la mano. Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se reconocían en sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se reunirán en la Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión contra una cultura del silencio.

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Tropa de elite: Hablamos del único poder del Estado cuyos integrantes son, en principio, vitalicios y no surgen del voto popular. A los jueces se los moteja de “Su Señoría”, un vocablo nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año XIII) chocante a cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del Estado más aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del principio constitucional de intangibilidad de sus salarios.

El elitismo deriva de la propia conformación de la magistratura: sólo la componen abogados. Es una obviedad, dirá usted, por las tareas que desempeñan. Así es, pero el sesgo del elenco judicial no debe pensarse como una virtud o como un rasgo neutral sino como un lastre. Fuerza a tratar de compensar su elitismo y sectarismo, digamos congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los legisladores del Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo tocante a diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.

El cronista se adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio copernicano, “a la boliviana”. Apenas señala un escollo para que un poder público propenda a la diversidad y atenúe su elitismo.

En un trabajo profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?” http://www.sistemas judiciales.org), el jurista Alberto Binder clava una pica en Flandes. “El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes, gobernadores, intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial Stella Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de prestar “un servicio público digno a la gente”. La mayoría de magistrados y funcionarios no presta atención a los litigantes. Muchos no los ven jamás o casi nunca. La cultura judicial es “leerse” en las valoraciones de sus pares, de los académicos, de los abogados como mucho.

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Lo importante es la familia: La expresión “familia judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con lealtades firmes más allá de lo funcional y a un poder donde las presencias familiares se reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos. Stella Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de los tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia prevaleciente es tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense, en las que se forman jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a un título de grado, serían un buen “semillero” de oxigenación. Más concursos en rangos bajos, una herramienta posible, aunque la entorpece la significativa cantidad de personal contratado que revista en los tribunales federales o nacionales. Los concursos para secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos por la aciaga Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida. Abrir, ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.

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Hablo para que no me entiendas: La jerga forense es otro factor elitista. Está plagada de expresiones ajenas al lenguaje común, poco atentas a la perspectiva del receptor. Otra característica antidemocrática y aun antipopular.

Binder da en la tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de sentencias”: “información irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula, preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante demasiado extendida”. Frente al problema detecta “poco entrenamiento y preocupación”.

A diferencia de legisladores, gobernadores, ministros o presidentes los jueces no dependen para progresar en su carrera, o para mantenerse, de que el judiciable los entienda y les crea.

La notificación judicial de casi cualquier acto es incomprensible aun para una persona con buena formación intelectual que no sea abogado. Una citación no se entiende, un mandato necesita ser traducido al castellano. A nadie se le ocurre predicar que, cuanto menos, en las comunicaciones a las partes se combinen el vocabulario formal con otro inteligible para el vulgo. Toda una señal.

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Cuestiones de (in)competencia: Lo críptico, lo cifrado es un atributo del poder autoritario. Vale también para las reglas de la competencia de los Tribunales. Materia abstrusa que proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear los trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que el fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas minucias, agrava las dificultades. El argumento-pretexto es la gran especialización de los magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre el afán de prestar decorosamente un servicio público. La competencia es muy restrictiva, detallista, restrictiva.

Pero en chocante contrapartida, existe otra institución aun más incomprensible para cualquier lego. Es el “control difuso” que consiste en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley.

Usted, imagino, supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia constitucional de su Cámara Superior o de la misma Corte si han fijado un criterio. Usted piensa con lógica, vade retro: se equivoca. Aunque haya jurisprudencia en contrario, aun en la cúspide del PJ, cualquier juez puede decretar una inconstitucionalidad.

El mecanismo es ensalzado como prueba de autonomía cuando es anárquico, tiende a debilitar a otro estamento del Estado. Edifica una jerarquía “de facto” que nada tiene que ver con la afamada división de poderes. Y genera incerteza, por no decir inseguridad jurídica...

Una solución que (horror) simplificaría sería crear un método por el cual un tribunal constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que pueda declarar inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo sucesivo, que esa ley se ejecutara. Sería una solución imperativa para el resto de los tribunales y para los otros poderes. Julio Maier es un destacado jurista, eminencia en Derecho Procesal Penal, docente universitario, ex juez. Afirma que esa solución es viable y no requiere reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia cree que ese cambio solo podría provenir de una reforma constitucional.

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Cautelar fácil: Caso Clarín mediante, los abusos de medidas cautelares están de moda, también el debate respectivo. La explicación será entonces breve. Un mecanismo de protección se transforma en un sustituto perverso de la sentencia.

Las prisiones preventivas son uno de los abusos más repetidos y más preocupantes de las cautelares. Acá hay que distribuir responsabilidades: “la tribuna”, muchos periodistas, funcionarios y dirigentes políticos claman por detenciones durante el proceso, que deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El saldo de una prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un juez no debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.

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La cultura del trabajo: Un servicio público que, en lo primordial, cierra durante un mes y medio al año es algo chocante... fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un mes y medio de “feria” combina privilegio sectorial con perjuicio a los ciudadanos. Acentúa la prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en invierno.

Según las normas vigentes, el horario de los jueces y secretarios federales y nacionales se extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas semanales durante diez meses y medio es una carga modesta, para gente que hoy día cobra muy buenos sueldos y jubilaciones muy superiores aun respecto de quienes tengan similares ingresos.

Desde luego, es un milagro encontrar a un juez a la hora de iniciación. Más de una vez, organizaciones de abogados hicieron recorridas tempranas que resultaron desoladoras: ausentismo casi perfecto.

Los magistrados afirman que es ocioso llegar tan temprano, que laboran mucho y mejor fuera de hora, amén de llevar trabajo a sus casas. Hay numerosos casos en que es así, hay otros que no. El control sistémico es cero.

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Sean eternos (solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.

La cantidad de jueces puede ser parte de los motivos. La demora en la cobertura de juzgados vacantes (que pesa básicamente sobre el Ejecutivo) también.

Otro núcleo son los códigos procesales. La abrumadora predominancia de lo escrito y del papeleo vicioso. La proliferación de instancias. La existencia de códigos procesales diferentes en surtidas provincias no es el nudo del problema, aunque también lo acentúa.

Y los desempeños de los magistrados quizá sea la principal. Que dos juzgados del mismo lugar y de similar competencia produzcan resultados muy diferentes en calidad de la atención al público, duración de los expedientes y calidad de las sentencia comprueba que los factores personales pesan mucho.

Los plazos para el dictado de sentencias de primera instancia y de Cámara están fijados por ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica jerárquica: no hay tribunal superior que pueda sancionarla. Pero sería un gesto de autoridad y ejemplaridad que la Corte se autorregulara y se los impusiera.

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Y mucho más: Esta nota, que queda corta en temas a abordar, deja entre paréntesis aspectos que sólo podrían corregirse mediante reforma constitucional. No es un punto de vista valorativo sino un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían comenzarse a trabajar.

No habla, tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a satisfacción de nadie.

No se centra en responsabilidades o carencias de otros poderes. No porque no existan sino porque han sido y serán objeto de otros artículos. También hay que señalar otra diferencia. Los integrantes de los poderes políticos son cuestionados y puestos bajo la lupa por sus propios pares. Los dirigentes de distintos partidos señalan sin piedad las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se da todos los días. Es una consecuencia de la competencia democrática, inaplicada en un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.

Ya que de cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las leyes, en los códigos de procedimientos, en los mecanismos de control, en perforar el secretismo judicial. Pero nada cambiará si los magistrados no hacen introspección, se bajan del pedestal, elaboran un mínimo inventario de los beneficios y exenciones especiales de que gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su cerrazón, la escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad sino como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.

Democratizar la democracia siempre es imperioso, en todos los ámbitos. A más oscuridad, a más sectarismo, a menos intervención popular es mayor la necesidad. Con amplio debate público, dentro de la ley, con afán de cambio y oxigenación.

© Escrito por Mario Wainfeld (mwainfeld@pagina12.com.ar) el domingo 03/02/2013 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



domingo, 16 de diciembre de 2012

Reportaje a Ricardo Kirschbaum... De Alguna Manera...


"Zaffaroni actúa como asesor jurídico del Gobierno"...

Hoy. "Los medios amigos son privados y sus empresarios han construido sus grupos periodísticos básicamente con fondos oficiales."

Secretario general de Redacción de “Clarín”, cree que el Gobierno manipula los derechos humanos y considera que uno de los objetivos principales de la Ley de Medios es concentrar medios privados bajo el control oficial a través de fondos públicos. Y piensa que los errores de Cristina le están devolviendo protagonismo a la oposición.

Es todavía temprano en las oficinas del diario Clarín. Sin embargo, en el inmenso edificio de la calle Tacuarí comienzan a ocuparse los espacios marcados por las computadoras en las largas mesas de la redacción general.

En el despacho de Ricardo Kirschbaum, sin embargo, tras un escritorio abarrotado de libros y papeles, el tiempo parece no darse tregua. El secretario general de Redacción pasa alrededor de 12 a 13 horas en esa habitación cuadrangular en la que el sol entra a raudales y el aire acondicionado marca un alivio para el recién llegado desde el centro de esta tórrida Buenos Aires.

—Días pasados vos escribías que en el Gobierno Kunkel y Bossio adhieren a la teoría de que la Justicia no puede oponerse a decisiones adoptadas por poderes elegidos por el voto popular, el Poder Ejecutivo, en primer lugar, y el Legislativo, en segundo.
—Sí, yo creo que hay una especie de criterio vinculado con el concepto de “soberanía”. Y el Gobierno está imponiendo la idea de que la soberanía popular está por encima de las instituciones de la República. Este es un concepto, una vieja discusión (teórica y práctica) de las ciencias políticas acerca del impacto que tiene el voto popular en las decisiones institucionales. Obviamente una democracia se sustenta en el voto popular, pero lo que ocurre es que los contrapesos republicanos son los que le ponen un freno a otro tipo de formaciones que esta concepción puede poseer. Por ejemplo, nadie podrá decir que Hitler no fue electo a través del voto popular constitucional. Mussolini también, e inclusive en países socialistas como Cuba hay elecciones.

—Con un solo partido.
—Claro, pero de todas maneras se ejerce la soberanía popular. Sin embargo, es una concepción que encierra otros peligros. Entonces, me parece que subrayar que “ningún” poder puede oponerse a lo decidido por los representantes del pueblo es una concepción un tanto extrema que se está manifestando en este momento.

—Bueno, a la luz de lo que algunos llaman “el modelo” hay también democracias autoritarias que no admiten el disenso.
—Sin duda. Yo recuerdo (aún sin recuperar las palabras exactas) que, cuando el Congreso tenía una composición diferente a la actual y era más desfavorable al Gobierno, la Presidenta dijo algo respecto a la “democracia tutelada”.

—Es decir, el Ejecutivo con poder sobre el Legislativo y el Judicial. Eso es realmente “tutelar”.
—Exactamente. Hay también un rasgo de carácter muy demostrativo del carácter de “centralidad” que se adjudica el Poder Ejecutivo. Fijate que este gobierno que hace una especie de panegírico acerca de las bondades del “modelo” y de los progresos realizados desde 2003 (algunos evidentes) mantiene, sin embargo, un estado de emergencia económica con la intención de seguir manejando con bastante discrecionalidad el Presupuesto y los fondos del Estado. Recordemos entonces que de no presentarse un “estado de excepcionalidad” esto no se podía hacer.

—¿Vos creés que se van a revisar conductas o el “modelo” se va a acentuar, y quien no lo acate será considerado como un miembro de “la sociedad rebelde”?
—Hasta ahora no tengo la esperanza de que se revisen conductas. Tampoco creo que, dentro del Gobierno, haya una lucha entre fracciones. Yo creo que la fracción más… está encarnada por la Presidenta. Te explico: lo digo en el sentido de expresar con más claridad y perfiles más definidos acerca de los objetivos del Gobierno. Y los objetivos de este gobierno son expresados (nadie lo oculta) a través de tomar el control, cambiar lo que ellos llaman “la matriz del poder”. Y cambiar la matriz del poder es tomar el control de los sectores que ellos consideran deben ser controlados por el Estado. Y, entre ellos, la prensa.

—Además, entre lo que el Gobierno llama “el modelo” se destaca el haber acaparado el tema de los derechos humanos. Recordemos cuando, en la ESMA, el entonces presidente Kirchner dijo que se avergonzaba como argentino de que no se hubiera hecho nada por los derechos humanos durante tantos años de democracia. De esta manera “olvida” el Juicio a las Juntas de Comandantes que aún hoy figura como un hecho único en América latina y, en la jurisprudencia mundial, muy diferente de lo que puede haber sido Nüremberg o La Haya. En la Argentina el juicio tuvo jueces, fiscales y testigos argentinos.
—Bueno, una de las concepciones de este gobierno en las cuales se sustenta es considerarse “los fundadores”. Con ellos comenzó la historia. La historia que se había detenido en los años 70 y que recomienza ahora. En ese interregno, ahora (en evocaciones absolutamente oportunistas) están tratando de reivindicar algunos aspectos de la presidencia de Alfonsín; la gestión del entorno de Alfonsín pero, en rigor, lo que están haciendo es plantearse como “los fundadores” no sólo de una nueva historia (a la cual han manipulado abiertamente) sino también de una ética y una política de derechos humanos. Y me parece, sinceramente, que la política de derechos humanos en algunos aspectos ha sido positiva porque se han saldado cuestiones que habían dejado heridas abiertas en la sociedad.

—¿Por ejemplo con las leyes de perdón?
—Exactamente. En aquel momento reflejaban un contexto. Yo creo que la historia no se puede leer de una manera lineal sino de acuerdo a su contexto. La historia también es relación de fuerzas. Las leyes de perdón también fueron consecuencia de ese contexto y consecuencia de una relación de fuerzas que, en la pelea, le fue desfavorable a Alfonsín. O bien que él consideró que le era desfavorable. Pero también la remoción de esas leyes permitió avanzar en la Justicia. Ahora bien, la manipulación de la política de derechos humanos es otra cuestión que no tiene que ver con la primera concepción sino con la utilización política de los Derechos Humanos que, creo, es indiscutible. Se usan los DD.HH. de una manera tan selectiva y tan arbitraria para estigmatizar políticamente a quien no esté de acuerdo. El perfil que adoptó Nestor Kirchner, sobre todo en su primera época donde claramente hizo gestos para aumentar un poder que había surgido bastante menguado de las urnas en las que había logrado un 22 o 23%, creo que también convirtió a la política de derechos humanos en un gesto para arrimar gente a su liderazgo. Creo que ésta fue la primera concepción. Luego, al profundizarse, adquirió otro carácter pero, claramente, yo no recuerdo (y soy periodista desde hace bastantes años) un hecho de estas características.

Interrumpimos un instante el presente para ubicar a Ricardo en su pasado:

—¿Cuántos años hace que estás en “Clarín”?
—Hace ya 36 años… yo trabajaba en El Cronista Comercial con Rafael Perrotta y luego entré a Clarín donde se estaba reconstituyendo la redacción. Joaquín Morales Solá vino de Tucumán. Yo lo conocía mucho desde aquellos tiempos tucumanos y fue él quien me trajo como colaborador en la sección de política.

—¿Cómo fue vivir el 7D en esta casa?
—Obviamente había aquí tensión mucho antes del 7D y sigue habiéndola. El 7D es una fecha arbitraria que utilizó el Gobierno por razones políticas que no tenían nada de jurídico, aunque se invocaba una resolución de la Corte leída de manera bastante deformada como para coincidir con su objetivo político. El Gobierno convirtió esa fecha en una forma de agrupamiento después de varios traspiés que cometió a lo largo del año y, sobre todo, después de la gran manifestación del 8 de noviembre y de la huelga del 20 de noviembre. El 7D tuvo la característica de ser, adentro, un motivo como te decía de tensión. Hubo preocupación por la fuente de trabajo, pero también templanza por considerar que somos víctimas de una maniobra política destinada a controlar a medios y contenidos de medios cosa que, evidentemente, se produce cuando justamente algún medio pasa a la órbita del oficialismo.

—Hace unos días ustedes publicaron la imponente lista de medios alimentados por dineros del Estado.
—Sí. Algunos sostienen que constituyen más del 80% de los medios en circulación. Cosa que resulta de la suma de los medios estatales del Gobierno o de amigos del Gobierno. Los medios amigos son privados y sus empresarios han construido sus grupos periodísticos básicamente con fondos oficiales. Me parece que ése es otro de los objetivos de la Ley de Medios: por ejemplo,  el 13 de septiembre reveló uno de sus objetivos que es no “mostrar” lo que está ocurriendo. Solamente Canal 13 y el canal TN transmitían lo que estaba aconteciendo en las calles. Y diría que el otro objetivo es, como consecuencia de esto, concentrar los medios y controlarlos en base a la publicidad o en base a directivas políticas. Algunos dicen (no me consta pero lo dicen), que siguen la pantalla (canal por canal) desde la jefatura de Gabinete. También si observamos el organigrama de la Secretaría de Medios parece más bien el organigrama de un libro de Kafka sobre control de la información y no, como corresponde, la iniciativa de un gobierno de raíz democrática.

—Hay también expresiones que, aún después de tantos años, causan un preocupante escozor. No recuerdo en democracia términos como “fierros mediáticos” y “alzamiento judicial”. De algún modo las palabras “fierros” y “alzamiento” son sinónimos de atentados contra la Constitución Nacional bajo la cual vivimos.
—Bueno, el Gobierno cada vez que tiene una dificultad denuncia una conspiración. Una conspiración destinada a destituirlo. Y éste es una especie de recurso típico de quienes se victimizan. Ya lo hizo el Gobierno cuando el problema con el campo y lo ha repetido en cada una de las ocasiones en las cuales se ha encontrado en dificultades y se ha sentido desafiado. Este me parece un recurso que intenta parangonar ciertos hechos (estoy recordando el discurso de la Presidenta del 9 de diciembre en la Fiesta de la Democracia en la que estaban solamente algunos y faltaban otros y donde se habló del golpe de Yrigoyen y del papel de la Corte). Esto es una manipulación histórica: no estamos viviendo el mes de septiembre de 1930. Ni tampoco el final de la segunda presidencia de Yrigoyen o septiembre de 1955. La relación de la sociedad con la democracia argentina es una relación que, espero, ha llegado para quedarse y es importante recordar que hemos superado momentos muy complicados sin que a nadie se le ocurriera pensar en algún otro sistema que pudiera sustituir esa misma democracia. Entonces: la alusión presidencial a “los fierros mediáticos” es en primer término una alusión a los fierros militares y los “fierros” que se usaron en Argentina no sólo a través de los militares.  Ese “fierros mediáticos” es una expresión que seguramente proviene de algún intelectual que se la pasó a Néstor Kirchner para aludir a los medios que cumplen un papel similar al que desempeñaron los militares. Y, esto, simplemente porque critican. Y en cuanto al término “alzamiento” que menciono en un editorial de esta semana es un término que utilizó, en primer término, el ministro de Justicia y, luego, repitieron algunos funcionarios menores. También un ministro de la Suprema Corte como es el doctor Zaffaroni que mencionó la palabra “alzamiento” en su voto emitido acerca del per saltum. Allí habla de un presunto “alzamiento” de la Cámara frente a la decisión de la Corte. No sé si, en ese caso, Zaffaroni actúa más bien como miembro de la Corte o como asesor jurídico del Gobierno. O viceversa.

—Es una pregunta interesante. Por otra parte, ¿no te llamó la atención el silencio gubernamental frente a las declaraciones del presidente Correa comparando a las víctimas de la AMIA con los muertos en Libia?
—Bueno, la única respuesta que hubo a esto fue un comentario, si es que se puede llamarlo así, del canciller Timerman diciendo que el Gobierno no hace comparaciones. Y ahí terminó. Yo creo que el Gobierno no quiere comentar esas declaraciones porque Correa es un aliado y no desea diferenciarse de ese discurso. Por otra parte, supongo que Correa hubiera entendido perfectamente que el Gobierno corrija su versión sin lastimar esa alianza.

—A propósito de alianzas, ¿cómo viste la foto del conjunto de los partidos de oposición en defensa de la Justicia?
—Me parece que los errores del Gobierno le están devolviendo algo de vida a la oposición. Le están devolviendo cierto protagonismo. La oposición sigue todavía buscando su propio ritmo y trabaja, como te decía, en base a los errores del Gobierno. Aun cuando me parece que falta mucho para ese protagonismo, encontrar un hecho como oponerse a la reforma constitucional es ya un primer paso. El segundo paso es defender a la Justicia. De todas maneras, esa defensa que me parece interesante no quiere decir que se traduzca en acciones comunes. Todavía para eso falta un paso grande y las acciones comunes de la oposición (que existen) se van a concentrar en los grandes temas como oponerse a la reforma constitucional y defender la independencia de la Justicia.

—Y también, hablando de la oposición, habrás visto que el nombre de Lavagna aparece como posible integrante de fórmula.
—Yo creo que a Lavagna nadie puede negarle el papel que desempeñó con Duhalde.

—Fue un buen piloto de tormenta.
—…en un proceso de recuperación que comienza con Duhalde y luego sigue con Kirchner. Lavagna es un hombre que tiene un perfil lo suficientemente propio y singular que, en un gobierno tan personalista como el de los Kirchner, claramente molesta. Pero, por otro lado, aunque él dice que está concentrado en trabajar contra la reforma constitucional, creo que a la vez quisiera ser senador por la Capital.

—Hay cosas que también llaman la atención, como la alianza con el Momo Venegas. Parecería que ellos quisieran evitar la reelección, pero con una alternativa justicialista, ¿no?
—Bueno, Moyano claramente está manifestando sus aspiraciones políticas. Quisiera formar un partido político. Y la base de ese partido es obviamente el peronismo que, a su vez, ofrece muchas alternativas. Creo que Lavagna (que fue candidato del radicalismo y encarnó una especie de alianza como candidato presidencial) estaría buscando también una base que atraiga a través de su figura (de Lavagna) a un sector más independiente o más de centro que Moyano no lograría atraer.
 
—A propósito, ¿y la marcha de Moyano para el día 20?
—Creo que va a ser una marcha importante. Va a cerrar el año político. Te diría también que está pasando algo interesante: si Moyano, la CTA de Micheli y otros sectores sindicales que están fuera del sistema institucional que quiere armar el Gobierno con alianzas de empresarios y gremios lo logran, esto va a afectar claramente el plan de aspecto social que desea el Gobierno y que lo ha mostrado a Moreno en una faceta increíble. Resulta que, ahora, Moreno es como si fuera ministro de Trabajo. Fijate: cita a empresarios y sindicalistas para buscar un acuerdo de precios y salarios. Una cosa insólita. Los roles están trastocados. Pero mientras Moyano y compañía estén afuera me parece que esa acción política del Gobierno está destinada al fracaso.

—Mientras nombrabas a Moyano recordé tambien algo curioso: la presidenta Cristina ha ido dejando de lado los amigos de su marido: Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Righi, el canciller Taiana y el propio Moyano. Por ahí con Moyano la cosa era distinta, pero los que te he nombrado eran de la mesa chica… ¿Qué pasó?
—A ver… Cristina invoca mucho a su esposo pero, en rigor, actúa en forma distinta a lo que hubiera hecho Néstor en la política. No veo a Kirchner abandonando a Moyano y dejándolo fuera del esquema. Por lo menos en una coyuntura tan económicamente complicada como es ésta. Unidos y Organizados (que es el numen de un partido político cristinista) tiene esa concepción. Es decir, la institucionalización de la fracción política que se convierta en un partido de Cristina. Que no dependa del PJ y tenga una base propia. De todas maneras me parece que Unidos y Organizados puede representar un sector de militancia intensa en favor del Gobierno pero claramente en una minoría.

—¿Diríamos quizás una minoría también generacional?
—Es cierto que el kirchnerismo atrajo a una fracción de jóvenes que descreía de la política. Recordemos que en la elección legislativa de De la Rúa, Mariano Recalde integraba una agrupación que pedía “irnos a más de quinientos kilómetros de la Capital” para no tener que votar. Es decir que había un sector desencantado por la política y que, presuntamente, el kirchnerismo trajo de nuevo al entusiasmo a partir de 2006 o 2007. Antes de estos años seguían siendo reticentes hacia la política. Me parece positivo que la juventud haya revalorizado cierta parte de la política. Ahora, el tema es que la revaloriza pero a partir de utilizar al Estado como un partido político. Obrando de este modo estás reforzando la idea de que la política kirchnerista y el Estado están imbricados de una manera tal que es imposible una disociación. Es decir que, si el kirchnerismo abandona el Gobierno o termina su mandato, es difícil que esta red creada a partir del Estado pueda sostenerse.

—Y en cuanto a crecimiento, ¿cómo ves el año que viene?
—Los especialistas prevén un crecimiento menor al actual, y como yo no soy un especialista no quisiera hacer usurpación de títulos y tomo como base lo que dicen los que saben –ironiza.

—¿Y acerca de  un problema aterrador como es el de la seguridad?
—Yo diría que la pobreza y la inseguridad son dos temas que deberían convocar por encima de cualquier tipo de consideraciones políticas y de la utilización política de los temas. Sea cual fuere quien los utiliza. Y por eso creo que la pobreza y la insseguridad están muy unidas y que constituyen dos de las preocupaciones principales de la sociedad. Te diría que, sobre todo, la inseguridad. Hay, a mi juicio, una especie de concepción equivocada del Gobierno que considera que plantear el tema de la inseguridad es como plantear solamente una política de “mano dura”. Me parece que esto es una equivocación porque la gente quiere seguridad; quiere que el Estado la proteja de la delincuencia y también pienso que ésta es una tarea irrenunciable del Estado. Cuando vemos que en un hospital los médicos deben encerrarse en una sala para no ser víctimas de patotas; que llaman a la Policía y la Policía tarda tres horas en llegar… bueno, esto demuestra una situación de gravedad tal que ninguna especulación ni cálculo político puede justificar. Me parece, entonces, que tanto la oposición como el Gobierno (y sobre todo el Gobierno) deberían plantear este tema en forma mucho más abierta, menos sectaria, sin recurrir al cálculo de quién gana y quién pierde.

—Vamos a tener un fin de año y principio de enero muy intensos. Quizás sin feria… ¿Vas a tomarte vacaciones?
   Pausa. Kirschbaum se sonríe:
—Espero que sí.

© Escrito por Magdalena Ruiz Guiñazú y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 16 de Diciembre de 2012.