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sábado, 25 de noviembre de 2017

Poder quebrado… @dealgunamanera...

Poder quebrado…

‘PROPALEITOR’ VANDENBROELE. Dibujo: PABLO TEMES

Se revela cómo el respaldo político fue clave en delitos. Pacto con límites.

Si no fuera porque se trata de la más cruda realidad, la dinámica de las causas judiciales que comprometen a lo más granado del kirchnerismo parece alcanzar ribetes cinematográficos. La decisión de Alejandro Vandenbroele de acogerse a los beneficios del régimen del arrepentido sorprendió a muchos en una causa sensible para el ex vicepresidente Amado Boudou. Y su decisión de adelantar su declaración del viernes al miércoles confirmó su clara determinación de ingresar en el programa de protección lo antes posible. Durante las más de nueve horas que pasó en la fiscalía de Jorge Di Lello para empezar a revelar lo que sabe, confirmó su participación en hechos que había negado durante cinco años. 

Como era de esperarse, pues, abordó en detalle las tres causas en las que está imputado: la asociación ilícita por la que terminaron presos Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona, el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa –supuestamente dirigido a un asesoramiento para refinanciar su deuda– y el resonante caso de la compra de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.

Cuando a las 14.40 del viernes Vandenbroele logró la homologación del acuerdo ante el juez federal Ariel Lijo, se sintió aliviado. Inmediatamente, Lijo impuso el secreto de sumario. Fuentes con acceso a la causa confirmaron que el ahora arrepentido aportó documentos y detalles de cada operatoria, y que la información que suministró en las tres causas es verosímil.

Lo que sigue ahora es el proceso de corroboración de la veracidad de lo declarado por el supuesto testaferro de Boudou. Por otra parte, se hizo hincapié en que de la cantidad de datos aportados se deberá determinar si hay elementos nuevos, ya que mucho de lo dicho por Vandenbroele ya constaba en la causa.

De por sí es importante que Vandenbroele haya confirmado lo que la investigación judicial ya había comprobado. ¿Qué llevó a este personaje a cambiar de opinión? Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, más allá de otras razones, “la sensación de impunidad y la idea de que la hora no va a llegar se mantiene hasta que se producen las primeras detenciones. 

Ahí le cambia la cabeza al imputado, que hasta hace poco no creía posible que se quebrase el círculo de protección política. Boudou esposado y en pijama, Julio De Vido detenido y CFK mirando para otro lado son elementos de una realidad pesada para cualquiera que tenga que rendir cuentas a la Justicia”.

Entre las novedades de impacto político provenientes del ámbito judicial también hay que anotar la destitución de Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Freiler –un hombre que amasó una fortuna que de ninguna manera pudo justificar– fue un ícono de la corrupción en los ámbitos tribunalicios. 

Una condición que aniquiló cualquier posibilidad de independencia del magistrado que ató su suerte al kirchnerismo, al que defendió contra toda lógica y evidencia. Entre sus fallos objetables están el cierre del caso Skanska –hoy reabierto–, en el que se investigaba el pago de sobreprecios millonarios en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur; el cierre de la investigación sobre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman debido a la firma del acuerdo con Irán vinculado al atentado contra la AMIA; y el voto a favor del apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur contra CFK y su familia. 

Fue esta necesidad de protección la que llevó al kirchnerismo duro a sostener en el cargo a un juez cuyas conductas eran indefendibles. Lo de Freiler conlleva un mensaje para otros jueces de Comodoro Py: la protección de corruptos no se tolera más. Y esto es consecuencia de un estado de situación de la sociedad que trasciende a la dirigencia política. 

¿Fue histórico el acuerdo con los gobernadores? Si se considera al acuerdo una muestra de la capacidad de diálogo de la dirigencia política en funciones de gobierno, tanto de oficialistas como de opositores, probablemente la respuesta debe ser sí. La mirada hacia el futuro es tal que, entre otros beneficiados, podrían estar los propios gobernadores y líderes peronistas con chances de llegar al poder y que pretendan un federalismo algo más ordenado y, por ende, real y eficaz. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y de resultados concretos a corto plazo, hay varios puntos objetables.

Un reconocido economista que estuvo al tanto de las negociaciones lo definió como “un acuerdo relativo y apresurado”, al tiempo que reconoció que fue “un avance, ya que los gobernadores cedieron o prometieron no incrementar sus gastos más allá de los ingresos”. En verdad, ése fue el verdadero compromiso entre Nación y provincias. El resto tuvo mucho de sacar de un lado para poner en otro. Por ejemplo, lo que las provincias cedieron de Ingresos Brutos lo recuperarán por recomposición de cajas previsionales y varios etcéteras, donde la Nación sigue poniendo plata. Hubo cierto apuro por la foto. Ese era un deseo y un mandato del Presidente.

Puertas adentro del Gobierno, los cambios produjeron turbulencias. El sector bancario terminó enfurecido con el impuesto a la renta financiera. Creen que este impuesto afectará las colocaciones a plazo fijo y que el mínimo no imponible quedó muy cerca de los pequeños y medianos ahorristas. Hoy cualquier cero kilómetro de entrada de gama cuesta $ 300 mil. Técnicamente, los detractores de la medida sostienen que el impuesto no ayuda a un país donde la bancarización alcanza apenas al 15% del PBI.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, volvió a ser blanco de las críticas por sostener una tasa de 29,5% a 180 días con tal de balancear la lucha contra la inflación. Los propios gobernadores advirtieron “no nos pidan reactivación inmediata si esto va a seguir así”.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, fueron los primeros en volver a la carga contra el titular del Central. Es una disputa sorda que el Presidente deja seguir. Creer que solamente con las decisiones de política monetaria que adopte Sturzenegger se va a corregir la inflación es un error. Es lo que enseñan los libros de economía y la historia.

Producción periodística: Santiago Serra.


viernes, 3 de noviembre de 2017

Amado Boudou, detenido por presunta asociación ilícita… @dealgunamanera...

El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, detenido por presunta asociación ilícita…

Imagen difundida por la policía que muestra la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. HO/NAVAL POLICE/ AFP-PHOTO

El fiscal de la causa ha hallado pruebas de que Boudou se enriqueció de forma injustificada durante el ejercicio de la función pública.

© Escrito por César G. Galero (*) el viernes 03/10/2017 y publicado en el Diario El Mundo de la Ciudad de Madrid, España. (*) Corresponsal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Las cárceles argentinas se están llenando de ex dirigentes kirchneristas. La semana pasada caía preso Julio de Vido, el "hombre fuerte" del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy le ha tocado el turno a su último vicepresidente, Amado Boudou (2011-2015). El juez pidió la detención de Boudou por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales cuando era ministro de Economía.


Junto a Boudou, el magistrado Ariel Lijo ordenó también la detención de José María Núñez Carmona, uno de los socios del ex vicepresidente kirchnerista. A Boudou, de 54 años, se le acusa de un delito de "asociación ilícita en el marco de enriquecimiento". El ex vicepresidente y su ex socio están siendo procesados también en un juicio por la presunta compra irregular de la imprenta Ciccone, donde se fabricaba papel moneda.

La policía detuvo al ex vicepresidente argentino en su piso de Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. La justicia le había pedido a Boudou, entre otros requerimientos, que justificara el origen de 80.000 dólares con los que el ex funcionario le compró un apartamento a su ex novia, la periodista Agustina Kampfer.

El fiscal de la causa, Jorge di Lello, halló pruebas para deducir que Boudou se enriqueció de forma injustificada durante el ejercicio de la función pública. "Se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, y se adquirían bienes y acciones", señaló el fiscal en su requerimiento ante el juez. En cuanto a su socio, Núñez Carmona, la justicia le considera testaferro del ex vicepresidente y entiende que tampoco tiene forma de justificar su patrimonio.


Aficionado al rock y amante de los coches de lujo, Amado Boudou supo ganarse a Cristina Kirchner cuando estaba al frente de la ANSES, la Seguridad Social argentina. En 2008 fue el artífice de la estatización del sistema privado de jubilaciones, una medida que entusiasmó a Kirchner. Un año después le nombraría ministro de Economía. La dirigente peronista sorprendió a propios y extraños cuando eligió a Boudou como compañero de fórmula presidencial para las elecciones de 2011. 

Kirchner arrasó en esos comicios, con un 54% de los votos, y Boudou, como vicepresidente, fue visto a partir de entonces como el "heredero" político de Kirchner. Pero su estrella comenzó a declinar cuando un año después estalló el escándalo sobre la supuesta compra irregular de la imprenta Ciccone.

Con las detenciones de Boudou y De Vido se estrecha el cerco contra Cristina Kirchner, involucrada también en varias causas de corrupción. Tras el reciente triunfo del presidente Mauricio Macri en las elecciones legislativas, la justicia está acelerando las investigaciones en los casos que afectan a ex dirigentes kirchneristas. La ex mandataria logró en esos comicios un escaño de senadora que le protege ante una eventual orden de prisión. Pero su futuro político estará marcado por las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses.


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domingo, 12 de febrero de 2017

De Macri a los Kirchner... @dealgunamanera…

Justicia para todos…

COMPLIKADA, Cristina Fernández. Foto: Pablo Temes

El gobierno actual y el anterior, en la mira de los fiscales. Del Correo al pacto con Irán.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/02/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correo Argentino S.A. le propuso al Estado nacional un plan de pago, que fue aceptado –luego de otros rechazados– en junio pasado por el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. El acuerdo de pago ofrecía 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.

La fiscal Gabriela Boquin calculó la deuda original, en 2001, en 292,8 millones de pesos o dólares. Pero de aceptarse la propuesta del Correo, la quita real rondaría el 98,8%, y eso se traduciría en una quita de $ 4.277,6 millones a valores de hoy, o de $ 70 mil millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese arreglo.

Los especialistas coinciden en la razonabilidad del planteo de la fiscal: “Ella no hace una indexación de la deuda ni la convierte de pesos a dólares, sino que calcula cuánto costaría esa deuda respecto de un hipotético valor presente y otro proyectado a 2033 –que es lo que ofrecía el Correo–”.

Fuentes de la fiscalía afirman que discutir si la deuda es en dólares o en pesos es caer en un falso dilema. “La deuda se generó en el marco de la convertibilidad peso dólar. Por otra parte, el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras establece la suspensión de los intereses, no la interrupción de los intereses. Surge claro que ello significa que se suspenden los intereses para que el deudor pueda negociar con los acreedores. Pero no significa que se condonen.

Cuando el deudor va a ofrecer pagar, debe contemplar estos intereses que estuvieron caídos durante el trámite del concurso que, en este caso, la oferta del Gobierno no contempla. De 2001 a 2017 no se pagaría ningún interés. Este es un proceso concursal que duró 17 años. Se está ofreciendo pagar a partir de 2018, con suerte, hasta 2033. Es mentira que esté prohibido pagar intereses. En la misma sala hay antecedentes que establecen que la no contemplación de los intereses posconcursales es una nueva quita que se le hace al crédito”, sostienen.

“Las cuotas son anuales, no mensuales. Con una tasa del 7% anual, en pesos, hay una severa quita para el Estado, hay condonación de deuda. Y el artículo 52 de la Ley de Concursos, inciso 4º, dice que el juez no puede aprobar una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Y en esta condonación, el beneficiario final es la familia del Poder Ejecutivo”, afirman en tribunales.

Los especialistas más críticos de la oferta del Gobierno sostienen que “teniendo en cuenta la meta inflacionaria para este año calculada en el 17 o 18% anual, la tasa de interés del 7% resulta incomprensible, por lo que se estarían licuando los intereses hacia delante (2033) además de la ausencia de cálculo de los intereses pasados”.

La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo o si hace lugar al dictamen de la fiscal y rechaza la propuesta. En el Gobierno las primeras voces salieron al cruce de manera vehemente contra la resolución de la fiscal, pero luego el propio Oscar Aguad cambió hacia un tono moderado más conciliador.

Estos aspectos técnicos son esenciales para comprender la raíz del problema que el Gobierno ha manejado mal. Se plantea una situación muy sensible al tratarse del grupo empresarial que pertenece al padre del Presidente y del cual él formó parte. Debió haberse consultado a la Oficina Anticorrupción y se debió haber informado a los representantes de la oposición durante todo el trámite de la negociación.

Más complicados. Esta ha sido una semana difícil para el kirchnerismo en materia judicial. En la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el acuerdo entre la Argentina e Irán, Julio De Vido, Oscar Parrilli y Angelina Abbona serán investigados por posible encubrimiento a Irán. El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el viernes la denuncia que había realizado Nisman antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiere saber qué rol pudieron haber tenido los arriba mencionados en el hecho.

Pollicita pidió al juez federal Ariel Lijo la realización de 32 medidas de prueba, que incluyen el cruce de llamadas entre los acusados: Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Alberto Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, María Esther Abbona, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Andrés Larroque y Ramón Allan Héctor Bogado.

Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano le dio un nuevo impulso a la investigación de la muerte del fiscal. Para ello, comenzó la instrucción prácticamente desde cero, luego de haber denunciado a la fiscal Viviana Fein por la deficiente tarea llevada a cabo. Ello incluyó tareas básicas de instrucción que no habían sido terminadas por Fein como, por ejemplo, entrevistar a todos los vecinos de las torres Le Parc y al equipo de la fiscalía. A Taiano le interesa dilucidar el rol de Lagomarsino. Le llama la atención el vínculo que tenía con Nisman (amigo, subordinado, etc.). Ordenó, además, la realización de una junta interdisciplinaria para determinar las causales de la muerte que implican desde cruces de llamados hasta pericias informáticas.

Esto demorará tres meses. En el entorno de la fiscalía subrayan que “en una instrucción normal, Lagomarsino y la custodia debieron haber quedado detenidos desde el primer momento”. Objetan, además, la presencia del entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien no supo responder en calidad de qué se había hecho presente aquella noche en el departamento de Nisman.

Con el telón de fondo producido por el escándalo de la filtración de escuchas judiciales, fuentes de Comodoro Py apuntan contra integrantes de la AFI que pudieron realizarlas para tapar el mal momento político de su jefe, Gustavo Arribas. El martes, el juez federal Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli y el miércoles el fiscal Guillermo Marijuan pidió su detención. Según el juez Lijo, Parrilli –ex jefe de Inteligencia del kirchnerismo– retuvo en noviembre de 2015 un informe que señalaba la presencia de Ibar Pérez Corradi en Paraguay. Luego del cambio de gobierno, ya en junio de 2016, fue detenido a partir de esos datos que se habían cajoneado.

Durante el kirchnerato predijimos –como también lo hicieron otros– que, una vez que dejaran el poder, los tribunales de la avenida Comodoro Py serían un lugar de frecuentación para los más encumbrados funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” (Antonio Machado).

Producción periodística: Santiago Serra.


domingo, 29 de enero de 2017

La lógica de la ilógica… @dealgunamanera...

La lógica de la ilógica…

Incomprensible. A veces el Presidente crea conflictos inútiles donde no los había. Foto: Cedoc

Una de las principales distorsiones que a menudo se manifiestan en el ejercicio del poder –en todas sus formas– es la aplicación de lo que podríamos llamar la lógica de la ilógica. Una de las principales distorsiones que a menudo se manifiestan en el ejercicio del poder –en todas sus formas– es la aplicación de lo que podríamos llamar la lógica de la ilógica. Cuando ello sucede, se adoptan decisiones que generan tanto desconcierto y controversia que al final terminan siendo inaplicables o contraproducentes.

De ese tipo de situaciones hubo abundancia en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Una de las promesas de Mauricio Macri fue alejarse de esas conductas. Sin embargo, algunas decisiones tomadas en lo que va del año y casi dos meses de su gestión han defraudado esa expectativa. Ejemplo de ello fue el entuerto judicial desatado alrededor del aumento de las tarifas del gas. Lo ocurrido con tres decisiones adoptadas entre diciembre y enero ha ido en el mismo sentido.

La primera: el envío del proyecto de modificación al mal llamado mínimo no imponible a los sueldos sin ningún tipo de acuerdo previo con la oposición, hecho que estuvo a punto de significarle al Presidente una derrota que lo hubiese dañado políticamente. La segunda y la tercera son de estos días: el anuncio de modificación del sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la transformación –de fijo a movible– del feriado del 24 de marzo.

Respecto al tema de las ART hay coincidencia –incluso en muchos sectores del gremialismo– en que se debe introducir en ese régimen modificaciones que restablezcan un equilibrio que en la Argentina ha sido siempre difícil de alcanzar. Así como está concebido hoy, termina siendo palanca de apoyo para la industria del juicio, hecho que finalmente afecta al mercado laboral. 

Debido a esto, muchas empresas (sobre todo pequeñas y medianas, motor fundamental en la creación de empleo) se muestran reacias a contratar más personal. En los 90, la balanza estaba inclinada hacia el extremo opuesto, alternativa de la que muchas empresas se aprovecharon en desmedro de sus trabajadores.

Es pues un asunto extremadamente delicado en sus consecuencias como para que el Gobierno pretenda saltearse el imprescindible debate que debe darse en el ámbito del Poder Legislativo. El DNU es una muy controvertida herramienta institucional que sólo debe usarse excepcionalmente.Esto, que ha sido repetido hasta el cansancio, no ha sido óbice para que el Presidente recurra a esta herramienta con excesiva frecuencia. Esto, a su vez, contradice el discurso republicano de Cambiemos. Lo que también inquieta es una falta de aprendizaje por parte del Gobierno de lo acontecido a lo largo de su primer año de mandato, en el que resulta claro que cada vez que buscó atajos para evitar el consenso con las otras fuerzas políticas, las cosas no le salieron bien.


Acordar. 

El mapa político que quedó después de las elecciones de 2015 le dio a Cambiemos una cuota de poder limitada, a diferencia de la suma del poder que obtuvo CFK en 2011 como consecuencia de su resonante victoria con el 54% de los votos, que le permitió dominar –literalmente– el Congreso y manejarlo a su antojo. Hay quienes creen que actuando de esta manera –es decir, por medio de la imposición y no del consenso– se dan señales de autoridad que pesan a la hora de crear las condiciones para atraer las inversiones de las que tanta necesidad tiene la Argentina. No saben cuán equivocados están.

Una medida de tanta endeblez –que podría ser revocada a su vez a través de otro DNU– de ninguna manera puede ser imán para alguna nueva inversión significativa. A esta altura, el jefe de Estado debería tener plena conciencia de que la barrera para atraer nuevas inversiones productivas la representa la conducta a futuro del peronismo. En la medida en que lo tenga de opositor cerril y sin posibilidad de consensuar políticas de Estado, ningún inversor potente se sentirá demasiado entusiasmado de instalarse en nuestra geografía.

Otra medida incomprensible es la modificación –de fijo a movible– del feriado del 24 de marzoPocas veces se ha visto una decisión tan falta de tino en su forma y en su fondo. No se entiende la falta de consulta no sólo a los diferentes organismos y referentes de los derechos humanos, sino también a los de la política. Por qué causar un nuevo foco de conflicto donde no lo había. 

El Gobierno ha cometido una fenomenal torpeza que ha encolumnado en las críticas no sólo a la oposición sino también a muchos dentro del oficialismo, como la opinión contraria de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Es la economía... En el medio de estas idas y vueltas está la realidad económica, en donde las dificultades siguen siendo muchasEn lo macro, las cosas están un poco mejor. El problema es que, en lo micro, esas mejoras aún están lejos de llegar a la gente, no sólo de los sectores más desfavorecidos sino también de la clase media. No se percibe bien cuán claro tienen esto quienes toman decisiones en el entorno presidencial. Hay tensiones que irán creciendo. Ahí está en punta la CGT, anunciando un plan de lucha cuya escalada culminará en un paro nacional. La advertencia ha sido lanzada sin eufemismos.

Miguel Bein –economista serio que supo ser hombre de consulta de Daniel Scioli en la campaña presidencial de 2015– acaba de señalar que hay una reactivación que viene sucediendo desde noviembre, que la inflación estará en el orden del 23% y que hay recuperación del empleo. Pero todo es paulatino y, por lo tanto, no alcanza para solucionar el ahora de mucha gente que la está pasando mal. La insatisfacción no sólo proviene desde el ámbito laboral, también en los empresarios hay críticas.

Febrero arranca con el aumento tarifario de la electricidad. Eso irá a precios. Se calcula que en el primer cuatrimestre tendrá una incidencia de 3%. Jorge Todesca, titular del Indec, ha dicho que el índice de inflación ideal para el primer cuatrimestre de este año no debería superar el 5%, lo cual parece de dudoso logro si se toman los cálculos de enero y febrero.

El presente socioeconómico es preocupante para el Gobierno no sólo por la conflictividad social que alimenta sino también por la elección legislativa de octubre. Superadas las vacaciones, se ve que en las cabezas del oficialismo se ha comenzado a trabajar en este objetivo. Ganar va a ser muy difícil. Las encuestas en la provincia de Buenos Aires no son buenas para el oficialismo. Lo único positivo para Cambiemos es que la tiene a María Eugenia Vidalcuya buena imagen está consolidada. El problema es que no puede ser candidata, salvo que alguien con afán suicida quisiera repetir la experiencia de las listas testimoniales que tan mala fue para el kirchnerismo en 2009.


Los candidatos de Cambiemos marchan terceros cómodos.

La realidad le marca al Gobierno la necesidad de ampliar su base de sustentación. Ante esa evidencia, los resquemores entre la gobernadora y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, parecen haber quedado en el pasado luego de la comida que compartieron hace unos días. Ambos reconocen la necesidad de incorporar a hombres del peronismo no sólo como alternativa electoral sino también de gobernabilidad.

La incógnita electoral la representa Cristina Fernández de Kirchner, quien a pesar de todas las denuncias en su contra mantiene un caudal de votos importante que no tiene nadie más en el peronismo. Es notable lo que está sucediendo en el PJ: salvo la dirigencia de La Cámpora y algunos intendentes ultra K, son muy pocos los dirigentes de peso que se encolumnan tras ella. Sin embargo, ningún otro dirigente –ni siquiera Scioli– la supera en intención de voto. A su vez, en el rompecabezas electoral que se presenta hoy, CFK sabe que sin la presencia dentro del peronismo de Sergio Massa las cosas también serán difíciles para ella.

A escuchar. 

Lo sucedido con las escuchas judiciales que la comprometen es grave por donde se lo mire. En la distorsionada visión del kirchnerismo y sus acólitos de Justicia Legítima, se escandalizan por la filtración de esas escuchas. Lo que ocurre en verdad es que cada uno se escandaliza con estas cosas según en qué vereda de la geografía política se encuentre. Si estas escuchas hubieran sido comprometedoras para Macri, la misma CFK, que hoy dice sentirse perseguida, estaría convalidándolas. En verdad, lo grave es el contenido, así como también el hecho de que el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de ese entonces, Oscar Parrilli, se haya llevado a su casa 88 CD con escuchas que de ninguna manera debió haber sustraído de su lugar.

Hay que recordar que esas escuchas habían sido dispuestas por un juez federal, Ariel Lijo. La conversación entre CFK y Parrilli refleja tanto el abuso de poder de CFK como su trato con los miembros de su gobierno. Utilizar la palabra “pelotudo” no es ningún delito. Es una vulgaridad, y ése es un atributo –su repertorio es vasto– harto conocido de la ex presidenta.

El asunto clave radica en el propósito de armarle una causa a Jaime Stiuso. Ese “armado” es la demostración del abuso de poder que fue tan patente durante toda la gestión K. Pasaba lo mismo cuando ordenaba a la AFIP apretar a quienes criticaban a su gobierno. El kirchnerismo se creyó no administrador sino dueño del Estado. El “vamos por todo” no fue un eslogan de campaña, sino un proyecto de poder.

Producción periodística:  Santiago Serra.


sábado, 10 de septiembre de 2016

¿SUMA o resta?... @dealgunamanera...

Las irregularidades que la Justicia investiga de la Fundación de Michetti...

La página oficial de la Fundación SUMA. Foto: @dealgunamanera.

El juez Lijo pidió toda la documentación de la Fundación SUMA por presuntas irregularidades. Cuáles son. El descargo de Tailhade y la defensa desde el círculo íntimo de la Vicepresidenta.

© Escrito por Julian D'Imperio el sábado 10/09/2016 yt publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La página oficial de la Fundación SUMA muestra a todos los funcionarios del PRO involucrados y a los dos integrantes del staff que tienen contratos con el Senado. Foto: Cedoc

Luego de que los diputados del FPV Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié junto con el abogado Leandro Herrero presentaran una denuncia contra la vicepresidenta Gabriela Michetti por el “sospechoso” origen del dinero que le robaron el año pasado en su casa,la Justicia se encontró con presuntas irregularidades en la fundación SUMA, conducida por la propia vice y otros importantes funcionarios del PRO.

La denuncia que investigan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan derivó directamente a la fundación cuando Michetti explicó que de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que un antiguo custodio se llevó de su casa, 200 mil pesos eran para dicha entidad. Los otros 45 mil pesos era efectivo para financiar arreglos en su domicilio y los dólares, según las declaraciones juradas, un préstamo de su pareja, Juan Tonelli, para pagar un posgrado de Lautaro, hijo de la funcionaria.

1) Según establece la AFIP e informa la Unidad de Información Financiera (UIF), toda donación destinada a fundaciones debe estar bancarizada y además "las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 50.000 realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada de información". 

Allegados a la vicepresidenta sostuvieron a Perfil que “el dinero se trataba de diversas donaciones de voluntarios de la fundación para financiar los gastos de organización de la cena anual”.

“Algunos pusieron 2 mil pesos, otros 3 mil, el máximo fue de 12 mil pesos. Como eran donaciones pequeñas y de personas de la propia fundación, se hizo una lista con cada voluntario. El año pasado se registró en el balance contable de la fundación, este año no porque el dinero fue robado”, indicaron desde el círculo de la funcionaria.

2) Se encontró que pese a contar con varios importes y estar en actividad desde el 2009, la fundación recién se dio de alta como empleadora en la AFIP hace un mes, luego del escándalo por el origen del dinero.  Sin embargo, en su página web figura un staff que trabaja desde el 2014. Por otro lado, tampoco habían presentado nunca un balance ante la Inspección General de Justicia.

El propio fiscal Marijuan dijo que la fundación SUMA "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".

Desde el entorno de la fundación afirmaron a este portal que “recién se contrataron a dos empleados fijos el mes pasado porque trabajan en todos los proyectos. Los demás contratos se hacen por locación, es decir, por proyectos”. Y agregaron que “el resto del staff trabaja ad honorem”.

3) Una de las polémicas más fuertes que se investiga es que tres integrantes del staff de la fundación perciben un sueldo del Senado, ya que trabajan con Michetti. Ellos son Santiago Riobó, Álvaro Zicarelli y Cecilia Brook -novia del periodista Alfredo Leuco y quien organizó la famosa cena donde robaron el dinero de la funcionaria-. Esta última no ocupa un cargo fijo en el staff.

Fuentes del bloque PRO del Senado aseguraron que “ellos trabajan todos los días en el Senado. Uno es jefe de despacho de Michetti (Riobó) y el otro fue contratado por ella misma desde su asunción como vicepresidenta en el área internacional del Senado. También tiene una oficina en el Senado (Zicarelli)”. 

Desde la fundación aseguraron que la labor de ambos en la organización es “voluntaria”. “Ellos dos quisieron tener un área en la fundación para colaborar. No es que van todos los días a la fundación, pero colaboran en distintas áreas”.

En el entorno de Michetti aclararon que “todos los empleados del equipo de Michetti en el Senado colaboran voluntariamente con la fundación”.

Con respecto a Cecilia Brook, la vocera de Michetti mostró a Perfil el legajo que comprueba que desde marzo no trabaja en el Senado, y que sus funciones en la fundación también eran ad honorem. 

El diputado denunciante, Rodolfo Tailhade, aseguró a este sitio que tiene “chequeado” que Brook “sigue cobrando del Senado y no va a trabajar ahí”. Además, el legislador consignó que la mujer de Leuco integra el directorio de dos empresas que se dedican a la consultoría de inversiones financieras y empresas energéticas.

Es mucho más inmoral porque es una empresaria y Michetti le da un contrato que en definitiva no es otra cosa que una suerte de una ayuda o aproximación a Leuco para hacer lo que hizo cuando el periodista de TN la llevó a su programa: estuvo hablando de incoherencias durante una hora, inverosímil, y Leuco asistiendo pasivo a un relato de su defensa que no tiene sustento alguno”, disparó.

Alfredo Leuco y Cecilia Brook optaron por no dar declaraciones a Perfil.

4) Los polémicos aportantes y contratistas del Estado. Llama la atención que muchos de los sponsors de la fundación sean contratistas a nivel Nacional o en la capital porteña. Tailhade acusó que los fondos de SUMA son usados por el PRO.

Uno de los auspiciantes es el Grupo Farallon, cuyo titular Eduardo Ramón Gutiérrez es el propietario de la casa en que vivía el ex funcionario José López antes de ser detenido tratando de esconder 9 millones de dólares.

Allegados a la vicepresidenta destacaron a Perfil que no sabían del vínculo de Farallon y José López hasta que salió en los medios y que “es algo que puede pasar con cualquier empresa”. 

Por último, desde la fundación explicaron que siempre se llama “a las mismas empresas que colaboran con distintas ONG o fundacionesMichetti era diputada y senadora. No estaba en conflicto de intereses porque era juez y parte. Ella no decidía ningún tipo de licitación con el Estado”.  

Michetti no es la única funcionaria del PRO involucrada en la fundación: Allí también figuran el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo como Secretario, la Ex Legisladora Silvina Giudici como Tesorera, mientras que como vocales aparecen el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el actual embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.