La ofuscación democrática...
Si no se entiende cuál es la legalidad democrática, mal se comprende la gravedad de los dichos y los hechos recientes en relación a la libertad de expresión.
“No queremos intermediarios”, dice la Presidente Cristina Kirchner, lo que
es su confesión sobre el desprecio al sistema democrático, ya que los medios
son los que gestionan de manera privada el valor simbólico de la libertad de
expresión, consagrado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y todos los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos que entre nosotros tienen
jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. La prensa es inherente al
sistema democrático. Los medios, como bien dice su nombre, son los que median
entre la información del Estado y la ciudadanía. De modo que decir “no queremos
intermediarios” se debe entender como “NO quiero democracia”.
Cuando el Jefe de Gabinete acusa a un grupo privado de atentar contra la
libertad de expresión ignora que el único que puede violar los Derechos Humanos
es el Estado, que es quien debe consagrarlos. Y la libertad de expresión es el
corazón de los Derechos Humanos. Igualmente, el funcionario confunde a la
información, como derecho ciudadano, con la información pública, que es la
obligación de los funcionarios en el sistema democrático, definido por la
transparencia.
La ofuscación surge de confundir prensa con propaganda, información como
derecho con mercancía o publicidad. Los gobernantes deben informar sobre los
actos de gobierno, no hacer propaganda personal. Menos aún convertirse en
medios de propaganda de un gobierno. Sobre todo cuando los gobiernos utilizan a
los medios públicos para hacer adoctrinamiento. No educación para la
ciudadanía y la libertad. A los medios se les debe exigir responsabilidad. No
hacerlos desaparecer.
Los medios públicos, como los privados, son los que gestionan el valor
universal de la libertad de expresión. Nadie puede ser censurado previamente
porque se admite la responsabilidad ulterior. Pero la función social de los
medios públicos no es la lógica comercial sino la promoción y garantía de los
Derechos Humanos. Si la audiencia se mide para las empresas de publicidad,
¿para qué quiere el Estado una medidora de audiencia?
La ofuscación democrática mayor es la subestimación de la ciudadanía, que
elige los diarios que lee, las radios que escucha o los programas que ve. De
modo que se confunde democracia con lo que se ha configurado: un régimen
autoritario, antidemocrático. Por eso la ofuscación que vivimos los argentinos
al constatar cómo el gobierno, que se jacta de los Derechos Humanos, los viola
desde lo más alto de su magistratura.
© Escrito por la Senadora Nacional por la Provincia de Córdoba, Norma Morandini el Viernes 10/10/2014 y publicado por http://www.normamorandini.com.ar
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