lunes, 27 de febrero de 2012

Reportaje a Adolfo Pérez Esquivel... De Alguna Manera...

"Los derechos humanos no se agotan en la dictadura militar"...

 Minería y contaminación. "Si esto no se resuelve, tendremos que ir a la Corte Interamericana a denunciar lo que pasa."  Foto: Cedoc

Premio Nobel de la Paz, advierte que la minería a cielo abierto y las tareas de inteligencia ilegal de la Gendarmería también son graves violaciones a los derechos humanos, y sostiene que la dura represión a los ambientalistas y la Ley Antiterrorista son una grave amenaza para la democracia.

Durante esta semana movilizada por hechos que no sólo se convierten en un duelo nacional, sino también en conceptos de fuerza moral conversamos largamente con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.

Como titular del Servicio de Paz y Justicia cuestionó, por ejemplo, la sanción de la Ley Antiterrorista promovida a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtiendo, al mismo tiempo, sobre la represión policial desatada en localidades de Catamarca que protestan contra la minería.

—Mire, explica Pérez Esquivel, nosotros nos oponemos a la Ley Antiterrorista por varias razones, pero básicamente porque es el control social y tiene que ver con el GAFI justamente para asegurar las inversiones en el país. Pero esto es a costa del derecho del pueblo.

—Cuando usted dice “nosotros”…

—Me estoy refiriendo no solamente al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), sino también a muchas otras organizaciones no sólo de derechos humanos ( le diré también que algunas ni siquiera tocaron el tema). Sin embargo, estos hechos hacen peligrar movimientos sociales, ya que esta ley puede ser aplicada como ocurre en Chile con los mapuches y el derecho a la tierra y también en Paraguay. Esto daña profundamente lo que debe ser la construcción democrática. Incluso me recuerda a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final porque se aprueba a ojos cerrados, sin ningún tipo de debate en la sociedad.

—En ese caso, fue una falta de respeto hacia el informe “Nunca más”.

—Claro. Es una falta de respeto al pueblo, y no deja de asombrarnos la celeridad con que se aprobaron todas estas leyes en los últimos días del año con un apuro terrible cuando, por ejemplo, desde la reforma constitucional del año 1994 hasta el día de hoy no se ha votado el tema de las consultas populares en los plebiscitos. Fíjese que es un derecho constitucional que no podemos ejercer porque si llamamos a un plebiscito, no es vinculante. Pero, sobre todo, nos llama la atención y nos preocupa el polémico Proyecto X que ha puesto en marcha la Gendarmería Nacional con prácticas de espionaje a dirigentes políticos y sociales. Sobre esto, creo también que hay algunas cosas que debemos analizar. Porque una cosa es la fuerza de seguridad que, como en el caso de las Fuerzas Armadas, debe tener información. Sería ingenuo pensar que no tiene cómo manejar la fuerza de seguridad en un país desprovisto de toda información. Esto es una cosa y otra, el espionaje.

"El espionaje se infiltra en los movimientos sociales y cumple un trabajo operativo. Y esto ya constituye otro problema que está prohibido por la ley. Sería necesaria la autorización de los jueces para realizar las acciones que significan un verdadero espionaje. Entonces, no confundamos lo que debe ser información con espionaje". Foto: Cedoc

—¿Cómo lo definiría?

—El espionaje se infiltra en los movimientos sociales y cumple un trabajo operativo. Y esto ya constituye otro problema que está prohibido por la ley. Sería necesaria la autorización de los jueces para realizar las acciones que significan un verdadero espionaje. Entonces, no confundamos lo que debe ser información con espionaje. Creo que esto debe estar claramente diferenciado. Por otra parte, refiriéndome a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, le repito que es una persona que me merece confianza por todo el trabajo que viene realizando dentro de las fuerzas de seguridad, en cuanto a cambios que no son fáciles. Junto con Hugo Cañón, yo soy presidente de la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos específicamente sobre cárceles y comisarías y también nos encontramos con hechos de tortura. Con picana eléctrica, por ejemplo….Lo hemos denunciado, por supuesto, y ha intervenido la Provincia, puesto que ésas no son políticas de gobierno. Son prácticas.

—¿Podríamos llamarlas “rémoras”?

—Claro. Y quedan insertas en la vida institucional de las distintas fuerzas y… ahí quedan. Entonces, la pregunta es: ¿cómo destrabar esto?. Ciertamente no es fácil porque requiere educación, comportamiento. Por eso la Comisión Provincial de la Memoria (y me parece bien que le gobiernador Scioli lo haya tomado) ha presentado un proyecto acerca de la formación de la Policía Judicial. O sea que la Policía Judicial con otra formación y dependiendo de la Corte Suprema de Justicia pueda actuar en todo lo que son sumarios; evitar que se “armen” las causas; ejercer un control sobre cómo se hacen los sumarios, cómo se confeccionan. Y le explico por qué: sobre esto, luego, se basarán los jueces y, entonces, lo que debemos intentar es ayudar al fortalecimiento de las instituciones. Es la única forma de fortalecer la democracia.

—¿Usted cree, Pérez Esquivel, que la Justicia tiene conciencia del peso social que significan las enormes demoras que observamos en las causas?

—Sí, claro. Venimos trabajando en esto. No puede ser que haya gente que, durante tres o cuatro años, tenga prisión preventiva. Más del 60% de los internos en las cárceles tienen prisión preventiva. Entonces, los equipos del Comité contra la Tortura tratan de analizar y evitar estas demoras. Pero también debo decirle que no podemos considerar las cosas en forma aislada: el Poder Judicial en sí (más que la Justicia como tal) tambien necesita una reforma en lo interno y una agilización de las causas porque esto no es posible. Fíjese que de este modo se está violando el Pacto de San José de Costa Rica, que determina que sólo por dos años se puede mantener a un detenido sin proceso. Pasando este lapso, debe ser puesto en libertad. Bueno, esto aquí no ocurre Hay gente que hace cuatro o cinco años que se encuentra en esta situación. Hasta hemos encontrado a algunos con siete años de prisión con preventivas. Y si esa persona es inocente, ¿qué pasa?.

"Más del 60% de los internos en las cárceles tienen prisión preventiva. Entonces, los equipos del Comité contra la Tortura tratan de analizar y evitar estas demoras. Pero también debo decirle que no podemos considerar las cosas en forma aislada: el Poder Judicial en sí (más que la Justicia como tal) tambien necesita una reforma en lo interno y una agilización de las causas porque esto no es posible". Foto: Cedoc

—Del mismo modo otros, que han sido declarado culpables, salen en libertad y reinciden.

—Bueno, creo que la única forma de poder construir una democracia (algo que va más allá de depositar un voto en una urna) es el fortalecimiento institucional y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Si no lo hacemos así, no cambiaremos todo esto.

—Es cierto. Pero fíjese también que lo peligroso del Proyecto X es que el propio jefe de Gendarmería lo describe con una gran naturalidad.

—Sí. Es también lo que ocurrió en la Base Almirante Zar, en Trelew, y le costó un juicio al almirante Godoy como jefe de la Armada.

—¿A raíz de la denuncia de un suboficial?

—Sí. Mencionó operativos de inteligencia dentro de la fuerza, lo cual fue un importante escándalo. Tambien hay que preguntarse: ¿por qué surgen estas cosas?. ¿Cómo no se ha logrado desterrarlas? Hay normas sobre las que deben manejarse las distintas fuerzas armadas.

—Por eso también hay que reiterarse una pregunta: ¿cuál es la formación que reciben esos cuadros?. Volvamos a Gendarmería, por ejemplo: ¿qué leen?, ¿qué profesores tienen?. ¿Hay algún control sobre esto?

—Se está intentando, pero no es algo fácil. Hay cosas que hay que desterrar. Lo mismo ocurre en los institutos penitenciarios con respecto a las prácticas que conservan… Creo que esto va a llevar tiempo porque requiere un cambio de mentalidad, de pensamiento y de práctica en las funciones que le corresponden a cada fuerza.

—En unas declaraciones recientes, usted manifestó: “Hoy se violan los derechos humanos”. ¿Se refería, por ejemplo, al intento de desplazar a una madre de Plaza de Mayo (Sara Cobacho) de la dirección de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires?

—La conozco muy bien. Es una luchadora. Nosotros no estamos en contacto con ella, pero es una militante que viene trabajando muchísimo por los derechos humanos. Habría que ver. Desconozco el funcionamiento de la Comisión provincial, pero con respecto a aquello de “violar los derechos humanos”, creo que hay que clarificarlo. A veces, se piensa que los derechos humanos pertenecen únicamente a la época de la dictadura militar. Nosotros apoyamos el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Estamos acompañando los juicios para que esto no vuelva a ocurrir nunca más y además es el derecho de un pueblo a la verdad y a la justicia. Pero los derechos humanos no se agotan ahí. Hay que considerarlos en su integridad como derechos de los pueblos. Por ejemplo, el tema minería. Fíjese en los daños que se está provocando al medio ambiente. Esto no es sólo para las generaciones presentes, sino tambien para las futuras. Le aclaro que no estamos contra la minería.

"Creo que la única forma de poder construir una democracia (algo que va más allá de depositar un voto en una urna) es el fortalecimiento institucional y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Si no lo hacemos así, no cambiaremos todo esto".

—¿Cuando habla en plural se refiere al Servicio de Paz y Justicia?

—Y a muchas otras organizaciones. No estamos en contra de la industria minera. En la actualidad, sería absurdo pensar que no deben explotarse los recursos mineros. Son necesarios para la vida de los pueblos. Pero sí estamos contra la devastación. Contra la irracionalidad y el uso indiscriminado del agua en zonas en las que está faltando el agua. Y también combatimos la contaminación porque para sacar el oro y la plata se utilizan cianuro y mercurio que van a las napas de agua.

—Las compañías mineras lo niegan…

—Hay que ver los productos. Hay estudios sobre este tema. Vamos a ver si podemos convocar a científicos y a geólogos para efectuar un estudio más profundo. Hace dos años, envié una carta a todas las universidades nacionales porque Bajo de la Alumbrera (que es una de las grandes mineras) incluso está en juicio ( llevado adelante por el fiscal Gómez), que muestra indicios de contaminación por el uso de cianuro y mercurio, pese a que ellos lo niegan.

—¿Usted le envió una carta a la gobernadora Lucía Corpacci, no?

—Sí, acerca de la situación en Andalgalá. Pero esto también ocurre en otras provincias. Prácticamente en toda la zona cordillerana. Y, fíjese, hay cosas en las que hay que poner el acento: cuando yo subrayo cómo se privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos a raíz de los altos índices de contaminación y la destrucción ambiental, no puedo dejar de recordar el ejemplo de un productor viñatero cuyos productos no tienen ya precio en el mercado. ¿Por qué? Pues, por la contaminación Es gente que entonces se funde y deja de hacer lo que hizo durante toda su vida Los viñateros de San Juan, de Catamarca, productores rurales… bueno, toda esa gente se ha visto damnificada Es lo mismo que ocurre con los monocultivos y el glisfosato. Sobre el punto hay estudios que demuestran el daño que esto causa a la población. Entonces, hay que preguntarse: ¿cuáles son las perspectivas para las generaciones presentes y futuras?. Yo he estado en comisiones de las Naciones Unidas sobre desertificación.

—¿Se refiere a la lucha contra el desierto?

—Claro. Las zonas afectadas se van ampliando por la destrucción del medio ambiente. Las tierras terminan siendo áridas. Tierras donde no llueve y hay hambruna. Lo estamos viendo en Africa, en Asia y, lamentablemente, en América latina, en nuestro país.

"No estamos en contra de la industria minera. En la actualidad, sería absurdo pensar que no deben explotarse los recursos mineros. Son necesarios para la vida de los pueblos. Pero sí estamos contra la devastación".

—Ustedes enviaron una delegación a la zona minera, ¿no es cierto?

—Sí, fue hasta allí una camioneta nuestra con ocho delegados y abogados que los acompañaban. Fueron maltratados, me declararon persona non grata. Y, pese a que me encontraba en Cuba, inventaron que estaba organizando todo eso desde el exterior. Una mentira absoluta. Nosotros no tenemos recursos y todo lo hacemos a fuerza de voluntad y esfuerzo propios pero… bueno, son las situaciones que debemos asumir. No me estoy quejando porque cuando se asume una responsabilidad sabemos las consecuencias que esto puede acarrear. Lamentablemente, si esto no se resuelve, tendremos que llevarlo a la Corte Interamericana y denunciar allí lo que está ocurriendo. Si vemos que se está reprimiendo a los pobladores que están reclamando sus derechos; si éste es un país en el que se dice que se gobierna para 40 millones de habitantes, pero hay grupos que son totalmente excluidos y, encima, reprimidos, pensamos que esto es peligroso para la democracia. Otro tema muy importante en este sentido es el de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los Qom. El 7 de marzo vamos a tener una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, donde se hablará de los territorios de los pueblos originarios, como en el caso de Formosa. Lamentablemente, en el país, muchas provincias se han transformado en feudos medievales, donde algunos hacen lo que quieren y no lo que deben. Es desastroso y estamos viendo cada día que esto les representa ganancias. Volviendo a la minería, se están llevando el 97% de los recursos nacionales. Y hay algo de lo que se habla muy poco pero que, cada día, cobra mayor vigencia. Me refiero a las “tierras raras”.

—¿Qué son “las tierras raras”?

—Son minerales estratégicos que se usan para la alta tecnología. Para las computadoras o los viajes espaciales. Y el país que está a la cabeza de la investigación de los recursos que atesoran “las tierras raras” es China. Le sigue Estados Unidos, pero a bastante distancia y luego vienen otros países que están despertando a esta nueva realidad. Y uno se pregunta por qué no nos hacen caso cuando pedimos que se reforme la Ley de Minería. Pero seguimos insistiendo porque se llevan el famoso 97% de nuestros recursos con una simple declaración jurada.

—¿Ese es el único trámite?

—Efectivamente. Y uno se pregunta: ¿qué está pasando con esto?. Por barco, se llevan el barro en el que van las tierras “raras” y esto no genera costos ¿Qué está pasando entonces en el país? Creo que una de las cosas que tenemos que discutir a fondo es el tema del territorio nacional. Yo me alegro cuando dicen: “las Malvinas son argentinas” y se intenta recuperar un territorio colonial pero, repito, ¿qué pasa con el territorio nacional y sus recursos?. Porque, si hablamos de soberanía (y no vamos a hacerlo de manera trasnochada nacionalista) tenemos que preocuparnos por un pueblo que no controla sus recursos, sus bienes naturales y las industrias que produce; un país que no puede decidir es un país sin soberanía. Por ejemplo, la privatización de YPF.Hagamos un poco de memoria: Néstor Kirchner fue uno de los que más apoyó a Menem para privatizar YPF y quedarse así con los recursos de las regalías petroleras en su provincia. El patrimonio del pueblo no debe entregarse. Frondizi lo vió claramente. No digo todo esto con ánimo de crítica, pero si pensamos hablar en términos de nacionalismo y de soberanía tenemos que plantear las cosas con seriedad. Debemos ser coherentes. Hay un antiguo proverbio que dice: “Si no sabes adónde vas, regresa para saber de donde vienes”. Tenemos que tener claro de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cuáles son los caminos a recorrer. Si no, corremos el riesgo de perdernos.

© Escrito por Magdalena Ruiz Guiñazú y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 25 de Febrero de 2012.
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