martes, 11 de diciembre de 2012

El poder detiene al poder... De Alguna Manera...


El poder detiene al poder...

SANATELLA Martín Sabbatella DIBUJO: PABLO TEMES.

Se concretó para el Gobierno la peor de sus pesadillas. Visiones oficiales distorsionadas y patológicas. El rol clave de la Justicia.

El 7D terminó siendo para el Gobierno la concreción de su peor pesadilla. Nada de lo que la Presidenta soñó para ese día en que, según la fantasía del “relato” oficial debía refundarse la República, se concretó; en cambio, todo lo que ella temió, sí. Ello fue producto de que el día antes la Justicia, no sólo dictaminó la extensión de la cautelar que, ante la ausencia de un fallo, impide la aplicación de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios con los que el Gobierno busca el desguace y destrucción del Grupo Clarín sino que, además, le asestó un duro golpe al intento del Poder Ejecutivo de lograr la suma de los poderes públicos, una grave amenaza para el concepto republicano que consagra la Constitución Nacional que Cristina Fernández de Kirchner prometió observar y hacer observar de cuanto ella dependiera.

La evolución de los hechos acaecidos en la semana terminó transformando la disputa legal entre el Gobierno y Clarín en una fenomenal confrontación entre el Gobierno y el Poder Judicial. Y eso es lo que estuvo en juego el jueves hasta que, en un hecho inédito en la historia de la democracia argentina, todas las organizaciones judiciales del país emitieron el durísimo comunicado que puso freno a las acciones de avasallamiento que el Poder Ejecutivo intentó concretar en esas horas llenas de dramatismo. 

Las cosas que, respecto del Poder Judicial, se dijeron desde el oficialismo fueron terribles e incompatibles con el concepto de la división de poderes sobre el que descansa la estructura institucional del país. En ese marco lo que consagra la Constitución es una relación de una interdependencia de los tres poderes. A cada uno de ellos le corresponde una tarea: en lo concerniente al Poder Judicial, lo que le está asignado es no sólo velar por el cumplimiento de las leyes sino también ejercer el control de constitucionalidad de las normas legales que aprueba el Congreso. 

Esta última función que le compete a la Justicia de ninguna manera significa menoscabar al Poder Legislativo. Lo que sucede es que en ocasiones, presionado por razones políticas que se ejercen desde el Poder Ejecutivo, sanciona leyes que violan el espíritu de la Constitución. Un solo ejemplo basta para ilustrar la importancia de esta potestad que tiene el Poder Judicial. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron dos leyes horribles aprobadas por el Congreso de la Nación. Eran dos normas que contrariaban claramente el espíritu de la Constitución Nacional ya que consagraban la impunidad, al impedirle acceder a la Justicia a familiares de la víctimas del terrorismo de Estado impuesto durante la última dictadura militar y buena parte del Gobierno de María Estela Martínez de Perón. 

En el año 2002, el entonces juez federal Gabriel Cavallo dictaminó la inconstitucionalidad de esas leyes, fallo que fue fundamental para que luego, en el Gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso aprobara la derogación de esas dos normas. A nadie se le ocurrió en esos días decir que, al declarar inconstitucional una ley votada por el Congreso, el juez Cavallo se estaba alzando contra la institucionalidad del país o que, por fallar contra el Estado debería haber sido sometido a juicio político.

Es ese tema –el de la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios– sobre el que gira el reclamo hecho por Clarín y que ha dado origen a esta controversia que el Gobierno vive como si se tratara de la guerra del fin del mundo. Sólo esa visión distorsionada y patológica de la realidad ha llevado a darle a esa disputa la dimensión que hoy tiene y según la cual, la extensión de la cautelar, equivale, al estar de las disparatadas expresiones del ministro de Justicia Julio Alak, a un alzamiento contra el Gobierno. 

A esas expresiones hay que sumarles las pronunciadas por el senador ultra K por Corrientes Marcelo Fuentes –quien señaló que los jueces que fallaran en contra del Estado podrían ser sometidos a juicio político– y las del titular de la Anses, Diego Bossio, –que al referirse al fallo de la Corte Suprema que ordena el pago de los reajustes correspondientes a diez mil jubilados dijo que, a pesar del fallo, “vamos a seguir actuando igual”– encendieron las luces rojas en la Justicia. En el Poder Judicial todos –aun aquellos que tienen una legítima afinidad con el kirchnerismo– fueron conscientes de que, si tales expresiones se dejaban pasar, el sistema republicano que rige en el país entraba en zona de riesgo. 

De ahí al durísimo documento que al mediodía del jueves produjo la Comisión de Protección de la Independencia del Poder Judicial y al que apoyaron todas las organizaciones de jueces del país, hubo sólo un paso. Hasta ese momento, hay que decirlo, el Gobierno venía siendo exitoso en su tarea sistemática orientada a intervenir el quehacer de la Justicia a través de recusaciones, de denuncias mal fundamentadas y de meter miedo a los magistrados que, por su independencia, pusieran en riesgo los intentos de dominación –el vamos por todo y por todos– que despliega el Gobierno en forma permanente.

Si alguien esperaba que la Presidenta tomara nota de la real significación de este pronunciamiento, se equivocó. Por el contrario, ordenó a sus funcionarios no sólo criticar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que extendió la cautelar hasta que no haya una “sentencia definitiva” –la crítica de un fallo es algo absolutamente legítimo que hace a la definición de cualquier contienda judicial; el que pierde siempre está disconforme– sino también usar la parafernalia de medios oficiales y paraoficiales con el objetivo de descalificar y degradar a los jueces que firmaron el veredicto. Ya le había pasado algo similar a la jueza María José Sarmiento cuando en marzo de 2010 había impedido, a través de una cautelar, que por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia se usaran reservas del Banco Central para hacer frente a los pagos de la deuda externa.

Una célebre frase de Montesquieu dice que “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”. Eso es lo que, para bien de la República, la Justicia argentina ha hecho realidad en estas horas.

Producción periodística: Guido Baistrocchi

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 8 de Diciembre de 2012.


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