Sistema Provisional. De reforma en reforma… @dealgunamaneraok...

 Sistema Provisional. De reforma en reforma…

Sostenibilidad. Para lograrla debe haber 3 trabajadores activos formales por cada pasivo. ANSES reportó en marzo del año pasado, 1,8 por cada beneficiario. Fotografía: Rolando Andrade Stracuzzi. 

El régimen nacional cuenta con cerca de 6 millones de jubilados y pensionados que, según lo anunciado por el Gobierno, deberá enfrentar un recorte del 0,4%, que redundará en un nuevo ajuste de haberes. 

© Escrito por Mirta Quiles y publicado el miércoles 27/12/2023 por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

«Con la fórmula anterior, lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos cuatro meses hubiera significado, para el fisco, un ahorro de dos puntos de déficit. Si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo, más o menos, en los próximos meses, en un 40%. Esa fórmula es muy mala. El Gobierno no está especulando, está protegiéndolos», afirmó el ministro de Economía Luis Caputo, al ser consultado acerca de si el paquete de ajuste incluía a los haberes previsionales. Sobre la fórmula futura, dijo: «La sacamos ahora y vamos a pensar una buena alternativa para no tener que lidiar con estos problemas». En síntesis, «vamos viendo», aunque ya deslizó que los aumentos podían ser vía decreto del Ejecutivo o con bonos. A pura discrecionalidad.  

En cada cambio de Gobierno, en particular durante los últimos años, los jubilados y pensionados son presentados como los menos beneficiados por la gestión saliente, pero en verdad, terminan siendo objeto de ajuste. En los últimos 6 años, trabajadores y jubilados enfrentaron una caída de ingresos cercana al 26%. Este tiempo no es ajeno y se encamina −en pleno contexto inflacionario− a una nueva reforma de la fórmula de ajuste −conocida como movilidad jubilatoria− de los haberes previsionales. 

Entre 2001 y 2005 el número de beneficios previsionales iba en descenso, consecuencia de la etapa neoliberal y la crisis de 2001. Sin embargo, desde 2005, y como consecuencia de la primera moratoria previsional, se registraron fuertes incrementos, llegando a un pico del 33,8% en 2007. «Entre 2003 y 2016 −sostiene el CELS− pudieron jubilarse 1.796.439 mujeres entre 60 y 65 años, más del 80% accedieron al beneficio del Plan de Inclusión Previsional, más conocido como “moratoria previsional”». 

En la actualidad hay 5.890.796 jubilados y pensionados en el régimen nacional, de acuerdo a datos de septiembre del Boletín Estadístico de la Seguridad Social que elabora la ANSES. Un 90,5% más que los 3 millones de beneficiarios que se registraban en 2001, primer año de la serie estadística oficial. De ese universo −2.066.461 hombres y 3.824.330 mujeres−, el 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria, ya que no contaban con los años de aportes necesarios. 

Esta ampliación, obviamente se refleja también en los recursos destinados a ítem previsional. En 2001 representaba el 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que 20 años más tarde llegó al 9,3%, incluyendo los gastos nacionales y las cajas provinciales. Aunque el déficit del sistema se mantiene desde 1998, de acuerdo a datos oficiales, en 2022 representó el 2,8% del PIB, la más baja desde 2016, cuando llegó a 2,7%. Para que el sistema sea sostenible, se autofinancie, de acuerdo a distintos especialistas, se debe contar con tres trabajadores activos formales por cada pasivo. Según los datos de la ANSES, a marzo 2021, había una relación de 1,8 trabajadores por cada persona que cobra un haber previsional: se registraban 10,5 millones de aportantes al sistema (trabajadores formales con descuento previsional) y 5,6 millones de jubilados y pensionados. Cabe recordar que durante los últimos años el mayor crecimiento de empleo estuvo sostenido por la creación de puestos de trabajo precarizados (monotributistas y trabajadores informales −sin aportes−).

Lo que vendrá.  

Con el ajuste económico en marcha los que lo pagarán íntegramente serán los trabajadores formales e informales y los jubilados y pensionados. Incluso en el Excel presentado por Caputo se proyecta una quita del 0,4% en estas últimas. Y su ejecutor directo será el nuevo titular de ANSES, Osvaldo Giordano, hasta hace días ministro de Finanzas de Córdoba y exsecretario de Previsión Social de la provincia. En plena pandemia, Giordano encabezó junto con el gobernador Juan Schiaretti una reforma jubilatoria provincial, con podas y armonización con Nación, que incluyeron rebajas que alcanzaron al 15% de los beneficiarios con los haberes más altos, incluyó un «aporte solidario» del 20% para dobles ingresos, y una armonización de criterios del sistema previsional provincial con el nacional, con impacto en reducciones para futuros jubilados y pensionados.

En el caso de los actuales activos, se introdujo una armonización con la Nación en tres puntos: el cálculo del haber inicial pasó de los 48 últimos haberes (4 años) a 120 (10 años); los nuevos pensionados pasarán a percibir el 70% de la jubilación del causante en lugar del 75%; y la ley eliminó además el beneficio de pagarle al pensionado el 100% del haber durante el primer año. En síntesis, la reforma acható la distribución, al reducir las jubilaciones más altas y tuvo como eje la revisión de los beneficios derivados de regímenes especiales (que en el caso de la ANSES representa el 4,2%).  

Franco Godino, economista del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) de Córdoba analiza los alcances de la reforma provincial de 2020.

−La ley de jubilaciones y pensiones de Córdoba ¿beneficia a la masa de jubilados y pensionados de la provincia?

–Los sistemas previsionales como el argentino enfrentan dificultades importantes en materia de sustentabilidad. Estos sistemas son llamados «de reparto», es decir que las contribuciones de los activos financian los haberes de los pasivos. Si las primeras no alcanzan a cubrir los segundos tenemos el famoso déficit previsional. Tanto la Caja de Córdoba como ANSES tienen un déficit estructural, que exige al Estado cerrar esa brecha con ingresos de los impuestos. La reforma de Córdoba buscó reducir ese déficit reduciendo la masa de prestaciones de la Caja. En ese sentido fue exitosa. La pregunta es qué jubilados pagaron el costo, si solo aquellos que cobran jubilaciones altas o toda la masa de jubilados. La equidad de este tipo de reformas es compleja y no está claro aún cuál será el impacto de la reforma en Córdoba en ese sentido.

−¿Supones que Giordano aplicará la misma estrategia a nivel nacional?

–Para ANSES podemos esperar que Giordano intente reformas similares, que busquen reducir el déficit reduciendo dobles prestaciones, achatando la distribución de jubilaciones (recortando las más altas) e incluso modificando edades jubilatorias y tratando de unificar los diferentes regímenes a nivel nacional.

A 20 Años de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final… @dealgunamaneraok...

El 6 de marzo de 2001 la Justicia argentina declaró inconstitucionales las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final"…

Lo determinó el juez federal Gabriel Cavallo a partir de un recurso presentado por una agrupación defensora de los Derechos Humanos.

© Publicado el sábado 06/03/2021 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

 

Previamente, en 1986, el senado aprobó, por 25 votos contra 10, la llamada Ley de “Punto Final” que establecía la prescripción de los delitos cometidos por militares, policías y funcionarios carcelarios durante la última dictadura. 

Al año siguiente, la cámara de Diputados aprobó, por 125 votos contra 54 más una abstención, la ley que reglamentó la “Obediencia Debida” en las Fuerzas Armadas. 

La norma autorizó la eximición del proceso judicial a oficiales que, por su ubicación en la cadena de mandos, obedecieron órdenes de sus superiores, lo que significó la libertad de la mayoría de los acusados que permanecían en prisión preventiva. 

A estas dos leyes se le sumaron los indultos firmados por el entonces presidente Carlos Menem en 1989 y 1990. 

El primero de ellos,  estableció la liberación de 280 personas, mientras que el segundo, benefició a los mandos de las Juntas Militares que encabezaron el golpe de Estado, Jorge Rafael Videla y Roberto Viola y Emilio Massera. 

Once años después, el juez federal Gabriel Cavallo declaró inconstitucionales las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” a partir de un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. 

La resolución de Cavallo, a la que él mismo consideró “la más importante de su carrera”, se dio justo cuando frente al Ministerio de Defensa se encontraba Horacio Jaunarena, que ocupó el mismo puesto cuando las mismas leyes fueron elaboradas. 

Link de video alusivo © Radio Perfil:

A 20 Años...

El Centro de Estudios Legales y Sociales es una empresa… @dealgunamaneraok...

 El Centro de Estudios Legales y Sociales es una empresa…

 

Magnífica ocasión para romper la inercia del lenguaje y dejar de considerar "organismo de derechos humanos" al CELS. 

El CELS es una empresa, cuyo presidente es el señor Horacio Verbitsky, declarado heredero del fundador, Emilio Fermín Mignone. 

© Escrito por Enrique Vázquez el sábado 20/02/2021 y publicado en Facebook, en la Ciudad de Ingeniero  Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

Mignone nació en 1922 y desde muy joven integró los “grupos de choque” de la iglesia católica, particularmente activos contra los simpatizantes de la República durante la guerra civil española (1936-1939). Como es lógico, fue seducido por el peronismo: en 1948 asumió como Director General de Escuelas (ministro de Educación) de la provincia de Buenos Aires, designado por el gobernador, coronel Domingo Mercante, y más tarde ocupó la dirección del Educación Superior del Consejo Nacional de Desarrollo. 

Caído Perón, aprovechó sus contactos con funcionarios norteamericanos para poner distancia de la “Libertadora”. 

A principios de los ’60 consiguió un contrato de la Organización de Estados Americanos como especialista en política educacional. Su desempeño en Washington DC coincidió con la expulsión de Cuba del seno de la OEA y el aval de esta entidad a la invasión de la República Dominicana. 

Su cargo político más alto llegó con la dictadura de Juan Carlos Onganía, la edad de oro de los católicos ultramontanos y del cursillismo: en 1966, apenas derrocado el presidente Illia, Mignone asumió como viceministro de Educación de la Nación, cargo en el que se mantuvo hasta 1970. 

Con el auspicio del nuevo gobierno constitucional peronista, inaugurado el 25 de mayo de 1973, Mignone fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Luján, que había sido creada en diciembre de 1972. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la universidad fue intervenida, como todas las otras. Y en un par de meses la vida del rector depuesto sufrió un vuelco dramático. 

Mignone tuvo 5 hijos: Isabel, Mónica, Mercedes, Fernando y Javier; uno de los varones se hizo cura católico y vive en el Canadá. Mónica era catequista y asistente social en la villa del Bajo Flores cuando fue detenida por un comando de la Armada el 14 de mayo de 1976. Mignone y su mujer, Angélica “Chela” Sosa, recurrieron a todos sus contactos para encontrarla; un marino les dijo que se quedaran tranquilos, que Mónica estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada y que con toda seguridad al día siguiente la restituirían a su domicilio habitual. Nunca más supieron nada de ella. 

Mignone encontró refugio y contención en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y “Chela” en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, cuya disidente Línea Fundadora la encontró como una de sus integrantes desde el primer momento. 

Cuando llegó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de septiembre de 1979, sus integrantes recogieron todos los testimonios posibles sobre el terrorismo de Estado, y al regresar a los EE.UU. editaron un libro en inglés y castellano con una síntesis de lo obtenido. Mignone viajó a Washington junto al obispo metodista Aldo Etchegoyen y ambos trajeron a la Argentina los primeros ejemplares de aquella denuncia, cuya difusión, por supuesto, estaba prohibida por los milicos. Pero Mignone no sólo trajo libros: trajo también una propuesta de la Fundación Ford para subvencionar a la APDH con una donación inicial de 2 millones de dólares, que se renovaría anualmente. 

La APDH se mantenía a duras penas gracias a las donaciones de los fieles de las iglesias protestantes europeas, particularmente las alemanas y las neerlandesas. La donación le venía de perlas, pero la compañía Ford había transformado su planta automotriz de General Pacheco en un verdadero campo de concentración, del que desaparecieron no menos de 12 trabajadores, entre ellos 6 que integraban la comisión interna de delegados. La APDH no podía combatir el terrorismo de Estado con dinero de uno de sus cómplices. La comisión directiva decidió rechazar la propuesta de la Ford, y Emilio Fermín Mignone, junto a otros dos padres de desaparecidos -Augusto Conte McDonnell y Boris Pasik- decidió emplear ese dinero en la creación de un ente que estuviera en condiciones de pagar abogados profesionales e investigadores sociales dedicados al tema de la represión ilegal. 

Así nació el CELS. 

Apenas restablecida la democracia, Horacio Verbistky buscó reinsertarse en su profesión y lo consiguió en 1984 a través del semanario El Periodista, editado por Andrés Cascioli con la guita que le dejaba la revista Humor® por aquella época. Simultáneamente Verbitsky solicitó su incorporación a la APDH, cuya comisión directiva, por unanimidad, rechazó el pedido. Integraban aquella mesa el docente Alfredo Bravo, el obispo Federico Pagura, el abogado Alberto Pedroncini, el rabino Marshall Meyer, el diputado intransigente Miguel Monserrat, la dirigente comunista Rosa Pantaleón y Graciela Fernández Meijide.

Con ese camino cerrado pero dispuesto a mostrarse como un defensor de los DD.HH., Verbitsky se acercó a Mignone y Conte, quienes le dieron cabida en el CELS. 

“El Periodista” fue un fracaso editorial y dejó de aparecer a principios de 1987, casi en simultáneo con otros dos medios de la época: “La Razón” matutina, editada por Jacobo Timerman, y “El Porteño”. Todos los desocupados confluyeron en “Pagina 12”; entre ellos, Verbitsky, cuya función primordial en el diario dirigido por Lanata consistió en reivindicar a Rodolfo Walsh -su jefe en la organización Montoneros- y Emilio Mignone. Si uno lee las notas de Verbitsky, Walsh nunca fue miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, y Mignone durante toda su vida fue un activista por los derechos humanos.

No por casualidad, tras el fallecimiento de los socios fundadores del CELS y por decisión de las viudas, Verbitsky pasó a desempeñar la presidencia de la entidad, que tiene como director ejecutivo, por contrato y al cabo de un proceso de selección, al abogado Gastón Chillier. 

Horacio Verbitsky

Vale decir, el CELS es una organización de tipo empresarial, dedicada al patrocinio de causas judiciales vinculadas con los derechos humanos y a la investigación sobre el tema, pero no se lo puede llamar “organismo de derechos humanos” porque no hay militancia ni vida participativa en su interior. 

Usar a Maldonado hasta gastarlo... @dealgunamanera...

Usar a Maldonado hasta gastarlo...

En momentos en los que muchos están abocados a tratar de saber qué es lo que finalmente pasó con la vida de Santiago Maldonado, y mientras buena parte de los medios de comunicación se encuentran recalculando en base a la cantidad de pelotudeces que han dicho durante los últimos dos meses y medio, no está de más poner blanco sobre negro para entender qué fue lo que pasó por fuera de los causales de muerte en sí.

© Escrito por Lucca (Blog Relato del Presente) en miércoles 18/10/2017 y publicado por el diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el contenido publicado es de exclusiva propiedad de la persona que firma, así como las responsabilidades derivadas.

Un chico ignoto desaparece tras un corte de ruta y un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad nacionales. La denuncia se realiza un par de días después y el país se entera de que en el sur hay un conflicto penal –no pienso llamarlo de otro modo– con una porción de la comunidad mapuche. Y todo explotó: marchas, disturbios, daños, detenciones, heridos, teorías conspirativas, millones de hipótesis y una violenta batalla verbal bien al estilo del siglo XXI.

Nada de este desmán hubiera ocurrido y ya se hubiera resuelto judicialmente todo este asunto si no hubieran intervenido los mismos tres factores de siempre:

Los políticos. Y por políticos me refiero a todos sus ámbitos, desde las oenegés que  gravitan políticamente, hasta el kirchnerismo, pasando por ese mar de contradicciones llamado izquierda argentina. El rol del CELS en este caso debería ser materia de estudio a nivel universitario –incluyendo Derecho Penal– sobre cómo se puede embarrar la cancha creando hipótesis basadas en teorías conspiracionistas que los fans nostálgicos de Página/12, añorando un pasado glorioso que nunca existió, asimilaron como absolutos incuestionables. El kirchnerismo y sus acólitos, que tienen un poder de memoria selectiva notable a la hora de hablar de responsabilidad estatal en materia de muertes evitables, convirtieron a Santiago Maldonado en afiche, en remera y en bandera. El nuevo Che Guevara no fusilaba, no combatía en las sierras cubanas ni lideraba el levantamiento de los pueblos. El nuevo Che Guevara tatuaba a cambio de alimentos, vivía de prestado y se prendía en luchas ajenas. No será la imagen que uno tendría de un revolucionario, pero se acerca mucho más al ideal de la militancia actual que ve en un estado de derecho constitucional una dictadura a la cual resistir. De allí el uso divino que han hecho los kirchneristas de ayer, hoy y siempre colectivizando la victimización de cualquier muerto, sin importar su ideología.

De los partidos de extrema izquierda no voy a decir absolutamente nada porque la organización del Estado es un concepto que les resulta extraño. Más allá de eso, también hay una cuestión de falta objetividad entendible: en los últimos años han cosechado dos muertos por la represión de la policía de un gobierno peronista, otro muerto por un grupo parapolicial sindical peronista y un desaparecido que sigue desaparecido desde que un gobierno peronista no lo cuidó en medio de un juicio.

Y ya que hablamos del tema, quiero resaltar la versatilidad de Cristina a la hora de hablar de los muertos dependiendo del interlocutor, sea una banda de niños cantores en un acto kirchnerista, o sea un entrevistador en un medio de comunicación. Este martes, acá no más, Cristina quiso chicanear al gobierno recordando que el actual jefe de la Policía Federal ya era funcionario policial durante su gestión, a lo cual podría sumarle que el 80% de todas las fuerzas de seguridad en actividad, ingresaron al servicio durante su gestión. Digo, como para dejar de escupir contra el viento.

De paso, a todos los que estuvieron estas últimas semanas fiscalizando qué decía este humilde servidor al respecto: fíjense si encuentran una declaración de Néstor o Cristina Kirchner allá por 2002 sobre la muerte de Dario Kosteki y Maximiliano Santillán. Yo no encontré ninguna, pero estoy abierto al desafío.

Vuelvo a esa manga de retrógrados autócratas que consideran que el Estado es una carrera profesional y no un servicio público y que son capaces de abrazar cualquier causa, por lejana que resulte, para pegarle al contrario. No voy a meter a todos en la misma bolsa por esta vez porque no creo que todos hayan buscado capitalizar este caso. Ningún gobierno que quiera sobrevivir desea un muerto en el enorme arco opositor. Mucho menos en campaña electoral.

Párrafo aparte merecería el análisis de cómo es que Carrió, con una campaña en la que participó sólo una semana, pudo tirar lo del “20% de probabilidades” y la bestialidad absolutamente fuera de foco que dijo al comparar las condiciones climáticas del río Chubut con Walt Disney. La comodidad de saber que puede obtener un récord electoral el domingo debe haber relajado lo suficiente a todos, pero sé que hasta en la Quinta de Olivos se agarraron la cabeza al enterarse de su último dicho.

No puedo decir lo mismo de algunas terceras o cuarta líneas, esos contratados que abrazaban la liberalización del Estado hasta diciembre de 2015 y que hoy parecieran haber encontrado la verdad revelada en un Estado que no es necesario achicar porque se administra sabiamente. Y porque les da trabajo, obvio. Son esos mismos que desde sus cuentas o a través de sus contactos hacen circular versiones truchísimas, golpes bajos y audios menos chequeables que el video porno de la sueca de Lanata. Gracias a ellos y su terror a perder el relajo de un cómodo asiento en una oficina gubernamental tuve que fumarme el audio de la mina que hablaba desde una morgue afirmando que estaban por anunciar que Santiago Maldonado apareció muerto de un cuchillazo en el cuello, el video que mostraba al artesano comprando en un comercio de Entre Ríos, una foto que podría haber sido choreada de la recreación de un vía crucis, un pibe llamado Santiago Maldonado que era productor de seguros de La Matanza, y un largo, larguísimo listado de boludeces que, si lo hicieron para cuidar al Gobierno, merecen devolver hasta el último centavo de sueldo que hayan cobrado.

Lo peor de esto es el lupanar de humanoides con la capacidad de deducción de un Neanderthal en estado vegetativo que levantaban estas pruebas como si se trataran de la resolución del caso. No creo verlos a todos desfilar para ratificar sus argumentaciones. Posiblemente, ya se encuentren abocados a probar cómo es que la familia de Maldonado guardó el cadáver de Santiago en un frigobar para colocarlo cuidadosamente en un río para que aparezca cinco días antes de las elecciones.

La Justicia. La otra pata de este asunto tiene que ver con el rol que pretendemos asignarle al Estado. Desde que aceptamos convivir en un país damos por sentado que nos someteremos a la misma ley que exigimos que se cumpla para todos. Los derechos humanos no son una expresión de buenas intenciones de las que se pueden reclamar las que querramos con beneficio de inventario.

Si exigimos el derecho humano a la vida, también exigimos el derecho humano a la libertad y, por decantación, el derecho humano a la propiedad privada. Son tres pilares de la sociedad occidental y están contemplados en la Constitución Nacional. Y si reclamamos el cumplimiento de la Constitución, tenemos que partir de la base de que la misma establece un territorio. No dos, no tres: un territorio.

No existe el territorio sagrado mapuche. No existen territorios sagrados exentos de la ley en Argentina. Imaginen por un segundo que un juez argumente que tiene que negociar con el arzobispado para investigar un orfanato en el que se violaron hasta los perros. Piensen por un segundo que la policía no hubiera podido detener a José López porque estaba dentro de un convento. La pajereada de la conexión ancestral con la raigambre cultural de civilizaciones preexistentes que no contaban con leyes, ni organización territorial ni propiedad privada hay que dejársela a los chicos de apellidos europeos con culpa de clase. No me entra en la cabeza que un Juez Federal entienda lo contrario: lo aprendió en la primaria, lo profundizó en la secundaria, lo estudió particularmente en la carrera de abogacía y tuvo que dar un kilométrico examen sobre el sistema administrativo y legal de la Argentina.

Y todo para que luego venga a decir que “hay que consensuar con los mapuches para respetar su voluntad”. Ayer mismo, los vehículos que se acercaban al operativo fueron revisados por los integrantes de esta banda y todos accedieron. Tamaña actitud pasiva frente a lo que la ley que dicen representar considera una obstrucción al accionar de la Justicia, sólo puede sostenerse desde la cobardía, la ignorancia o las ganas de atornillarse en un cargo en el que se cobrará la guita que en la puta life se imaginó cobrar en el sector privado.

Y, finalmente…

La prensa. El manejo que del caso Maldonado han hecho buena parte de los periodistas y de los medios donde se desempeñan, ha estado a la altura del nivel laboral con el que trabajamos. La voracidad por la primicia y la necesidad casi patológica de tener que decir algo sobre el tema del momento sólo lleva a mayor pérdida de credibilidad, la cual arrastra a todos los demás en el derrape hacia el infierno de la mediocridad comunicacional. ¿Saben la cantidad de puteadas que me comí por no hablar del tema? Como si fuera una suerte de delivery de opinión, nos hemos acostumbrado a que todos hablen de todo, sin saber si tienen conocimiento o no. El conocimiento es lo de menos, ya quedó claro. Ya no se opina desde la construcción de una idea, sino desde la manifestación de un sentimiento. Y frente a un sentimiento no hay forma de pensar: se siente empatía o se es un psicópata. Y yo no quiero ser un psicópata voluntarioso. Si no tengo una opinión formada, cierro la boca. Al fin y al cabo, a la hora de pagar los platos rotos por la opinión, mi boca es mía y nadie se hará cargo, como nadie se hizo cargo hasta ahora.

Desde el manejo del sentimiento la prensa se ha dividido en dos posiciones centrales sobre una misma y única agenda determinada por la responsabilidad directa del gobierno. Unos han abordado todo su trabajo direccionando la culpa hacia la Casa Rosada, otros han hecho hasta lo ridículamente imposible para despegar al gobierno de todo. En un tercer lugar para nada minoritario aunque lo parezca frente al ruido del resto, los que tan sólo cubrieron la sucesión de hechos. Respecto de los primeros dos casos, trato de pensar desde la óptica del “sentimiento que nubla la razón” para no tener que pensar que son una manga de burros que aún no comprenden el concepto de responsabilidad objetiva, esa que dice que uno es responsable sólo de los actos que ha realizado. ¿En serio vamos a seguir creyendo que al mismo Presidente al que le achacan no querer laburar ni meterse en nada le podría interesar dar la orden de desaparecer a un artesano que era un total desconocido y del que ni su propia familia sabía qué había hecho de su vida en los últimos doce meses? En ese mismo sentido, propongo que se haga una presentación firmada por todos los periodistas que se copen para exigirle al congreso que modifique el código de procedimiento penal y se dé por válido que cualquier persona pueda ser condenada o absuelta en base a dichos de personas que nadie conoce, que nadie vio antes, pero que conforman “declaraciones conmovedoras” o “testimonios esclarecedores” sin una puta prueba que sustente lo que se dice de la boca para afuera.

La función del periodista no debería ser la de desmentir todas las pelotudeces que se dicen en las redes sociales. Hay que dejar de vivir de las redes sociales porque nadie va a pagar por lo que se consume gratis. Si fuera por las redes, estaríamos analizando si Santiago Maldonado no era en realidad su propio hermano que reclamaba en la Plaza de Mayo “porque, sospechosamente, se parecen mucho”, o estaríamos formando parte de la carnicería de las fotos que se filtraron sobre el hallazgo del cuerpo, en una muestra total de falta de empatía propia de los sociópatas y de aquellos que creen que tienen la suerte comprada y tendrán una muerte tranquila y privada.

Sé que puedo resultar demasiado utópico, pero la verdad es que el manejo de la información, la investigación y el abordaje que se hizo y se hace del Caso Maldonado desde todos los sectores, se podría realizar de un modo mucho más humano si todos fueran conscientes de que la sociedad entera no es un diván donde podemos resolver nuestros traumas de la infancia, y que no todos tenemos la culpa de que no hayan querido prestar atención en la clase de educación cívica o que la obra social no les cubra más de diez sesiones de tratamiento psicológico al año.

Estos tres pilares elegidos son el reflejo de una sociedad que permite este tipo de cosas. Los que querían que Maldonado apareciera vivo, los que hubieran preferido que le realizaran una ejecución sumaria y le mandaran la factura de la bala a los padres, los que querían que apareciera con vida, los que querían que no apareciera nunca más para que la gente se olvide del tema, los que querían que no apareciera nunca más para tener la justificación psicológica que justifique la construcción del fantasma dictatorial, los que querían que apareciera aunque esté muerto pero hubieran preferido que ocurriera en otro momento, los que vinieron a dar lecciones de lo que es un duelo porque vieron al hermano de Maldonado en un recital y los que buscan cualquier excusa para hacer quilombo y romper todo a su paso.

O para sumar un voto.

O para tener una buena nota.

Y mientras ya me voy preparando para todo lo que se viene de ahora en más, me pregunto si realmente importaba dónde estaba Santiago Maldonado o sólo importa mantener nuestras posturas sin permitir que una verdad arruine una hermosa historia.

Acto de repudio por las agresiones de prefectos a dos jóvenes de la villa 21-24… @dealgunamanera...

Acto de repudio por las agresiones de prefectos a dos jóvenes de la villa 21-24…

Dos chicos de 15 y 18 años que integran la organización "La Garganta Poderosa" fueron golpeados en un control de la Prefectura. Luego de denunciar las torturas de los efectivos de seguridad, los volvieron a amenazar de muerte. Los agentes de seguridad involucrados fueron dados de baja.

© Publicado el viernes 07/10/2016 por la Agencia Telam de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un encuentro organizada por La Garganta Poderosa, hoy por la tarde se realizó un “Acto de repudio contra los grupos de tareas 2016”, en la villa 21-24. Ezequiel e Iván, los jóvenes torturados por efectivos de las fuerzas de seguridad brindaron su testimonio ante centenares de personas, acompañados por Ignacio Levy, Nora Cortiñas, Horacio Verbitsky, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el asesor tutelar, Gustavo Moreno.

En el acto, Levy -que es uno de los referentes de la revista- leyó un comunicado emitido el mismo día por Prefectura Naval, en el que se informa que los siete efectivos fueron dados de baja de la fuerza. En ese sentido declaró: “Los prefectos que están enjaulados en Marcos Paz gracias a los gritos de Iván y de Ezequiel. La lucha y la organización popular los dio de baja”. 

El sábado 24 de septiembre, Ezequiel Villanueva Moya, un menor de 15 años, se disponía a saludar a Iván Navarro de 18, en los pasillos de la villa 21 de Barracas, cuando –según se relata en el Facebook de La Garganta Poderosa–  fueron abordados por efectivos de Policía Federal. ¿El motivo de la requisa? Pedirles documentos.

Luego de chequearlos, intimadarlos y dejarlos ir, efectivos de Prefectura Naval los pararon unos metros más adelante, y según denunciaron los chicos, los oficiales “nos tiraron adentro de un coche” para luego llevarlos hasta un descampado lindero al Riachuelo y “cagarnos a palos”.

“Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”.

Posterior a las torturas, los jóvenes fueron dejados en libertad, donde al otro día denunciaron a los efectivos de la Policía Federal y de Prefectura Naval en la fiscalía de Pompeya. Al escuchar su relato, y comprobar los golpes, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que participaron del episodio. 

A la mañana siguiente, Iván Navarro acusó que una camioneta de Prefectura se paró donde estaba junto a un amigo y efectivos les dijeron en tono amenazante: “Esta noche terminamos lo que empezamos, esta noche hay toque de queda”.

Iván Navarro no quiso quedarse de brazos cruzados. Fue hasta el programa de Gustavo Sylvestre en C5N y relató otra vez los hechos, pero al volver a la villa fue nuevamente agredido por las mismas fuerzas a modo de revancha por haberlos “escrachado en los medios”. Según cuenta en el Facebook de La Garganta Poderosa, dos prefectos lo corrieron con un arma al reconocerlo como el “hijo de puta” que los denunció.

Numerosas voces repudiaron el hecho ayer. Entre ellos, Dilma Rousseff, el Indio Solari, el Padre Pepe, Nora Cortiñas y Estela de Carlotto. 

Desde La Garganta Poderosa aseguran que ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni otro funcionario se comunicó con ellos para interiorizarse de lo sucedido.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el CELS también se sumó a las críticas por “el silencio inexplicable del Ministerio de Seguridad”.

Verbitsky a Cristina: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial"… @dealgunamanera

Verbitsky a Cristina: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial"…

El titular del CELS escribió una columna en Página 12, donde cuestionó a Gregorio Dalbón, letrado de la expresidenta.

© Publicado el lunes 01/08/2016 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicó en el diario Página 12 del domingo, una columna donde opinó sobre Gregorio Dalbón, letrado que representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa civil contra la diputada Margarita Stolbizer: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial" le advirtió.

En su escrito, el periodista explica que "un dictamen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó contraría la pretensión de CFK de iniciar una demanda por daños contra Margarita Stolbizer, quien la acusó de duplicar su patrimonio". 

Y detalla que en dicha resolución firmada el 11 de diciembre de 2015, fue Gils Carbó quien "recomendó desestimar una denuncia presentada por Manuel Garrido contra el ex Procurador General Esteban Righi. En 2009, al renunciar como Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Garrido adujo que Righi había recortado sus facultades para investigar actos de corrupción, cosa que el Procurador negó. Electo diputado por la UCR en 2011, reiteró esos conceptos en 2012, cuando Righi renunció como Procurador".

"Garrido se amparó en las inmunidades funcionales que protegen a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y a los legisladores nacionales", ante esto, la Procuradora "le dio la razón ya que según el artículo 68 de la Constitución Nacional 'ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador', prerrogativa cuyo objetivo es garantizar que “ejerzan sus funciones en forma libre e independiente", agregó el escritor.

"Con una cita de la Corte Suprema de Justicia dijo que 'esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque si hubiera un medio de violarla impunemente, éste se emplearía con frecuencia por los que intentan coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio, y frustrada la Constitución en una de sus más sustanciales disposiciones'. Para la Corte 'la posibilidad de que un miembro del Congreso pueda ser sometido a proceso, a fin de que en él sean indagados o interpretados judicialmente sus opiniones […] contraría la idea que sobre la división de poderes tuvieron los autores de la Constitución'", sentenció.

"Si tuviera un abogado idóneo que la representara la ex mandataria se ahorraría el porrazo judicial, que los medios hostiles amplificarán en su contra", concluyó Verbitsky.