martes, 21 de febrero de 2012

Proyecto X... Conmoción en el poder... De Alguna Manera...

Conmoción en el poder...

Cantor y "Guitarrero". Amado Boudou. Dibujo: Pablo Temes

El impacto del escándalo por el espionaje de Gendarmería. Las sospechas sobre Boudou. Y el eterno doble discurso oficial.

El Proyecto X ha producido conmoción. Y esa conmoción abarca también sectores del Gobierno y a las organizaciones sociales que lo apoyan. Es que en la base de ese accionar reconocido por el titular de la Gendarmería, comandante Héctor Schenone, está la criminalización de la protesta social, algo que socava una de las columnas de sustentación del discurso del kirchnerismo.

Está claro que los hechos que en principio se han denunciado hasta aquí son anteriores a la creación del Ministerio de Seguridad y a la asunción al frente de esa cartera de Nilda Garré. Los testimonios y la causa judicial se refieren al episodio de las protestas por los despidos de trabajadores de la empresa Kraft, allá por 2009. En ese tiempo las fuerzas de seguridad estaban bajo la órbita del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. No es casual que el hoy senador haya salido de inmediato a intentar desacreditar la grave denuncia. A sus palabras las desmiente la presentación de Schenone. De algunos párrafos de esa presentación se desprende la existencia de esas tareas de inteligencia.

Hay un dato fundamental que debe ser subrayado: las fuerzas de seguridad están habilitadas a hacer inteligencia sobre organizaciones delictivas a los efectos de prevenir y/o de evitar un delito. Lo que no pueden ni deben hacer es inteligencia sobre organizaciones políticas o sociales. Decíamos que esto viene desde antes de Garré. Pero bajo su gestión ha continuado. ¿Pudo a alguien como la ministra, que hace de la obsesión en el control un dogma, habérsele pasado un proyecto así?

¿Qué hubiera dicho la Presidenta si un proyecto de este tipo lo hubiera pergeñado Mauricio Macri? 

¿Habría respondido con el silencio como ha hecho hasta ahora?

Todo esto ha complicado las horas presentes de la ministra de Seguridad. Es cierto que sus horas vienen complicadas desde hace unos días. La represión contra los manifestantes que reclamaban un reconocimiento por haber sido movilizados durante la Guerra de las Malvinas no la dejó bien parada. La ministra acusó a los que protestaban de extorsionadores e intentó excusarse de responsabilidad alguna por el accionar policial, explicando que sus efectivos habían actuado así como consecuencia de una orden emanada de un juez. Ante esta argumentación, vale recordar que en otras ocasiones –toma del Parque Indoamericano, ocupación del club Albariño e intrusión de las viviendas destinadas a los habitantes de Villa Riachuelo– en las que también existieron órdenes judiciales la ministra se arrogó para sí la potestad de impedir el accionar de la policía, en una clara actitud de desobediencia.

El análisis de la causa es fundamental para tener una noción exacta de la dimensión de este Proyecto X. De la lectura del expediente surge que el juez se valió de los datos obtenidos por la Gendarmería para procesar a varios de los incriminados. Cortar una calle o una ruta es un delito que, cuando está promovido por sectores que no son afines al Gobierno, es castigado por los jueces pero que, cuando es protagonizado por quienes son cercanos al oficialismo, queda impune. De los testimonios de los efectivos de la Gendarmería vale como muestra el siguiente, perteneciente a la oficial Elisabeth Calisaya, quien dijo que “pudo observar que había tres personas, claramente identificables, que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente de civil, se entremezcló con la multitud, de manera encubierta, y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión, preguntando entre las personas que se manifestaban el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados Gentile, Norniella y Coria”.

El tema no termina aquí. A esta altura es imprescindible saber cuál es la vastedad y la implementación de este Proyecto X. Está claro, además, que será la decisión política la que pueda determinar esa amplitud, ya que hasta aquí los jueces han convalidado el accionar de la Gendarmería. Si se tiene en cuenta que el juez que está a cargo de la causa penal a que dio pie el Proyecto X es Norberto Oyarbide, se entenderá que la probabilidad de una investigación seria es prácticamente nula.

Hay otra realidad que complica al Gobierno: es el escándalo que involucra a Amado Boudou con las operaciones de la ex Ciccone Calcográfica. Por algún sino desconocido del destino, es evidente que el kirchnerismo no tiene suerte con los vicepresidentes: Néstor Kirchner y la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner nunca digirieron a Daniel Scioli cuando ocupó ese cargo (ahora tampoco); con Julio Cobos las cosas no estuvieron bien ni antes ni después de su voto, que pulverizó la Resolución 125; y ahora con Boudou este hecho de corrupción que lo involucra y que en el Gobierno no saben cómo manejar. La contundencia de las evidencias que lo complican están comenzando a incomodar en forma creciente a varios funcionarios. “El silencio de Amado es algo tremendo porque significa que no hay respuesta capaz de demostrar que todo lo que se está diciendo es mentira”, reconoció con muchísimo temor de ser identificada una fuente con despacho en la Casa Rosada. Un hecho que era vox populi en la City porteña en la semana que pasó fue la participación de Jorge Brito, el banquero del poder que ahora parece haber caído en desgracia, a quien se menciona como el aportante de los fondos destinados a levantar la quiebra de Ciccone. Esa decisión de Brito dio origen a lo que se conoció como el “divorcio del año”, ya que Eduardo Ceballos, su socio, se negó a avalar esa operación.

Que el kirchnerismo, con la impronta de su cruzada contra los estandartes del menemismo que se enseñorearon en los 90, se vea ante semejante escándalo que involucra nada menos que al vicepresidente con la saga de una empresa como Ciccone, emblemática de la corrupción de aquellos años, ligada a Alfredo Yabrán e involucrada en los orígenes del escandaloso caso de los DNI, no hace más que confirmar las contradicciones permanentes del kirchnerismo puro que constituyen, al fin y al cabo, su mismísima esencia. En Alemania acaba de renunciar el presidente Christian Wulff, acusado de tráfico de influencias por haber recibido de parte de un empresario amigo un préstamo de 500 mil euros destinado a comprarle una casa a su segunda mujer. Ante la difusión de semejante hecho, la indignación de la opinión pública forzó la renuncia de Wulff. Igualito que acá.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 18 de Febrero de 2012.

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