domingo, 17 de febrero de 2013

Promesas incumplidas... De Alguna Manera...

Sin consenso...
Timer Man. Dibujo: Pablo Temes.

Promesas incumplidas. Además de desventajoso, el acuerdo con Irán muestra un estilo político.

Cuando en su preciso artículo del 26 de marzo de 2011, con pelos y señales, Pepe Eliaschev denunció en las páginas de PERFIL las negociaciones que, sobre el atentado contra la AMIA, mantenían el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mahmoud Ahmadinejad, muchos se resistieron a creer que eso fuera verdad. El canciller Héctor Timerman, con su desmesura habitual, lo tildó de pseudoperiodista. Es lo que pasa muchas veces en la profesión cuando un periodista de prestigio, con la responsabilidad y la seriedad que emana de un riguroso proceso de chequeo de las fuentes, debe dar a conocer hechos que, bajo los cánones del pensamiento lógico, resultan no sólo impensables sino inimaginables. ¿Quién podía imaginar que, luego de las claras incriminaciones hechas por la Justicia de nuestro país –repetidas por la Presidenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas– a dirigentes relevantes del régimen de Teherán, un acuerdo entre los gobiernos de la Argentina e Irán fuera posible? Pero, como lo expresa el dicho, la realidad supera –y con creces– a la ficción y, en la Argentina, mucho más.

La defensa del memorándum de entendimiento que hizo Timerman en la Comisión del Senado fue, sencillamente, lastimosa. “Hay que terminar rápido”, fue la orden que bajó Cristina Fernández de Kirchner al jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, tal como la captaron los micrófonos desplegados en la sala donde se realizaba esa, por momentos, tumultuosa reunión. Pura obediencia debida. Seguramente, la Presidenta estaba al tanto del penoso papel que estaba haciendo su canciller que, con algunas de sus respuestas, no hacía más que confirmar los peores presagios existentes sobre el alcance y real significado del acuerdo.

Una de las claves para evaluar ese alcance y ese significado pasa por saber qué interpretación se hace de este acuerdo en Irán. La diplomacia persa, curtida en mil batallas, tiene una historia milenaria que transforma a los advenedizos en la materia –Timerman lo es, y esto no es peyorativo sino descriptivo–, en presas fáciles. Por eso es que hay que prestar atención a lo que se dice y se escribe en Teherán a fin de conocer cómo se ve allí el acuerdo. Y cuando se realiza ese ejercicio se aprecia, claramente, que entre lo dicho por el vocero de la Cancillería iraní y lo después “desmentido” por su canciller –“desmentido” al que el Gobierno argentino hizo circular profusamente a través de su red multimediática– no hay ninguna diferencia. Recordemos: el vocero de la Cancillería iraní señaló que el ministro de Defensa no sería interrogado por el juez argentino que deberá desplazarse a Teherán. Ante el revuelo que esto produjo aquí, el canciller iraní dijo que su país cumpliría el acuerdo en su totalidad. En su edición del 5 de febrero, el Tehran Times dio pistas muy precisas que permiten dilucidar todo este embrollo, al expresar, desde el vamos, que el acuerdo está en línea con la postura del gobierno de Irán.

En primer lugar, se señala allí que el memorándum de entendimiento establece que los integrantes de la comisión de la verdad “deberían llevar adelante una profunda revisión de la prueba relacionada con cada acusado” (artículo 3). Una vez completada esta revisión de la prueba, los comisionados “expresarán sus opiniones y emitirán un informe”, el cual también contendrá recomendaciones en el “contexto de las leyes y regulaciones de los dos países” (artículo 4). Es decir, que la comisión de la verdad tendrá un rol activo en todo el proceso judicial, lo cual marca una diferencia sustancial con lo expresado por las autoridades argentinas, hecho que los siguientes artículos que se detallan más abajo confirma.

Se afirma luego que el memorándum de entendimiento contempla la posibilidad –no dice obligación– de que las personas acusadas sean interrogadas en sesiones que se llevarán a cabo en Teherán, con la participación de autoridades judiciales iraníes y argentinas, a la cual se le agregará la presencia de los comisionados (artículo 5). A este respecto, se aclaran varios puntos: el primero es que estos interrogatorios no podrán realizarse hasta que la comisión de la verdad no emita su informe; el segundo es que, como los interrogatorios se desarrollarán en territorio iraní, la ley que prevalecerá, entonces, será la de Irán; el tercero es que, como consecuencia de lo anterior, un juez iraní deberá no sólo estar presente sino presidir la sesión; el cuarto es que para que el juez iraní autorice al acusado a declarar debe haber en su contra una acusación hecha por una autoridad judicial de Irán; pero como esa acusación no existe, por ende, ningún ciudadano iraní –sea o no funcionario– estará obligado a someterse al interrogatorio del juez y el fiscal argentinos.

Por si quedara alguna duda, en el artículo 8 del memorándum de entendimiento se lee que “nada en este acuerdo deberá poner en riesgo los derechos de los individuos garantizados a ellos por la ley”. Entonces, según la Constitución iraní, los ciudadanos de ese país sólo pueden ser citados e interrogados por una corte de Irán en base a pruebas sólidas.

Por todas estas razones, nadie puede entender a ciencia cierta las verdaderas razones de un acuerdo tan desventajoso para la Argentina. Una de las posibilidades que deja abierta este pacto es que los acusados, si no son condenados, pueden llegar a demandar compensaciones a nuestro país. Esto sería el colmo, pero así es como están planteadas las cosas. Todo es ilógico y las argumentaciones del Gobierno son endebles.

Por lo general, este tipo de entendimientos exige, internamente, la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas políticas. Son acuerdos –aquí se habla nada más ni nada menos que de un tratado– de una dimensión tal que exceden a la de un gobierno. En estas instancias, lo que se debe lograr es el establecimiento de una política de Estado. Para ello, es esencial tener una actitud amplia para entender que la opinión del otro es también valedera en asuntos tan delicados, trascendentes y dolorosos como el atentado contra la AMIA que ocurrió en la Argentina, fue hecho contra una institución argentina y causó 85 muertes de argentinos y residentes en nuestro país.

La búsqueda de esos consensos fue lo que prometió la Presidenta en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2012. El memorándum de entendimiento y la forma en que habrá de aprobarse van en el sentido exactamente opuesto a lo enunciado entonces. Nada que pueda sorprender. Esa es, al fin y al cabo, la esencia del kirchnerismo: decir una cosa y hacer exactamente otra.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 16/02/13 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


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