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domingo, 23 de diciembre de 2012

Juego de la "Opo"... De Alguna Manera...


Operación 'cambio de clima'...

Juego de la "Opo"...

Como parte de la operación “cambio de clima” respecto del que se instaló en el país tras los casi 12 millones de votos que recibió Cristina Kirchner en octubre de 2011, y 38 puntos de diferencia respecto de la segunda fuerza, varias acciones coordinadas se sucedieron.

Desde los pronósticos socioeconómicos apocalípticos que nunca se cumplen, pues no están diseñados para cumplirse sino para alentar expectativas negativas, hasta encuestas que suponen que a pesar de mantener los niveles de consumo y empleo sin cambios significativos respecto de los existentes en el momento del rotundo triunfo oficialista de 2011 la Presidenta hoy se desmoronó en popularidad a punto tal que perdería una elección contra Fernando Iglesias.

Al cotillón opositor se sumó también el caceroleo de segmentos medios altos y altos porteños, fogoneado por los medios opositores y convocado por “espontáneos organizadores” pertenecientes mayoritariamente al grupo de activistas de partidos opositores presentes en las redes sociales.

Recientemente dos movilizaciones y un paro general del sindicalismo opositor y sectores vinculados a la producción agropecuaria cuyo eje central es la baja del impuesto a las ganancias para el 19% de trabajadores formales que lo pagan parecían completar la operación “cambio de clima”, dándole más profundidad social a la “opo”, hasta ese momento muy sesgada hacia los segmentos medios altos y altos.

¡Esto no fue todo, amigos lectores de Perfil! Al aproximarse las fiestas, y como es casi una tradición en el país, se largaron saqueos notablemente organizados en busca de plasmas, microondas, computadoras, iPads y cualquier otro dispositivo cuya innovación tecnológica hace las delicias de los “movimientos sociales”.

La mejor caracterización de los saqueadores la dieron los intendentes del conurbano bonaerense, en cuyos distritos se concentró el 80% de los arrebatos, cuando en conjunto advirtieron que “ están organizados”, y catalogaron de simples “ladrones” a quienes están al frente de los incidentes en puertas de supermercados.

Finalmente, frente a episodios delictivos tan groseros, cabe recordar la sentencia que Juan Domingo Perón expresó ante los diputados de la JP en enero de 1974, frente al sangriento copamiento del Regimiento de Azul por parte de la guerrilla de ultraizquierda nucleada entonces en el Ejército Revolucionario del Pueblo, que provocó una reforma del Código Penal para castigar con más eficacia y severidad estos atentados violentos contra la democracia:

“En este momento, con lo que acabamos de ver, en que una banda de asaltantes que invoca cuestiones ideológicas o políticas para cometer un crimen, ¿ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica? ¡No! Un crimen es un crimen cualquiera sea el móvil que lo provoca, y el delito es delito cualquiera sea el pensamiento, o sentimiento, o la pasión que impulse al criminal. 

Siempre que hay voluntad criminal es un delito, y eso lo tiene que penar la ley, no nosotros”.

© Escrito por Artemio López y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 23 de Diciembre de 2012.

domingo, 17 de junio de 2012

Antes militante, ahora “terrorista”... De Alguna Manera...

Antes militante, ahora “terrorista”...


Con el “atentado” de las torres gemelas en Nueva York allá por el 11 de Septiembre de 2001 comenzaría la nueva interpretación de una vieja idea, reeditada como “la civilización” contra “los terroristas”.


Origen

El ex-presidente de EEUU George Bush ideó un macabro sistema de “categorización” de países: algunos serían parte de la “comunidad internacional”, otros “nidos de terroristas”. Consiguió que le votaran millones de millones de dólares para su Ejército, que inauguró el siglo invadiendo países, violando soberanías, en fin: recalcando que son “la” potencia militar del mundo.

El argumento principal fué el 11-S, lo de las torres gemelas. Lo paradójico es que hasta un ex presidente italiano, Francesco Cossiga, denunció públicamente a los servicios de inteligencia como autores del “autoatentado”.

Sus “think tank” (tanque de ideas) se encargaron de planificar una apretada más en la morsa del nuevo, ya viejo para ellos, siglo.


Made in USA

Las ideas de Bush & Cia.(con estricto doble sentido) no tendrían mayor novedad si no fuera porque algunos países comenzaron a “importar” estas ideas. Algunos locales actúan como socios de los de afuera.

Con convenciones internacionales comenzaron a “sembrar” la doctrina “anti-terrorista” (at en adelante). Su principal alfil es el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Este logró la “proeza” de apurar a los diputados para que votaran la primer Ley at, con plazo hasta el 23/06 del 2007(hubo varias razone$ para eso).

No se puede obviar: el kirchnerismo trajo a nuestro país la lógica del “at” que los anteriores se limitaron a “bocetar”. El objetivo era doble: mendigar unos pocos dólares y crear una herramienta para perseguir a opositores.


Primer acto…

La primera ley at fue la 26.268. Esta incorporó dos nuevos delitos al Código Penal, extremadamente vagos en su contenido, exactamente lo contrario que requieren los tipos penales. Cualquier reclamo podría encuadrarse en sus artículos.


Segundo acto…

Cuatro años después, el mismo gobierno y sus legisladores incorporan al Código Penal el art. 41 quinquies: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”

Sin embargo, la ley no define qué es terrorismo. Los tipos abiertos vulneran los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional que establecen que sin ley previa –clara y completa en su definición- no puede haber imposición de pena.

Eugenio Zaffaroni, quien suele coincidir con las iniciativas de la Casa Rosada, cuestionó públicamente: “Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría…no necesitamos esta ley…puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos”(24/12/2011).

Muchos opositores señalaron el giro a la derecha del gobierno en este aspecto.

Lo primero que debemos tener en cuenta es la pérdida de soberanía que implica subordinarse a las imposiciones de distintos organismos extranjeros. Curiosamente, países pilares del G-20 no tienen una ley at como la aprobada aquí.


Intervalo lúdico

La justificación de los partidarios del gobierno nacional es desopilante: “no será usada para reprimir conflictos sociales”; “Lo que no queremos es que un tipo se levante y decida devaluar el peso”. Si no se va a usar en el sentido que literalmente está redactada, ¿Para qué sancionarla? Si un animal afila sus garras, para algo será.


Grand finale, para ellos

Las últimas declaraciones de Cristina, marcando la cancha a los reclamos salariales y sociales, en un escenario de agravamiento de las condiciones económicas dan pie a que la justicia comience a utilizar esta figura.

En la “construcción de relato” kirchnerista, que cuenta con la pluma del posmoderno Ernesto Laclau,  los “enemigos del pueblo” son todos aquellos que enfrentan sus políticas en cualquier terreno. Nunca serán terroristas los de su “juventud maravillosa” terrorista porque son oficialistas desde la fábrica.

La presidenta refuerza la legalidad represiva, de por sí extendida, sin dejar de dibujar el tono del relato de un manto épico.

Cuando se destapó el Proyecto X dijeron que era un mero “software en desuso”. En conjunto con esta ley están conformando una política de estado, parte de su “INDEC” ideológico que nos ofrecen.


Riesgos y perspectivas

Frente a este cuadro: “No se garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo”, expresaron organizaciones en un reclamo que se viene sintiendo en forma creciente.

En la actualidad numerosos dirigentes sociales enfrentan causas penales como consecuencia del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales. De ello pueden dar cuenta, entre otros, los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento, los de la empresa Kraft, los estatales, los docentes de Santa Cruz, los trabajadores del azúcar, estudiantes universitarios, etc. Todos ellos podrán ser imputados como “terroristas”, decisión que el gobierno puede tomar cuando quiera, habida cuenta que -ya lo dijimos- la ley no explica qué es el terrorismo que combate. A esto debemos sumar el hecho de que estos “delitos” serán juzgados por la justicia federal, sector probadamente dependiente del poder político.

Así como la república y el sufragio universal representaron un enorme progreso esta imposición de la lógica at, es un paso atrás, y muestra la relación directa que existe entre  la cuestión nacional y la democrática. No se resuelve una sin la otra. Debemos denunciar las violaciones de derechos humanos del presente, como lo es esta ley.


© Escrito por Alejo Caivano y publicado por plazademayo.com el viernes 15 de Junio de 2012.


viernes, 6 de abril de 2012

Shhhhhhhh, de eso no se habla... De Alguna Manera...

De eso no se habla…


Las cifras para abrir el debate, primera estimación científica de los números del aborto: Investigadores del Conicet y la UBA revelaron que se practican entre 460.000 y 600.000 anualmente y que por cada caso que llega a un hospital se realizan otros siete.

Un estudio con métodos científicos validados en el mundo determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa casi un aborto por nacimiento. La investigación, encargada por el Ministerio de Salud, brinda por primera vez datos confiables sobre el fenómeno.

Por primera vez se estimó la magnitud del aborto en la Argentina a través de dos métodos científicos validados internacionalmente. El cálculo obtenido concluyó que anualmente se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado en el país. Se concluyó que a lo largo de su vida fértil, en promedio, cada mujer argentina tendría dos abortos inducidos. Además, se dedujo que por cada aborto que termina con complicaciones que demandan atención hospitalaria, siete no la requieren.

“Es un avance importante. Ahora hay un número con un sustento científico. No es más una apreciación fortuita”, destacó la médica Zulema Palma, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo de más de 250 ONG que el lunes último presentó en el Congreso un proyecto de legalización del aborto (ver aparte).

El estudio fue encargado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de Salud de la Nación, a un equipo encabezado por reconocidas investigadoras en la temática: Edith Alejandra Pantelides, del Conicet y el Centro de Estudios de Población (Cenep), y Silvia Mario, del Instituto Gino Germani de la UBA. “Hasta ahora había estimaciones más precarias”, señaló a Página/12 Silvina Ramos, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), quien viene estudiando desde hace varios años la problemática del aborto en la Argentina. La cifra que se mencionaba desde organizaciones de mujeres y voces gubernamentales era de alrededor de medio millón de abortos por año: finalmente es un número que se acerca al obtenido a través de las dos metodologías científicas validadas internacionalmente usadas por Pantelides y Mario.

“Como toda información con rigor científico, permite armar el debate social en mejores términos. Además, desmiente a quienes sostenían que no había tantos abortos en el país. Cincuenta mil abortos más o menos no hacen diferencia a la hora de evaluar el problema”, consideró Ramos. “Un aspecto importante –agregó– es ver la relación entre el total de nacimientos y la cantidad de abortos: ésa es la magnitud relativa a tener en cuenta.”

Medir la dimensión de una práctica clandestina, que es penalizada por el Código Penal, no es sencillo. Por esa razón, obviamente, no existen registros oficiales. “Se debió recurrir a métodos indirectos y se abandonó la pretensión de obtener una cifra exacta, sino más bien un rango de órdenes de magnitud”, explicó Mario. “Se ha utilizado la mejor metodología del mundo disponible, con las restricciones que tiene por los parámetros que hay que medir”, subrayó Ramos.

Las investigadoras recurrieron a dos métodos muy diferentes. El primero está basado en estadísticas del sistema de salud, en este caso el registro de egresos hospitalarios en el que quedan asentadas las hospitalizaciones debidas a abortos complicados. Se parte del supuesto de que estos casos, que demandan atención médica, representan sólo una parte del total de abortos inducidos. A partir de una encuesta a informantes clave, mayoritariamente jefes de servicio de Ginecología y Obstetricia del sector público con desempeño también en el ámbito privado, el equipo coordinado por Pantelides y Mario estimó la cantidad de abortos que se practican en la clandestinidad, que no terminan en complicaciones que requieran internación.

Se calculó entonces que por cada mujer que llega con hemorragias o infección a un hospital después de un aborto, hay siete que no demandan ayuda médica, principalmente porque la interrupción se hizo de forma más segura y con menor riesgo. A ese número –que representaría la parte oculta del iceberg– se lo denomina “factor multiplicador”. Se multiplicaron por siete la cantidad de egresos hospitalarios (el último registro corresponde al año 2000) post-aborto. Así, las investigadoras concluyeron que se practicarían un total aproximado de 460 mil abortos a nivel nacional.

Las entrevistas a informantes clave fueron realizadas en el conurbano y en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Resistencia. Además de médicos, se encuestaron integrantes de ONG de mujeres y jefes provinciales de programas de Salud Reproductiva.

Para llegar al multiplicador 7 tuvieron en cuenta una serie de conclusiones obtenidas a través de la encuesta. Entre ellas que:

- La práctica del aborto asistida por profesionales médicos se considera segura.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos medios y altos rara vez (o nunca) recurren a no médicos o se autoprovocan un aborto.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos recurren para interrumpir un embarazo mayoritariamente a personas que no son médicos o se lo provocan ellas mismas.

- En la mayor parte de los casos, los abortos autoinducidos se provocan con la ingesta o introducción vaginal de pastillas de misoprostol, una droga que se puede comprar bajo receta en las farmacias y tiene otra indicación médica.

- Entre el 80 y el 100 por ciento de las mujeres con complicaciones por un aborto recurren a un hospital público.

- Los métodos más usados por los médicos son la dilatación y legrado y el aborto con medicamentos (en general, con misoprostol).

“La percepción de los entrevistados indica que en la actualidad la práctica del aborto inducido parece realizarse en un contexto de mayor seguridad que en el pasado, sobre todo para las mujeres de estratos medios y altos, a pesar de su ilegalidad. Es esperable entonces que las hospitalizaciones reflejen una proporción pequeña del total de abortos”, sostuvieron Pantelides y Mario en su investigación, que lleva por título “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”. En ese sentido, advirtieron que la práctica del aborto ha cambiado “sustancialmente” durante las últimas décadas. Por un lado, el uso extendido de antibióticos como preventivo de infecciones por parte de quienes realizan el procedimiento médico y de las mismas mujeres “ha reducido notablemente el riesgo de complicación”. Por otra parte, la utilización del misoprostol, “método con escasas complicaciones asociadas”, se ha difundido entre los proveedores de abortos y también entre las mujeres.

Dos por cada mujer

A través de la otra metodología científica aplicada se obtuvieron dos estimaciones, combinando distintas variables, que ubican el número de abortos anuales entre 486.000 y 522.000, para el 84 por ciento de la población femenina. Por lo tanto, habría que sumarle un 16 por ciento más: con lo que se obtiene un número total de entre 560.000 y 615.000 interrupciones voluntarias de embarazo inducidas.

¿Cómo se llega a esa estimación? Este método no es sencillo de explicar. Consiste en relacionar una tasa de fecundidad máxima teórica por mujer –que surge de estudios internacionales que evaluaron distintas poblaciones– con los factores que la disminuyen: el uso de anticonceptivos, la infertilidad post-parto y el aborto. Todos los índices se calcularon con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2004-2005, que incluye un módulo sobre salud sexual y reproductiva e indaga además sobre lactancia en el cuestionario de niños. “El índice para el aborto se obtiene a partir de los valores conocidos –uso de anticonceptivos, infertilidad post-parto teniendo en cuenta la lactancia promedio en la Argentina–, reordenando los términos de la ecuación principal. A partir de este índice se calcula la tasa de aborto y el número de abortos anual, en esta caso el año 2004-2005”, explicaron las investigadoras.

La estimación indica que cada mujer a lo largo de su vida fértil se practicaría dos abortos. La tasa de abortos cada mil mujeres sería de 60. Teniendo en cuenta que en el país se producen alrededor de 700 mil nacimientos cada año, habría poco menos de un aborto por cada nacimiento.

“Para el cálculo de la infertilidad post-parto se tomó en cuenta la duración promedio y la duración mediana de la lactancia: de ahí que surjan dos mediciones distintas”, aclaró Mario.

“Estos dos métodos son los únicos que se pueden aplicar en el país”, explicó Pantelides a Página/12. Las metodologías no se habían ensayado antes porque se estaban perfeccionando en otros países, y además porque no existía en la Argentina alguna información necesaria, que recién estuvo disponible a partir de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Tampoco antes se había dispuesto de fondos para encarar el estudio. El trabajo fue resultado de una investigación apoyada por la beca “Ramón Carrillo-Arturo Oñativa” para Estudios Colaborativos Multicéntricos de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria.

© Escrito por Mariana Carbajal y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 2 de Junio de 2007.