lunes, 26 de enero de 2015

La monarca… De Alguna Manera...

La monarca…


Hace dos años, la Presidenta firmó un memo con Irán que modificó colosalmente el rumbo de la causa AMIA. El juez y el fiscal “naturales” fueron sustituidos por una “Comisión de la Verdad”, con sede en Irán, país acusado de haber tramado el peor atentado terrorista de nuestra historia. Sus integrantes debían ser designados a propuesta de las partes. La redacción del instrumento carece de toda claridad, salvo la cláusula que se refiere de modo imperativo al levantamiento de las “alertas rojas” de Interpol que pesaban sobre los imputados iraníes, una vez que hubiese sido aprobado por los legislativos de los dos países.

Así las cosas, desde el ángulo constitucional, la situación no pudo ser más alarmante ya que la titular del Ejecutivo ejerció funciones judiciales, a pesar de la expresa prohibición que le impone la Constitución. A ello se agrega, la falta de definición sobre el derecho a aplicar por parte de los miembros de la Comisión, la violación de las normas del debido proceso, la imposibilidad de conciliar el marco jurídico de un país democrático, como al menos en teoría es el nuestro, con el de otro de tipo teocrático. Este pergeño que no tiene antecedentes en el derecho comparado, importó un incomprensible agravio a nuestra Justicia y desembocó en la paralización del proceso.

Tamaño despropósito significó una suerte de exculpación a favor de Irán, si no, cómo se hubiese podido aceptar que quien era acusado se transformara en su propio juzgador y en suelo propio. Esta impresionante concesión sólo podía verse acompañada de un beneficio proporcional a favor de la Argentina. Nuestro enfoque responde a una lógica primaria. Es por ello que la denuncia del fiscal Nisman que pagó con su muerte, no nos sorprendió, en realidad nos permitió completar las piezas de este macabro rompecabezas.

Hace unos años sostuvimos que las violaciones constitucionales y legales en las que incurren nuestros presidentes, sin que funcionen las instituciones de modo de ponerles límites, importaba una  creciente destrucción del principio de separación de poderes –eje central en que se asienta el Estado de Derecho–. Así, se iban consumando “minigolpes de Estado” que sin transformar al gobierno de iure en uno de facto, poco a poco iban destruyendo el imperio de la ley para llevarnos al de la arbitrariedad, la imprevisibilidad, el despotismo.

El magnicidio que convulsiona a nuestra sociedad es la consecuencia del desesperante desmoronamiento de nuestras instituciones. Hoy nos gobierna una “monarca” que actúa como cronista autorreferencial junto a un grupo de secuaces que se dedican a ensuciar la figura de la víctima de un modo que recuerda la metodología de los responsables del último proceso militar cuando hablaban de los desaparecidos.

¿Este asesinato será la culminación de este proceso de destrucción o un episodio más que indefectiblemente nos enfrentará a hechos cada vez más brutales? Frente al advenimiento de un nuevo gobierno debemos volver a nuestras fuentes institucionales que nacieron con la traducción que hiciera Mariano Moreno del Contrato Social de Rousseau. Ese fue el germen que iluminó con intermitencias una lealtad democrática fluctuante. A pesar de creer en el ideal, no hemos dejado de regresar al personalismo, que ha surgido con distintos formatos, ya militar, ya populista, pero siempre antiliberal.

El retorno al Gobierno de la ley debería ser el compromiso de quienes se presentan como postulantes para las próximas elecciones. Es decir un conjunto de propuestas que permitan el restablecimiento de la República, como gran política de Estado. La independencia de la Justicia y del Ministerio Público que debería verse sustentada en nuevos institutos, por su significación, cobra un protagonismo indispensable. Lograr la concreción de esta empresa será el mejor homenaje a la memoria de Alberto Nisman, ya que su injusta muerte haría las veces de una bisagra entre la ilegalidad y la legalidad.

© Escrito por el Constitucionalista Daniel Sabsayi domingo 25/01/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Publicar un comentario