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domingo, 26 de mayo de 2019

Buenos Aires: muertes a repetición… @dealgunamanera…

Las masacres de la gobernadora Vidal…

Imagen: Noticias Argentinas

María Eugenia Vidal busca no aparecer ligada a los asesinatos de Monte para no mancharse políticamente con la Bonaerense de la que es responsable. Pero el blindaje es cada vez más difícil.

© Escrito por Martín Granovsky el Domingo 26/05/2019 y publicado en el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

María Eugenia Vidal, la esperanza blanca del macrismo, consolida su perfil más impiadoso. La matanza de un joven y tres chiquitos a manos de la Bonaerense, en San Miguel del Monte, confirma que las masacres hilvanan su gestión.

La responsabilidad política no entraña siempre una culpa penal. Pensar así sería fascista. El Derecho no puede ser una herramienta para fabricar enemigos. Sería persecutorio, también, colocar a Vidal como la presunta jefa de una asociación ilícita para cometer delitos. Entre otros, el de matar. Pero algo es seguro: la cabeza del Poder Ejecutivo siempre tiene la responsabilidad primaria sobre lo que pasa en su distrito.

¿Vidal no podría decir que es víctima de la mala suerte? Ya no. Uno, porque las masacres forman una serie. Y dos, porque su gobierno jamás se hizo cargo de ellas. La única constante fue que Vidal se escondió frente a las muertes. Ante los homicidios de Monte, por ejemplo, la táctica fue que aparecieran su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el jefe de los fiscales, Julio Conte Grand. Es fácil: despellejan una capa de oficiales y agentes y todo bien hasta la próxima masacre.

No es que Vidal abandonó toda actividad pública. La masacre ocurrió en la madrugada del 20 de mayo.  En la cuenta de Twitter @mariuvidal figuran, entre otras, estas frases en sus tuits:

*”El DNI abre la puerta a los derechos básicos.” (20 de mayo)

*”Con Mauricio anunciamos la construcción de una nueva fábrica ferroviaria.” (21 de mayo)

*”Hoy hay un Gobierno que no busca atajos.” (22 de mayo)

*”Recién terminamos con @JulioGarro una reunión con vecinos de La Plata.” (22 de mayo)

*”Hace 209 años un grupo de patriotas se animó a soñar en grande. Hoy los recordamos y homenajeamos su revolución.” (25 de mayo)

El nivel de actividad de la gobernadora revela que callar cuando hay muertos a manos del Estado es una opción deliberada. ¿Para no mancharse?  Solo ella y Macri lo saben. 

No fue deliberada, en cambio, la ausencia en los actos por el 25 de Mayo de Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Carlos Suárez (22). Están muertos por la persecución policial que los hizo estrellarse contra un camión. La quinta ocupante del Fiat Spazio atacado por la Bonaerense de Vidal, Rocío, está internada y grave en el hospital El Cruce de Florencio Varela. El abandono del Estado llegó a un nivel tal que la farmacéutica Fabiana López puso una alcancía en la Farmacia López de Monte para costear los viajes de los familiares. 

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, recopiló las muertes con participación de policías desde que asumió Vidal.

Sin agotar la lista, el 2 de marzo de 2017 una protesta de 19 presos terminó en la quema de colchones dentro de la comisaría 1° de Pergamino. Los policías demoraron en abrir las celdas. Siete jóvenes murieron por asfixia.

El 7 de octubre de 2017 el cabo primero del Servicio Penitenciario Bonaerense Julio Reynoso y otros dos hombres invadieron la casa de una familia y les dispararon a dos parejas. Murieron Carmen García Llanos (25), Sergia García Llanos (33) y el bebé de una de ellas, que estaba embarazada. Fue rescatado con vida pero falleció a los tres días.

El 15 de noviembre de 2018, 27 presos de la Comisaría 3° de Esteban Echeverría protestaron por las condiciones de hacinamiento. Hubo un incendio y la policía cortó la llave de agua. Cuando llegaron los bomberos ya había cuatro muertos. Otros seis morirían después. Diez en total.

El 2 de agosto de 2018 una explosión de gas mató en la escuela 49 de Moreno a la vicedirectora Sandra Calamano y al carpintero y auxiliar técnico Rubén Rodríguez. Las fallas en la instalación habían sido denunciadas ante la Gobernación. El Consejo Escolar estaba intervenido por el responsable provincial de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny. Esa vez los responsables no fueron los policías sino las autoridades educativas.

El 26 de junio de 2002 el asesinato a manos de la Bonaerense de dos chicos, Darío Santillán de 21 años y Maximiliano Kosteki de 23, hizo que un político veterano como Eduardo Duhalde adelantara las elecciones y no fuese candidato a Presidente.

La sangre de una matanza salpica siempre. Y a la larga no hay blindaje mediático que lo resista.



Crimen de tres niños y un joven: las falsedades de la Bonaerense y la violencia como sistema… @dealgunamanera...

Crimen de tres niños y un joven: las falsedades de la Bonaerense y la violencia como sistema…
Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone, Aníbal Suárez

La masacre de San Miguel del Monte, donde murieron tres niños y un joven (22, 14 y 13 años) y otra chica (13) pelea por su vida, revela el carácter sistémico de la represión estatal de la Policía Bonaerense, que bajo la gestión Cambiemos presenta el 51 por ciento de los casos de muerte en por violencia policial en todo el país. “Todo lo que dijo la policía es falso”, explicó en diálogo con lavaca, la abogada María del Carmen Verdú.  Brinda detalles: el acta de procedimiento es falsa porque está probado que no hubo situación de fuga; las cámaras de seguridad muestran a un policía medio cuerpo afuera del auto disparando, y luego del choque hicieron un acta donde consignan que había sido un “accidente de tránsito”.  Los datos para comprender un problema sistémico que no fue ni un error ni un exceso.

© Publicado el jueves 23/05/2019 por la Agencia de Noticias La Vaca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“No sé de dónde saqué fuerzas y pedí entrar a la morgue. Lo reconocí por sus piecitos”. Eso dijo Susana, mamá de Gonzalo Domínguez, 14 años, uno de los cuatro asesinados en la masacre de San Miguel del Monte, en un nuevo hecho policial en el que la violencia y la impunidad adquieren ribetes que es casi imposible poner en palabras.

Gonzalo viajaba en un Fiat 147 que manejaba Aníbal Suárez, de 22 años, junto a Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliello, de 13, el lunes a la madrugada, cuando fueron baleados sin motivo en una persecución cometida por dos patrulleros de la Policía Bonaerense. La situación provocó que el auto chocara contra un camión detenido en el kilómetro 11 de la colectora 9 de Julio, a la entrada de la Ruta 3. El Fiat quedó destruido, dividido en dos partes separadas a 50 metros una de la otra.

Gonzalo, Aníbal, Camila y Danilo murieron. La mamá de Camila, Yamila Zarzoso, dijo entre lágrimas frente a las cámaras de televisión: “El médico me trató de mala madre y me dijo que los perseguían porque habían estado robando”. Además de cualquier consideración ética o humanitaria, lo dicho por el médico empieza a formar parte de las falsedades para armar el caso, con la intención de encubrir el crimen.

La única sobreviviente es Rocío Guagliarello, de 13 años, internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, donde la derivaron para operarla de urgencia por una laceración en el hígado. El director ejecutivo del Hospital, Gabriel González Villamonte, confirmó que está “con soporte respiratorio y ventilatorio”.

La niña está con traumatismo de cráneo encefálico y otro de tórax, con contusión pulmonar. Tiene fracturas de fémur y húmero, pero ante la complejidad de su estado, el médico dijo que “quedan en un segundo plano”. Pero alertó: “Corre riesgo su vida, la preocupación del equipo de salud es darle todos los cuidados para superar las distintas instancias de manera adecuada».

Los jóvenes eran amigos, se conocían de la Escuela Media de la ciudad, salían a la costanera, rapeaban y andaban en skate.

El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó a los medios la balacera policial. «Hay muchísimas grabaciones y elementos suficientes para poder reconstruir las circunstancias que rodearon a este hecho tan trágico. En las filmaciones que tenemos de lo que ocurre dentro del vehículo, los chicos estaban muy contentos, cantando y demás”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reconoció que “hubo tiros” y confirmó que se encontró una bala en el cuerpo de una de las víctimas. «El procedimiento estuvo muy mal hecho», admitió.  Anunció que fueron desplazados 12 policías, algunos de alto rango. Dos policías están detenidos y cinco tienen orden de captura. Familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil llamaron a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, este viernes, a las 17 horas, en apoyo a las familias de lxs niñxs asesinadxs (los niños asesinados).

Doctrina Bullrich

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) tomó intervención a las pocas horas de los hechos. La abogada y referente de la organización, María del Carmen Verdú, dice a lavaca: “Si tomamos el segmento de hasta 25 años de edad como el primer grupo etario afectado por la represión estatal y por hechos que ocasionan la muerte, hay que pensar que la mitad de ellos ocurren en lugares de detención, que ya te ponen la vara de 18 años para arriba, o de 16, si es que incluimos casos de institutos de menores. Pero si sólo tomamos casos de gatillo fácil, tenemos un tope de 17 años. O sea que lo que vimos en San Miguel del Monte, con cuatro chicos muertos, te confirma que hay una tendencia de víctimas cada vez más jóvenes de la violencia policial”.

En marzo, Correpi presentó su Informe Anual sobre las víctimas del 2018. El diagnóstico es aterrador: una persona muerta cada 21 horas por la represión estatal. El 51% de los casos ocurrió en la provincia de Buenos Aires. “Es el gobierno más represor desde 1983”, sintetiza el trabajo.

Los datos: en tres años de la gestión Cambiemos, un total de 1303 personas fueron asesinadas, lo que representa un 20% del total de casos contabilizados por la organización desde diciembre de 1983.

A pesar de las desafectaciones anunciadas por Ritondo, Verdú apunta que estas muertes no deben leerse como un hecho aislado, sino como una condición sistémica del aparato represivo del Estado, azuzado por las políticas encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El descaro total y absoluto tiene que ver con la orden explícita del gobierno nacional de salir a disparar frente a cualquier circunstancia. Es el resultado directo del cumplimiento de la orden que implica la doctrina Chocobar (el policía que mató a un delincuente que se encontraba indefenso), la resolución 956 del año pasado (que reglamenta el uso de armas de fuego, leída por los organismos como una “legalización” del gatillo fácil) y el proyecto del Código Penal que incorpora los términos de impunidad de esa resolución en el artículo de causales y justificación de actos ilícitos”.

La abogada Verdú apunta que Correpi brindará todo el soporte político y técnico que las familias requieran.

-¿Qué puede decirse de este caso concreto?

-Todo lo que dijo la policía es falso. La primera imputación que hizo hace dos días la fiscalía fue por falsedad ideológica e instrumento público, porque ya ahí tuvo por probado que lo que se puso en el acta de procedimiento es falso. No hubo, como argumentan los policías, ninguna situación de vehículo que se da a la fuga después de un alto policial en un retén. La persecución arrancó porque decidieron empezar a perseguir. Punto.

-¿Qué pudieron ver en el territorio?

-Causó mucho revuelo a nivel local, sobre todo pensando que es un pueblo chico. Gracias a compañeras y organizaciones, pudimos tomar contacto de inmediato, y estuvimos con las familias, viendo en pantalla ampliada las cámaras de seguridad. Ahí se ve perfectamente el patrullero persiguiendo el auto con el policía medio cuerpo afuera, a los tiros. Luego, hicieron un acta donde ponían que había sido un accidente de tránsito. Ese fue el primer acto concreto.

Pero hoy la propia autoridad municipal reconoció que una de las chicas tiene un tiro en el glúteo. Y no hay más resultados periciales porque el auto está destrozado, y están con lupa buscando encontrar si hay impactos de bala. Pero de lo que no hay ninguna duda es que salieron a cazar como ocurre a diario. Esto no es más que la réplica de tantos casos que trabajamos: patrulleros o vehículos policiales particulares que salen a la caza porque sí y se ponen a disparar.

Obviamente, la cuestión de que haya sido un coche con cinco chiquitos, de los cuales murieron cuatro, le da un nivel de estallido máxime. Porque si esto hubiera pasado en La Matanza, los titulares de todos los diarios estarían hablando de la banda de pibes chorros. Esto, en Monte, donde todo el mundo se conoce, no pudo ocurrir.



sábado, 5 de enero de 2013

Memorias del saqueo... De Alguna Manera...


Lo que no se vio por televisión. La situación de los detenidos a dos semanas de los saqueos.

Bariloche (Foto: lanacion.com / Alfredo Leiva)

“Si hubiera una inflación del 25 por ciento, el país estallaría“, contestó Cristina Fernández de Kirchner en su ya famosa alocucion en la universidad de Harvard ante la pregunta que giraba en torno al Indec y sus estadísticas. Unos meses después, todo pareció una profecía autocumplida cuando en Bariloche, un grupo de mujeres que se acercó a pedir bolsones de comida al supermercado “Changomás”, de la cadena WalMart, ubicado a un costado de la ruta 40, terminó desatando una ola de saqueos que se extendió incluso hasta después de Navidad.

Natalia Saralegui, colaboradora de la Correpi y abogada de la Tendencia Piquetera Revolucionaria denuncia ante Plazademayo.com que a 12 días de los primeros saqueos, la cifra de detenidos no es oficial ni hay una lista pública de nombres. “No hay un dato cierto, pero luego de la orden política de Berni de la detención y de hablar de instigadores, sabemos que esta es una manera de reprimir el reclamo social, que mas allá de algún puntero, es válido porque el delito anterior es haber bajado los planes sociales una semana antes de las fiestas y el ajuste que viene haciendo el kirchnerismo“, señala.

Saralegui relata la parte de los saqueos que no se vio por televisión. Señala que ella y otros compañeros fueron a buscar casi sin rumbo a los detenidos dividiendo a Buenos Aires en zona norte y sur. Como ejemplo de las irregularidades menciona a Carina Beatriz Malinauskas, 55 años, 8 hijos, desocupada de Campana, donde hubo 87 detenidos y que sigue detenida en la unidad femenina de Villa Maipú. La mujer, ademas de estar en una comisaría, antes pasó por las dependencias de La Plata y Melchor Romero sin que su familia fuese notificada y al momento de tomar contacto con Saralegui, no había sido provista de un abogado defensor, tal como lo plantea la ley. “No le dieron las garantías constitucionales mínimas“, remarca.

“En Mercedes hay otra mujer de apellido Arguello pero aún no pudimos dar con ella o su familia“, señala. De los 500 detenidos oficiales, Saralegui estima que unos 87 siguen privados de la libertad en condiciones similares a las de Malinauskas, “de total irregularidad“. Y confirma que el 26, luego de navidad, hubo nuevas detenciones tras nuevos saqueos en el barrio Los Hornos de La Plata.

“Habían comenzado los saqueos en los supermercados Yaguar y Carrefour de Campana. Carina fue a buscar a sus hijos a la zona del conflicto porque son menores de edad, cuando desde un puente trata de avistarlos, un policía de civil la detuvo y la mantienen detenida supuestamente por un antecedente de hurto simple“, reseña Saralegui.

Bariloche, Córdoba y Entre Ríos son zonas que aún siguen “calientes” según dan cuenta desde la TPR. Por estos momentos se renegocian libertades y se solicita la entrega de alimentos y planes sociales. En Bariloche hay un acampe por tiempo indeterminado que conduce la organización de base Movimiento Social y Cooperativo 1º de Mayo.

Lo cierto es que diez años despues de la nefasta experiencia de 2001, algunos hechos volvieron a repetirse aunque sin tanta magnitud. Rosario volvió a tener muertos y las versiones sobre el origen de la violencia, se siguen multiplicando. En la “Chicago” argentina hay cuatro víctimas fatales: Leandro Fabio Sánchez, de 17 años, con una herida de bala en la pierna derecha; Carina Verónica Paz, de 36 años, alcanzada por un disparo de arma de fuego en la cabeza; Luciano Carrizo, de 22 años, baleado en el tórax mientras intentaba ingresar en un almacén en barrio Tío Rolo; y Silvia Bernachea, de 36 años, quien estaba entre las personas que la noche del jueves se concentraron frente al autoservicio El Sol, resultó herida con un vidrio en la arteria femoral y murió desangrada.

En la tierra que volvió mito a Pocho Lepratti, en dos días hubo 50 saqueos y fueron detenidas más de 100 personas.

Saralegui insiste ante la falta de nombres en torno a los implicados y subraya, “no hubo nombres mas allá del señor de la CGT“, refiriéndose a Héctor “El Paraguayo” González, un afiliado al gremio de Camioneros.

Una fuente vinculada a los organismos de inteligencia señala ante este medio que la agitación social en Bariloche “fue promovida por el mismo kirchnerismo para luego mostrarse como garantes de la paz social y la democracia pero justamente por la ceguera que tienen> no dimensionaron que había una larga mecha que agarraría fuego en cuestión de horas y que fue lo que terminó pasando“. En este sentido, el propio intendente de Bariloche, Omar Goye, admitió que había rumores en la ciudad de que habría saqueos.

En La Matanza el supermercado Vital fue uno de los epicentros, más de 30 almacenes en el partido bonaerense de Zárate, saqueos de camiones en Panamericana y los mayoristas Maxiconsumo y Medamax, además de un puesto de ropa sobre la ruta 6 en Campana. Una carnicería ubicada frente al Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba, sobre ruta nacional 19, también fue arrasada. En San Fernando, por la ruta 202, una escena dantesca de personas corriendo con carritos repletos por el medio de la carpeta asfaltica. Distintas ferias en Tucumán y la lista parece no terminar nunca.

Al menos 292 comercios fueron saqueados en 40 ciudades diferentes de la Argentina desde el jueves 20. En total fueron 500 comercios afectados, entre el jueves y el viernes, si se suman aquellos que si bien no fueron saqueados quedaron expuestos a roturas de vidrios y otro tipo de daño significativo. Los datos se desprenden de la información que pudo recolectar la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . Solo en los 292 locales las pérdidas estimadas serían de 26,5 millones de pesos.

Para el movimiento Ocuppy de Austria era la antesala de otro 2001. Para la BBC, “la vuelta de los saqueos”. Para Abal Medina “pequeños grupos marginales, enormemente violentos“.

El jefe de Gabinete dijo que los saqueos “hablan de cuestiones muy particulares que no casualmente ocurren en una fecha como esta“, cuando se cumplen once años de las jornadas de violenta protesta social, que incluyeron saqueos y que terminaron con la caída del Gobierno del entonces presidente, Fernando de la Rúa. Versiones diversas ante una realidad que cuanto menos es innegable.

© Escrito por Clarisa Ercolano y publicado por Plazademayo.com el martes 01/01/2013.


domingo, 26 de febrero de 2012

María del Carmen Verdú... De Alguna Manera...

Entrevista a María del Carmen Verdú…

 María del Carmen Verdú

La abogada de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) se refirió a las declaraciones de Nilda Garré y a la política represiva del Estado.




María del Carmen Verdú nació en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada en 1983. Desde 1977 trabajó como maestra de inglés y francés. En 1984 comenzó el ejercicio independiente de la abogacía y se especializó en derecho civil (daños y perjuicios) y penal. A poco de egresada de la universidad, formó, con un pequeño grupo de compañeros, la “Asociación Amuayu por los derechos humanos” (Los que van, en mapuche).

La cotidiana represión policial, encarnada en los fusilamientos de gatillo fácil; la aplicación sistemática de torturas y la muerte de personas en cárceles y comisarías y las detenciones arbitrarias pronto ocuparon el primer lugar en la atención de la minúscula organización, que comenzó a vincularse con víctimas y familiares de víctimas de ese tipo de hechos, brindando el patrocinio jurídico y promoviendo su organización para encarar colectivamente la denuncia antirrepresiva.

En mayo de 1992, fracasados los intentos por incorporar a la agenda de los organismos de derechos humanos tradicionales la represión en democracia, Verdú, con algunos militantes de aquel grupo inicial, y otros, acercados a partir de la visibilidad del caso Bulacio, constituyó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Ha participado de encuentros, congresos y seminarios internacionales, y es requerida, con frecuencia, en mesas de debate y diversas actividades antirrepresivas en colegios, universidades y otros ámbitos de todo el país.

© Entrevista realizada por Gabriel Levinas y publicada por plazademayo.com el sábado 25 de Febrero de 2012.